En un mensaje a la nación, el presidente Luis Arce anunció este sábado que el Gobierno otorgará “incentivos financieros” a los productores que no quemen y produzcan de manera sostenible con el medio ambiente.

“No todo debe resolverse por la vía punitiva, sino que también debemos incentivar las buenas prácticas para que éstas se multipliquen. Es decir, que no sólo se piense en castigar a los que hacen malas cosas, sino en premiar a los que las hacen bien”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario felicitó a los productores pequeños, medianos y grandes que modificaron sus prácticas productivas y “ya no queman”, además, a las instituciones que impulsan este cambio y a los sectores que asumen la responsabilidad con esta y las próximas generaciones.

Señaló también que las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios serán consideradas tierras fiscales “no disponibles” por un periodo mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración.

Dijo que también se dispuso que los ministerios de Defensa y de Gobierno refuercen el “resguardo de áreas protegidas y reservas forestales”. “Nada será suficiente aquí, como no lo es en otros países, si es que no se genera una conciencia colectiva respecto a las prácticas nocivas para la humanidad y el medio ambiente vinculadas a las formas de habilitación de tierras para la producción”.

A cuatro días de cumplirse el plazo para la recepción de las postulaciones para el cargo del nuevo Fiscal General del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural solo registró a cuatro profesionales.

El miércoles 18 cumple la segunda etapa, de las 14 fases, del cronograma establecido por la Asamblea Legislativa para el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado 2024.

El último en inscribirse fue el abogado Julio Huarachi, de Oruro. En días pasados, se inscribieron la abogada Lizzie Mónica Riera Sorich, el abogado Jorge Morón Urquiola y la administradora de empresas María Soledad Torrico Morales.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, aclaró el viernes que los postulantes a Fiscal General del Estado deben ser abogados de profesión y no tener afinidad política. Además, señaló que para la etapa final se necesita un mínimo de cinco y un máximo de 10 postulantes.

“La Ley 1579 es clara. Se necesita de un mínimo de cinco y un máximo de 10 postulantes. Esperamos que en estos días vengan a dejar sus documentos y de esa manera se abra la selección correspondiente para la designación del Fiscal General, sea hombre o mujer”, señaló el legislador.

Reiteró que los postulantes a Fiscal General del Estado deben ser abogados y haber realizado cursos en temas constitucionales, penales o en derechos humanos.

“Viendo la importancia del tema del Fiscal General del Estado, es importante también que la (futura) autoridad no tenga militancia, para así, de esa manera, garantizar la soberanía que necesita el Ministerio Público”, señaló.

A cuatro días del cierre, la autoridad invitó a los profesionales abogados a que puedan postularse al cargo. “Estamos a tiempo. Hay varios profesionales que están haciendo su trámite y entendemos que hasta el miércoles vamos a tener la cantidad suficiente para hacer la selección correspondiente”.

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La recepción de la documentación es de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30.  En tanto, sábados y domingos es desde las 80.30 hasta las 12.00.

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para el Fiscal General del Estado. La Comisión Mixta de la Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

Entre las etapas a este proceso están la publicación de la convocatoria; presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo Fiscal General del Estado, máxima autoridad del Ministerio Público, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

Este sábado, en el aniversario 214 de Cochabamba, el expresidente Evo Morales recibió una distinción, el reconocimiento “Libertad del Tunari en grado Heroínas de la Corollina”. Sin embargo, este hecho fue criticado por diversos sectores que acudieron a mostrar su rechazo, principalmente los activistas ambientalistas.

El acto se realizó en una sesión de honor, tras la aprobación de la Asamblea Departamental de Cochabamba, que tiene una mayoría evista, el pasado jueves.

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El rechazo provino de los cívicos opositores a Morales, ciudadanos y ambientalistas que cuestionaron que se realice un reconocimiento al exmandatario.

‘Biocida’

De todas formas, Morales no asistió al acto, sino que envió como representante a Feliciano Vegamonte. Éste recibió el galardón en su nombre, mientras se registraban enfrentamientos entre los partidarios de Morales y otros que lo acusaban de “biocida” y “asesino”.

Uno de los sectores que manifestó su descontento fue el ambientalista. En criterio de algunos activistas, la crisis climática que atraviesa el país, a raíz de los incendios en el oriente boliviano, principalmente Santa Cruz, se debe a las “leyes incendiarias” que sancionó el expresidente.

Es que, según la opinión pública, las leyes 741, 377 y 1171, aprobadas por Morales, autorizan las quemas para algunas actividades. Por ello, irrumpieron el acto con cánticos de “Evo asesino”.

