Nacional

sábado 18 sep 2021 | Actualizado a 05:58

El Gobierno de Áñez destina Bs 34,7 MM para ‘equipamiento’ de las FFAA

Los militares participan de operativos conjuntos con la Policía para restablecer el orden ante la conflictividad presente en ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba. Otro decreto exime a los militares de responsabilidad penal por su actuación en operativos

Militares participan de los operativos de control del orden en La Paz. Foto: Luis Gandarillas

Por La Razón

/ 18 de noviembre de 2019 / 17:54

El gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez aprobó el 15 de noviembre un decreto que autoriza la erogación de  34,7 millones de bolivianos para “equipamiento” de las Fuerzas  Armadas, haciendo notar, entre aspectos de los considerandos, que la institución armada tiene “la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público”.

El decreto tiene el número 4082 y está publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia. Fue aprobado el 15 de noviembre con la firma de Áñez y sus 17 ministros de Estado posesionados hasta ese entonces.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs34.796.098.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), a favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas”, refiere el artículo 2.

Entre los considerandos que justifican la norma están que la Ley “Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, señala que para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.

Otro refiere: “Que el Artículo 5 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, dispone que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.

Un día antes del 14, fue aprobado el decreto que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se dan protesta en apoyo a Evo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el contenido de esa norma.

Mientras que el Gobierno lo defendió. El ministro de Defensa, Fernando López, cuestionó al organismo internacional por criticar la norma sin tomar el contexto y situación que se vive en Bolivia con actuación de grupos armados.

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Una cruzada educativa

No basta con impulsar el retorno a la nueva normalidad de los procesos de educación en todo el país.

Por La Razón

/ 18 de septiembre de 2021 / 01:35

Ya se va acabando el año escolar y parece pertinente empezar a pensar en la manera de ir reparando los graves daños que ha producido en la niñez y juventud del país la imposibilidad de realizar clases presenciales debido a la pandemia. No es suficiente con anunciar la normalización de los procesos de aprendizaje, también se trata de plantear algo novedoso y enérgico para recuperar lo que se ha perdido en estos casi dos años.

Aunque durante la gestión 2021 se han hecho esfuerzos loables por mejorar la prestación de servicios educativos pese a que persiste en el país el riesgo de la pandemia, apenas un porcentaje reducido de establecimientos ha retornado a algún esquema con un grado significativo de presencialidad. La mayor parte de estudiantes ha continuado cumpliendo el año escolar en clases virtuales o en un esquema semipresencial limitado.

Por otro lado, si bien la tecnología ha mejorado mucho desde el inicio de la pandemia y las capacidades de padres, docentes y estudiantes se han ido adaptando al nuevo sistema de aprendizaje a distancia, lo cierto es que las barreras y desigualdades ligadas a estos nuevos métodos siguen siendo inmensas.

El problema no es únicamente que muchos ciudadanos no tienen suficientes recursos para adquirir dispositivos adecuados para la educación virtual o poder financiar el costo del acceso a servicios de internet con velocidades razonables. El gran problema es que estas diferencias están sembrando gravísimas desigualdades en la calidad del aprendizaje. Tampoco es una novedad que, sin un apoyo permanente de la familia, que no todos pueden garantizar, la formación a distancia se hace cuesta arriba para un número preocupante de estudiantes.

Así las cosas, lo dramático es que la educación no presencial sin condiciones adecuadas está ampliando para el futuro de manera radical las desigualdades entre el conjunto de los bolivianos. El aprovechamiento y la calidad de aprendizaje no son los mismos cuando se utiliza un celular para conectarse a las clases y el apoyo de los padres es escaso porque éstos deben dedicarse a sus actividades económicas, que cuando se cuenta con varias herramientas para esos propósitos, incluyendo computadoras y pantallas inteligentes, y un constante apoyo de la familia.

En consecuencia, no basta con impulsar el retorno a la nueva normalidad de los procesos de educación en todo el país, el Estado debería preocuparse también por resolver las groseras distancias de oportunidades en un futuro cercano. Hay muchos niños y jóvenes que ya acumulan significativas desventajas frente a otros, solo por sus condiciones socioeconómicas. La prioridad debería ser achicar esas brechas, intentar recuperar el tiempo perdido. Las pistas que saltan a la vista tienen que ver con la innovación en metodologías, la planificación de un programa novedoso de recuperación focalizado en los estudiantes que más se han rezagado, la movilización de todos los recursos y la convocatoria a una gran cruzada nacional para hacerlo realidad. Lo que está en juego es el futuro de nuestras hijas e hijos.

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Marcha indígena

Será triste constatar que hay una evidente instrumentalización de las identidades y demandas indígenas.

Por La Razón

/ 17 de septiembre de 2021 / 01:23

Casi a fines de agosto partió de Trinidad hacia Santa Cruz de la Sierra una marcha compuesta por decenas de indígenas de diversas etnias. Aunque el argumento de origen es respeto a su identidad y su reconocimiento pleno para acceder a la titulación de tierras, en el Gobierno afirman que la demanda no queda clara y reclaman un pliego petitorio que todavía no se ha presentado.

