El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo este lunes que la expresidenta Jeanine Áñez, Marco Pumari, su persona y los cientos de bolivianos perseguidos y encarcelados quedarán en libertad cuando se recupere la democracia con el voto y “jamás con el perdón” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Indicó que no van esperar ni pretender amnistía de los “verdugos de la democracia”, porque no solo son tres, sino cientos de presos políticos.

Las declaraciones del gobernador detenido surgen luego que el exministro de Justicia Iván Lima sugirió al Gobierno dar el indulto y amnistía “si uno quiere reconciliarse y quiere un (gran) pacto (social)”.

“Lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento donde se busca paz, donde se busca establecer reconciliación y todo lo que ha dicho el presidente (Luis Arce)”, dijo el exministro.

Al respecto, Camacho aseveró que Lima es un personaje que “hoy no tiene ni respeto intelectual ni vigencia alguna” y que su propuesta, “además de ir en contra de la dignidad del pueblo”, no se merece tomar con seriedad.

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“Somos presos políticos por defender la democracia, lo que corresponde es anulación de procesos y en ningún caso hemos pedido ni amnistía ni perdón del masismo. Los bolivianos sabemos que el gobierno de Luis Arce ha pasado todos los límites democráticos y, prácticamente, es una dictadura que ha inventado procesos y secuestrado autoridades”, afirmó.

Agregó que no van a caer en “debates falsos” y en propuestas de “gente sin moral”. Dijo que Lima “era Ministro de Justicia cuando se hicieron esos montajes jurídicos y se apresó y secuestró a las autoridades que hoy somos presos políticos”.

La propuesta de Lima fue criticada por legisladores evistas, quienes indicaron que con este planteamiento muestran su alianza y el sabotaje para no sancionar el golpe de 2019.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Luis Adolfo Flores (evista), indicó que no puede haber reconciliación, amnistía o perdón sobre la base “de sangre derramada de decenas de bolivianos”.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, lanzó una serie de preguntas dirigidas al presidente Luis Arce y otros actores clave. En su cuestionamiento abordó la situación económica, institucional y el panorama electoral de Bolivia en 2025.

“Hoy no tengo anuncios, ni buenas ni malas noticias. Hoy lo que quiero compartir con ustedes es una lista de preguntas”, dijo Antelo en contacto con la prensa. El ejecutivo expuso las preocupaciones que considera que son de la ciudadanía en su conjunto. Señaló que hay un clamor por certezas y transparencia en un contexto de creciente incertidumbre.

Preocupaciones de Cainco sobre la economía

La crisis económica fue uno de los ejes centrales. “Si ese modelo económico que creó y defendió era el correcto, ¿en qué momento dejó de serlo?”, preguntó. Aludió a problemas como la inflación, el desabastecimiento de combustible y el dólar paralelo. Criticó la falta de autocrítica de Arce, quien, como exministro de Economía, ha tenido un rol determinante en la gestión económica. “¿Será capaz de contestar al país sin trasladar culpas? ¿Practica usted la autocrítica?”, inquirió.

Antelo puso en duda la sostenibilidad de las iniciativas gubernamentales. “¿Quién es el gran beneficiado de inversiones como las de las plantas de biodiésel? Todo suena bien en un spot, pero queremos más detalles porque hay poca transparencia”.

Elecciones y crisis institucional

El titular de Cainco también cuestionó la legitimidad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde cinco de los magistrados actuales se encuentran en funciones más allá de su mandato. “¿Es aceptable que el país se resigne a normalizar esta irregular composición, perpetuando la desconfianza?”, preguntó.

Antelo no pasó por alto la próxima cita con el voto en los comicios presidenciales anunciados para agosto de este año. “¿Qué garantías existen para la transparencia y legitimidad del proceso si el TCP interfiere constantemente en la habilitación de candidaturas?”.

Instó a Arce a apoyar un diálogo nacional propuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar elecciones justas. “¿Está usted en condiciones de aceptar esta propuesta o solo asiste a diálogos que no producen resultados?”. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, adelantó que el primer mandatario participará de la reunión con las autoridades electorales.

El presidente de Cainco concluyó destacando el rol de los medios como agentes clave en la búsqueda de respuestas: “Les pido que se sumen a levantar estas preguntas. Solo juntos podremos construir un mejor futuro para Bolivia”.

Con 200 años de independencia y un bicentenario marcado por incertidumbres, Cainco dejó claro que las respuestas de las autoridades no pueden seguir postergándose.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia, buscan fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones y promover el fortalecimiento del Órgano Judicial en Bolivia.

Durante la reunión, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, junto con los magistrados, expresó su agradecimiento a la visita de Hevia y destacó la importancia de este acercamiento.

La representante diplomática subrayó el simbolismo de este encuentro en un momento histórico para Bolivia y señaló que “es un mejor momento para mejorar la relación entre la embajada y el TSJ, más aún cuando celebramos el Bicentenario de Bolivia”.

