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Tuesday 20 Feb 2024 | Actualizado a 12:54 PM

Baltasar Garzón activa recurso ante la CIDH para ‘precautelar’ derecho de Evo a participar en las elecciones

El exjuez español dijo que en total 15 juristas del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia firmaron la petición para medidas cautelares correspondientes para que, entre otros puntos, se otogue un salvoconducto para que exministros se asilen en México

/ 13 de noviembre de 2019 / 21:40

El exjuez español Baltasar Garzón informó que activó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) una petición que le permita a Evo Morales concurrir como candidato en las próximas elecciones en Bolivia, precautelando el derecho de sufragio pasivo.

"Si su partido (el Movimiento Al Socialismo) así lo define (que sea candidato) tendría que ser él que lo hiciera; lo que no se puede justificar es cómo con un golpe militar tal como se ha producido se diga que se restablece el orden constitucional convocando unas elecciones y no se garantice el derecho de sufragio pasivo, es decir, que se presente el candidato que quiera y pueda presentarse porque así lo deciden las normas legales y constitucionales", explicó Garzón a un medio argentino en Buenos Aires.

El que no se permita a Morales asistir como candidato a unas nuevas elecciones sería -según el exjuez- la consumación del golpe militar de Estado "desnaturalizando" y "prostituyendo" cualquier proceso electoral boliviano.

Ante los graves hechos de violencia en Bolivia que derivaron en la renuncia de Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera el domingo 10 de noviembre, Garzón detalló que en la petición para garantizar el derecho de Morales se pide viabilizar el salvoconducto para los exministros Héctor Arce, Carlos Navarro y Javier Zavaleta a fin de que dejen la Embajada de México en La Paz y sean trasladado a México.

Además, se solicitó el debido proceso para las personas detenidas después de la renuncia de Morales como la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y del exvicepresidente de ese tribunal Antonio Costas.

"En total 15 juristas de distintos países del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia hemos firmado la iniciativa para que se garantice tanto el debido proceso para las personas que están detenidas como el sufragio pasivo y que se facilite el salvoconducto correspondiente para que quienes están en la Embajada de México en Bolivia puedan salir e ir a México en virtud al asilo diplomático al que se han acogido", arguyó.

Garzón consideró que en Bolivia lo que hubo fue un golpe de Estado, a cuyo presidente constitucional se le obligó a renunciar. "Los militares en una actuación desde luego más que sospechosa, también por parte de la oposición, se alzaron y asumieron  el poder de facto y por lo tanto se puede decir, sin lugar a dudas, que ha sido un golpe militar, así lo pusimos de manifiesto en la petición que hicimos ante la CIDH", dijo.

"Hemos sentado esa iniciativa ante la situación grave de violencia que se vive en Bolivia y que ha obligado al presidente Evo Morales y al Vicepresidente (Álvaro García Linera) exiliarse en México; los ministros de Justicia, Minería y Defensa asilados en la Embajdada de México en La Paz y la presidenta del tribunal electoral y vicepresidente detenidos de facto sin ningún tipo de garantías, por eso denunciamos esa situación muy grave para que se otorguen medidas cautelares que hagan cesar esta situación de facto que puede todavía ser más grave", remarcó.

(13/11/2019) 

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Alcón pide a la Asamblea Legislativa aprobar créditos y ‘no dar la espalda’ al país

La viceministra Gabriela Alcón dijo que los créditos pendientes de aprobación en Diputados “ya están gestionados” y pidió a legisladores dejar de lado sus interese personales y electorales.

La sesión de la Cámara de Diputados que fue dirigida por su presidente Israel Huaytari.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de febrero de 2024 / 12:34

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió este martes a la Asamblea Legislativa aprobar los proyectos de ley para créditos pendiente de debate y “no dar la espalda” al país.

“Tenemos una responsabilidad “con la población” y le pedimos a la Asamblea Legislativa que no le dé la espalda a Bolivia”, dijo la funcionaria a los periodistas en La Paz.

Alcón se refirió al acuerdo de 10 puntos firmado el lunes entre el Gobierno y los empresarios privados con el fin de generar mayor circulación de dólares en la economía.

Dicho acuerdo, entre sus resoluciones, liberó las exportaciones principalmente de aquellos productos que tenían restricciones; la emisión de bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, con ofertas, plazos y tasas.

Acuerdo

Al respecto de ese último, las autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) y de los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) se reúnen para definir los procesos.

Otro de los puntos del acuerdo prevé que las empresas privadas de transporte, minería y de la agroindustria que requieran el diésel puedan realizar de manera directa la importación de ese carburante destinado al consumo propio.

Actualmente, hay un debate pendiente en la Cámara de Diputados para la aprobación de nueve proyectos de ley. Siete de ellos están destinados a créditos, por un monto que supera los $us 850 millones.

