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Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 04:44 AM

Montenegro, extraditado a Brasil, deja una carta en la que apunta al exjefe de la FELCN

El abogado Ariel Góngora reveló que el sindicado de liderar una compleja red narco en el país y la región, dejó una carta en la que apunta al extitular de la FELCN Maximiliano Dávila de urdir una vendetta en su contra. Con un reforzado operativo policial lo trasladaron desde Palmasola hasta la frontera con Brasil.

/ 29 de noviembre de 2019 / 12:53

El procesado por narcotráfico Pedro Montenegro fue extraditado este viernes a Brasil, nación que pidió su extradición en 2015 y cuyo trámite se pudo concretar este viernes en medio de un reforzado operativo de agentes policiales de élite. Antes de irse dejó una carta en la que denuncia que se violaron sus derechos humanos y apunta al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila.

Una caravana de vehículos fuertemente armados y el traslado en un helicóptero hasta la localidad fronteriza de Puerto Suárez, marcaron el inusitado movimiento de la fuerza del orden.

Su abogado, Ariel Góngora, reveló que el sindicado de liderar una compleja red narco en el país con vínculos con otras naciones de la región, dejó una carta notariada en la que apunta a Dávila de urdir una vendetta y responsabiliza de la violación de los derechos humanos, de él y su familia, a los gobiernos de Evo Morales y  Jeanine Áñez.

“A mi amada familia que con mucho dolor, tristeza y un nudo en la garganta abandonaré por algún tiempo, a mis amigos, compañeros, colegas y fraternos que conocen mi capacidad de emprender algún trabajo desde abajo siendo siempre bendecido y próspero y ahora como hombre formado en derecho sé que mi mejor opción de ser libre en Brasil porque lamentablemente en mi país no hay Justicia por la injerencia política”, leyó el jurista.

Montenegro, según la nota que divulgó su abogado, acusó de supuestos “atropellos” de sus derechos humanos y los de su “sagrada familia” al gobierno de Evo Morales, pero también a la actual administración de Jeanine Áñez.

Se declaró víctima de “una rivalidad personal y de carrera del coronel Maximiliano Dávila Pérez, quien no descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance y por una serie de intereses, poder extorsión para beneficio económico y pase libre para sus delitos, creando cortinas de humo y poniendo al servicio de un tirano narcogobierno, pero no importa”.

Dávila fue hasta hace poco director nacional de la FELCN. Mantuvo el cargo cuando estalló el escándalo, lo que no sucedió con el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira, a quienes la Justicia procesa por narcotráfico.

En su misiva, Montenegro añadió que “Dios es justo y de los ojos de él no podemos librarnos, sin embargo el castigo de Dávila Pérez no creo que se dé en Bolivia, pero sí estoy seguro que la DEA sí sabrá qué hacer y sus subordinados serviles”.

Luego apunta que “ahora, con este gobierno transitorio  me encuentro delante de una política de gabinete, lavarse las manos de la mejor manera, quienes buscaron copiar y al mejor estilo de anteriores dictadores nuevamente volviendo a manosear la Justicia, vulnerando todos los principios procesales, criterios y jurisprudencia ya antes plasmada ratificada por la Fiscalía en cuanto a mi solicitud de extradición diferida”.

En ese marco, calificó como “arbitrario e ilegal” el traslado y el trámite de extradición. Apuntó también al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de “manipular” fecha y registro y “no tomando la soberanía constitucional” con el fin de ganarse “dos laureles” con el actual gobierno.

Góngora se quejó porque los agentes le impidieron a él y a la esposa del procesado de tomar contacto con su defendido.

“No me han dejado entrar, no me dejado hablar, (Montenegro) no ha podido hablar con nadie. ‘Desconozco’; ‘son órdenes superiores, órdenes de arriba’, dicen. Es el mismo actuar del anterior gobierno, al parecer las órdenes superiores nunca se perdieron” .

Procesos

En Bolivia tiene sentencia de seis años de prisión por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, al haber adulterado su identidad para hacerse pasar como Pedro Hoffman Sainz.

Durante las investigaciones policiales y tras haberse entregado hace casi seis meses en Bolivia se conoció que tenía una actividad económica de venta de ropa con un capital de unos 40.000 bolivianos, pero no obstante se le incautaron bienes por un valor de $us 4,1 millones.

Por ello, la Fiscalía también lo investiga por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, entre otros delitos. Según las pesquisas, Montenegro montó una narcored en coordinación con policías y operadores de justicia.

