Nacional

martes 26 oct 2021 | Actualizado a 13:52

La Paz tiene el 53% de denuncias de ‘persecución’

El Comité Interinstitucional de Defensa a Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos “Justicia y Paz” recibió las demandas, un trabajo que empezó el 12 de diciembre y se amplió por 90 días.

El exgobernador de Tarija Mario Cossío a su retorno al país. Foto: APG

/ 1 de febrero de 2020 / 17:51

El Ministerio de Justicia recibió 361 denuncias de “persecuciones políticas” contra el gobierno de Evo Morales, en las que se identifica a 636 “víctimas”. Según el informe oficial, La Paz recibió 191 denuncias, el 53% del total.

El Comité Interinstitucional de Defensa a Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos “Justicia y Paz” recibió las demandas, un trabajo que empezó el 12 de diciembre y se amplió por 90 días, por las supuestas vulneraciones de los derechos humanos y garantías que habrían sufrido exautoridades y políticos.

El objetivo es el estudio de casos de “perseguidos y exiliados políticos” de manera injusta en los 14 años de gestión de Evo Morales, para que retornen a territorio nacional a asumir su defensa legal, aseguró el viceministro de Justicia y Derechos, Huberth Vargas.

El 4 de diciembre de 2019, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, emitió la norma para la creación de esta entidad y advirtió que “no es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad”.

El diputado Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS), criticó la creación del comité y aseguró que durante el gobierno de Morales no hubo ninguna persecución política, ni judicial. “Esta norma (de creación) es solamente para que regresen los que cometieron verdaderos delitos, para que estén en la impunidad”.

  • Branko Marinkovic llegando a Bolivia.

Vargas detalló que se registraron 361 denuncias que involucran a 636 personas declaradas “exiliadas y perseguidas políticas”. De esta cifra, 191 fueron reportadas en La Paz. Uno de los casos es del dirigente cívico de Achacachi Elsner Larrazábal, quien regresó al país el 8 de diciembre reciente, tras permanecer en Perú desde hace dos años, tras un conflicto en contra del alcalde de esa región, que pertenecía a filas del MAS.

Al retornar, pidió que se absuelva a 50 personas que también escaparon del país ante los procesos penales que fueron impulsados por el anterior mandato. “Estamos para aplaudir el logro conseguido por el actual Gobierno y vamos a contribuir a este proceso de pacificación”, dijo Larrazábal.

Otro caso es el relacionado al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, quien salió de prisión luego de permanecer un año en la cárcel de San Pedro, acusado por la muerte de un policía en La Asunta, Sud Yungas, tras un enfrentamiento entre cocaleros y policías por la erradicación de cocales ilegales.

Entre otras denuncias en La Paz está la del exalcalde paceño Juan del Granado, por una presunta “persecución política”.

Vargas dio cuenta que el segundo departamento que recibió más casos es Pando, que anotó 55. El caso más llamativo y que involucra a más personas es por la denominada “masacre de Porvenir”, en el que murieron 13 personas, en septiembre de 2008, por el cual se encarceló seis años al exprefecto Leopoldo Fernández y a otros cinco opositores al MAS.

  • El cívico Elsner Larrazábal durante la crisis en Achacachi en 2017. Foto: Archivo

Fernández fue absuelto del caso, pese a que ya tiene una sentencia. Tras este hecho decenas de ciudadanos de Cobija se autoexiliaron a Brasil, pero luego de la renuncia de Morales retornaron al país y presentaron su denuncia.

El reporte del Viceministerio de Justicia revela que el tercer departamento con más denuncias es Cochabamba, con 43. Entre los casos polémicos esta el de Zacarías Jaita, exalcalde de Quillacollo, quien denunció ser “perseguido judicialmente” por el MAS. Asimismo está el alcalde suspendido de Cochabamba José María Leyes, quien fue procesado y encarcelado.