El problema entre las bancadas legislativa tiene origen en el acuerdo sobre si primer se aprueban los créditos o los proyectos de ley 073 y 075.

Créditos

Por un lado, el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición exigen que primero se resuelva la prórroga antes que los créditos. Al contrario, los legisladores arcistas reclaman el cumplimiento de un acuerdo bicameral y tripartidario firmado el 2 de febrero.

El segundo punto de ese documento dicta que la situación de los magistrados será abordada previa aprobación del Proyecto Ley 144, ahora Ley 1549; y de al menos cuatro de los siete créditos.

“En este momento (los créditos) solo necesitan la aprobación, el tratamiento y el trabajo, que se tiene en créditos que ya están gestionados (…). Les pedimos que piense en Bolivia y no solo en interese particulares y electorales”, reclamó Alcón.

El viernes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, anunció que esta semana se realizará la sesión para solucionar ese conflicto, pero hasta el momento no se conoció ninguna convocatoria.

También le puede interesar: El ministro Iván Lima se pregunta si Evo Morales ‘se animará a un nuevo 21F’

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Ministro Cusicanqui promete un Censo más moderno, participativo y transparente

El Censo de Población y Vivienda se desarrollará este 23 de marzo y ya se encuentra en su última etapa logística.

Foto referencial.

/ 20 de febrero de 2024 / 10:20

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó este martes que el Censo de Población y Vivienda se encuentra en su última fase logística y será más “moderno, participativo y transparente”.

En entrevista con La Razón Radio, explicó que el proceso será más “moderno” por la actualización cartográfica georreferenciada, más “participativo” por la cantidad de censistas y más transparente por la “constante” información sobre el Censo a través de conferencias de prensa y entrevistas.

Aseguró que el proceso está “a la vuelta de la esquina” y resaltó que el Gobierno ha registrado una gran respuesta en el reclutamiento de censistas. “Tenemos más de medio millón de voluntarios ya registrados”.

Según el Decreto Supremo 4824, el Censo se desarrollará el 23 de marzo. El operativo estadístico permitirá cuantificar a la población y distribuir recursos económicos a cada departamento, de acuerdo a su crecimiento.

El ministro anunció que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está en proceso de “detalle” de logística de los sectores y segmentos a los que serán asignados los censistas. “Están en la etapa de capacitación y asignación”.

Respecto al material, informó que ya se está distribuyendo a todos los departamentos. “Estamos en la última etapa de distribución en La Paz”, dijo.

En cuanto al tema de recursos, reiteró que el proceso cuenta con un presupuesto de $us 68 millones.

Lea también: El INE garantiza que los resultados del Censo 2024 se entregarán el 30 de agosto

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Se abre el registro de postulantes y corren los 230 días para las elecciones judiciales

Los postulantes pueden dejar sus documentos en la oficina de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa.

Este martes se brieron los libros para el proceso de preselección de postulantes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de febrero de 2024 / 10:16

Con la presencia de una notaria de fe pública, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa comenzaron el registro de documentos de ciudadanos para la preselección de postulantes a las elecciones de postulantes.

La oficina destinada al proceso está en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, en inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz.

“Nuestra misión es sacar adelanta adelante estas elecciones. Tenemos 20 días para esta recepción de sobres de postulantes”, dijo el senador Miguel Rejas, en conferencia de prensa.

Esa oficina recibirá los documentos de lunes a viernes, desde las 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00. Los sábados, domingo y feriado serán de 08.00 a 12.00.

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, establece que los comicios deben realizarse en un plazo de hasta 230 días: 80 para el trabajo de la preselección de postulantes, a cargo de la Asamblea Legislativa y 150 para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice las elecciones.

Judiciales

Luego de cumplir con su tarea, la Asamblea Legislativa debe remitir al TSE una lista de 192 postulantes habilitados para el proceso. Ellos serán sometidos a votación popular.

Deben ser electos 23 magistrados, titulares y suplentes, de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres consejeros, también titulares y suplentes, del Consejo de la Magistratura.

“Queremos que sean los mejores profesionales, lo más probos y que necesita la población”, agregó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Es la tercera vez que los bolivianos elegirán a los magistrados y consejeros. La primera fue el 16 de octubre de 2011 y la segunda el 3 de diciembre de 2017.

Su periodo constitucional es de seis años, aunque los últimos fueron prorrogados en su mandato bajo la Declaración Constitucional 049/2023, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

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El TSE plantea comenzar el 6 de mayo la organización de las judiciales

Tahuichi subrayó que esta elección tendrá un presupuesto de Bs 183 millones, de los cuales Bs 25 millones estarán destinados a la publicidad.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 19 de febrero de 2024 / 23:29

Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló este lunes que a partir del lunes 6 de mayo su entidad empezará a organizar las elecciones judiciales.