Góngora dijo que en estos dos últimos procesos “son más de 15 cuerpos que tienen, es todo lleno de recortes de periódico, informes y allanamientos, no un solo hecho indiciario que repercuta que mi cliente haya estado traficando el tiempo que haya estado en Bolivia el tiempo que haya estado él o para que haya ese proceso en Brasil”. (29/11/2019)

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Bolivia denuncia intromisión y distorsión en informe de EEUU sobre derechos humanos

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, el informe omite avances importantes en materia de derechos humanos y distorsiona la realidad boliviana.

El frontis del edificio de la Cancillería de Bolivia.

Por Daniel Zenteno

/ 24 de abril de 2024 / 15:03

El Ministerio de Relaciones Exteriores fustigó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, al cual calificó como un acto de intromisión en la política interna, además de distorsionar la realidad boliviana.

Bolivia “expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna. El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana”, reza el comunicado emitido el miércoles por la Cancillería.

Informe

El martes se conoció el informe, que afirma que en Bolivia se vulneran los derechos. Señala casos de presunta tortura para obtener información y la impunidad de algunos delitos.

De igual manera, el informe advierte de una falta de independencia del Órgano Judicial y las detenciones arbitrarias.

Puede leer: Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

“El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”, critica al respecto la nota de la Cancillería.

Tras el informe, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, detenidos en La Paz, afirmaron que los resultados son prueba de la ilegalidad de sus detenciones. Pidieron que se acuda a instancias internacionales.

Compromiso

De acuerdo con la nota de la Cancillería, el informe omite “los avances significativos en materia de derechos humanos que ha realizado el Gobierno”.

“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estado”, insiste el mensaje.

El informe de Estados Unidos fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales. Las mismas investigaron la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de 2023.

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El Senado aplaza el debate sobre la ampliación del plazo de preselección de postulantes

“No podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo (para la preselección de postulantes)”, dijo el senador Luis Adolfo Flores, del MAS.

Sesión en la Cámara de Senadores.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de abril de 2024 / 14:05

La Cámara de Senadores aplazó el debate del proyecto de ley para la modificación de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que contempla una ampliación de plazos para la preselección de postulantes.

La solicitud fue planteada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores, que consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

“Estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúa tomando exámenes en dos o tres días las constituciones y pasa ese plazo, ya sería ilegal. Ahí, cualquiera puede hacer un amparo y, con seguridad, le van a dar la razón. Tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo”, defendió Flores.

Aprobada la solicitud por 20 de los 29 senadores presentes, el debate se reinstalará el jueves.

Preselección

La propuesta del legislador oficialista ocurre luego de la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

La audiencia por ese amparo estaba programada para el lunes de esta semana, en la capital cruceña. Sin embargo, el acto judicial fue suspendido para este viernes.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, reclamó que un amparo haya frenado la preselección y reivindicó la independencia de los órganos del Estado.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Plazos

Según el cronograma establecido en la Ley 1549, el 21 de abril debió culminar la evaluación de méritos y los exámenes de los postulantes. Del 22 al 26 de abril, las Comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección, estaba prevista la elaboración del informe con la lista de postulantes y su remisión a la Presidencia de la Asamblea legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, se prevé el debate de la lista de candidatos en la Asamblea legislativa. Finalmente, la remisión de la lista de 192 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ocurrir entre el 5 y 6 de mayo.

Luego de eso, el TSE tiene hasta 150 días para la organización de las elecciones judiciales.

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Camacho apela al informe de EEUU sobre derechos humanos para ‘levantar la voz’

El gobernador electo Luis Fernando Camacho y detenido considera que la comunidad internacional reacciona "ante un gobierno que persigue".

Luis Fernando Camacho durante su traslado a La Paz.

Por Daniel Zenteno

/ 24 de abril de 2024 / 12:40

Luego de que un informe sobre derechos humanos revelara una presunta arbitrariedad en las detenciones en el país, Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, afirmó que es un argumento para levantar la voz y el momento de recurrir a las instancias internacionales.

“En su informe (…), ha observado que el gobierno de Luis Arce está cometiendo atropellos, detenciones y torturas en contra de ciudadanos bolivianos. Este informe y las pruebas que presenta, puede constituirse en un argumento para llevar nuestra voz a todos los foros y a todas las instancias internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos”, dijo el miércoles el líder político en su cuenta de X.