El comité dio a conocer que Potosí tiene 21 demandas, Chuquisaca 13, Santa Cruz 12, Oruro 11, Beni 8 y por último Tarija, con 8. Según Vargas, todas las demandas serán atendidas para que puedan afrontar el proceso, si fuera necesario, con garantías constitucionales.

Entre los beneficiados también están el exprefecto de Tarija Mario Cossío, los excívicos de Santa Cruz Branko Marinkovic y Guido Nayar y el exprefecto de Beni Ernesto Suárez, que tienen sentencias y procesos todavía abiertos.

Gracias a este comité también retornó el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, quien tiene en su contra al menos 18 procesos penales y 5 de ellos ya tienen sentencia. A la fecha no se presentó ante el Ministerio de Justicia para presentar denuncia. (01/02/2020)

Comparte y opina:

Régimen Penitenciario se sumará a proceso por la muerte de Cristofer Quispe en Chonchocoro

Juan Carlos Limpias afirmó que se está disponiendo de todo lo necesario para que la Fiscalía realice las investigaciones del hecho.

El Penal de Chonchocoro

/ 26 de octubre de 2021 / 13:41

A tiempo de comprometerse que no se encubrirá a ningún funcionario policial implicado en la muerte por torturas de Cristofer Quispe en el penal de Chonchocoro de La Paz, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció este martes que su despacho se sumará a la querella por este hecho.

“No vamos a encubrir a nadie y creo que es una muestra clara, estamos poniendo absolutamente todo a disposición del Ministerio Público para que los que han estado implicados sean sancionados como corresponde. Es más, hemos anunciado que nos vamos a sumar al proceso, al igual que la dirección Nacional de Seguridad, el Defensor del Pueblo y el Sepret (Servicio de Prevención de la Tortura)”, informó Limpias en entrevista con La Razón Radio.

Sostuvo que se trata de una cadena de instituciones que demandan una “sanción ejemplarizadora” para los responsables de este hecho. “Lo que ha pasado con este privado de libertad, más allá de la situación del delito, son temas que tocan la sensibilidad de la administración penitenciaria de estas instituciones y sobre todo de la opinión pública”.

Aunque la autoridad evitó dar datos sobre las circunstancias de la muerte de Cristofer, quien apareció muerto y con signos de tortura en su cuerpo el domingo 17 de octubre, afirmó que se deja en manos del Ministerio Público la investigación y la acusación de los implicados.
“No queremos entorpecer las investigaciones, sería irresponsable de mi parte dar información que está en manos de la Fiscalía”.

Los familiares de Cristofer denunciaron que el interno sufrió torturas por parte de efectivos policiales de Chonchocoro con anterioridad y que estas se intensificaron tres días antes de su deceso.

El lunes, la Fiscalía informó que el teniente de Policía Wilson P. fue aprehendido por estar supuestamente involucrado en la muerte de Cristofer. El fiscal Ruddy Terrazas explicó que, por testimonios recolectados y registros al lugar del hecho, existen indicios de que el efectivo policial “tuviera una participación de autoría”.

El viernes, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que el gobernador, el jefe de seguridad y dos efectivos de seguridad interna de Chonchocoro fueron cambiados para evitar su injerencia en las investigaciones.

Limpias también se refirió al bus en desuso donde su puestamente se aplicaban torturas. Admitió que allí se hacía la “contención” de reclusos de alto riesgo, aunque negó antecedentes de denuncias sobre torturas realizadas al interior de este motorizado.

Comparte y opina:

Régimen Penitenciario justifica operativo de traslado de Yassir Molina a penal de Oruro

“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca”, afirmó Juan Carlos Limpias.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en una entrevista con La Razón Radio.

