Un día antes de que se proclamara presidenta del Estado Plurinacional, la senadora Jeanine Áñez llamaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a intervenir ante la ola de vandalismo desatada en el país. Desde ese día, la incursión policial-militar no ha cesado y la convocatoria a elecciones se deja esperar, como la prometida pacificación.
En un video, el lunes 11 de noviembre, la ahora mandataria informaba que la Policía Boliviana le había pedido interceder ante las Fuerzas Armadas para controlar el caos en las calles del país, que para entonces se había manifestado, primero, con la quema de cinco tribunales electorales y sedes del oficialismo, y, luego, con el incendio de viviendas de ministros, gobernadores y legisladores, casas de la periodista Casimira Lema y del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, además de 64 buses municipales PumaKatari en La Paz.
“Lo convocamos, lo exhortamos, a coordinar con la Policía; no queremos muertos en este país. Si hay una persona que cae luego de esta solicitud escrita, recibida del Comandante de la Policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando (…)”, conminaba firme la senadora al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entonces el general Williams Kalimán.
A partir de entonces, ambas instituciones tomaron el control de las calles y la convulsión social en el país con saldos dramáticos.
Al día siguiente, Áñez se declaró mandataria, minutos después de haberse declarado también titular de la Cámara de Senadores, necesario para asumir la sucesión constitucional derivada de las renuncias sucesivas del vicepresidente Álvaro García, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el vicepresidente de ese órgano, Rubén Medinacelli, y el jefe de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.
Entre el lunes 11 y el martes 12 vanos habían sido los intentos de un acuerdo de Unidad Demócrata (UD), la alianza de Áñez, y el Movimiento Al Socialismo (MAS), la bancada legislativa de dos tercios, por encontrar una salida institucional al vacío de poder, hasta que la oposición decidió hacerlo sin el MAS ni quorum, solo con la invocatoria al artículo 170 de la Constitución Política del Estado (CPE): “La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato”.
Sin protocolo ni la imposición de los símbolos, Áñez se proclamó presidenta “inmediatamente” después de esta lectura, y lo primero que hizo fue anunciar la “pronta” convocatoria a elecciones nuevas, como había sugerido el informe preliminar de auditoría al cómputo de votos de las elecciones del 20 de octubre desarrollado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que estableció que en el proceso hubo graves irregularidades en el sistema informático; es decir, fraude electoral.
Al ingresar esa noche al Palacio Quemado, desde donde ahora gobierna a diferencia de su antecesor que se había trasladado a la Casa Grande del Pueblo, Áñez volvió a repetir la necesidad de convocar con urgencia a nuevos comicios. Así también lo hizo en el balcón del edificio gubernamental, cuando, junto con los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, mostró la Biblia a los seguidores que se habían apostado en la plaza Murillo. Allí, Áñez apareció con la banda presidencial (Morales dijo que le fue impuesta por Kalimán).
Luego de su presentación pública, la mandataria comenzó a configurar en tres actos y en tres distintos días su gabinete de ministros, en el que resaltan sus colegas senadores Arturo Murillo (Gobierno), María Elva Pinckert (Medio Ambiente), Yerko Núñez (Obras Públicas) y Víctor Hugo Zamora (Hidrocarburos), además de dos hombres cercanos a Camacho, Jerjes Justiniano (Presidencia) y Fernando López (Defensa), entre otros.
No ha sido fácil completar su equipo, pero sus primeras acciones estuvieron destinadas al desmontaje ideológico de la administración del Estado: el anuncio de la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela; la expulsión de médicos cubanos, el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente en ejercicio” de Venezuela, el cambio de línea del canal estatal Bolivia Tv y del periódico Cambio a Bolivia.
Una primera declaración llamativa fue expresada por la recientemente nombra ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien advirtió con detener a “pseudoperiodistas”, extranjeros y nacionales, en afanes “sediciosos”. La declaración generó reacciones contrarias tanto dentro como fuera del país.
Lo más duro del Gobierno fue expresado por el ministro Murillo, que el mismo día de su juramento, el miércoles 13, dijo que va a salir de “cacería” contra figuras del anterior gobierno, como Juan Ramón Quintana o Raúl García, por “sedición”. “Que corran”, dijo.
