El Ministerio de Defensa denunció que grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) cercaron la planta de carburantes de Senkata, en El Alto, y que las Fuerzas Armadas dispusieron un operativo de seguridad para “evitar cualquier tipo de ataque o toma de la Planta”, que el martes fue objeto de ataques de grupos violentos.
Un comunicado da a conocer que la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “se encuentra en este momento masiva y peligrosamente cercada por personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes con ayuda de súbditos extranjeros pretenden tomar y dañar dichas instalaciones con el uso de explosivos (dinamita)”.
Ante esa situación, “las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), se encuentran resguardando dichas instalaciones y evitarán, de acuerdo a sus atribuciones que la ley ampara, cualquier tipo de ataque o toma de la Planta de Senkata”.
La tarde y noche del martes se desataron hechos de violencia en esa zona alteña, en medio de un operativo policial-militar ejecutado para retirar cisternas de la planta y proveer de carburantes a La Paz. Ocho personas perdieron la vida en esos hechos y un cabildo decidió este miércoles una marcha con los ataúdes de las víctimas hacia La Paz.
El ministro de Defensa, Fernando López, calificó el martes los hechos de violencia y el ataque a la planta de carburantes de Senkata, en El Alto, de “terrorismo vandálico” y aseguró que una “fuga” de dinero público se utiliza para “pagar en el campo de batalla”. Dijo que otra forma de financiar, además del dinero, es la entrega de alcohol y coca a los movilizados.
"Informes del Ministerio de Economía (dan cuenta) de cuentas que seguían haciendo una fuga de dinero, por no decir robo de dinero, hacían otras cuentas para poder tener cash y poder pagar en el campo de batalla, pero hoy por hoy esto ya es terrorismo”, denunció la autoridad en una entrevista con la cadena internacional CNN.
El gobierno de Jeanine Áñez aprobó un decreto para eximir de responsabilidad penal a los militares que participen de operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el contenido de la norma y lo ve como un factor de impunidad.
El Ministerio de Defensa exortó la noche de este miércoles a "mantener la racionalidad para evitar enfrentamientos y fatalidades entre bolivianos, llamando una vez más al diálogo como prioridad para pacificar a la ciudad de El Alto y Bolivia entera".