Cuba revela que el 14 de noviembre se le pidió retirar a su embajador de Bolivia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó en un comunicado que se le atribuya la responsabilidad de la suspensión de las relaciones bilaterales con Bolivia. Aseguró que la clínica intervenida del Colaborador es de propiedad del Estado cubano
El gobierno de Cuba rechazó que la administración boliviana de Jeanine Áñez la responsabilice por la suspensión de las relaciones bilaterales y, por el contrario, la acusa de haber encarada una campaña “feroz” de “mentiras y tergiversaciones”. Reveló que el gobierno boliviano, a dos días de haber asumido el poder, solicitó a La Habana retirar a su embajador.
“Las autoridades actuantes desplegaron una feroz campaña de mentiras y tergiversaciones contra Cuba, en particular contra la cooperación médica cubana, que incitó públicamente a la violencia contra nuestro personal de la salud e incluyó allanamientos y registros brutales, ilegales e injustificados, acusaciones falsas y detenciones de colaboradores cubanos”, refiere un comunicado.
La Cancillería de Cuba publicó el documento con el título: “Cuba rechaza pretextos de autoridades golpistas de Bolivia para suspender relaciones diplomáticas”. Hace un repaso de los hechos registrados contra personeros cubanos después del 12 de noviembre, día en el que asumió el poder Áñez, tras la dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre.
“Tan temprano como el 14 de noviembre de 2019, solicitaron a Cuba retirar a su Embajador, quien regresó definitiva y honrosamente a La Habana el 7 de diciembre, después de haber garantizado y ejecutado impecablemente el retorno seguro del último de estos, con riesgos significativos para el personal diplomático que organizó y acompañó los desplazamientos de los colaboradores por zonas de peligro”, refiere el documento.
El gobierno de Bolivia anunció el 24 de enero que decidió suspender las relaciones diplomáticas con Cuba, luego de que el canciller de ese país, Bruno Rodríguez, llamara a la presidente Jeanine Áñez “mentirosa”, “golpista” y "autoproclamada” en referencia a sus últimas declaraciones sobre el papel de los médicos cubanos en el país.
“El gobierno cubano, de manera sistemática ha afectado las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los Estados, no obstante la disposición del gobierno de Bolivia de sostener cordiales relaciones”, argumentó la administración boliviana.
Sobre la Clínica del Colaborador, que fue intervenida en el marco de una investigación y donde se descubrió equipos de última generación, la Cancillería aseguró que es de propiedad de su Gobierno y que “sustrajeron equipos, materiales y otros bienes de esa instalación y hasta hoy se ha impedido al personal de la Embajada de Cuba el acceso a esta propiedad del Estado cubano”.
Respecto a la cooperación médica cubana, informó que hasta 2012 ese apoyo era financiado íntegramente por La Habana, pero desde ese año se hizo cargo la administración de Morales. “Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por valor de más de doscientos millones de dólares anuales, lo que incluyó equipamiento médico, medicamentos, insumos y material gastable, sostenibilidad de la brigada cubana, la transportación aérea de los colaboradores y los gastos en equipos médicos”.
No establece qué porcentaje era médico, ya que el Gobierno aseguró que 205 de más de 700 funcionarios de la cooperación eran médicos con títulos.
Además aseguró que el Gobierno se benefició con la cooperación. El gobierno cubano acusó a la embajada de Estados Unidos de estar tras los hechos en contra de personeros de su delegación y de la cooperación en materia de salud.
“La hostilidad y las ofensas no han emanado de nuestro Gobierno ni de nuestro pueblo. Cuba ha actuado con paciencia y prudencia, en defensa y protección de sus nacionales y ha evitado la confrontación a pesar de la actuación reprochable de los golpistas”, refiere el documento publicado este 25 de enero.
Sobre la denuncia de que se exportaba urea a más bajo precio, la Cancillería aclaró que el costo fue definido en torno a los parámetros de mercado.