Nacional

viernes 18 jun 2021 | Actualizado a 17:21

Polémica ley prevé investigación sobre las muertes en la crisis de 2019

El documento, que consta de nueve artículos y dos disposiciones finales, fue aprobado la madrugada de ayer en una sesión que abandonaron los asambleístas de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Hemiciclo. La Presidencia del Senado en sesión de las Asamblea. Foto: Christian Calderón

/ 12 de enero de 2020 / 17:35

El proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos obliga la investigación sobre las muertes y la represión en las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado. El texto reactiva el enfrentamiento entre oficialistas y opositores.

“El Ministerio Público abrirá una exhaustiva investigación sobre los hechos que derivaron en el arresto, la aprehensión, las lesiones y la muerte de personas en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019”, establece  el artículo 6 (Investigación).

El documento, que consta de nueve artículos y dos disposiciones finales, fue aprobado la madrugada de ayer en una sesión que abandonaron los asambleístas de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), debido a que el tratamiento del proyecto no habría sido inscrito en la agenda, lo que generó malestar en parlamentarios.

“Esta ley garantiza el resarcimiento de los daños de las víctimas de los hechos de octubre y noviembre, asimismo, garantiza que los heridos puedan tener atención adecuada de salud. Ahora, si el Gobierno no lo quiere promulgar yo lo voy a hacer en torno a que este proyecto pueda garantizarnos la pacificación del país”, advirtió la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.

La asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) explicó que la propuesta legal no habla en ninguna parte de “tapar” procesos en contra de autoridades o exautoridades de ningún gobierno.

CIDH. El parágrafo II indica que las acciones investigativas podrán llevarse a cabo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea, la Iglesia Católica y la Asamblea Legislativa.

Copa aseguró que la Cámara de Diputados definirá si el texto es enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El diputado de UD Gonzalo Barrientos criticó la aprobación y aseguró que  “es una maldad contra el pueblo boliviano” porque —en su criterio— con la ley se pretende convulsionar otra vez al país y dejar impunes los delitos de “terrorismo de Estado”. Dijo que alista recursos legales para impedir la vigencia de esta ley.

Luego de la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre del año pasado, los conflictos recrudecieron en el país. Al menos 19 personas fallecieron luego de operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 del mes en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto), respectivamente. La CIDH consideró que los hechos resultaron en una “masacre”, calificativo que cuestionó el Gobierno. (12/01/2020)

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La Policía de Ecuador ratifica que préstamo de gases a Bolivia fue ‘cooperación’ y pide su devolución

La comandante Tannya Varela indicó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información”.

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, en entrevista con Teleamazonas Ecuador.

/ 18 de junio de 2021 / 16:09

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, confirmó este viernes que el préstamo de gases lacrimógenos a Bolivia, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, es parte de la “cooperación internacional” que se practica actualmente entre distintos países. Y pidió la devolución del material.

“Municiones no, municiones no (hemos prestado), únicamente lo que tiene que ver con armamento no letal, como son los gases, entonces esto es importante, la cooperación internacional existe bajo los protocolos que también están establecidos, más bien lo que queremos es que Bolivia nos devuelva”, dijo la jefa policial. 

El pasado 12 de junio, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también  en esa acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.

Del Castillo explicó que en el gabinete de ministros del 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Añez decidió prestarse todo ese material de Ecuador “para reprimir al pueblo boliviano en base al principio de la cooperación regional para represión”.

Del mismo modo, el ministro boliviano dio a conocer que el 27 de mayo de 2020, el Comando de la Policía de Ecuador ya solicitó “una vez más que se le devuelva los proyectiles y las granadas”, pese a que el gobierno de Áñez ya había hecho una compra de ese material, que actualmente es investigada por un sobreprecio.

Entretanto, el pasado lunes 14 de junio, el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra del expresidente Lenín Moreno por el préstamo de material antidisturbios a Bolivia.

“He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!”, escribió entonces en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego legisladores de ambos países empezaron a coordinar el seguimiento a las investigaciones del caso mediante reuniones virtuales e incluso se anticipó que comisiones de asambleístas viajarían a Ecuador y a Bolivia. 

“He escuchado con mucha atención todo lo que han manifestado los asambleístas y quienes se han referido a este tema de la prestación (y hasta) han hablado de material de guerra, han hablado de armamento que la Policía Nacional no utiliza para el control del orden público, nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos material contra motín, utilizamos gases lacrimógenos; (…) el desconocimiento de quienes hacen estas denuncias es realmente muy amplio”, lamentó Varela en una entrevista con Teleamazonas Ecuador.

Asimismo, la jefa policial ratificó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información, (sino también) si necesitan (se realizan) préstamos (de gases como) a Ecuador nos prestó Perú y Colombia”, para la crisis de octubre de 2019.

