Pese al vehemente pedido de liberación del exministro Carlos Romero, el juez Onceavo de Partido y Sentencia Penal rechazó este jueves la acción de libertad presentada por su defensa, por lo cual deberá permanecer en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar que fue reprogramada para este viernes.

Romero está aprehendido desde el martes, luego de que se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa sobre el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

En la audiencia, el otrora hombre fuerte del gobierno de Evo Morales aseguró que la ampliación de ese proceso en su contra es “defectuoso” y enumeró varios argumentos en ese sentido.

Incluso acusó a su denunciante, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval, de no tener ética ni moral para denunciarlo. Aseguró que no hay una prueba en su contra y denunció que no se cumplieron los procedimientos procesales.

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El fiscal del caso, Rudy Terrazas, explicó que “el juez ha llegado al razonamiento lógico de denegar la acción de libertad porque existe un juez cautelar de instrucción que pueda llevar adelante las supuestas vulneraciones”, por lo tanto “sigue en calidad de aprehendido y debe ser sometido a la audiencia de medidas cautelares”.

Romero lamentó la decisión del tribunal y dijo que “ya estamos demostrando, de inicio, que hay pisoteo absoluto de las normas procedimentales”; en ese contexto, se declaró nuevamente “perseguido político”.

Por su lado, el abogado de Romero, Andrés Zuñiga, contó a la prensa que pidió al juez que se excuse debido que éste fue su alumno en un curso de posgrado, lo que no sucedió.

El jurista lamentó que pese a la argumentación sobre la ausencia de “control jurisdiccional” en varios pasos del proceso, el juez haya negado el pedido.

“Lamentablemente debemos enfrentar una audiencia de medidas cautelares. En ella vamos a a tener repetir estos mismos argumentos de cuestionamiento”, afirmó. (16/01/2020)

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, llegó este jueves hasta Palacio para solicitar al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez cooperación destinada a reconstruir la urbe golpeada por violentas movilizaciones que destruyeron inmuebles ediles y de la Policía, además de otras construcciones, cuyo daño suma alrededor de Bs 85 millones.

Precisó que la cita tiene un carácter institucional y tiene el fin de “pedirle a este nuevo Gobierno, más allá de su permanencia transitoria, de que podamos, por ejemplo, trabajar con El Alto en el marco del respeto y la coordinación institucional”, algo que a su juicio “se ha perdido con el gobierno del expresidente Evo Morales.

Así, detalló que el daño a la infraestructura municipal es de Bs 24 millones, mientras que en el caso de los inmuebles policiales suma algo más de Bs 60 millones.

Los edificios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), del Comando Regional de Policía, de la Unidad de Tránsito y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fueron saqueados y quemados por turbas que protestaron contra los uniformados por apoyar, con un motín, las movilizaciones de cívicos y políticos que derivaron en la renuncia de Morales.

“Vamos a necesitar apoyo económico porque novamos a poder asumir (esos gastos) con el presupuesto institucional, los POA se realizan en septiembre y nosotros tenemos todo nuestro presupuesto dispuesto y ese va ser otro de los puntos de esta reunión”, anunció.

Asimismo, dijo que planteará la reactivación de la “agenda institucional” que Chapetón gestionó con la anterior administración estatal y que está referida a obras de envergadura, entre ellas los 10 carriles de la avenida 6 de Marzo, la conclusión de la carretera hacia Viacha y otros planes.

Cuestionó el trato injusto que recibe la urbe pese a que "la mayoría" de sus pobladores ha mostrado “su compromiso” con la decisión de mantener el sistema democrático en el país. Exteriorizó su esperanza de encontrar mayor apertura en la gestión de la presidenta de Áñez. (28/11/2019)

Al final no se instaló el diálogo. El Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud (Conasa) activaron el “paro general indefinido movilizado” desde las cero horas de este lunes y anuncian que se extenderá hasta que se atiendan favorablemente sus demandas.

