La expresidenta Jeanine Áñez denunció este sábado que el Consejo de la Magistratura “amedrenta” a los jueces que observaron “errores” en la acusación contra ella y otras 17 personas en el proceso sobre la masacre de Senkata.

“Los autoprorrogados del Consejo de la Magistratura ya fueron mandados por el control político del régimen del MAS a amedrentar a los jueces David Kasas, Pedro Canaza y Wendy Ingrid Rojas, interviniendo el Tribunal 4º de Sentencia de El Alto que anuló la pésima acusación hecha por los fiscales, el Ministerio de Gobierno y el SEPDAVI del Ministerio de Justicia, en la patraña de #Senkata”, dijo en sus redes sociales.

Jeanine Áñez

El miércoles, el Tribunal Cuarto de Sentencia devolvió la acusación formal en el caso Senkata, en el que la principal procesada es la expresidenta transitoria Jeanine Añez, debido a errores que deberán ser subsanados en los siguientes 10 días.

En su justificación, los miembros de ese juzgado observaron que la acusación es genérica y que no establece la participación individual de cada uno de los acusados por los hechos del 19 de noviembre de 2019 en El Alto. Según explicaron, carece de fundamento porque no hay las pruebas suficientes que prueben la comisión de delitos.

El viernes, el encargado de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Dennis Daza Mier, intervino el juzgado de Kasas, Canaza y Rojas, y pidió una fotocopia de la resolución de ese proceso.

Masacre de Senkata

La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre 2019. Entonces, militares y policías mataron a bala a 10 manifestantes, amparados por el Decreto Supremo 4078; la norma eximía de responsabilidad penal a los uniformados por ejercer violencia excesiva.

Un hecho anterior ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados

La represión también dejó en total 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El expresidente del Estado y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, plantea un “congreso de unidad” sin inhabilitación de su candidatura a las elecciones generales de 2025 ni la proscripción de su partido.

Nosotros sí estamos dispuestos a llevar adelante un congreso de unidad y primarias para que sea la militancia la que defina las candidaturas, no existan inhabilitaciones ni acciones destinadas a la proscripción del movimiento político más grande de la historia de Bolivia, el MAS-IPSP”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Evo Morales

El líder del MAS insiste en elecciones primarias, que, por ley, fueron suspendidas por los comicios de 2025 con el fin de priorizar las justas judiciales del 1 de diciembre de este año.

Morales respondió así a una publicación del expresidente de Colombia Ernesto Samper, que también se refirió a la crisis del MAS.

“Si los compañeros @LuchoXBolivia, presidente de Bolivia y el expresidente @evoespueblo, no logran ponerse de acuerdo en unos pocos días para auspiciar un Congreso de Unidad del MAS que defina, después de unas primarias internas, quién llevará la vocería del progresismo en las próximas elecciones presidenciales, la derecha fascista pasará en medio de ellos y el proyecto histórico del socialismo democrático boliviano naufragará en el océano de sus egoísmos”, cuestionó el viernes el exmandatario colombiano en la misma red social.

Desde 2021, como dijo Arce en una entrevista reciente con Radio Red, el Presidente y el expresidente se encuentran distanciados. Esa situación derivó en un quiebre en el MAS e incluso en las organizaciones sociales que lo respaldan.

Luis Arce

Esa ruptura se manifiesta en la imposibilidad de llevar a cabo un congreso partidario para la renovación de directivas y la eventual elecciones del candidato del MAS para los comicios de 2025.

Debido a que las facciones arcista y evista no cuentan con la representación exigida por el artículo 13 del estatuto del MAS, las convocatorias paralelas a congresos fracasan de manera recurrente a instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por un lado, Morales reclama que el TSE valide las resoluciones del congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, celebrado en octubre de 2023. Por otro, el arcismo también busca la homologación de su congreso de El Alto, del 3, 4 y 5 de mayo de este año, que eligió a Grover García como presidente del MAS en vez de Morales.

MAS

En el último congreso convertido en ampliado, porque el TSE desestimó supervisarlo, el MAS evista decidió movilizarse para buscar esa validación. Además de eso, decidió marchar desde el 17 de septiembre entre Caracollo y La Paz por demandas contra el Gobierno relativas a la escasez de dólares y combustibles, y otros requerimientos.

El lunes, al finalizar el ampliado, Morales conminó al Gobierno y al TSE a atender la demanda hasta antes del 23 de septiembre, cuando llegué la movilización a La Paz, para evitar un bloqueo nacional de carreteras.

En medio de esa situación el TCO “perdonó” al MAS y otras fuerzas políticas que incumplieron la con renovación de sus directivas al no sancionarlos y, así, ampliar el plazo para ese trámite hasta el 20 de diciembre.

Mientras transcurra el tiempo, Morales seguirá, prorrogado en la presidencia del MAS, por decisión del TSE, a la espera de un congreso que cumpla con el estatuto partidario.

La finlandesa Anna Marttinen Pont es la nueva coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. El viernes entregó sus cartas de gabinete a la canciller del Estado, Celinda Sosa.

La diplomática tiene 25 años de experiencia en temas de desarrollo; consolidación de la paz y asuntos políticos y humanitarios. Asume este nuevo ciclo liderando la implementación del Marco de Complementariedad 2023-2027.

En sus redes sociales, la canciller Sosa destacó que “con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones de cooperación mutua; recibí las cartas de gabinete de la nueva representante residente del Sistema de Naciones Unidas ante el Estado Plurinacional de Bolivia, Anna Marttinen-Pont. ¡Bienvenida a Bolivia!”.