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Chávez ve que la Iglesia ‘protege’ a Mesa, a quien le pide no ocultarse ‘bajo las sotanas’

“Esa cúpula golpista también tendrá que dar su razón ante el fiscal porque son tan humanos como nosotros”, dijo el Procurador al referirse a los jerarcas de la Iglesia Católica.

Foto: Bolivia TV

/ 18 de junio de 2021 / 14:09

El informe de la Iglesia Católica sobre la crisis de 2019 continúa generando reacciones. Esta vez el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, consideró que ese documento es una acción “desesperada para proteger” al expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y a quien, incluso, le pidió no ocultarse “bajo las sotanas de los frailes”.

“Esa cúpula (de la Iglesia Católica) está mintiendo al país (…) y esta es una acción desesperada para proteger a Carlos Mesa (…) porque todo hace ver que este señor, el gran conspirador y el gran perdedor de las elecciones, era quien estaba detrás de todo esto (es decir el supuesto golpe de Estado de 2019)”, dijo Chávez en una entrevista con La Razón Radio.

En ese sentido, el Procurador espera que finalmente Mesa declare y dé a conocer su verdad sobre el cuestionado proceso de transición que se registró en noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia en medio de una ola de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y la presión de los militares, tras lo cual asumió la jefatura del Estado la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez.

 Mesa fue convocado el jueves a declarar en la Fiscalía como testigo del llamado caso Golpe de Estado, pero prefirió no testificar por temor a ser incriminado en el proceso investigativo, que se inició a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty.

Pero “el país estaba esperando la verdad de Carlos Mesa que tanto habló del famoso fraude monumental, que ahora sabemos que había sido la mentira monumental; por qué no ha dicho eso (en la Fiscalía), por qué no ha ido con sus pruebas, (…) dónde está pues el fraude, seguimos esperando señor Carlos Mesa (que demuestre) y no se oculte bajo las sotanas de los frailes que encabezan la comisión episcopal (que emitió un informe con varias mentiras)”, agregó Chavez en una conferencia de prensa.

El pasado 15 de junio, la Conferencia Episcopal Boliviana difundió un informe de 25 páginas sobre su accionar en la crisis de noviembre de 2019 y en ese documento aseguró que Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir primero la presidencia del Senado y luego del Estado.

Además, según el relato cronológico que hizo la Iglesia Católica, en las negociaciones se planteó que “asumiera la presidencia la (entonces) senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”. Aunque esta versión luego fue negada por ambas exlegisladoras del MAS.

Por tanto, el Procurador consideró que ese “informe, de un grupo que no tiene representación, es mentiroso” y hasta afirmó que él “quisiera que muestren con algún documento o alguna prueba” de que las dos exlegisladoras del oficialismo habrían declinado a asumir el mandato del país.

Asimismo, “Susana Rivero jamás renunció (como dice el informe de la Iglesia), nunca lo hizo (y en consecuencia) tenía prelación conforme a Jeanine Áñez porque Susana era primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados; entonces han mentido muchas cosas en ese informe (…) y creo que una vez más se confirma que (ellos igual) eran parte del golpe de Estado”, manifestó el Procurador en La Razón Radio

Mientras en la conferencia de prensa señaló que “esa cúpula golpista también tendrá que dar su razón ante el fiscal porque son tan humanos como nosotros”. Pues, “recordemos que estamos en un Estado laico, somos un Estado laico, por tanto, todos somos iguales (ante la ley) y todos tenemos que dar testimonio en algún momento ante nuestra justicia”.

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Rivero: He traído mis pruebas, no hubo vacío de poder y no renuncié como dice la Iglesia

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) se presentó ante la Fiscalía de manera voluntaria para brindar su testimonio sobre la crisis de noviembre de 2019.

La exlegisladora Susana Rivero, al ingresar a la Fiscalía este viernes. Foto: Rodwy Cazón

/ 18 de junio de 2021 / 12:29

Susana Rivero, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), se presentó este viernes ante la Fiscalía de manera voluntaria para brindar su testimonio sobre la crisis de noviembre de 2019. Anunció que llevó pruebas sobre que no hubo vacío de poder y que no renunció cuando se encontraba en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales.

“He venido con pruebas que voy a aportar al proceso, lo hago como boliviana, política, porque el país merece políticos que den la cara, que respondan las preguntas, y que aporten con las investigaciones. No los que tiran la piedra y esconden la mano. He traído mis pruebas de que no hubo vacío de poder”, afirmó a los periodistas presentes.

La exprimera vicepresidenta de la Cámara de Diputados declara en el caso denominado Golpe de Estado, que indaga el derrocamiento del expresidente Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dos días después asumió la entonces senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó, primero, presidenta del Senado y, luego, presidenta del Estado.

