El Ministerio de Justicia recibió 361 denuncias de “persecuciones políticas” contra el gobierno de Evo Morales, en las que se identifica a 636 “víctimas”. Según el informe oficial, La Paz recibió 191 denuncias, el 53% del total.
El Comité Interinstitucional de Defensa a Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos “Justicia y Paz” recibió las demandas, un trabajo que empezó el 12 de diciembre y se amplió por 90 días, por las supuestas vulneraciones de los derechos humanos y garantías que habrían sufrido exautoridades y políticos.
El objetivo es el estudio de casos de “perseguidos y exiliados políticos” de manera injusta en los 14 años de gestión de Evo Morales, para que retornen a territorio nacional a asumir su defensa legal, aseguró el viceministro de Justicia y Derechos, Huberth Vargas.
El 4 de diciembre de 2019, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, emitió la norma para la creación de esta entidad y advirtió que “no es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad”.
El diputado Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS), criticó la creación del comité y aseguró que durante el gobierno de Morales no hubo ninguna persecución política, ni judicial. “Esta norma (de creación) es solamente para que regresen los que cometieron verdaderos delitos, para que estén en la impunidad”.
- Branko Marinkovic llegando a Bolivia.
Vargas detalló que se registraron 361 denuncias que involucran a 636 personas declaradas “exiliadas y perseguidas políticas”. De esta cifra, 191 fueron reportadas en La Paz. Uno de los casos es del dirigente cívico de Achacachi Elsner Larrazábal, quien regresó al país el 8 de diciembre reciente, tras permanecer en Perú desde hace dos años, tras un conflicto en contra del alcalde de esa región, que pertenecía a filas del MAS.
Al retornar, pidió que se absuelva a 50 personas que también escaparon del país ante los procesos penales que fueron impulsados por el anterior mandato. “Estamos para aplaudir el logro conseguido por el actual Gobierno y vamos a contribuir a este proceso de pacificación”, dijo Larrazábal.
Otro caso es el relacionado al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, quien salió de prisión luego de permanecer un año en la cárcel de San Pedro, acusado por la muerte de un policía en La Asunta, Sud Yungas, tras un enfrentamiento entre cocaleros y policías por la erradicación de cocales ilegales.
Entre otras denuncias en La Paz está la del exalcalde paceño Juan del Granado, por una presunta “persecución política”.
Vargas dio cuenta que el segundo departamento que recibió más casos es Pando, que anotó 55. El caso más llamativo y que involucra a más personas es por la denominada “masacre de Porvenir”, en el que murieron 13 personas, en septiembre de 2008, por el cual se encarceló seis años al exprefecto Leopoldo Fernández y a otros cinco opositores al MAS.
- El cívico Elsner Larrazábal durante la crisis en Achacachi en 2017. Foto: Archivo
Fernández fue absuelto del caso, pese a que ya tiene una sentencia. Tras este hecho decenas de ciudadanos de Cobija se autoexiliaron a Brasil, pero luego de la renuncia de Morales retornaron al país y presentaron su denuncia.
El reporte del Viceministerio de Justicia revela que el tercer departamento con más denuncias es Cochabamba, con 43. Entre los casos polémicos esta el de Zacarías Jaita, exalcalde de Quillacollo, quien denunció ser “perseguido judicialmente” por el MAS. Asimismo está el alcalde suspendido de Cochabamba José María Leyes, quien fue procesado y encarcelado.
El comité dio a conocer que Potosí tiene 21 demandas, Chuquisaca 13, Santa Cruz 12, Oruro 11, Beni 8 y por último Tarija, con 8. Según Vargas, todas las demandas serán atendidas para que puedan afrontar el proceso, si fuera necesario, con garantías constitucionales.
Entre los beneficiados también están el exprefecto de Tarija Mario Cossío, los excívicos de Santa Cruz Branko Marinkovic y Guido Nayar y el exprefecto de Beni Ernesto Suárez, que tienen sentencias y procesos todavía abiertos.
Gracias a este comité también retornó el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, quien tiene en su contra al menos 18 procesos penales y 5 de ellos ya tienen sentencia. A la fecha no se presentó ante el Ministerio de Justicia para presentar denuncia. (01/02/2020)