A la cabeza de la marcha iniciada en la capital beniana el 25 de agosto está Marcial Fabricano, que lideró la marcha que llegó a La Paz en 1990, y dio inicio a un proceso que 16 años después se convertiría en la Asamblea Constituyente. Mucha agua ha corrido desde entonces, tanto en la emergencia y los posicionamientos de los liderazgos indígenas de tierras bajas, como en la relación del Estado con ellas.

A pesar de la nueva Constitución Política del Estado, o tal vez debido a ella y su ambicioso catálogo de derechos, la relación entre pueblos indígenas y Estado nunca ha dejado de ser conflictiva, siendo hasta ahora el epítome la larga campaña contra la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en nombre de la protección del Territorio Integrado y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y su larga cadena de consecuencias y efectos.

La marcha que aquí se comenta parece no tener la dimensión ni la trascendencia de aquellas movilizaciones que conmovieron al país; aunque a más de tres semanas de caminata las y los marchistas suman un par de centenas, hasta ahora solo ha servido para evidenciar la profundidad del quiebre entre las organizaciones indígenas de tierras bajas y para que el Gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico cruceño se muestren partidarios de la marcha y anuncien generosa bienvenida.

Mientras tanto, la seguridad de la marcha, su alimentación y otros apoyos necesarios corren por cuenta del Gobierno, temeroso de dar argumentos a quienes desde la ciudad apoyan la movilización indígena, como sucedió días atrás cuando un presunto grupo de campesinos interculturales intentó impedir el avance de la columna humana. Al mismo tiempo, los viceministros de Autonomías y de Régimen Interior coinciden en señalar que no hay un pliego de demandas sobre el cual discutir.

Finalmente, la dirigencia de la Central de Pueblos Indígenas del Beni ha afirmado que se trata de una marcha sin mandato orgánico y que está compuesta por antiguos líderes que apenas se representan a sí mismos; “es una total aventura, es ir a darles la mano a los patrones que estos compañeros tienen”, afirmó el vicepresidente de la CPIB.

Se espera que la marcha arribe a la capital cruceña el 24 de septiembre, efeméride departamental. Es previsible que el momento tenga amplia cobertura y esté llena de mensajes a favor de unos y en contra de otros; será triste constatar que, una vez más, hay una evidente instrumentalización de las identidades y demandas indígenas.

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¿Referéndum 2022?

Es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación.

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2021 / 01:59

En medio del malogrado debate sobre la imprescindible reforma de la justicia en el país, se plantea realizar un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. El objetivo principal, entre otros, es modificar la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales. El tema no es nuevo (se discute desde hace una década), pero resulta impostergable.

Un tema de coincidencia entre oficialismo y oposición, además por supuesto de la ciudadanía, es que la administración de justicia en el país afronta una crisis severa, de larga data. Se requiere, por tanto, una reforma estructural. Ello no se limita a la forma de elegir y distribuir magistrados y jueces, sino también a cuestiones normativas, de transparencia, presupuestarias. Claro que el tema de fondo es garantizar la independencia del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional.

La última reforma sustantiva de la administración de justicia en Bolivia se produjo en el ámbito de la Asamblea Constituyente. Entre otras importantes innovaciones, la nueva Constitución Política, en su Título III, estableció la elección directa de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La votación popular está precedida de una fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Luego de dos experiencias de elecciones judiciales (2011 y 2017), cuestionadas por la oposición que alentó la nulidad del voto, uno de los temas de discusión tiene que ver precisamente con la modalidad de elección de los magistrados. ¿Se mantiene la elección popular en dos fases, vistos sus malos resultados? ¿O se la cambia por otra fórmula, que no implique volver al cuoteo partidario? Este último camino requiere la reforma parcial de la Constitución Política, que debe ser aprobada en referéndum constitucional.

Al inicio de la gestión del actual Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, propuso realizar dicho referéndum junto con las elecciones subnacionales. La idea fue rápidamente desechada por varias razones, empezando por los plazos. Ahora el camino del referéndum es planteado por un grupo de juristas de la oposición, que están diseñando una propuesta de reforma. Y plantean hacerlo por iniciativa popular, esto es, con la firma de al menos el 20% del padrón electoral. Parece complicado.

Más allá de la decisión que se tome sobre la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales, y de si ello implica o no un referéndum constitucional, es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación, que conduzca a un acuerdo nacional. Cualquier camino de imposición o atajo decisorio, sin consensos, nacerá con la legitimidad magullada. El desafío es demasiado complejo como para dejarlo librado a la voluntad de unos pocos.

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Porvenir en la memoria

El gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

Por La Razón

/ 13 de septiembre de 2021 / 01:32

El 11 de septiembre es una fecha cargada de recuerdos, y los medios de comunicación del mundo la asocian con los ataques perpetrados en 2001 en Estados Unido; otros, con mejor memoria, con el ataque al Palacio de la Moneda y el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en 1973. Los menos recuerdan que ese día en 2008 hubo una balacera fatal en Pando.