Sin embargo, la opción Áñez fue cocinada en reuniones extralegislativas previas en oficinas de la Universidad Católica de La Paz, en las cuales participaron representantes de la Iglesia Católica, diplomáticos, políticos, cívicos… Inclusive, el domingo 10 de noviembre, desde esos encuentros se llamó a Áñez para ver su disponibilidad para asumir el mando del país.

En su declaración ante la Fiscalía, Áñez admitió ello; más aún, recordó que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, se opuso a que la sucesión recaiga en Adriana Salvatierra (MAS), entonces presidenta del Senado. Y ese mismo día, dijo ante los medios que ninguna persona del MAS podía asumir la presidencia.

Un año y siete meses después, el martes reciente, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un informe-cronología sobre su labor de “mediación” en noviembre de 2019. Y señaló que Salvatierra y Rivero renunciaron a la sucesión presidencial, lo que fue negado por ambas. El documento de la Iglesia fue duramente criticado por el MAS.

“He traído mis pruebas, he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio (de la Cámara de Diputados) el día 11 de noviembre. No he renunciado, muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 de noviembre y tengo mis pruebas que les voy a entregar”, dijo Rivero.

Y apuntó a Carlos Mesa por no haber dado su versión de los hechos ante el Ministerio Público. El opositor fue citado el jueves y se acogió a su derecho al silencio, al denunciar que el caso está “montado” por el expresidente Morales, el actual presidente Luis Arce, la Fiscalía y el Órgano Judicial. Los fiscales analizan procesarlo por obstrucción a la justicia.

“Aquellas personas que han justificado sus hechos, sus delitos cometidos, en una supuesta lucha por defender los mandatos constitucionales, incluido el señor Carlos Mesa, que a su fiel estilo cobarde ayer (por el jueves) no quiso emitir ningún criterio cuando fue convocado como testigo”, indicó la exdiputada al entrar a la Fiscalía.

Aprovechó para lanzar un desafío a “la gente que fue parte promotora de los hechos que se suscitaron en 2019, que siguen insistiendo que su lucha fue por defender la Constitución, les voy a preguntar si en algo cumplieron este artículo de la Constitución Política, el artículo 161”. Luego, la exasambleísta leyó lo que señala esta disposición.

Según ese artículo, las cámaras de Diputados y Senadores se deben reunir en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones: inaugurar y clausurar sus sesiones; tomar juramento a la presidenta o presidente del Estado y a la vicepresidenta o vicepresidente del Estado; y admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente.

“Qué parte de este artículo cumplieron los que el día domingo (10 de noviembre de 2019) le ofrecieron la presidencia a Jeanine Áñez. Qué parte de este artículo cumplió la señora Jeanine Áñez, eso es lo que la población se debe preguntar”, cuestionó Rivero, quien también presentó una instrucción que ella dictó el 11 de noviembre de ese año como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, el comunicado 008/2019-2020.

Señaló que es la prueba de que no renunció hasta esa fecha, un documento en el que “comunica a las diputadas y los diputados que la 199 sesión ordinaria convocada para el día martes 12 de noviembre, a solicitud de diputadas y diputados que no logran retornar a la ciudad de La Paz por causa de fuerza mayor e inseguridad ciudadana, ha sido suspendida hasta nueva convocatoria que será comunicada oportunamente”.

“En consecuencia”, continúa el comunicado, “solo se programa sesión de comisiones”. Pero ese día, Áñez se proclamó presidenta en una sesión sin quórum, sin presencia de la bancada mayoritaria del MAS, sin leer las renuncias de Morales y el vicepresidente Álvaro García. “El país necesita respuestas, justicia, las víctimas de las masacres necesitan justicia. Y a la Iglesia que me ha excomulgado muchas veces, le digo: Que Dios perdone sus pecados”, remarcó la exlegisladora.

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Lima anuncia investigación sobre el intento de un supuesto segundo ‘golpe de Estado’

“Lo que ocurrió con el señor Fernando López es muy grave para la democracia del país (…) y muestra que existió un plan estructural”, afirmó el ministro Iván Lima.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa. Foto: Rodwy Cazon-La Razón.

/ 18 de junio de 2021 / 11:59

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este viernes que el Ministerio de Defensa liderará una investigación sobre el presunto segundo intento de golpe de Estado en Bolivia, tras los indicios que revelaron los audios filtrados del exministro Fernando López.

“Pensar que nuestras Fuerzas Armadas puedan haber estado involucradas en una segunda actitud de golpe de Estado sería muy grave, (pero) en este momento no necesitamos presentar ninguna acusación formal, (primero) hay que hacer una investigación seria y ésta va a estar a cargo de nuestro ministro de Defensa (Edmundo Novillo) que tiene que brindarle al país las explicaciones necesarias a partir de este indicio (que surgió de los audios)”, dijo Lima.

