El senador chuquisaqueño Santiago Ticona, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), levantó este miércoles su huelga de hambre, luego de tres días de haberla instalado, y consideró que la nueva Ley de Escaños, sancionada en el Senado, “cercena” un escaño a su región.

“Al departamento de Chuquisaca se le ha cercenado un representante parlamentario en base a un proyecto de ley trabajado con un censo ilegal, que no se han cumplido los procedimientos con datos técnicos ni reales”, cuestionó, citado por Erbol.

Recordó que la medida de presión asumida fue también para que existan “candados” que garanticen la realización de las elecciones generales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no haga “dibujo libre” con ese proceso electoral.

Poco después de las 14.00, el pleno camaral del Senado aprobó por más de dos tercios la mencionada norma, que fue derivada al Órgano Ejecutivo para que el presidente Luis Arce la promulgue.

La norma, impulsada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como base los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de 2024.

Según su análisis, el conteo poblacional suma un diputado a Santa Cruz, mientras que Chuquisaca, lo pierde.

La norma se debatió directamente en el pleno camaral por una solicitud de dispensación de trámite, que logro el respaldo necesario de los miembros de la Cámara Alta.

Ahora, solo solo resta la promulgación para que su aplicación se oficialice en las elecciones presidenciales previstas para agosto de este año.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) amplió por quinta vez el plazo para que los partidos políticos renueven su directiva. La información fue confirmada por el vocal electoral Tahuichi Tahuichi.

“La sala plena ha determinado ampliar por séptima vez, hasta el próximo 20 de marzo del presente año. Es decir, estamos ampliando por otros 90 días más. Esta ampliación tiene una característica, tiene un carácter conminatorio, ya no dice si hasta esa fecha hacen algún trámite, sino esta resolución señala que hasta el 20 de marzo sí o sí deben, los partidos políticos, registrar, renovar sus directivas”, explicó en entrevista con Panamericana.

Directivas

Se trata de la sexta ampliación para que los partidos cumplan con ese requisito exigido por la Ley de Organizaciones Políticas. La Última secumplió el 20 de diciembre de 2024.

Todas las organizaciones deben cumplir con esa disposición del TSE, pues su incumplimiento las expone a una amonestación por parte de ese órgano. Según el artículo 58 de la mencionada ley, las organizaciones pueden acumular hasta dos amonestaciones; una tercera significará la pérdida de su personería jurídica.

De hecho, hay dos partidos políticos de alcance nacional que está “a punto” de perder su personería jurídica. Se trata de Acción democrática Nacionalista Revolucionaria (AND) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

TSE

Ambas organizaciones políticas tienen dos amonestaciones graves por parte del TCP, por lo que una tercera los expone a “desaparecer”.

El cumplimiento de este plazo ocurre en medio de un contexto político “preelectoralizado”, en el que varios partidos ya definieron sus candidaturas con miras a las elecciones presidenciales de 2025.

Varios líderes políticos anunciaron su presencia en los comicios de 2025. El primero en pisar ese terreno fue el expresidente del Estado y del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que, sin su liderazgo en ese partido, confirmó su participación “aunque con sigla prestada”.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Oruro, Primo Martínez Fuentes, subrayó la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de las casas judiciales en provincias y municipios del departamento de Oruro. Asimismo, destacó la falta de recursos humanos, incluyendo vocales, jueces y personal administrativo, para atender la creciente demanda judicial.

«El crecimiento poblacional ha evidenciado la insuficiencia de construcciones judiciales en provincias y capitales, así como la necesidad de más servidores judiciales para garantizar una atención de calidad», afirmó Martínez, electo magistrado por el departamento de Oruro, citado en una nota de la AJN.

El magistrado también enfatizó la importancia de la presencialidad en la formación de jueces en la Escuela de Jueces del Estado, resaltando que este enfoque fortalece la especialización, la meritocracia y la preparación en áreas específicas del derecho, lo que resulta esencial para abordar eficazmente los problemas de la ciudadanía.

