Para este sábado 11 de enero fue fijada la interpelación en el Legislativo a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por los hechos de violencia de noviembre que se saldaron con la muerte de 19 personas por impactos de bala en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.
Mediante una misiva enviada este martes por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, fue confirmado el acto de fiscalización, el primero en este proceso de transición tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre. El Legislativo está controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, murieron diez cocaleros que eran parte de una marcha que intentó pasar un cerco policial-militar para llegar al centro de Cochabamba en una caminata hacia La Paz en respaldo a Morales.
Cuatro días después, como resultado de otro operativo policial-militar perdieron la vida nueve personas en Senkata, en El Alto. Las fuerzas combinadas intervinieron un bloqueo a la planta de carburantes de Senkata para evacuar combustible y paliar la escasez que se vivía.
Sonia Brito, Juana Quispe, Julio Huaraya, Franklin Flores, Gonzalo Aguilar, Víctor Borda, Remberto Calani, Rubén Chambi, William Alvarado, todos pertenecientes a la bancada del Movimiento Al Socialismo ( MAS), solicitaron la comparecencia de Murillo y López.
Desde el Gobierno se descartó en diferentes oportunidades que los militares hayan usado su armada de reglamento, es más, hablaron de que se mataron entre los movilizados. Un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de masacre lo ocurrido en Senkata y Sacaba, pero la administración de Jeanine Áñez cuestionó el informe por considerar no tomó en cuenta la posición del Ejecutivo.
Un informe fiscal estableció que los proyectiles que acabaron con la vida de parte de las víctimas no eran de uso militar, mientras que en el resto no se podrá determinar el calibre del proyectil porque perforaron y salieron del cuerpo.
Durante los conflictos desatados tras la renuncia de Morales, el gobierno de Áñez puso en vigencia del Decreto Supremo 4078 que deslindaba de responsabilidad penal a los militares que participaban de los operativos para restablecer el orden. El 28 de diciembre fue abrogada, como parte de las negociaciones con los sectores movilizados.