En pasadas horas, la revista electrónica The Intercept apuntó a López, exministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que “mercenarios” de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Luis Arce como nuevo presidente del país, tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre de 2020.

Las “pruebas” de la publicación son grabaciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos y entrevistas a las cuales accedió ese medio dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la NSA de Estados Unidos con el exanalista Edward Snowden como fuente.

Según la publicación, “en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación del país’ (y que) las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse’ (para supuestamente) bloquear la administración de Arce”.

Luego, el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, afirmó que se ha logrado establecer que los audios corresponden a la voz del exministro de Defensa en un 99,9%.

Por tanto, “lo que ocurrió con el señor Fernando López es muy grave para la democracia del país (…) y muestra que existió un plan estructural. Ustedes recuerden que en ese momento hubo bolivianos que han ido a pedir a la puerta de los cuarteles rezando para que los militares intervengan, recuerden también que hubo una acción constitucional en Santa Cruz que pretendía impedir la posesión del presidente Arce, (entonces) no han sido hechos aislados”, agregó Lima.

Además, indicó que las grabaciones en sí mismas no podrán ser usadas como prueba en un proceso porque “en el país no se puede” realizar ese tipo de acciones.

“Pero los indicios que representan esas grabaciones nos obligan a investigar, por eso se ha sostenido que debemos llevar adelante un proceso penal”, ratificó.

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CC defiende sucesión de Áñez y dice que Mesa calló en la Fiscalía para no ser ‘malinterpretado’

La senadora Andrea Barrientos afirma que la reconciliación en el país pasa por una reforma de la Justicia.

/ 18 de junio de 2021 / 11:18

La senadora por Cochabamba de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, ratificó este viernes que la sucesión presidencial de Jeanine Áñez tras la renuncia de Evo Morales fue constitucional y que el jefe de su partido, Carlos Mesa, se acogió al silencio el jueves en la Fiscalía para evitar que sus declaraciones sean “malinterpretadas”.

“El reglamento de la Cámara de Senadores dice que en ausencia del presidente y el primer vicepresidente de la Cámara de manera inmediata asume la presidencia de manera automática el segundo vicepresidente. El reglamento no dice solo podrá asumir la presidencia del Estado un miembro del oficialismo. Ante el vacío (de poder) que teníamos (tras la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019), esa vicepresidente de la Cámara que teníamos era Jeanine Áñez; por lo tanto, para evitar el vacío de poder, quien tenía que asumir era Jeanine Áñez”, justificó la legisladora en entrevista con La Razón Radio.

Advirtió que “no se puede llamar régimen de Áñez, sino el gobierno constitucional de Áñez porque su transición estuvo enmarcada en las normas vigentes de la Cámara de Senadores”.

También fustigó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, “por no haber abierto proceso contra Áñez en cuanto asumió el poder del Estado”.

“¿Por qué si hubo golpe de Estado, Lanchipa no inició proceso de manera inmediata?, porque cuando quiere es altamente cumplidor de la norma y cuando quiere es manipulador de la norma”, refirió.

Dijo además que la reconciliación en el país pasa por la reforma de la justicia que en este momento quiere “lavar la cara a gente indefendible”, como es el caso de Evo Morales.

Aclaró que tanto su persona como Carlos Mesa, además de su partido, no defienden ni a Áñez, ni a los exministros Arturo Murillo y Fernando López. “Lo que defendemos es una transición constitucional”, aclaró. Luego aseguró que “con estos temas, el Movimiento al Socialismo (MAS) mete una cortina de humo para tapar su ineficacia para solucionar la crisis de salud que vive el país”.

Asimismo, Barrientos se declaró “una perseguida política del MAS”, porque “dice cosas en contra de Evo Morales en su rol de senadora”.

Al ser consultada sobre el silencio que guardó Carlos Mesa cuando se presentó en la Fiscalía Departamental de La Paz para declarar sobre el caso Golpe de Estado, la senadora opositora aseveró que el jefe de su partido quiso evitar que sus declaraciones sean “malinterpretadas”.

“Carlos Mesa ha leído un documento, le ha explicado al Fiscal todos los motivos del porqué no iba a responder las preguntas. Es mentira que un testigo no pueda acogerse al silencio, tanto la Constitución Política del Estado como el Código de Procedimiento Penal le permiten a cualquier testigo abocarse al silencio, sobre todo si sus declaraciones pueden ser malinterpretadas, distorsionadas, para iniciarle cualquier acción penal de manera intencionada, como lo hace el MAS con los opositores”, puntualizó.

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