/ 26 de octubre de 2021 / 13:32

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este martes que el operativo de traslado del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, del penal de Cantumarca, en Potosí, al de San Pedro, en Oruro, tenía el objetivo de garantizar y preservar su vida.
“Nos han hablado de que se ha montado un operativo grande, no es así. Nosotros creemos que, si se estaba yendo a la ciudad de Oruro, tenemos que precautelar su integridad (física), qué pasa si yo lo llevo con dos policías para entregarlo con la orden judicial y pasa alguna turba, lo quiere maltratar o algo, la responsabilidad recae sobre nosotros”, explicó en La Razón Radio.
El ingreso de Molina al penal de Oruro se realizó la madrugada del lunes, en medio de un fuerte contingente policial. Un grupo reducido de mujeres se encontraba en las cercanías con pedidos de libertad para el acusado.
Limpias agregó que los antecedentes que se están generando por la presencia de Molina en los centros penitenciarios dan lugar a que se trataría de un privado de libertad con características “de alta peligrosidad”.
“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca. Los mismos privados de libertad han afirmado que Cantumarca es tranquilo, productivo, y no quieren tener este tipo de elementos, por eso la manifestación que realizaron. Esperemos que ese comportamiento vaya a ser cambiado en el centro penitenciario de San Pedro de Oruro”.
El cambio de prisión se debió a un motín de los reclusos de Cantumarca, en Potosí, donde se acusó a Molina de conformar grupos de poder con el fin de extorsionar a la población carcelaria.
En septiembre, los privados de libertad de San Roque, en Chuquisaca, hicieron lo mismo, por lo que el cabecilla del grupo fue llevado a Cantumarca.
La RJC participó en al menos nueve hechos de violencia y hostigamiento, según las investigaciones que desarrolló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en la crisis poselectoral de 2019.
Molina y otros integrantes de la Resistencia enfrentan procesos, uno de ellos por destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado cuando protagonizaron una revuelta exigiendo la renuncia del titular, Juan Lanchipa, en octubre del año pasado.
La Embajada de Estados Unidos pidió al Gobierno boliviano el desmantelamiento de grupos como la RJC, a los cuales el informe del GIEI catalogó como paraestatales o parapoliciales, luego de las denuncias de acoso por parte de activistas estadounidenses en derechos humanos.

Comparte y opina:

Puerto de Ilo y río Mauri, temas estratégicos en el VI Gabinete Ministerial Bolivia-Perú

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, aseguró que ese encuentro será guiado por cuatreo ejes temáticos.

El vicecanciller Freddy Mamani, en La Razón. Foto: Rodwy Cazón

/ 26 de octubre de 2021 / 13:13

En el marco del VI Gabinete Biministerial Bolivia-Perú, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, anunció este martes que entre los temas estratégicos que serán tratados en dicho encuentro están el uso del puerto de Ilo y el desvío de aguas del río Mauri.
“Uno de los temas estratégicos es el puerto de Ilo”, afirmó la autoridad en una entrevista con La Razón Radio y aclaró que en el tema de desvío de aguas del río Mauri, “hay avances significativos” para encontrar una solución.
El VI Gabinete Biministerial, que se desarrollará el 29 y 30 de octubre en La Paz, abordará además el tema del contrabando que afecta a ambos países, pero sobre todo a Bolivia por la internación de productos alimenticios.
En esta versión de la reunión entre ambos países se trabajarán cuatro ejes temáticos: medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional, e infraestructura para la integración y el desarrollo.
Desde su primera versión, que se realizó en junio de 2015 en la Isla de Estévez, en Perú, ambos países definen acciones en beneficio de ambos países.
El segundo encuentro entre ambos países ocurrió en 2016 en Sucre, Bolivia. La tercera reunión se dio en 2017 en Lima, Perú, mientras que la cuarta versión se realizó en Cobija, Bolivia. Ante las restricciones por la pandemia generada por el COVID-19, la última vez que se realizó esa reunión fue en junio de 2019 en la ciudad de Ilo, Perú.

