El presidente de la Comisión Mixta, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez, afirmó este viernes que su partido insistirá en un pacto con Comunidad Ciudadana (CC) para designar al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Instó a la “reflexión” a la oposición.

Luego de que CC rompiera el acuerdo político que pactaron hace 45 días, y ante la consulta de si ese alejamiento afectaría la última etapa de designación, el legislador dijo: “Estamos convencidos de que en base a los siete perfiles podemos lograr un acuerdo y llegar a los dos tercios de votos entre las tres fuerzas políticas”.

“Tiene que primar el interés común; hay que intentar nuevamente con la participación de las tres fuerzas políticas (…) Llamamos a la reflexión y que en la Asamblea Legislativa se pueda reencausar para la designación”, remarcó Gutiérrez durante una entrevista con La Razón Radio.

Ayer, en conferencia de prensa, CC sostuvo que rompió el pacto porque se excluyó a dos candidatos que tenían el perfil adecuado en la defensa de la vulneración de derechos humanos. “Han herido de muerte el acuerdo para elegir al Defensor del Pueblo digno e idóneo, nos han engañado no se está permitiendo que los mejores pasen a la final”, reprochó el senador de CC Luis Guillermo Seoane.

“No es cierto y justificable desde ningún punto de vista lo que dicen”, remarcó Gutiérrez. Contó que los asambleístas de CC que conforman la Comisión “no hicieron notar sus observaciones” el momento en el que se hizo la calificación individual de cada aspirante y aseguró que hasta el MAS tuvo “diferencias”, pero que al final se envió la lista de los siete aspirantes con la firma de la mayoría oficialista y de Creemos.

El presidente de la Comisión atribuyó a “una instrucción política” que los legisladores de CC abandonaran la sesión en la que se debía aprobar la lista de los finalistas de tres mujeres y cuatro varones. 

Pedro Francisco Callisaya Aro; Claudia Andrea Calvo Campos; Luisa Antonia Chipana Ubaras; Evelin Patricia Cossio Marquez; Rubén Julio Estrada Candia; Ramiro Leonardo Iquise Pally; y Porfirio Machado Gisbert son los seis abogados y una administradora que es a la vez estudiante de derecho, los que serán elegidos en los próximos días.

El incremento del 4% al salario mínimo nacional causará una afectación de $us 216 millones a los empresarios del país. No todos los sectores empresariales podrán cumplir con este ajuste.

Estos criterios fueron expresados por el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Rolando Kempff y el presidente de la Federación de Empresarios de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

En este programa conducido por la directora de esta casa periodística, Claudia Benavente, se analizó el acuerdo entre el gobierno de Luis Arce y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que dio luz verde a un incremento de 3% al haber básico y 4% al mínimo nacional.

Kempff precisó que cada punto porcentual del incremento salarial implica $us 54 millones afectación al sector empresarial. “Si estamos hablando de 4%, estamos hablando de $us 216 millones que nos va afectar al sector empresarial”, indicó.

Por su parte, Ascarrunz apuntó que no todos los sectores productivos podrán cumplir con el ajuste salarial, como es el caso del turismo.

Ante ello, posiciones como del vocero presidencial Jorge Richter, quien el jueves pidió a los empresarios privados den muestras de solidaridad sobre el incremento salarial, deben ser complementadas con “canales de comunicación” por parte del Gobierno, dijo el ejecutivo.

“Nosotros queremos ser propositivos, queremos intercambiar opiniones con el Gobierno, queremos llevar sugerencias, no queremos hacer pedidos ni mucho menos; queremos aportar con ideas para que todos los bolivianos podamos superar estos efectos negativos que de alguna manera nos llegan de afuera como la segunda pandemia, la guerra Rusia y Ucrania”, sostuvo Ascarrunz.

En tanto, Kempff coincidió que solo un porcentaje mínimo del sector empresarial formal está en condiciones de cumplir con el incremento salarial. “El 18% del sector empresarial, a nivel nacional, es formal; el 82% es informal, por lo cual ese 18% está produciendo más del 78% del Producto Interno Bruto (PIB). Es algo realmente importante porque produce y da trabajo, aproximadamente el 80% del trabajo digno” en el país.

Complementó: “En el ámbito empresarial, tenemos 320.000 empresas registradas en Fundempresa (ahora Seprec); de ese total, aproximadamente 120.000 empresas están trabajando; el resto está aletargado, está durmiendo, está en una situación que no la conocemos, está evaluándose”.

Además, Ascarrunz reiteró que los empresarios privados de La Paz no están de acuerdo con el incremento salarial para este año, debido al impacto negativo que la medida producirá en las empresas que aún no superan el efecto de la pandemia de coronavirus y que, también, son afectadas por otros problemas complejos como el contrabando, la informalidad y medidas que desincentivan las exportaciones y la presión tributaria, entre otras.

El Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) advirtió con una demanda penal contra el diputado de Creemos Caleb Villarroel, quien comparó el olor del acullico de coca con el de la marihuana, y señaló que esta práctica ancestral “apesta”.

