La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, de la Fiscalía General del Estado, informó este viernes que, en el caso por trata y tráfico de personas contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, se descubrió que la orden de aprehensión fue emitida por la comisión de fiscales el 26 de septiembre y desde esa fecha se ocultó la documentación por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, entre otras irregularidades que fueron detectadas.

“Ya constituidos en la Fiscalía Departamental de Tarija, no se advirtió ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal; sin embargo, la fiscal a cargo del proceso informó que una vez emitidas y firmadas en recepción por la Policía, de manera inusual, las órdenes de aprehensión fueron exigidas por la exfiscal departamental quien las retuvo desde el 26 de septiembre de 2024, es decir, desde la fecha de inicio de la investigación”, sostuvo Rocha.

En su descargo, la exfiscal Gutiérrez señaló que la denuncia ingresó como cualquier otra investigación y se le dio agilidad como se las da a otras investigaciones. “Que vengan a decir acá por qué tanta agilidad en este caso, cuando este caso ha ingresado del 26 de septiembre”.

Indicó que el caso se tuvo que declarar en reserva por la “envergadura y la complejidad” que tenía, ya que no “era contra cualquier persona”.

“Para sacar el mandamiento de aprehensión, otros dicen que es ilegal, ¿por qué no se lo ha notificado? Ya hemos tenido otro caso en 2020, cuando estaba Juan Lanchipa, ese caso en qué ha terminado. Por notificaciones, con edicto, vía cooperación y al final ese caso ha terminado en rechazo”, explicó Gutiérrez.

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Dijo que con la información que se le remitió juntamente con la denuncia “queríamos que este caso no quede más en la impunidad”. 

En tanto, Rocha indicó que también se pudo advertir que uno de los primeros indicios de irregularidad fue que no se cargaron las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre.

Reveló que otro error detectado fue que la investigación se inició por el delito de trata y tráfico; sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por el delito de estupro, hecho que dio lugar a que la defensa del sindicado presente una acción de libertad ante la autoridad jurisdiccional.

“La orden de aprehensión fue emitida por un delito diferente al que inicialmente se investigaba, lo que generó defectos procesales y permitió que, en una audiencia Acción de Libertad, la autoridad jurisdiccional concediera tutela, declarando la nulidad de la orden de aprehensión, este es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, dijo

El expresidente Evo Morales afirmó este viernes que el gobierno del presidente Luis Arce tenía un plan para capturarlo en Chimoré, Cochabamba, y sacarlo del país.

El exmandatario atribuyó la información a “militares patriotas” y sus familias, que, según dijo en una conferencia de prensa, le alertaron del operativo el pasado miércoles.

Morales citó una reunión entre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y miembros del Ministerio de Justicia, el director y el subdirector de la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, en la que supuestamente definieron la acción.

“El ministro de Gobierno, en una reunión con varios miembros de la Justicia dijo que detener a Evo va a ser insostenible en Bolivia, mejor el (llevarlo) al exterior. Está insinuando llevarme fuera de Bolivia”, afirmó el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) rodeado de dirigentes del Trópico cochabambino.

Evo Morales

Según describió Morales, el Gobierno dispuso un helicóptero SuperPuma para el operativo que pretendía, primero, detenerlo y, luego, “trasladarlo hasta La Paz”.

“Ese SuperPuma debería estar apagando los incendios”, criticó el además presidente de las Seis Federaciones del Trópico.

El miércoles se conoció de una orden de aprehensión en contra del exjefe de Estado, involucrado en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado, acción que fue anulada por una jueza de Garantías en Santa Cruz, en respuesta a una acción de libertad interpuesta por la defensa legal de Morales.

Además, esa noche, en una conferencia de prensa, el exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que los seguidores del líder cocalero en el Trópico de Cochabamba se convirtieron en “guardaespaldas” de Morales luego de conocerse una orden de aprehensión en su contra.

Plan

“Sabemos que los hermanos del Trópico se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los celestinos, en los guardaespaldas, los protectores de la vida de Evo Morales”, dijo la exautoridad.