El 11 de septiembre de 2008 fue un día de tragedia motivada por un odio desatado a propósito de la resistencia de las élites al gobierno instalado en 2006, el que por primera vez en la historia había obtenido más del 50% de los votos, que había resultado fortalecido en un referéndum revocatorio meses antes y que impulsaba contra viento y marea una nueva Constitución Política del Estado.

Entonces, identificados con el nombre de “media luna”, los prefectos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, apoyados por sus respectivos comités cívicos, articulaban medidas de resistencia contra las decisiones gubernamentales empleando como acicate de la movilización ciudadana el regionalismo y el racismo. En Pando, particularmente, se había creado las condiciones para rechazar en la capital a los campesinos, asociados con una supuesta ola migratoria de colonizadores “de occidente”.

Ese día trágico, los campesinos de varias regiones del departamento tenían planeado llegar hasta la capital, Cobija, para tomar las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, supuestamente amenazadas; los ánimos se habían ido caldeando durante los días previos a la movilización y el entonces prefecto, Leopoldo Lopez dispuso el uso de maquinaria del gobierno departamental para cavar zanjas que impidiesen el paso de los movilizados; a uno de los puntos llegó un grupo armado, que fue el que luego disparó contra la columna de campesinos y terminó causando 13 muertes.

Días después, el Prefecto fue arrestado en la puerta de su oficina y trasladado hasta La Paz para ser sometido a juicio, acusado de haber sido el autor intelectual de lo que desde entonces se conoce como Masacre de Provenir. El proceso duró casi nueve años, al cabo de los cuales el imputado ya había logrado el beneficio de la prisión domiciliaria; la sentencia lo condenó a 15 años de prisión. En diciembre de 2019, a pocos meses de cumplirse la sentencia, el gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

La abogada de las víctimas sostiene que el caso no solo ha terminado sin brindar verdadera justicia, sino que, lo que es peor, cada vez menos gente lo recuerda, y es posible que para las nuevas generaciones nunca haya existido. El problema no es solo que las víctimas terminarán en el olvido, lo cual ya es inaceptable, sino que en el futuro serán pocos quienes recuerden esta tragedia y puedan alertar de su posible repetición. Las causas que produjeron la matanza están todavía presentes entre la población.

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CC a la deriva

El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.

Por La Razón

/ 12 de septiembre de 2021 / 00:20

El caso de la senadora Andrea Barrientos, hasta el viernes pasado jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), muestra en vitrina pública lo que era evidente puertas adentro: una “alianza” a la deriva. En este caso se castiga no solo el derecho a la disidencia, sino también la libertad de opinión. Se trata de una práctica autoritaria presente en todas las organizaciones políticas.

En una intervención en el marco del debate legislativo, dirigiéndose al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la senadora opositora afirmó: “Yo le he dicho, mil veces, que nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con Creemos”. Si lo dijo mil veces, ciertamente no se trata de un desliz verbal o de un “error”, sino de una convicción. Barrientos fue más lejos al declarar que quiere que “al presidente Luis Arce le vaya superbién”, y que el ministro de Justicia, Iván Lima, le cae muy bien.

Lo que pudo pasar como una expresión democrática propia del intercambio entre actores políticos, pronto se convirtió en una feroz campaña de condena en redes sociales y en algunos medios de la oposición. Hubo reprobación y censura también de dirigentes políticos, como Luis Fernando Camacho, que dedicó un largo hilo en Twitter “sobre las coincidencias entre CC y el MAS” (sic). Incluso algún diputado de CC, de manera airada y vulgar, descalificó a su colega de bancada. Se trató de un asedio en forma.

En lugar de reafirmar su derecho a expresarse libremente y, en su caso, a plantear una posición no necesariamente compartida por la cúpula de su organización política, la senadora Barrientos cedió a la presión y pasó a desdecirse: señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto, difundió mensajes de ataque contra el MAS y, asumiendo que había cometido “errores”, renunció a la jefatura de bancada. Vaya autosanción, consagrada pronto por CC en un comunicado apartándose de las declaraciones de Barrientos.

Más allá del revelador episodio, surgen al menos dos cuestiones para el debate. La primera es que la “alianza” Comunidad Ciudadana (en realidad hoy el grupo de Mesa con la sigla del FRI) está a la deriva, sin presencia territorial en gobernaciones y municipios, sin proyección como partido político, sin liderazgo y restringida al activismo en la Asamblea Legislativa. Es una mala noticia para la oposición y para la competencia democrática. Más aún con estas muestras de intolerancia y autoritarismo.

La otra cuestión es que, por supuesto, la ausencia de democratización y de debate interno marca no solo a CC, sino en general a todas las organizaciones políticas, empezando por el gobernante MAS-IPSP y la alianza Creemos. Todos ellos han demostrado que cualquier expresión contraria a la línea oficial del patriarca o de la cúpula dirigencial es rápidamente descalificada, condenada e incluso penalizada por “traición”. El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.

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