Como consecuencia de los hechos de violencia en diferentes regiones de Bolivia, fueron detenidas 142 personas, entre ellas 129 mayores y 13 menores. De ese total, 7 fueron enviados a la cárcel con detención preventiva y 15 esperan su audiencia de medidas cautelares, donde se determinará si se defienden en libertad o desde la cárcel.
El resto fue puesto en libertad, según informó el fiscal General, Juan Lanchipa, en una especie de evaluación de la labor fiscal en los hechos de violencia que se viven en diferentes regiones del país entre quienes rechazan los resultados de las elecciones por denuncias de fraude y los que defienden el resultado que dio ganador en primera vuelta a Evo Morales.
Durante esas jornadas de violencia también se quemaron instalaciones electorales en Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad y Santa Cruz. “Tenemos 7 con detención preventiva, han sido puestos en libertad 42 y están a la espera de cautelares 15 personas”, explicó en una conferencia de prensa en Sucre, sede de la Fiscalía General del Estado.
También instruyó a las fiscalías Departamentales agilizar la investigación de todos los hechos de violencia de las últimas semanas para dar con los responsables intelectuales y materiales.
“Se ha dispuesto que las fiscalías Departamentales y de materia a nivel nacional impriman la celeridad necesaria en la investigación de los hechos de quema y destrozos de instituciones públicas, bienes y patrimonio del Estado, y de todo ilícito que afecte a la sociedad”, explicó.
Instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Trinidad, Tarija, Sucre, Potosí y Santa Cruz fueron saqueadas y quemadas en medio de protestas en contra de los resultados de las elecciones del 20 de octubre que dan ganador en primera vuelta a Morales.
Ante las protestas y cuestionamientos al resultado, el Gobierno gestionó que la Organización de Estados Americanos (OEA) empiece una auditoría al cómputo y otros aspectos de las elecciones para determinar si hubo o no fraude. (31(10/2019)