Hevia también resaltó que este año marca 175 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bolivia y reafirmó los valores democráticos que comparten ambas naciones.

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“Bolivia necesita una justicia transparente y oportuna, y nos honra contribuir a este objetivo”, añadió.

En un gesto de reconocimiento, la diplomática destacó que “nunca me sentí tan bien recibida” e indicó que “es un honor ser recibidos de esta manera”.

La diplomática felicitó a los nuevos magistrados “por su nueva gestión a la cabeza de la justicia”.

Los magistrados del TSJ coincidieron en la necesidad de reafirmar los lazos de cooperación con Estados Unidos y otros actores internacionales, subrayando su compromiso con la construcción de un órgano judicial más fuerte e institucionalizado, en beneficio de todos los bolivianos.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este lunes que el presidente Luis Arce, en su momento, se comunicó con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y respondió a la convocatoria del encuentro nacional.

Además, dijo que el mandatario participará del encuentro que se va a realizar para garantizar que se realicen las elecciones generales 2025, previstas para agosto. 

“Yo escuchaba por ahí, decían, el Presidente no ha respondido a una convocatoria, para nada, yo tengo que decirles que el Presidente se ha comunicado con el Presidente del TSE en su momento (y) va a participar de la convocatoria que también se va a realizar para garantizar las elecciones generales en el mes de agosto”, dijo.

En el informe de rendición de cuentas del TSE, Hassenteufel exhortó el 3 de enero al presidente Arce convocar a la “brevedad posible” a un “gran encuentro nacional” para garantizar la realización de las elecciones generales.

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“Formulamos una respetuosa exhortación al presidente del Estado para que a la brevedad convoque a un gran encuentro nacional con presencia de todas las fuerzas políticas, líderes nacionales, presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, de las cámaras de senadores y diputados, encuentro en el que se aborden algunos temas relacionados con la próxima elección”, dijo entonces.

El titular del TSE añadió que en ese encuentro se debe “garantizar que todos respeten las decisiones que asuma el Órgano Electoral en los temas estrictamente electorales”, además de “asumir el compromiso formal de que se respetará a plenitud el principio de preclusión”.

Alcón reiteró que existe un compromiso del mandatario de participar de la reunión e indicó que este proceso de las elecciones generales tiene que llevarse adelante.

El jueves, el TSE y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmaron un acuerdo de colaboración para dar certidumbre del proceso electoral previsto para agosto.

El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, indicó el jueves que “a la ciudadanía en general queremos darle la certidumbre necesaria, y obviamente al sistema político en general, que las elecciones generales de 2025 se llevarán con normalidad”.

El expresidente Evo Morales, según su abogada, está siendo objeto de una estrategia conocida como «lawfare» o guerra judicial en Latinoamérica, un fenómeno que se ha repetido en los últimos años.

Urquieta afirmó que la persecución judicial contra Morales no es un caso aislado: «Lo hemos visto en Brasil con Lula da Silva, en Argentina con Cristina Fernández, en Ecuador con Rafael Correa y en Perú con otros líderes progresistas.»

Según la jurista, esta estrategia sigue un patrón definido: deslegitimar a los líderes políticos y sus partidos para evitar un contrapeso efectivo frente a una derecha que busca reinstaurar modelos neoliberales.

Falta de investigación

Urquieta afirma que un ejemplo preocupante de esta situación ocurrió el 27 de octubre, cuando se atentó contra la vida de Morales.

En un principio, el viceministro de Seguridad Ciudadana calificó el hecho como un autoatentado. Sin embargo, tras la presentación de pruebas, se confirmó que agentes estatales habían disparado contra los seguidores del expresidente.

Aunque el gobierno anunció una investigación profunda, hasta la fecha no se han obtenido avances significativos, informó la abogada.

Irregularidades judiciales

Según Cecilia Urquieta, Morales enfrenta más de nueve procesos judiciales, muchos de los cuales presentan serias irregularidades. En Tarija, por ejemplo, se emitió un mandamiento de aprehensión sin seguir los procedimientos legales correspondientes. Asimismo, las autoridades no han respetado ni aplicado una sentencia constitucional en Santa Cruz que favorecía al exmandatario.

Urquieta enfatizó que «las estructuras jurídicas no han cambiado» y que la polarización judicial dificulta cualquier avance, incluso cuando se presentan argumentos sólidos. Según la abogada de Morales, la cooptación política de la justicia es una de las principales barreras que enfrenta el expresidente.

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Divisiones internas en el MAS

Según Urquieta, las diferencias internas en el MAS, que generan estos efectos legales, son de carácter programático, político e ideológico.

El partido está dividido entre un sector oficialista, que utiliza el aparato estatal para consolidar su poder, y otro que se mantiene fiel a los principios y valores fundacionales, afirma.