La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió del riesgo de impunidad en hechos de violación de los derechos humanos en Bolivia, luego de que el gobierno de Jeanine Áñez pusiera en vigencia el decreto que exime a los militares de responsabilidad penal por sus actuaciones en los operativos frente a los conflictos sociales.
El organismo internacional hizo saber además que “expresa su enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia". Ante ello, "urge al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad”. Así lo establece un comunicado de prensa divulgado este martes.
También demanda al Gobierno “garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos”, en medio de la crisis política e institucional.
Ante esa situación, agrega, “es crucial que se construya un diálogo nacional amplio, creíble y representativo para una salida constitucional para la crisis”.
La CIDH da cuenta que desde el 20 de octubre, día de las elecciones cuestionadas por denuncias de fraude, se reportaron 23 muertes relacionadas con las movilizaciones de sectores que respaldan a Evo Morales, presidente dimitente y asilado en México, y exigen la renuncia de Áñez. Solo en Sacaba, los cocaleros que pretendían entrar a Cochabamba fueron reprimidos y en ese contexto se dieron las nueve muertes por impacto de bala, según la Fiscalía.
La cifra que maneja la CIDH subió, ya que entre la mañana y tarde de este martes perdieron la vida tres personas en El Alto, como resultado del operativo policial-militar que llegó hasta Senkata, bloqueada desde hace varios días, para sacar las cisternas y carros con GLP.
“Desde la salida de ex-presidente Evo Morales la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, han generado un incremento en el número de personas muertas y heridas. Es de particular preocupación para la Comisión el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”, refiere otro punto del documento.
El decreto 4078 exime de responsabilidad penal a los militares que, junto a los policías, participan de los operativos de desbloqueo y contención de movilizaciones, como el ocurrido en Cochabamba. El Gobierno denunció que hay muertos con disparos en la nuca, por lo que considera que hubo disparos desde las mismas filas cocaleras.
La CIDH ve con preocupación la vigencia del decreto 4078 y “condena cualquier acto administrativo de impunidad”.
“Es de resaltar que la Corte IDH estableció que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos, por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, sostuvo el organismo internacional. (19/11/2019)