Nacional

Friday 9 Dec 2022 | Actualizado a 20:26 PM

Justiniano cree que la Defensora del Pueblo es ‘censurada equivocadamente’

Un grupo de personas protesta en puertas del edificio de la entidad defensorial y exige la renuncia de la ombudsman boliviana por supuesta afinidad con el MAS, el partido de Evo Morales. El ministro de la Presidencia destacó su intervención en la "misión de paz".

/ 28 de noviembre de 2019 / 13:18

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, consideró que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es “malentendida” y “censurada equivocadamente” por su participación en el cabildo de los cocaleros en el Chapare, a donde acudió, explicó, para explicar a las bases los acuerdos sobre la pacificación del país por efecto de una coordinación con el Gobierno.

Desde hace unos tres días, un grupo de personas protestan en puertas del edificio de la entidad defensorial para exigir la renuncia de la ombudsman boliviana por supuesta afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales. Incluso se activó una campaña en redes sociales con ese fin.

“Aprovecho para destacar su participación malentendida, mal comprendida, mal juzgada y hasta censurada equivocadamente, porque hubo cosas que las coordinamos con el Ministerio de la Presidencia”, afirmó la autoridad estatal en una entrevista con radio Patria Nueva.

“Sin embargo luego se la juzgó y se la tildó de que estaba parcializada, de que era parte del Gobierno, que es primera vez que se veía que un Defensor del Pueblo estaba en una Asamblea o cabildo de un partido político cuando en realidad lo que ella fue a cumplir es una misión de paz, por eso debemos reconocer y destacar esa participación”, sostuvo Justiniano.

El ministro es uno de los actores principales de las mesas de negociación que se instalaron para pacificar el país, golpeado por violentas movilizaciones luego de la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez.

A la fecha, más de una treintena de personas fallecieron y decenas resultaron heridas. Justiniano aseguró que en rigor a los compromisos asumidos en las negociaciones el Gobierno asume los gastos de curación de los contusos y la indemnización para las familias de los difuntos.

No obstante, contó que recibió una queja de la defensora Cruz sobre trabas en los Ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, además de la cartera de Salud.

“Ha tenido un poco de inconvenientes, hoy nos comunicamos con la señora defensora, (dijo que) ha habido algunos inconvenientes con el ministerio de Justicia y de Salud que están inviabilizando o que no están permitiendo que estos acuerdos se viabilicen”.

Por ello, el ministro se comprometió en intermediar sus oficios para atender esa eventualidad y “extremar mis esfuerzos para que estas reparticiones pongan al delegado que debe estar para poder cumplir los compromisos que hemos asumido”.

Consideró que “entonces todavía están pendientes el cumplimiento de los compromisos y de ello también depende la pacificación del país”. No obstante, reflexionó al dirigirse a las partes que “no es el momento de tomar revanchas”. (28/11/2019)

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Dirigencia nacional del MAS rechaza denuncias de ‘boicot’ que hizo el Gobierno por la ley del PGE

A través de un comunicado, publicado este viernes, los líderes del partido de gobierno responsabilizaron de ese hecho a los legisladores afines al presidente Luis Arce, denominados “renovadores”.

El tratamiento de la ley se postergó hasta el 13 de diciembre. Foto: Cámara de Diputados

Por Luis Mealla

/ 9 de diciembre de 2022 / 18:29

Luego que el Gobierno denunció un “boicot” por parte de algunos legisladores oficialistas para postergar la aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), la dirigencia nacional del MAS rechazó esas acusaciones.

A través de un comunicado, publicado este viernes, los líderes del partido de gobierno responsabilizaron de ese hecho a los legisladores afines al presidente Luis Arce, denominados “renovadores”.

“Rechazamos las acusaciones infundadas de supuesto ‘boicot’ o ‘desestabilización’ que los operadores de la traición encubierta en ‘renovación’ pretenden atribuir a la dirigencia nacional del MAS-IPSP y a su bancada en la Asamblea Legislativa” (sic), señala parte del documento.

Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, parte de los legisladores del MAS impidieron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

Lea más: Diputados posterga el debate del PGE hasta el martes 13, en medio de pugnas en el MAS

Durante la sesión maratónica, fue evidente la confrontación entre los legisladores denominados “renovadores” y los “evistas”, que respaldan al expresidente Evo Morales.