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Marttinen Pont se desempeñó anteriormente como coordinadora residente de Guinea Ecuatorial en África Central; como jefa regional de la oficina de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia; y también ocupó altos cargos en el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en Ginebra, Pakistán y Tailandia. 

Antes de unirse a la ONU, trabajó en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en Ginebra y Panamá y en organizaciones no gubernamentales internacionales en Afganistán, Pakistán y Ghana. 

Asimismo, tiene una maestría en Antropología y estudios de desarrollo, así como una licenciatura en Filología española de la Universidad de Helsinki, Finlandia.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, arremetió contra el expresidente Evo Morales y el exministro Carlos Romero luego de que este último denunciara la supuesta fuga de Ivar García, alias “El Colla”, y su presunta fuga de una clínica cruceña.

El funcionario se refirió a la publicación del exministro del 5 de septiembre, en la que atribuyó la información a “fuentes confiables” y que más adelante se retractó a través de la misma red social.

“Vemos que esta práctica se ha convertido en una conducta rutinaria y constante por parte del ala radical y la cúpula cercana a Evo Morales. Esa cúpula alude a ‘fuentes confiables’ o ‘patriotas’. Constantemente lanzan acusaciones, noticias falsas y realizan publicaciones que no corresponden a la verdad”, dijo Ríos en una entrevista con la red DTV.

Carlos Romero

Luego, en una segunda publicación, Romero escribió: “Asumimos con hidalguía que nos precipitamos al transmitir una información, que nos fue comunicada respecto a una supuesta fuga de Erland Ivar García alias el Colla, es probable que nuestra fuente confundiera el nombre del detenido que se fugó y se encontraba hospitalizado”.

Al respecto, Ríos dijo que esa contradicción evidencia la “falta de seriedad” de sus “fuentes confiables, o patriotas”, como suele describir el evismo a sus fuentes.

“No tienen la finalidad de desacreditar y afectar la gestión del Gobierno, sino también de generar temor y zozobra en la población (…). No es una conducta ética ni responsable de aquellas personas que intentan por la fuerza gobernar a nuestro país”, protestó.

Pero, ¿quién es El Colla? En agosto del año pasado, Ivar García fue identificado como el “testaferro” y el segundo hombre al mando de la organización criminal que lideraba en Bolivia el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset, ahora prófugo de la Justicia boliviana y buscado en al menos cinco países de la región.

Carlos Romero

En septiembre del año pasado, El Colla fue enviado a prisión bajo detención preventiva, pero fue beneficiado con detención domiciliaria por el juez Primo Flores, que más adelante dictó su libertad. Ahora, a instancias del Ministerio de Gobierno, ese juez es investigado por “favorecimiento”.

El domingo, García apareció herido en una balacera en La Enconada, en la localidad de Cotoca, Santa Cruz.

Recibió cinco disparos de bala, en un caso que aún se investiga, y quedó gravemente herido, mientras que el hombre que lo acompañaba perdió la vida luego de recibir siete disparos. El último reporte, confirmado por el mismo viceministro Ríos, señala que Ivar García se encuentra en “coma inducido”.

Entretanto, las investigaciones apuntan a un ciudadano paraguayo que, supuestamente, tenía la intención de “matar” a El Colla.

Ricardo Rodríguez, abogado del activista de derechos humanos y supuestamente implicado en la asonada militar del 26 de junio Luis Fernando Hamdan, calificó como una triste defensa la solicitud del exgeneral Juan José Zúñiga respecto de una pericia toxicológica.

“Hemos visto con mucha pena la triste defensa que está tratando de hacer el (ex) general Zuñiga dentro de este caso. Se ha solicitado, mediante el Ministerio Publico que el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), se le practique una pericia toxicológica, con la finalidad de acreditar que el día 26 de junio, por la tarde, estaba actuando bajo dependencia de alguna sustancia controlada que lo ha llevado a realizar dichos actos”, criticó el jurista en una entrevista con la red DTV.

Pericias

Así se refirió el profesional a la solicitud que hizo la defensa del exmilitar que lideró la asonada del 26 de junio, cuando ocupó de tanquetas y militares fuertemente armados la plaza Murillo e intentó tomar el Palacio de Gobierno.

Zúñiga insistió con su pedido después de que el mismo IDIF observara que ya no se podía hacer pruebas de sangre u orina, pues su duración es de 24 y 72 horas respectivamente.

Mediante su memorial, Zúñiga refutó al IDIF y mencionó que el examen capilar aún puede realizarse hasta tres meses después del último consumo, para verificar la presencia de droga.

“Pretender buscar una semiimputabilidad a través de una pericia toxicológica y tratar de atenuar semejante acto realmente no corresponde. Existe otro tipo argumentos para la defensa, pero no se puede defender lo indefendible”, retrucó Rodríguez.

Golpe de Estado ‘fallido’

El caso del golpe de Estado fallido, como lo calificó el Gobierno, sigue en su etapa investigativa. En ese proceso, ya se indagó a más de 100 personas; 26 de ellas están cauteladas, según el último reporte del Ministerio de Gobierno.

El viernes, luego de un proceso abreviado, la Justicia condenó al ayudante de Zúñiga, el capitán Marco Caviares, a tres años de cárcel por la asonada militar.

Entretanto, el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio, sigue con las indagaciones de aquella jornada, cuando Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado, cuando el mandatario le ordenó que retire sus hombres y tanquetas, pero éste se negó.

Juna José Zúñiga

Inmediatamente, Arce cambió al Alto Mando Militar y fueron los nuevos jefes militares que ordenaron el repliegue de los uniformados.

A las 19.02, Zúñiga fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

El 1 de agosto, un tribunal militar dictó la baja de Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga, Franz Ordóñez Menacho y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.