Finalmente, la autoridad instó a los servidores judiciales a asumir con responsabilidad social su labor, brindando un trato de calidad y calidez a quienes buscan soluciones en los estrados judiciales, destacando que servir a la población es un privilegio.

Las declaraciones del magistrado orureño, cobran relevancia luego de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024, en las que se eligió solo a 19 de 26 altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Las elecciones parciales fueron dispuestas por el mismo TCP, que declaró desierta la convocatoria para el TSJ en os departamentos de Beni y Pando y para el TCP en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija.

El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza pidió al expresidente Evo Morales que no asista a su audiencia fijada para el viernes por un caso de trata de personas que lo involucra.

“Yo le diría al hermano Evo Morales y a su equipo jurídico no presentarse el día viernes. Todo puede pasar. Lamentablemente ya no hay el debido proceso. Ya no te puedes defender”, dijo el chapareño a los medios en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

En criterio de Loza, como ya lo dijo anteriormente, el Gobierno “tiene jurada” la detención de Morales y el “encarcelamiento político” contra su líder.

“Y si no pueden encarcelarlo, lo tienen jurado asesinarlos, desaparecerlo, no estamos lejos de eso”, agregó el legislador formado bajo el ala política de Morales.

El caso de trata que envuelve a Morales fue abierto a instancias de la Fiscalía Departamental de La Paz. sin embargo, el senador Loza afirmó que se trata de una “instrucción del Gobierno”.

Morales no asistió a una audiencia que estaba fijada para el martes. Sus abogados justificaron la ausencia de Morales con un certificado médico. En el diagnóstico se señala que el investigado presenta un cuadro de una bronconeumonía. Por ese documento y la ausencia de Morales, la audiencia fue reprogramada para el viernes 17 de enero.

“El Gobierno, por más que estés enfermo, si tienen decidido casarte jurídicamente o asesinarte físicamente, no le importa. Si el Gobierno ha decidido eliminarte física y políticamente, está en ese camino”, añadió.

En una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, habló de la preocupación que ha desatado la disposición adicional séptima de la Ley Ley 1613 entre los industriales.

Camacho señaló que esta normativa preocupa a los industriales por el potencial impacto negativo en la producción y el comercio.

¿Qué establece la disposición séptima de la Ley 1613?

La disposición séptima señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Camacho afirmó que esta disposición fue excluida inicialmente por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. Sin embargo, texto quedó incluído en la Ley 1613, al ser promulgada, sin el tratamiento previo en la Asamblea Legislativa.

Preocupaciones del sector industrial

El sector privado, incluyendo instituciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas (CANIOB), expresó su descontento:

• Temen un uso arbitrario y discrecional de la disposición.
• Existe el riesgo de penalizaciones injustas por almacenar productos considerados esenciales, confundiendo stock con especulación.
• Piden evitar que esta normativa se convierta en un instrumento de extorsión.

Para los industriales, la derogación de la disposición séptima es clave para garantizar la estabilidad económica. Aunque reconocen que la intención detrás de la norma podría haber sido positiva, su redacción actual genera dudas y riesgos innecesarios.

Relación entre industriales y gobierno

Camacho resaltó que, aunque la relación entre el gobierno y los empresarios ha sido positiva en algunos aspectos, es fundamental evitar acusaciones que señalen al empresariado como responsable del agio y la especulación.

Además, destacó otros factores que complican el panorama económico:

• Incremento de costos de insumos industriales.
• Dificultades para acceder a dólares al tipo de cambio oficial.
• Problemas climáticos, como sequías e inundaciones, que afectan la producción.

Ver también: Gobierno no retrocede e insiste en la disposición confiscatoria para frenar la especulación

Plantas industriales estatales

En cuanto a la creación de plantas industriales estatales, Camacho sugirió que el enfoque debería centrarse en apoyar a los productores locales en lugar de promover la competencia estatal.

Como ejemplo, mencionó el caso del pollo y recomendó otorgar subvenciones a los productores pequeños en regiones como los Yungas, para que puedan desarrollarse y fortalecerse en lugar de competir con ellos.