En medio de pugnas internas en el oficialismo, la tarde del jueves —cuando debía reanudarse la sesión—, la presidencia de Diputados determinó postergar el debate hasta el 13 de diciembre.

El mismo día, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó su preocupación por esta dilatación, que va en “desmedro” de entidades nacionales, subnacionales y universidades.

“No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot a la gestión económica del presidente Luis Arce”, afirmó el funcionario en la oportunidad.

En esa línea, este viernes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró esas acusaciones e instó a aprobar la norma a la brevedad posible.

“Esperemos que en la Cámara de Diputados se apruebe el PGE, que significa recursos para las entidades subnacionales, como dijo el ministro de Economía, no hay correcciones de fondo. No queremos creer que hay un boicot a la gestión del presidente Luis Arce”, enfatizó Alcón.

Ante esas afirmaciones, la dirigencia nacional del MAS afirmó que el factor de inestabilidad está en el grupo de legisladores afines a Arce, quienes promovieron la aprobación de la ley del Censo.

“La única causa de inestabilidad es el pacto de gobernabilidad a cambio de impunidad que armaron infiltrados de la derecha con los representantes del separatismo y el golpismo para aprobar la mal llamada ‘Ley del Censo’”, agrega el comunicado del MAS.

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Ante divergencias en el MAS, Mercado recuerda que Arce puede aprobar el PGE 2023

“En caso de no ser aprobado en este plazo (60 días después de su ingreso en la Asamblea Legislativa, el proyecto se dará por aprobado”, dice el numeral 11 del artículo 158 de la Constitución.

El presidente de Diputados, Jerges Mercado, en conferencia.

/ 9 de diciembre de 2022 / 15:05

Ante los desacuerdos en el Movimiento Al Socialismos (MAS) en la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, en un plazo de 60 días, el presidente Luis Arce puede considerarlo aprobado.

Así lo aclaró el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

El titular de la Cámara Baja lamentó las divergencias internas en el MAS respecto del proyecto del Órgano Ejecutivo.

Lea también: Diputados posterga el debate del PGE hasta el martes 13, en medio de pugnas en el MAS

“Menos mal que nuestra Constitución Política del Estado es sabia y el presidente (Luis) Arce, también puede tomar la decisión enmarcada en el artículo 158, numeral 1 (NdR: numeral 11), que le faculta aprobar este presupuesto”, dijo en conferencia.

“En caso de no ser aprobado en este plazo (60 días después de su ingreso en la Asamblea Legislativa, el proyecto se dará por aprobado”, señala parte del numeral 11 de dicho artículo constitucional.

Un periodista le consultó si el Presidente no necesitaría del Órgano Legislativo para viabilizar el presupuesto y Mercado respondió que “la Constitución es sabia”.

“Lo correcto es que se apruebe vía Parlamento, como establece la Constitución», dijo.

«Pero la misma Constitución es sabia y prevé que en caso de que nosotros no cumplamos con nuestra obligación, el Presidente tiene también expedito el camino para poder aprobar ese presupuesto y no dejar al país sin dinero para la siguiente gestión”, insistió.

Postergación

El jueves, la Cámara de Diputados determinó postergar, hasta el próximo martes, la reinstalación de la sesión para debatir el Presupuesto 2023.

Entre el pasado martes y miércoles, algunos diputados oficialistas pusieron trabas que impidieron la aprobación del proyecto de ley.

La madrugada del miércoles, el PGE 2023 fue rechazado por 68 votos, de oficialismo y oposición, frente a 44 que respaldaron el proyecto.

En dicha sesión hubo confrontación entre legisladores del ala “evista” con sus colegas denominados “renovadores”, el ala “luchista”.

Reflexión

Debido a estas divergencias, Mercado pidió a sus colegas diputados “reflexionar”.

Además, volver a la sesión del día martes con una “actitud patriótica y comprometida con el país”, sobre todo con las grandes mayorías.

Actuemos “anteponiendo los intereses del pueblo boliviano, de nuestro país, antes que los intereses personales y políticos”, exhortó.

Acotó que los legisladores que impidieron la aprobación del proyecto de ley, no hicieron “absolutamente” ninguna crítica específica al presupuesto.

Sus críticas fueron de índole personal y político.

Presupuesto

El PGE 2023 “es un importantísimo instrumento de política pública, y al no aprobarlo estamos perjudicando a los municipios, gobernaciones, universidades, sector salud y educación”, señaló Mercado.