“A partir del lunes 6 de mayo, el Órgano Electoral va a emprender las elecciones judiciales. (Es) una cosa muy técnica y esta elección se producirá hasta más tardar en septiembre, incluso hay la posibilidad de que la hagamos en agosto, pero esa definición se la va a conocer en pocos días, pero no va a pasar de septiembre”, indicó.

Según la Ley 1549, “Transitoria para las elecciones judiciales 2024”, una vez remitidas las listas de candidatos al TSE, éste llevará a cabo la organización y realización de la votación con una duración de hasta 150 días calendario.

En los comicios se elegirá a 23 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y tres miembros del Consejo de la Magistratura (CM).

Lea más: Sobre la prórroga, Torrico dice que el ‘poder político’ no puede anular un fallo constitucional con una ley

Tahuichi subrayó que esta elección tendrá un presupuesto de Bs 183 millones, de los cuales Bs 25 millones estarán destinados a la publicidad.

“De esos 25 millones, está pensado alrededor de Bs 19 millones en la difusión de méritos de los candidatos, que consiste en mostrar su currículum, sus méritos, además de enseñar sus propuestas”.

La Asamblea Legislativa debe cumplir con la fase de preselección de postulantes para el proceso judicial. Eso, previo al trabajo del TSE.

Para esa tarea, la Ley 1549 le otorga un plazo de 80 días; en ese tiempo, los legisladores deben elaborar una lista de personas habilitadas para someterse a la votación popular.

Es la tercera vez que los bolivianos elegirán en urnas a los magistrados y los consejeros. El primer proceso fue el 16 de octubre de 2011 y el segundo, el 3 de diciembre de 2017. Las autoridades electas tendrán un mandato constitucional de seis años.

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Sobre la prórroga, Torrico dice que el ‘poder político’ no puede anular un fallo constitucional con una ley

La autoridad dijo que una de las salidas ante esta problemática es hacer una elección judicial rápida para cambiar de magistrados, lo cual se enmarca en la Constitución.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 19 de febrero de 2024 / 23:26

Al referirse a la prórroga dictada por el Tribunal Constitucional, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló este lunes que el “poder político” no puede anular una sentencia constitucional con una ley, debido a que se dejaría un “nefasto” precedente para la Justicia. 

“¿Es posible con una ley anular una sentencia o una resolución constitucional?, ¿es posible?, ¿qué ocurre con el nefasto precedente que van a dejar al país?, de que mañana una fuerza política haga algo inconstitucional e ilegal que sufra un control constitucional y (éste) emita una sentencia o una resolución constitucional donde le diga: señores esto es inconstitucional”, indicó.

“En vez que volvamos por nuestros pasos y reencaminemos la figura jurídica, resulta que una fuerza política que va a ser una mayoría ahí dentro (en la Asamblea), va a hacer una ley y va a anular la sentencia. Ese es el nefasto precedente que usted señor (Carlos) Alarcón (de CC), que usted está queriendo poner a la justicia, que mañana el poder político haga una juntucha y le dé la gana de hacer las resoluciones que le dé la gana o las sentencias que le dé la gana y no le convenga como gobierno”.

La autoridad dijo que una de las salidas ante esta problemática es hacer una elección judicial rápida para cambiar de magistrados, lo cual se enmarca en la Constitución.

El 12 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Lea más: Judiciales: desde este martes, comisiones legislativas recibirán postulaciones de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00

El 31 de enero, el TCP emitió el auto constitucional 036/2024 que dispone que la Asamblea Legislativa debe acatar la sentencia constitucional 049/2023 sobre la prórroga.

Desde el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunicad Ciudadana (CC) y Creemos se pide el tratamiento de los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cesación a los magistrados), antes de abordar los créditos externos en la Cámara de Diputados.

El 2 de febrero, las tres fuerzas políticas (MAS, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales. En este documento se establece que, tras la aprobación de la norma, los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados por tiempo y materia, en la sesión siguiente al proyecto de Ley 144, y de al menos cuatro de los proyectos de ley de los préstamos externos.

En la Cámara de Diputados se tiene estancado el debate y el escollo de los nueve proyectos de ley está en la interpretación del acuerdo bicameral.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales defienden la prórroga de mandato y advierten sobre las posibles consecuencias en la Justicia en caso de suspenderse los plazos procesales que se determina en los proyectos de ley 073 y 075.

“(En caso de la suspensión) realmente el perjuicio es incalculable porque la cantidad de procesos que comprende al menos a dos partes. Entonces, hablamos de ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de los tribunales. Por lo tanto, queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad”, dijo el presidente del TSJ, Marco Jaimes, el jueves pasado.

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