El documento al que hizo referencia Camacho es el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023. El mismo, enfatiza en una falta de independencia del Órgano Judicial, torturas para extraer confesiones y ‘detenciones arbitrarias’.

Lea más en: Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

Detención

Camacho aseguró que el informe hace énfasis en su “secuestro” y su detención preventiva.

En diciembre de 2022, el entonces gobernador de Santa Cruz fue detenido debido a su implicancia en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

Camacho tuvo un rol protagónico ese año. Convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e inclusive llegó a irrumpir en Palacio Quemado con una biblia en mano. Así lo confesó en diciembre de ese año en una reunión con su fraternidad en Santa Cruz.

“Creo que ha llegado el momento de recurrir a todas las instancias e instituciones internacionales para identificar y procesar a los responsables de las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos”, escribió en relación al informe.

Dentro del caso Golpe de Estado I, también están implicados la expresidenta Jeanine Añez y el excívico Marco Pumari. Ambos fueron aliados de Camacho en 2019 y ahora están detenidos en La Paz y Potosí, respectivamente.

“La comunidad internacional está empezando a reaccionar ante un gobierno que persigue, tortura y encarcela a la oposición, en abierta violación a los principios constitucionales y democráticos”, insistió el también líder de Creemos.

Camacho

Además del caso Golpe, Camacho enfrenta otros como el Decretazo, cuando delegó funciones de forma arbitraria, o Carro Bombero, cuando compró un vehículo antincendios con presunto sobreprecio.

El tribunal para el caso Golpe de Estado I ya se sorteó y la audiencia debería comenzar en las próximas semanas. En caso de que se lo declare culpable, Camacho podría enfrentar una condena de 20 años.

Está pendiente su audiencia en Santa Cruz en el caso Decretazo, suspendida por contradicciones entre las partes acusadora y defensa. Debido a la presencia física de Camacho.

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Cae a un cuarto implicado en ‘irregularidades’ en las piscinas de la planta de litio

El Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión contra los implicados en el caso de las “irregularidades” en las piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Referencial

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 24 de abril de 2024 / 12:13

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.

La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.

Piscinas

Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.

La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.

A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.

Aprehendidos

Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.

Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.

Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.

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Abogado denuncia irregularidades en la aprehensión del exministro Echazú

La Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para el exministro Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la planta de litio.

Luis Alberto Echazú, cuando era trasladado a la FELCC.

/ 24 de abril de 2024 / 10:57

Vladimir Ochoa, abogado del exministro de Minería Luis Alberto Echazú, denunció que hubo irregularidades en la aprehensión de su cliente, quien es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El martes, la Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el salar de Uyuni, Potosí.

En entrevista con La Razón Radio, Ochoa contó que la denuncia fue presentada el jueves de la semana pasada con más 4.000 hojas de pruebas y, dos días después, la Fiscalía ya tenía la tuición del caso y ejecutó el mandamiento de aprehensión.

“En un plazo de dos días, la Fiscalía ha leído 4.000 hojas”, reclamó.

Develó que Echazú ni siquiera fue convocado por la Fiscalía para declarar antes de ser aprehendido. “Se ejecutó la aprehensión de manera directa. Luego de eso, recién se enteró de qué delitos se lo estaba acusando”

“Estaba cocinado, es una persecusión política arbitraria”, sentenció.

Consideró que la aprehensión “exprés” de su defendido es parte de un intento del Gobierno para justificar la falta de mantenimiento de las piscinas de litio y el retraso de los trabajos en la planta de litio.

A su vez, explicó que las piscinas 18 piscinas de la planta del Salar de Uyuni están funcionando parcialmente, pero algunas están paralizadas “por falta de mantenimiento”. Afirmó que Echazú no se hizo cargo de la planta de litio desde el 2017. “Él no estuvo vinculado”.

“Si existía un grave hecho, porque el Gobierno tardó cuatro años en identificarlo”, cuestionó.

Negó que el exministro Echazú sea culpable del delito de supuesto daño económico. Develó que, durante el juicio, se comprobó que Echazú no compró las geomembranas para las piscinas de litio con ningún tipo de sobreprecio o irregularidades.

“Él adquirió las membranas de 0,55 siendo que se requerían una de 0,75. Éste es un debate técnico”, aclaró Ochoa.

Indicó que se acreditó que no hubo sobreprecio ni negociados con la empresa proveedora del material. Reclamó que en el caso hubo contradicciones por parte de los denunciantes. “Tratan de lavarse las manos y acallar la voz del compañero Echazú”.

El pasado jueves, YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

Lea también: Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

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