Afirmó que el presupuesto de 2023 contempla un incremento de Bs 8.800 millones.

Una “muy buena parte” irá a incrementar el presupuesto de diversas instituciones y sectores.

“El no aprobarlo significa perjudicar eso, perjudicar la inversión pública que está destinada a la reconstrucción de la economía, crear fuentes de trabajo y arriesgar los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, entre otros”, advirtió.

En caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe el PGE 2023, el presidente Arce puede considerarlo aprobado a finales de enero de 2023, según plazos de la Constitución

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Arce: ‘El derecho a la protesta no justifica la quema de sedes obreras y campesinas’

Durante los días de paro indefinido en Santa Cruz, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) quemaron la sede de la Federación de Campesinos y saquearon la Central Obrera Departamental (COD).

El presidente, Luis Arce, durante el acto en Tarata, Cochabamba.

/ 9 de diciembre de 2022 / 13:21

El presidente Luis Arce afirmó que el derecho a la protesta no puede servir para justificar la quema de sedes obreras y campesinas, en alusión a la violencia durante el paro en Santa Cruz.

“El legítimo derecho al ejercicio de la protesta jamás puede servir para justificar la quema de sedes obreras y campesinas”, dijo en el acto de clausura de gestión de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército en Tarata, Cochabamba.

Lea también: Camacho llega al Comando de la Policía y exige que se deje de ‘resguardar a masistas’

El 22 de octubre, a convocatoria del Comité Interinstitucional, comenzó un paro indefinido en Santa Cruz en demanda de Censo en 2023.

Una serie de hechos de violencia empañó la protesta, según reportes de la Defensoría del Pueblo y medios de información.

Quema y saqueo

El viernes 11 de noviembre, cientos de gremialistas, campesinos y vecinos cruceños participaron de una marcha en rechazo al bloqueo indefinido.

Al llegar al monumento al Chiriguano, fueron interceptados y atacados por grupos violentos.

Los agresores eran miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operador del Comité pro Santa Cruz.

Horas después, los miembros de esos grupos tomaron y quemaron el inmueble de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

Sus ocupantes lograron escapar para salvar sus vidas.

En tanto, los agresores quemaban en puertas de la Federación un sinnúmero de documentos, muebles y hasta wiphalas.

Otro grupo de cruceños aplaudió y vitoreó el ensañamiento contra los campesinos asegurando que eran “masistas”.

Dijeron que “Santa Cruz se respetaba” y que no permitirían más la presencia de “collas” e “indios”.

También ese día, la sede de la Central Obrera Departamental (COD) fue saqueada.

Abusos

Durante su alocución, Arce también censuró que en esos días se produjo la toma de comandos policiales, abuso de mujeres indígenas y otros actos de violencia.

“Es necesario sentirse indignado por lo sucedido durante los meses de octubre y noviembre como si aquellas injusticias se las hubiera cometido contra uno mismo, porque efectivamente fue así”, aseveró.

A raíz de esos hechos, se anunció la apertura de procesos penales en contra de los promotores de la protesta.

El gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Los tres afirmaron, por separado, que se trata de una persecución política y que el Gobierno pretende “deslegitimar y judicializar” una protesta que fue pacífica.

Persecución

Ante esa postura, Arce dijo que cuando se abren juicios y se denuncian actos que provocaron pérdidas económicas, dolor, muerte y hasta un hecho de violación grupal, no puede haber apología al denunciar la aplicación de la justicia como un acto de persecución política.

“Cuando un miembro de una comunidad política hace que su provecho personal dependa del perjuicio del resto, no ha hecho otra cosa que declararse a sí mismo como enemigo del bien común», dijo.

«Y del resto de la sociedad que a su vez tiene el derecho y la obligación de defenderse”, reflexionó.

Arce finalizó su intervención asegurando que el país acaba de superar ese conflicto que se llevó cuatro vidas humanas, cientos de personas heridas y dejó miles de compatriotas afectados en sus derechos al trabajo y libre tránsito.

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Senador Torrez califica como ‘política’ la marcha convocada por el Comité Interinstitucional

William Torrez les recordó a los líderes cruceños que todos los bolivianos tienen la obligación de comparecer ante la convocatoria de las instancias que investigan la comisión de delitos.

El senador del MAS William Torrez en conferencia.