Un paciente que llegó desde el Beni a La Paz para consultar por un tumor que no pudo ser tratado se vio sorprendido por la suspensión de actividades en el Hospital de Clínicas. La Razón Digital constató que en ese centro de salud solo se atienden las emergencias.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, en contacto con la red Uno, confirmó que “se están reforzando los servicios de emergencia” y reiteró sus críticas contra el gobierno por la situación de la salud en el país.

• Carteles fijados en el Hospital Obrero de La Paz. Foto: Ángel Guarachi.

Los cinco puntos de la demanda del sector son: la institucionalización de los cargos médicos (de base, intermedios y jerárquicos), la abrogación de la Ley 1189 y la destitución del gerente general de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley General del Trabajo, declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud (SUS) y su participación en la elaboración de la Ley del Cáncer, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

“Solicitamos a la población que se una, porque estamos pidiendo que estos hospitales tengan condiciones y dinero”, declaró Larrea horas antes al mismo medio.

Los servicios médicos en el sistema de salud de la seguridad social también están afectados por las medidas de presión.

Este medio también visitó el Hospital Obrero No 1 y el Policlínico Piloto “Miraflores” y verificó que los servicios son irregulares. En sus paredes se ha fijado varios carteles con comunicados en los que se precisa que sus trabajadores están “luchando” por los derechos de los asegurados.

• Un cartel pegado en la pared del Policlínico Piloto Miraflores alerta del paro de los médicos. Foto: Ángel Guarachi.

“El paro es para defender a ustedes, señores asegurados, para que no les falte medicamentos y no se gaste el dinero de la CNS. Repudio a la actitud negativa y mentiras de la ministra de Salud. Viva la CNS”, se lee en uno de ellos.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, y el viceministro del sector, Álvaro Terrazas, reiteraron el pedido de diálogo en las horas precedentes, algo que no fue descartado por el sector, pero fue condicionado a la atención del pliego de cinco puntos. El Ministerio de Trabajo evalúa la declaratoria de ilegalidad del paro.

“Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas, lastimosamente tenemos un gobierno mentiroso. Siempre hemos ido al diálogo, en 2012 eran 27 puntos, luego 11 y ahora 5 puntos que la Ministra no cumple”, sostuvo Larrea tras precisar que este lunes los profesionales se reunirán para coordinar las protestas de los próximos días

Luis Vía, director de Planificación del Ministerio de Salud, lamentó el fin de semana que existan “posiciones todavía muy duras”, de todas formas no han cerrado la posibilidad para las negociaciones. (19/08/2019)

Mediante un decreto supremo aprobado este miércoles en la reunión del gabinete ministerial, el Gobierno autorizó la libre exportación del 60% de la producción de soya, pero con control estatal, mientras que el remanente será destinado para garantizar el consumo interno. El reglamento se aprobará en cinco días y desde entonces se aplicará la medida.

“Hemos evaluado y hemos decidido autorizar la exportación del 60% de la producción. Nosotros consumimos alrededor del 30%, pero tenemos también expectativas de mejorar el consumo interno, no podemos poner en riesgo el consumo interno por eso y con ese objetivo se reserva el 40%”, informó este miércoles el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

El 40% de la producción está destinado al sector agrícola, porcinocultor, el de la producción de leche e inclusive al biocombustible que a la fecha suma el 30%, aunque hay exceptivas de que ese margen crezca.

La información fue confirmada por el presidente Evo Morales, quien se refirió al asunto en su cuenta en Twitter.

“En respuesta a la emergencia de un sector del agro boliviano, decidimos aumentar el cupo de la exportación del grano de soya hasta el 60 % de la producción. Creemos que este es un importante apoyo a quienes se vieron afectados por la caída de precios en el mercado internacional”, reseñó.

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La medida se asume en atención al pedido de los productores del grano que lanzaron un ultimátum de 72 ahora que debía cumplirse el jueves tras alertar sobre la baja de la producción por efecto de clima adverso y la caída del precio internacional.