Sin embargo, la facción evista expulsó al grupo; se registraron en video algunas agresiones entre ambos bandos.

Los afines a Morales argumentaron que el reconocimiento estaba justificado, pues, en su criterio, la gestión del expresidente logró una gran inclusión social del campesinado y del sector indígena.

Finalmente, la Policía acudió al lugar para controlar el evento, por lo que no se registraron mayores episodios de violencia.

Se aprehendió a 13 personas por el hallazgo de 12 paquetes de clorhidrato de cocaína en el contenedor y cabina de un avión de Boliviana de Aviación (BoA) que tenía como destino Madrid, España.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervino el vuelo y la Policía Boliviana ordenó el arresto de 37 personas que habían tenido contacto con la aeronave. Tras las primeras declaraciones, se aprehendió a 13 personas.

“Ayer (viernes), 24 personas, entre ellas las 11 personas de limpieza, fueron liberadas. 13 personas fueron aprehendidas y seguramente hoy (sábado) van a ser puestas ante un juez jurisdiccional”, informó el abogado de una de las partes, Mario Ballivián.

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Vuelo

Según la defensa, hasta el momento, únicamente se tiene especulaciones. Una de las versiones que se maneja es que la droga se introdujo a la aeronave tras un vuelo de Cochabamba a Santa Cruz.

De acuerdo a Ballivián, al tratarse de un vuelo local, el control no es tan estricto, lo que habría permitido que los paquetes no se identifiquen. De los 37 aprehendidos en un primer momento, 26 formaban parte de la tripulación que llegó desde Cochabamba.

Además, según la Policía, en total se confiscaron 13 kilos de clorhidrato de cocaína, algunos en el contenedor de basura y otros en la cabina. Esta incautación representa una afectación al narcotráfico de más de $us 280.000.

Investigación

A raíz del hecho, BoA solicitó que se realicen las investigaciones correspondientes. Las autoridades del Gobierno, por su parte, pidieron “mano dura” si se encontraba pruebas de que algún funcionario formó parte del caso.

Por su parte, la oposición cuestiona a los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Gobierno, Eduardo del Castillo. Afirman que el hallazgo de droga únicamente confirma su complicidad con el narcotráfico o su incapacidad para luchar contra el tráfico de sustancias ilícitas.

El jueves, una sesión de la Cámara de Senadores, presidida por el titular de este órgano legislativo, Andrónico Rodríguez, abrogó las leyes 1171 y 337, ambas aprobadas durante la gestión el expresidente Evo Morales. A raíz de ello, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que ese hecho evidenciaba una ‘ruptura’ entre mentor y pupilo.

Sin embargo, el titular del Senado rechazó esta versión y ratificó la unión dentro del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con Morales, quien lo formó políticamente.

“El derecho evoluciona y las normas deben ser actualizadas. Por tanto, las recientes acciones legislativas no implican controversia o cuestionantes a gestiones gubernamentales anteriores. Por ello, es irresponsable y reprochable la declaración de un viceministro sobre la existencia de una ‘ruptura’ con el hermano Morales; esta afirmación es totalmente falsa”, escribió en sus redes sociales.

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‘Ruptura’

Según Torrico, Morales había ordenado “no tocar” las leyes calificadas como “incendiarias”. Sin embargo, Rodríguez y el resto de senadores evistas votaron por la abrogación de las normas.

Este hecho, según el viceministro, evidencia que Morales ya no tiene control sobre una parte de su facción.

“Ratificamos nuestro compromiso y convicción por la unidad”, respondió Rodríguez, insistiendo en que no existe ninguna ‘ruptura’.

Leyes

La abrogación de las leyes 1171, del 25 de abril de 2019, y la 337, del 11 de enero de 2013, se dan en el contexto de emergencia nacional que atraviesa el país a raíz de los incendios forestales en el oriente boliviano.

De acuerdo con la opinión pública, estas leyes, más la Ley 741, son las causantes de que cada año se registren fuegos en zonas productivas y en zonas fiscales.

“Si bien dimos el primer paso de reforma normativa ambiental aprobando dos proyectos de ley de abrogación, aún tenemos desafíos normativos para ajustar la contención a los chaqueos devastadores de nuestros bosques, porque el derecho evoluciona y las normas deben ser actualizadas”, insistió Rodríguez.

Pese a la iniciativa, algunas instituciones, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) afirmaron que las leyes abrogadas por Senadores no lograrán ninguna solución, pues una no entró en vigencia y la otra no regula las quemas.