El encargado de efectuar el anuncio fue Ernesto Mamani, dirigente de Cofecay, al señalar que ese sector se encuentra indignado por la declaración de Villarroel en una sesión legislativa, razón por la cual su organización se declaró en “estado de emergencia”.

“Estamos muy molestos, sobre todo condenamos esta mala actitud de este diputado de Creemos Caleb Villarroel. También vamos a demandar donde corresponde, sabiendo muy bien que la hoja sagrada es reconocida por la nueva Constitución Política del Estado, y como los Yungas, como familia cocalera estamos en estado de emergencia”, dijo a los medios.

Según el dirigente, con esa afirmación se demuestra que el diputado Villarroel “no valora” el trabajo de las organizaciones sociales.

“Solamente ha demostrado su incapacidad. Es un inútil. No sabe valorar el trabajo de las organizaciones sociales. Nosotros como Cofecay siempre vamos a apoyar y defender a nuestras autoridades que trabajan por su pueblo y para su pueblo”, dijo Mamani.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó que se analiza una demanda contra Villarroel por racismo y discriminación. Mientras que el aludido, en una entrevista con Piedra, papel y tinta este lunes, programa de La Razón, dijo que no se retracta de sus declaraciones ya que el acullicu tiene mal olor, y señaló que su opinión no tiene nada de racista ni discriminatorio.

Ante el incremento de las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino en el país, lanzan al mercado el primer servicio de protección ante estos casos. Se trata del Seguro Mujer y Familia, que brinda cobertura de gastos por hospitalización e indemnizaciones.

Es una iniciativa que surgió a raíz de una alianza estratégica entre la microfinanciera Crecer IFD, Alianza Seguro de Vida y Salud y La Boliviana Ciacruz, con el apoyo de la Cooperación Suiza y Fundación Profin.

Según estimaciones de la gerente nacional de Servicios de Desarrollo de Crecer, Isabel Rueda Fernández, entre cuatro y cinco mujeres mueren al día en Bolivia a consecuencia de esta enfermedad, ocasionando la desintegración de familias.

“Bolivia es el país con mayor incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en América después de Haití. Este cáncer, en nuestro país, es el cáncer más frecuente y primera causa de muerte en mujeres de 35-59 años”, argumentó la ejecutiva.

Ante esas cifras, el director ejecutivo de la Fundación Profin, Edwin Vargas, explicó que con este seguro se da una respuesta integral a las necesidades de protección de las mujeres porque brinda un acceso rápido a servicios médicos en caso de detección de cáncer.

El Seguro Mujer y Familia, en su primer servicio dedicado a la población femenina ofrece una renta por hospitalización por cualquier enfermedad, otorgando Bs 100 por cada día de internación, hasta un límite de 30 días al año (por periodos de máximo 10 días consecutivos).

De este servicio se destaca que si se detecta cualquier enfermedad terminal que no sea cáncer, se indemniza con el 25% del valor asegurado (Bs 10.000) y con el 75% que se entrega a los familiares, si la asegurada llegara a fallecer. En caso de detectarse cáncer terminal, el adelanto es de un 25% del valor asegurado (Bs 35.000) y el 75% si hay deceso.

En su segundo servicio, Seguro Familia, cubre consultas médicas ambulatorias (no internaciones), en medicina general, pediatría para niños desde recién nacidos hasta los 24 años y ginecología. Otros beneficios son que los medicamentos son cubiertos ilimitadamente; los análisis de laboratorio, por consulta, tienen una cobertura de hasta un monto de Bs 100.

Por su parte, el vicepresidente regional de Sudamericana Seguros, Jorge Trigo, relievó que este tipo de micro seguros tienen coberturas muy valoradas por sus bajos costos, y en este caso “permitirá a sectores vulnerables, acceder a beneficios a los que antes no tenían acceso”.

Tras conocerse que Comunidad Ciudadana (CC) presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para nacionalizar autos indocumentados (chutos) en el país, transportistas advierten que la aprobación de esa norma puede provocar un colapso vehicular en La Paz.

La advertencia fue lanzada por el secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, al rechazar la citada propuesta del partido opositor.

“No es prudente poder analizar este proyecto de ley y vamos a hacer conocer nuestro rechazo al presidente de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), nosotros tenemos que cuidar nuestro trabajo. No descartamos las movilizaciones no solamente en las áreas urbanas, sino también en las carreteras, vamos a tener que salir a bloquear las carreteras y las ciudades”, señaló el dirigente.

Tancara anticipó que en las próximas horas el sector enviará una nota al presidente del Senado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Andrónico Rodriguez, solicitando que no dé curso al citado proyecto.

Y volvió a advertir que en caso de que la Asamblea Legislativa determine analizar esta propuesta, los transportistas iniciarán movilizaciones a nivel departamental y nacional.

El dirigente insistió que los vehículos chutos que buscan nacionalizar los propietarios no están destinados al área rural, sino vendrían a inflar los servicios de transporte en la ciudad de La Paz, provocando un colapso del sector del transporte.