En esa misma línea, su despacho presentó a una decena de ciudadanos extranjeros –en criterio del Gobierno— involucrados en actos terroristas y las FARC, algunos de los cuales con fajos de dinero presuntamente para alimentar las movilizaciones ahora instaladas contra el gobierno de Áñez.
El conflicto más duro se desató el viernes en el río Huayllani, en Sacaba, Cochabamba, cuando una multitudinaria movilización de cocaleros del Chapare fue interceptada por fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El saldo: nueve fallecidos, todos del bando de los movilizados.
“No es calibre que use la Policía, es bajo calibre: 22 y 25; ¿quiénes usan eso? Estamos investigando”, dijo Murillo a los periodistas.
Entretanto, el fiscal general, Juan Lanchipa, adelantó que las nueve muertes fueron ocasionadas por disparos de armas de fuego largas. El caso se encuentra aún en investigación.
Ante el operativo policial-militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano dependiente de las Naciones Unidas, condenó ese día el “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba”.
La polémica continuó con la emisión, ese mismo día, del Decreto Supremo 4078, que libera de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas ante acciones como la de Sacaba. Otra vez, la CIDH se pronunció y alerto de un “riesgo de impunidad”. La norma “pretende eximir de responsabilidad penal al personal de Fuerzas Armadas”, dijo en un pronunciamiento el organismo.
Pero la Cancillería del Estado replicó la posición de la CIDH al respecto. Las fuerzas Armadas “no tienen carta blanca para actuar”, señaló un comunicado del despacho gubernamental este martes.
Y coincidente con los operativos militares y policiales, el gobierno de Áñez dispuso a través del Decreto 4082, el 15 de noviembre, la ampliación del presupuesto de las Fuerzas Armadas, con Bs 34,7 millones, para fines de “equipamiento”.
La crisis político-social genera preocupación internacional. El lunes, la a alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desplazó una misión técnica para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en la crisis en Bolivia.
La situación se complicó este martes, cuando en otro operativo policial-militar al menos cinco personas fallecieron en Senkata, cuando la acción liberó un convoy de cisternas para proveer de combustibles a La Paz y El Alto. El ministro de Defensa dijo que “hordas alcoholizadas, pagadas y con coca” atacaron la planta de Senkata, en cuyo operativo dijo que no se disparó ningún proyectil militar.
Desde México, donde se encuentra asilado también desde hace una semana, Morales dijo que está dispuesto a volver al país, a retomar su gobierno y a contribuir a la pacificación del país, aunque también adelantó que las movilizaciones no van a parar. Es más, aclaró que no será candidato en las próximas elecciones.
Ante ese clima de tensión en las calles y regiones del país, con bloqueos que impiden la provisión de carburantes y alimentos, especialmente a La Paz y El Alto, la convocatoria a elecciones se deja esperar, aunque las bancadas de oposición y oficialismo adelantaron esta noche que sesionarán mañana para considerar el caso.
El lunes, el Gobierno había anunciado la posibilidad de encontrar vías alternas a la ley para cumplir con ese cometido, ante la negativa del MAS de contribuir a ese propósito. Desde México, en una entrevista con Carmen Aristegui, de CNN, el declarado “vicepresidente en el exilio” Álvaro García dijo el lunes que la única posibilidad de convocar a nuevos comicios y la conformación de un nuevo tribunal electoral es a través de una ley, y en consenso con el MAS.
En medio de esos vaivenes, ayer apareció en redes sociales el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien emplazó a las fuerzas políticas, especialmente al gobierno de Áñez, a llamar a elecciones hasta el 19 de enero, tres días antes del cambio constitucional de gobierno. Es más, dijo que hasta este jueves debería estar conformado el nuevo TSE.
El Gobierno cree que la pacificación del país pasa por ese trámite y, ahora, las movilizaciones apuntan a la renuncia de Áñez. Mientras, las protestas ya han cobrado una veintena de fallecidos desde la renuncia de Morales, y la CIDH cifró el lunes en 23 los muertos en el conflicto postelectoral, sin contar con los cinco de este martes en Senkata. (19/11/19)