Comparte y opina:

Se instala el diálogo entre el Gobierno y las víctimas de las masacres de 2019

David Inca, antes de ingresar al encuentro, dijo que el diálogo será por “tiempo y materia”.

El comienzo del diálogo. Foto: Álvaro Valero-La Razón.

/ 26 de octubre de 2021 / 12:24

Una comisión de las autoridades del Gobierno y los marchistas de las organizaciones que agrupan a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata instalaron pasado el mediodía de este martes una mesa de diálogo en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ubicada en El Prado de la ciudad de La Paz.

David Inca, activista de derechos humanos de El Alto que participó de la marcha y que apoya de manera permanente a las víctimas de 2019, anticipó que el diálogo será por “tiempo y materia”.

“No vamos a salir del ambiente, nos vamos a quedar ahí, no habrán cuartos intermedios y se tiene que dilucidar todos los puntos (de nuestro pliego petitorio) y también todas las personas van a participar, todas las que han marchado”, dijo Inca en un breve contacto con La Razón.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que lidera la comisión del Gobierno, afirmó que no es la primera vez que las autoridades se reúnen con las víctimas de 2019. 

“Hay distintos grupos de víctimas y nosotros como Gobierno hemos sostenido varias reuniones (…), hemos estado varias veces con ellos y avanzando en todo el tratamiento integral que tiene como base la (demanda de) justicia, como lo han expresado nuestros hermanos”, sostuvo Prada.

En ese sentido, la ministra aseguró que ya se avanzó en varios puntos, como una “ayuda humanitaria” económica, la devolución de gastos médicos y otros temas.

“Ahora, ante la (nueva) solicitud de los hermanos, estamos nuevamente aquí y por supuesto estaremos siempre las veces que sean necesarias”, enfatizó.

La marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez,  partió el 19 de octubre desde la localidad de Cararollo, departamento de Oruro, e ingresó el lunes al centro de la ciudad de La Paz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Permanece vigilia de víctimas y familiares de masacres 2019, hay acuerdo para dialogar

El diálogo se instalará este martes. En la vigilia se aceptó que mujeres y personas de la tercera edad acepten propuesta del Gobierno de descansar en un hotel

La vigilia de personas en la calle Socabaya. Foto: Álvaro Valero

/ 25 de octubre de 2021 / 22:42

Parte de los familiares y víctimas de las masacres de 2019 decidieron permanecer en vigilia en plena calle a la espera de la instalación del diálogo la mañana de este martes con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, mientras que mujeres y personas de la tercera edad fueron a pasar la noche a un hotel ofrecido por el Gobierno.

Decenas de personas que marcharon desde Caracollo instalaron una vigilia frente a efectivos policiales que les impidieron llegar hasta las puertas de la Casa Grande del Pueblo. Cubiertos con algunas frazadas y sobre cartones varios de ellos se acomodaron en las aceras de las calles aledañas al centro del poder político.

Mientras que mujeres y personas de la tercera edad se trasladaron al hotel de la Central Obrera Boliviana (COB) a pasar la noche, atendiendo la propuesta del vocero presidencial Jorge Richter, quien acudió hasta el lugar para confirmar que Prada y su persona estarán en el diálogo de este martes.

David Inca, representa de los familiares y víctimas, informó que acudirá al diálogo sobre la base de un pliego que, principalmente, exige justicia. Aún no se definió el lugar de la cita.

Su pliego petitorio a la administración de Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Jeanine Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

En la vigilia se rechazó en horas de la tarde que personeros de los ministerios de Gobierno y de Justicia participen de las negociaciones, como lo había oficializado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboró un informe sobre la crisis de 2019 y calificó de masacres los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Senkata, donde murieron unas 20 personas y resultaron heridas decenas de personas por impactos de bala.

Militares y policías intervinieron la marcha y protesta de afines a Evo Morales, que había renunciado días antes y que rechazaba al gobierno de Áñez, con saldos trágicos.

Comparte y opina:

Últimas Noticias