A la 01.00 del sábado 1 de febrero fue emitida la orden de aprehensión contra el exministro César Navarro y el viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, pero con fecha 28 de enero.
Lo hizo el fiscal Samuel Lima, según reveló este jueves el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien pidió por ello la suspensión de esta autoridad judicial, al igual que la del fiscal de distrito, Williamas Alave.
Los salvoconductos para ambas exautoridades fueron entregados el jueves 30 de enero, lo que se hizo público en distintos medios de circulación nacional, pero la madrugada del sábado 1 de febrero policías detuvieron a las exautoridades en un cuestionado incidente. De acuerdo a Murillo, lo hicieron con base en esa orden de aprehensión emitida el mismo día, pero con fecha anterior a la entrega de salvoconductos.
“En fecha 31 de enero se toma conocimiento que el señor César Navarro tendría previsto fugar del país por lo que el suscrito (…) a la 01.00 a. m. del 1 de febrero se procedió a recoger la orden de aprehensión emitida por el fiscal Samuel Lima Carvajal. ¿Qué quiere decir eso? Que Lima, quien en el caso (Marcelo) Hurtado estuvo bailando y no estuvo para fundamentar en su trabajo, estuvo en este caso para emitir una orden el 1 de febrero, con fecha del 28 de enero”, denunció el ministro, para luego dar lectura a un informe que presentó a sus superiores el uniformado a cargo del caso, donde se detectan las irragularidades.
“Claramente vemos que aquí los fiscales y jueces han sido puestos por el anterior Gobierno y buscan perjudicar investigaciones de casos de corrupción y narcotráfico”, concluyó.
Recordó que hace unas semanas firmó un convenio con el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para que todas las órdenes de aprehensión se suban a un sistema informático, para que tanto la Policía y el Ministerio tengan conocimiento de todos los actuados, lo que no ocurrió en este caso.
“No vamos a permitir que la seguridad del Estado se ponga en duda ni en peligro, a mí no me importa que traten de dañar mi nombre, pero le han hecho un daño al país al sacar una orden de apremio cuando había un salvoconducto y esto está orquestado por manos negras que están buscando desestabilizar al Gobierno”, sentenció.
En ese marco, la autoridad pidió públicamente al fiscal general, Juan Lanchipa, que suspenda e investigue a Lima y al fiscal departamental de La Paz, William Alave, por ser el directo responsable de las acciones que se toman en todos los procesos que se siguen.
“Como Ministro de Gobierno yo no me siento satisfecho por el trabajo que está haciendo el Ministerio Público en la ciudad de La Paz, en muchos lugares estamos intentando coordinar, no hay duda que hay lunares azules en todo lado”, apostilló.
Murillo dijo que Lanchipa fue elegido en la Asamblea Legislativa y que, por lo tanto, se debe al país, por lo que “debe limpiar su nombre” e ir limpiando las diferentes fiscalías departamentales para sacar a los malos elementos. (06-02-20)