Gobierno firma preacuerdo con familiares de víctimas de Senkata para indemnización y ayuda a heridos
Sin presencia de los familiares de las víctimas, dos viceministros informaron que se llegó a acuerdos para operativizar el decreto de indemnización y ayuda a heridos de los conflictos ocurridos en Sentaka, El Alto, en noviembre
En una conferencia de prensa sin presencia de sus interlocutores, el Gobierno informó que llegó a un principio de acuerdo con representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y de la Asociación de Familiares y Víctimas de Senkata para avanzar en la aplicación del decreto de pago de indemnización y ayuda a heridos en la violencia de noviembre.
Los viceministros de Coordinación con Movimientos Sociales, Eddy Luis Franco, y de Justicia, Huberth Vargas, informaron del principio de acuerdo alcanzado y reconocieron que ahora las bases de los dirigentes deberán definir una posición.
"Se ha firmado un acta de reunión. Se dará la atención médica y asistencia jurídica para el cumplimiento expreso del Decreto Supremo 4100 para la indemnización a los familiares de las víctimas de octubre y noviembre 2019", explicó Franco, aunque los familiares de las víctimas rechazaron el contenido de esa norma porque, sobre todo, les cerraba la posibilidad de acudir a instancias internacionales.
El decreto 4100 fue promulgado el 5 de diciembre por la presidenta Jeanine Áñez. Establece el pago de Bs 50.000 a las familias de las personas fallecidas y atención a los heridos de los conflictos de noviembre, cuando las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas rompieron un bloqueo en Senkata para evacuar combustible de la planta de hidrocarburos.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) sancionó la ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos y de Garantías Constitucionales que, entre otros aspectos, también establece una indemnización y ayuda integral a los heridos de los hechos de violencia. No condiciona el acceso al pago de la indemnización, como el decreto de Áñez.
En ese conflicto perdieron la vida 10 personas por impactos de bala y decenas resultaron heridos. La Fiscalía determinó que los impactos de bala no correspondían a armas de uso militar. Un decreto, abrogado posteriormente, eximía de responsabilidad penal a los militares que participaban de operativos para restablecer el orden tras la renuncia de Evo Morales.
De ser ratificado el compromiso firmado este miércoles, serán formadas comisiones, entre ellas para tramitar becas de estudio a los hijos de las víctimas. Otra comisión se encargará, junto con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de ver "alternativas de alivio" a las deudas existentes en el sistema financiero por parte de los afectados. “Esta acta de reunión nos fija ya una ruta de diálogo que estamos desarrollando con estas personas y los familiares de las víctimas de lo que ocurrió en noviembre”, afirmó Franco.
