Este lunes debía declarar el exministro Carlos Romero por el caso UELICN, pero la Fiscalía decidió suspender la comparecencia luego de que su defensa presentara un certificado médico que daba cuenta de su delicado estado de salud y de su permanencia en la Caja Petrolera de La Paz, donde fue internado el viernes.
Sin embargo, la Fiscalía pidió al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) verificar con sus personeros lo consignado en el documento de salud presentado para justificar su inasistencia a la audiencia de declaración.
Debía declarar como denunciado en el caso de adjudicación dirigida entre 2017 y 2018 a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL por más de $us 50 millones para el mantenimiento de las aeronaves usadas en la lucha contra el narcotráfico.
Romero fue evacuado la noche del viernes de su vivienda en la zona Sur de La Paz en una ambulancia y en medio de un fuerte resguardo policial. Reapareció el jueves y desde ese día se instaló una vigilia de los llamados “La Resistencia” frente a su vivienda para evitar que la abandone, donde se encontraba solo.
La cita estaba fijada para las 10.00 y tiene relación con el caso de la presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), dependiente del Ministerio de Gobierno.
Andrés Zúñiga, abogado de Romero, mostró a la prensa una copia del certificado médico que entregó a la fiscal Lupe Zabala, una de las investigadoras del caso, quien pidió luego al IDIF verificar el estado de salud de Romero.
“Está presentando un certificado médico y mi autoridad ha determinado que se emita un requerimiento al IDIF a efecto de que personal de ese instituto se constituya en dependencias donde se encuentra hospitalizado para su valoración, posterior a eso el Ministerio Público va a tomar una determinación”, señaló.
En una entrevista que publica La Razón en su edición impresa este lunes, Romero dijo: este caso “yo soy el acusador y no puede ser que al acusador lo quieran convertir en acusado; eso no existe en materia jurídica, no tiene sustento”.
“Más bien yo tomé todas las acciones necesarias: hice auditar los contratos en mi gestión, instauré sumarios e intervenimos administrativamente la entidad y me querellé penalmente contra funcionarios civiles y militares”, añadió respecto al caso UELICN.
(13/01/2020)