Incluso, el jueves, dirigentes de varias organizaciones del Trópico cerraron filas por Morales y hasta amenazaron con aplicar “justicia comunitaria” a policías y militares que pretendan capturar a Evo Morales.

El asambleísta potosino Reinaldo Romana informó este viernes sobre la notificación de la Justicia para el traslado del excívico Marco Antonio Pumari a la ciudad de La Paz por el denominado caso Golpe de Estado II.

El legislador departamental indicó que el Juzgado de Sentencia en lo Penal Sexto de La Paz libró el mandamiento de traslado de Pumari desde la cárcel de Cantumarca al penal de San Pedro el 14 de octubre para el inicio del juicio oral por el caso Golpe II.

“Acabamos de salir de una reunión con el señor Marco Pumari, el cual nos entrega la notificación para el traslado del 14 de este mes a la ciudad de La Paz”, señaló.

Indicó que Pumari está por cumplir tres años de reclusión en el penal de Cantumarca y el único fin para este traslado es “martirizarlo”. “Se conoce, los que están dentro de este proceso como (Luis Fernando) Camacho y Jeanine (Áñez) no entran a juicio presencial si no virtual”, dijo.

El asambleísta señaló que, con esta acción, se está vulnerando el derecho al debido proceso de Pumari, esto debido a que tiene que ser juzgado por jurisdicción y el juez natural. “Él lleva otros procesos por delitos electorales y aun así se lo va a trasladar el 14 de este mes”.

Pidió al Comité Cívico Potosinista y aquellas organizaciones que “lucharon” en 2019 a pronunciarse sobre este hecho. La autoridad departamental cuestionó a la Justicia que, en su criterio, “exonera a la pedofilia y juzga a quien luchó por la democracia”.

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El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.

Incluso en reuniones extralegislativas que se llevaron a cabo en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre representantes de la oposición, los cívicos, la Iglesia Católica y diplomáticos europeos, se barajó la opción de Áñez para la sucesión. Así, el 11 de noviembre, Morales y su vicepresidente Álvaro García partían a México, donde consiguieron asilo.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público y validada por los tribunales en primera y segunda instancia, además del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la entonces senadora opositora Áñez se proclamó mandataria sin el quorum respectivo en la Asamblea Legislativa. Y sin respetar el reglamento de debates de la Cámara de Senadores.

En junio de 2022, la Justicia condenó con 10 años de prisión a Áñez, al encontrarla culpable en este caso. La exmandataria cumple su sentencia en el penal de Miraflores.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, informó este viernes que el caso que involucra al expresidente Evo Morales en un hecho de supuesto estupro fue declarado en reserva.

La medida tendrá una duración de 10 días y, luego de eso, se conocerá si la investigación se traslada a la jurisdicción de Tarija u otro distrito.

“Este caso, por la naturaleza del mismo y su relevancia, ha sido declarado en reserva judicial (…) por 10 días; se debe, sobre todo, precautelar el derecho, en este caso, de las víctimas”, explicó Rocha en una conferencia de prensa.

El jueves, el presidente Luis Arce pidió declarar el caso en reserva, pero justificó con la intención de que dicho proceso no sea politizado.

“El Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad y la población, como un tema político”, dijo a los periodistas en Santa Cruz.

Evo Morales

“Éste es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente y para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, vamos a solicitar que esto sea declarado en reserva”, afirmó el mandatario.

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El polémico caso que involucra a Morales radica, actualmente, en Tarija, pero Rocha explicó que se aguarda una notificación formal con la resolución de la jueza Lilian Moreno, que concedió una acción de libertad a favor del denunciado y dejó sin efecto una orden de aprehensión que se había emitido contra el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), para determinar “qué pasos” seguirán.

“Nosotros debemos ser notificados con esa resolución para cumplir al pie de la letra lo que ha dispuesto la juez de garantías, después de haberse advertido graves errores en el procedimiento”, sostuvo la fiscal Rocha.

Proceso

Sobre las “irregularidades” que frenaron la captura de Morales, indicó que se observó la “ausencia de las actividades investigativas” en el ecosistema Justicia Libre; además que “no se advierte ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal”.