Por Roberto Medina

/ 9 de diciembre de 2022 / 13:02

El senador del MAS William Torrez aseguró que la marcha convocada por el Comité Interinstitucional para este viernes “es política” porque, en su criterio, busca impunidad para los acusados de promover delitos durante el paro de 36 días.

“Es una marcha política, organizada por (el gobernador, Luis Fernando) Camacho, (el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo) Calvo y el Comité Interinstitucional”, dijo a RTP.

Lea también: Dirigencia cruceña anuncia marcha el próximo viernes contra la persecución de sus líderes

“Pareciera que lo que buscan (líderes cruceños) es que haya impunidad y no se esclarezcan los hechos delictivos ocurridos en el paro”, acotó.

Convocatoria

Para este viernes, desde las 17.00, el Comité Interinstitucional convocó a una marcha en rechazo a los anuncios de procesos penales en contra de Camacho, Calvo y el rector Vicente Cuéllar.

Según la organización, el objetivo de la marcha es mostrar el rechazo de los cruceños a la “persecución política” en contra de sus líderes.

Asimismo, algunos dirigentes cruceños aseveraron que no se permitirá que Camacho, Cuéllar y Calvo asistan a declarar a la Fiscalía de La Paz, en caso de que sean convocados.

Desacato

Al respecto, Torrez les recordó que todos los ciudadanos tienen la obligación de comparecer cuando las instituciones encargadas de investigación delitos de acción pública convocan.

“Ellos tienen esa obligación, pero desafortunadamente dan una mala señal y mal ejemplo a la ciudadanía rehusándose a comparecer”, dijo.

“En lugar de pedir se esclarezca (los delitos cometidos durante los 36 días de paro), pareciera que lo que buscan es que haya impunidad”, aseveró.

Denuncias

De acuerdo a las denuncias en contra de los tres líderes cruceños, ellos promovieron la comisión de varios delitos que deben ser sancionados.

Incluso la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (AOPDH-B) anunció que está por concluir un informe sobre esos hechos.

El informe será enviado a la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH)

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Irrumpe la ‘Juventud Federal’ y dice que Camacho, Calvo y Cuéllar ‘no están solos’

Saddam Pinto confirmó que esta organización participará de la marcha programada para este viernes desde las 17.00, en contra de la “persecución política”.

El vocero de la “Juventud Federal de Santa Cruz”, Saddam Pinto, en diálogo con la prensa.

/ 9 de diciembre de 2022 / 11:25

El vocero de la “Juventud Federal de Santa Cruz”, Saddam Pinto, aseguró que Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar “no están solos” y que todos los cruceños les brindarán su apoyo.

Ello, ante la “persecución política” que sufren de parte del Gobierno central.

“Vamos a defender nuestra libertad y democracia sin miedo», dijo a RTP.

«Decirles a los tres que no están solos, que toda la ciudadanía les va a respaldar y saldremos a las calles las veces que sea necesario”, afirmó.

Lea también: Camacho estará presente en la marcha contra supuesta persecución política

Marcha

Para este viernes por la tarde, el Comité Interinstitucional convocó a una marcha en respaldo al gobernador Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Se prevé que la marcha comience a las 17.00, en el segundo anillo, y recorra varias calles y avenidas.

Se anunció que los asistentes pasarán por el Palacio de Justicia y la Policía.

Expresarán ahí su postura en contra de los procesos penales contra los tres líderes cruceños.

Denuncias

En contra de los tres pesan varias denuncias por los múltiples delitos que se cometieron durante los 36 días de paro en demanda de Censo en 2023.

Desde la Fiscalía General del Estado se anunció que todas las denuncias serán concentradas en un solo proceso que radicará en la ciudad de La Paz.

Las denuncias señalan que Calvo, Cuéllar y Camacho promovieron, esos días, la comisión de varios delitos.

Entre ellos, de robo, robo agravado, violencia, asesinato, racismo, discriminación, violación a los derechos humanos y daño económico, entre otros.

Postura

Para algunas instituciones cruceñas, estos procesos son persecuciones que pretenden deslegitimar una “movilización pacífica”.

“Santa Cruz no se doblegará ante el centralismo y acompañaremos la marcha del Comité Interinstitucional”, aseveró Pinto.

Acotó que toda Santa Cruz estará presente para respaldar a “nuestros líderes”, ante cualquier arremetida del Gobierno.

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