Nacional

domingo 25 jul 2021 | Actualizado a 18:41

Mesa pide a García renovación total del Órgano Electoral para una urgente convocatoria a elecciones

El candidato opositor Carlos Mesa envió una carta al vicepresidente Álvaro García, con copia al presidente Evo Morales, para que a través de una "ley de emergencia" se designen nuevos vocales del TSE y de los TED para convocar a nuevas elecciones. El Gobierno anunció que avaluará el planteamiento.

El candidato opositor Carlos Mesa plantea renovación del OEP y lanzar nuevas elecciones. Foto: CC

/ 8 de noviembre de 2019 / 12:16

El candidato opositor Carlos Mesa pidió este viernes al vicepresidente Álvaro García, titular del Legislativo, la redacción de una ley de emergencia con el fin de impulsar la renovación total del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para una urgente convocatoria a nuevas elecciones cuyo resultado no supere el 22 de enero, fecha en la que el presidente Evo Morales termina su mandato. El Gobierno anunció que evaluará el planteamiento.

Mesa hizo conocer su propuesta a través de una carta y sobre la base de un reciente informe divulgado por Álvaro Andrade, responsable de Ethical Hacking, la empresa auditora de las elecciones nacionales del 20 de octubre que da cuenta de un proceso de cómputo "viciado de nulidad".

El opositor consideró que su planteamiento es croncreto y dijo que tiene el fin de pacificar el paísy que incluso podría abrir una ruta al diálogo.

“La conclusión final de la empresa Ethical Hacking es demoledora y creo que cambia de manera dramática el escenario electoral en cuanto hace al escenario de la propia auditoría de la OEA”, afirmó.

A pedido del Gobierno boliviano, presionado por las denuncias de un supuesto fraude electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) encara una auditoría al día de la votación y a los procesos posteriores.

Se prevé que su resultado se conozca el martes de la próxima semana y el Ejecutivo apunta a él para pacificar el país que con este viernes cumple 18 días de protestas, muchas de ellas violentas.

¿Qué dice el informe?

“Es por todo esto y en honor a la verdad que después de todos los hechos expuestos en este documento y en todos los reportes técnicos que fueron presentados durante la ejecución de nuestro trabajo que no podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales ya que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, la cantidad de accesos y modificaciones de forma manual y con máximos privilegios a las bases de datos y las inconsistencias que fueron apareciendo entre TREP y Sistema de Cómputo durante el proceso electoral”, reseña el punto que hizo mención este viernes Mesa.

A su juicio, “cuando una  empresa contratada por el tribunal le dice al tribunal que todo el proceso es nulo ya no puede caber la más mínima duda de cuál es el camino que debe seguir”.

Con base en esa conclusión, el opositor envió una misiva al vicepresidente García, presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con copia al presidente Evo Morales, para que active un proceso urgente de reforma electoral drástico, aunque el planteamiento lo distancia del bloque de cívicos liderados por Luis Fernando Camacho, quien pide la renuncia del mandatario boliviano.

Mesa argumentó que el TSE se convirtió “en el factor determinante de la convulsión y violencia social, con grave daño para la paz y concordia entre los bolivianos, y en el mayor riesgo para la preservación de la democracia en el país”, bajo ese conclusión urgió al Legislativo “un proyecto de Ley de Emergencia para la Reorganización del Órgano Electoral Plurinacional” con tres puntos clave.

Los ejes de la norma

El primero es que “declare vacantes todos los cargos de Vocales titulares y suplentes del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales y su reemplazo inmediato por ciudadanos notables que garanticen la absoluta independencia e imparcialidad en la administración de los procesos electorales y la mejor capacidad y trayectoria profesional y personal de los mismos”.

Un segundo eje es que se “establezca las bases de un acuerdo estratégico entre el Estado y la sociedad civil organizada y movilizada, para garantizar la transparencia de estas designaciones, con obligación de todos los órganos del Estado, que tienen diferentes competencias y atribuciones en la designación de los nuevos vocales, de sujetarse a los mecanismos establecidos en esta ley”.

Por último, que se “establezca un nuevo calendario electoral para llevar a cabo una nueva elección dentro de los plazos constitucionales para que en ningún caso se exceda o prolongue el vencimiento del actual periodo de gobierno, que concluye el 22 de enero de 2020”.

Mesa enfatizó que “no hay una salida política a esta crisis que no sea un nuevo proceso electoral y no hay salida política a esta crisis si se quisiera modificar el plazo de permanencia de Evo Morales”.

"Acusamos el recibo de la nota. No tenemos todavía una respuesta porque vamos a hacer una evaluación", dijo el ministro de Comunicación, Manuel Canelas. (08/11/2019)

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Justicia envía a la cárcel al exjefe de Estado Mayor de las FFAA por el caso Senkata

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido el viernes. Formó parte del Alto Mando militar designado por la expresidenta Jeanine Áñez

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 25 de julio de 2021 / 16:47

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue enviado a la cárcel por seis meses, en el marco de la investigación por el caso “golpe de Estado”.

Guerra formó parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas que fue posesionado por la expresidenta Jeanine Áñez el 13 de noviembre de 2019. Fue aprehendido la tarde del viernes.

Se lo acusa en el proceso abierto por la violencia y muertes en Senkata, cuando fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron el bloqueo por parte de partidarios del expresidente Evo Morales de la planta de hidrocarburos en Senkata.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzales, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público.

En una audiencia de medidas cautelares, se lo envió a la cárcel por seis meses.

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El Fiscal General asegura que el gobernador Camacho será citado por caso ‘golpe de Estado’

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

/ 25 de julio de 2021 / 11:40

El excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho será citado a declarar en el marco de las investigaciones por el caso “golpe de Estado”, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.

“Es una decisión de la comisión de fiscales que, dentro de la estrategia investigativa, está desarrollando la citación correspondiente (para Camacho) y con seguridad lo van a citar”, informó, según la estatal ABI.

Camacho lideró en 2019 las protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral que, sumadas al motín policial, la “sugerencia” militar de dimisión al expresidente Evo Morales, derivaron en la renuncia de Morales.

Su nombre figura en la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS Lidia Patty para establecer responsabilidades en los hechos que derivaron en la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.

Camacho aseguró en reiteradas oportunidades que acudirá a cualquier citación fiscal sobre su participación en los hechos de noviembre.

En un video que circuló en redes sociales, el excívico reveló que su padre gestionó con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no obedezcan al mando civil. Una vez consolidado los acuerdos, dijo, dio un plazo de 48 horas a Morales para renunciar.

Por el caso “golpe de Estado”, están en la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y parte del mando militar de ese entonces.

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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