Cocarico además anunció la mejora de los reglamentos de autorización para la exportación del grano con el fin de evitar la burocracia criticada por los productores, lo que se hará efectivo en cinco días. Esta tarea estará a cargo de Desarrollo Rural y la cartera de Desarrollo Productivo.

“Creemos que el Estado tiene que tener siempre el control, por tanto esta autorización de exportación tiene que ser con el control de acuerdo a lo que se está trabajando”, anticipó.

La normativa también instruye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y, por ende, a la banca, que se evalúe la cartera de créditos del sector cuyos miembros, en algunos casos, se vieron impedidos de pagar deudas.

“Hemos evaluado la situación de la producción de la soya en relación a los precios, hay precios bajos a nivel internacional, sin embargo creemos que en el mercado interno hay que apoyar al sector productor”, remarcó el Ministro. (29/05/2019)

No obstante el fallo favorable en el caso de las 16 barcazas chinas en litigio con dos empresas de ese país, Bolivia espera aún que culminen los plazos del proceso en el Tribunal Marítimo de Quingdao, entre ellos una posible apelación de los demandados. No obstante, ya habla de cifrar el millonario daño económico que representó este proceso en otros juicios, inclusive de carácter civil.

El veredicto se conoció el 17 de diciembre y desde ese entonces se abrió el periodo de 30 días para que los demandados, las firmas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co.,Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd. (DSSC), que fueron denunciadas por la Empresa Naviera de Bolivia (Enabol), decidan si presentan la apelación a la decisión de la corte.

“Una vez que pase este plazo que hasta finales de enero, ahí Bolivia tomará una decisión respecto, primero, al destino de las barcazas si se ratifica la propiedad de Bolivia y, luego, ya la continuación de los procesos judiciales que están abiertos en el país contra algunmos compatriotas bolivianos, pero también contra ciudadanos chinos y coreanos”, señaló el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Si todavía hay esa apelación el proceso va a continuar, si no hubiera prácticamente el proceso se extinguiría y quedaría resuelto a favor de Bolivia”, puntualizó el ministro.

Bolivia pasó $us 14,4 millones, unos 900.000 por cada embarcación. La cifra del daño económico se establecerá en un eventual proceso civil que se prevé instalar tras el penal que está en curso, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.

Pero las barcazas están deterioradas, según informes anteriores del Gobierno. «Todos esos elementos se los va a poder valorar a través de un trabajo independiente, ya sea cuando acabe el proceso penal y se inicie un proceso civil». sostuvo.

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En enero de 2017 el Ministerio Público presentó una acusación formal contra «los malos funcionarios» parte del proceso. Hay detenidos preventivos en el caso, entre ellos Freddy B., Eval V, Fidel G, Carmen Rosa G., Luis Alberto C., pero también hay rebeldes.

“El Ministerio de Defensa, Enabol y el Ministerio de Justicia estamos llevando adelante todas las acciones necesarias para poder eventualmente llegar a una sentencia penal en contra de estas personas y lograr, en última instancia, la recuperación del daño causado a Bolivia”, dijo.

Está en curso el proceso de notificación de los sindicados, se han presentado los edictos para notificar a las personas declaradas rebeldes y se espera el comienzo del juicio oral para «obtener una sentencia en contra de estas personas”, señaló el Procurador.

En 2009, Enabol contrató a General Marine Business (GMB) para que construye la flotilla, pero esta subcontrató a otras firmas para la fabricación de las barcazas como Weihai en el astillero de DSSC. Se sumó una deuda de $us 4,5 millones por el almacenaje y esta última empresa demandó su remate. A la fecha, los navíos siguen ese ancladero.

Menacho dijo que tras la conclusión del proceso legal “se podrán presentar otro tipo de acciones ante los tribunales chinos para prevenir que estas barcazas se encuentren con anotaciones preventivas para poder lograr luego su liberación”, explicó Menacho. (08/01/2018)