Asimismo, Rocha señaló que una de las causas “fundamentales” que frenó la aprehensión de Morales fue la irregular tipificación del delito. “La orden de aprehensión se emitió por un delito diferente al que el Ministerio Público se encontraba investigando; eso generó defectos procesales. Y permitió que, en una audiencia de acción de libertad se concediera la tutela declarando la nulidad de la orden de aprehensión”.

Precisamente, la anulación de la orden de aprehensión destapó una serie de cuestionamientos; pues la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez culpó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de propiciar dicha anulación. Incluso, lo señaló como responsable de su destitución en el cargo.

Por su parte. Lanchipa se defendió y dijo que el alejamiento de Gutiérrez responde a “negligencia” en sus labores. Al contrario, afirmó que el caso está vigente

A raíz de la polémica por el caso de presunto estupro contra el expresidente Evo Morales, los periodistas Freddy Morales, Susana Bejarano y Diego Montaño consideraron que la politización, a través de los medios de comunicación masivos y redes sociales, afecta, principalmente, a la víctima y a su hija.

El miércoles, la destituida fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez develó la existencia de una investigación contra el exmandatario, cuya aprehensión fue frenada luego por una acción de libertad.

El tenor de la denuncia describe el delito de “trata de personas (con agravante) (sic)” contra una adolescente. Entonces, durante la comisión del delito, la joven —de iniciales C. S. V. P.— tenía 15 años y concibió, según se lee en la resolución, una hija con el exmandatario.

Luego del análisis de los hechos, el documento concluye en la supuesta comisión de dos delitos: trata de personas y estupro agravado. En 2018, presuntamente, Morales y la adolescente inscribieron ante el Registro Civil de Yacuiba, Tarija, a una menor de iniciales E. S. N. V.

El caso ha causado revuelo e indignación en algunos actores políticos. No obstante, Morales aseguró, en sus redes sociales, que no le preocupa ni le sorprende la nueva denuncia en su contra.

Freddy Morales, Bejarano y Montaño estuvieron en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, para exponer sus puntos de vista.

En criterio de Bejarano, el tema debe aclararse con la justicia, no solo el bien de Evo Morales, sino por las personas involucradas en el caso y, particularmente, la víctima y su pequeña hija.

“Nadie piensa en esa persona. Este caso se utiliza a nombre del género y no hay ningún indicio de protección a una mujer”, lamentó.

Aseguró que Evo Morales debería ser el primer interesado en resolver este problema porque implica a menores de edad y un delito muy delicado. “No podemos seguir dando vueltas en este tema”.

“No es justo que la responsabilidad sea cargada a las mujeres masistas o, en este caso, a la víctima”, insistió en relación a cuestionamientos político sobre por qué no dicen nada las militantes del MAS sobre el caso. 

En la misma línea, Freddy Morales cuestionó el rol de los medios de comunicación y su “manejo político” de la información sobre dicho caso. “En los medios hay un uso político masivo. Ayer fue una avalancha de cosas”.

Aseguró que el caso debería resolverlo a la justicia, pero de buena manera, sin manipulaciones de por medio. No obstante, lamentó que el país está en medio de una etapa electoralizada por la proximidad a las elecciones generales de 2025.

En coincidencia, Montaño lamentó que los medios de comunicación repiten un “guion”, presionados por la publicidad estatal, en desmedro de ciertos actores políticos. “Hay un guion que se repite y los medios están siendo protagonistas de estos guiones”.

Según su explicación, los medios se ven presionados a repetir dichos guiones por su dependencia a la publicidad. “Es un momento muy difícil para los medios. Hay canales que están por cerrar y periódicos que dejaron de circular”.

Recordó que cuando trabajaba en la red Abya Yala TV el Gobierno le quitó la publicidad por titular “largas filas en los bancos”.

“Al canal le bajaron una publicidad porque decía ‘largas filas’. El Banco Central de Bolivia (BCB) no le volvió a dar un peso a Abya Yala”, develó.

Los medios de comunicación le han dado alta cobertura al caso e incluso se han filtrado fotografías de la menor y su familia en redes sociales.

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