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viernes 22 oct 2021 | Actualizado a 18:12

España justifica el uso de agentes ‘encapuchados’ en la residencia mexicana

Los cuatro agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), brazo especializado de alta gama de la Policía Nacional de España, estaban siendo hostigados y filmados, razón por la cual decidieron resguardar su identidad, argumentó el Gobierno español.

Uno de los escoltas del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de la Policía de España Foto: RRSS

/ 19 de febrero de 2020 / 15:02

Entre los detalles que cuenta el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el incidente del 27 de diciembre en la residencia de la Embajada de México en La Paz en el que estuvieron involucrados dos de sus diplomáticos y cuatro policías, dice que éstos se cubrieron el rostro por seguridad de su identidad.

Así informó el diario español El País, que recogió la respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Señala que los cuatro agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), brazo especializado en operaciones de alta gama de la Policía Nacional de España, estaban siendo hostigados y filmados, razón por la cual decidieron resguardar su identidad con una prenda tipo pasamontañas (braga táctica).

Cita el diario que al continuar el hostigamiento mientras los policías extranjeros abandonaban la residencia de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, "un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia les persiguió embistiéndolos varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo y regresar a la sede de nuestra embajada".

Entonces, a sugerencia del delegado de la Unión Europea (UE) en Bolivia, el español León de la Torre, varias legaciones decidieron visitar de “cortesía” la residencia de Mercado en la zona La Rinconada de La Paz, con el objetivo de bajar las tensiones que en ese momento protagonizaban Bolivia y México por el asilo otorgado por este último país a los dimisionarios Evo Morales, Álvaro García y nueve colaboradores del gobierno anterior.

El 27 de diciembre, la encargada de Negocios de la Embajada de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, acudieron a la residencia de Mercado acompañados de los cuatro agentes del GEO. La visita terminó en un incidente, cuando al influjo de un grupo de personas que resguarda la vivienda, la Policía Bolivia interceptó a los cuatro efectivos españoles, quienes, para evitar ser detenidos, huyeron raudamente del lugar en vehículos con registro diplomático.

El País señala que el hecho motivó la preocupación de la diplomática española, que tuvo que informar "inmediatamente del incidente" al Secretario de Estado y al Director General de Iberoamérica y a la Subdirectora General para Países Andinos, que intentaron contactarse con la Cancillería de Bolivia. El caso incluso llegó a la ministra española de Defensa, Margarita Robles.

La canciller boliviana Karen Longaric atendió la llamada “aproximadamente un hora después” y dispuso de un vehículo para el retiro de Borreguero y Fernández de la residencia de Mercado.

Días después, el 30 de diciembre, la autoridad boliviana comunicó la declaratoria de personas no gratas a Mercado, Borreguero, Fernández y los cuatro policías del GEO, a quienes les pidió abandonar el país en un plazo de 72 horas. “En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia", el gobierno de Pedro Sánchez decidió también expulsar al encargado de Negocios de Bolivia en Madrid, Luis Quispe Condori; a los agregados militar, Marcelo Vargas Barral, y policial, Orso Fernando Oblitas Siles.

En el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores España acusó a su par de Bolivia de haber puesto en riesgo la seguridad de su personal y concluyó que la presencia de los cuatro agentes policiales no tenía la intención de rescatar a nueve colaboradores de Morales asilados en la residencia mexicana.

Bolivia aún no expresó una posición respecto del informe español, pero fuentes vinculadas al gobierno de Áñez adelantaron que las conclusiones del ministerio español de Relaciones Exteriores respecto del caso son mentirosas. Longaric todavía se encuentra de viaje en el exterior.

En la Embajada de México en La Paz se encuentran asilados los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, además del exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna, entre otros. El exministro César Navarro y el exviceministro Damián Dorado abandonaron la residencia haciendo uso del salvoconducto que les había otorgado la Cancillería, recurso que fue violentado cuando al salir del edificio fueron detenidos por efectivos policiales y funcionarios del Ministerio Público.

Desde el 30 de diciembre, el día del anuncio de la expulsión de diplomáticas de España y México, las relaciones de Bolivia con estos Estados están en suspenso. (19/02/2020)

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Revocan decisión de la juez Lima y la Fiscalía retoma investigación a hermanas de Doria Medina

La Justicia revocó la decisión de la juez Melina Lima de extinguir la causa que se seguía a las hermanas del político y empresario Samuel Doria Medina

En septiembre, María Lourdes Doria Medina fue aprehendida en Santa Cruz cuando se aprestaba a viajar a España por cuestiones de salud. Fue trasladada a La Paz y luego de unas horas fue liberada.

/ 22 de octubre de 2021 / 17:19

La Fiscalía reabrió el caso de las hermanas del empresario y políticos Samuel Doria Medina por su vinculación a la empresa offshore Akapana SA., luego que la Justicia anulara la decisión de la juez Melina Lima de extinguir la causa, informó el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave.

“Han sido revocadas las dos resoluciones que ha emito la juez Lima y han considerado los vocales que no deba cerrarse estos casos, por consiguiente esas investigaciones van a continuar”, explicó y cuestionó que la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) defienda a Lima.

Lima, jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, fue aprehendida el jueves por haber cerrado el caso de las hermanas de Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Fue acusada por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Lee también: Aprehenden a la jueza que extinguió la causa contra las hermanas de Doria Medina

La Amalap se declaró en emergencia por la aprehensión y proceso contra la jueza Melina Lima por haber cerrado el caso contra las hermanas de Doria Medina. El Viceministerio de Transparencia apeló esa decisión y la Justicia reabrió la causa judicial.

Lee también: La Fiscalía deja en libertad a la hermana del político y empresario Samuel Doria Medina

Alave sugirió a los jueces leer los argumentos con los cuales Lima pretendió cerrar el caso por la empresa offshore Akapana SA y les recordó que por Constitución no prescriben aquellos delitos que afecten los intereses del Estado y que haya cometido un funcionario público.

Según una investigación legislativa, Doria Medina vendió en 2005 a sus hermanas Silvia y Susana acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), quienes a su vez la venden, en el mismo día de la transacción, a la cementera mexicana Chihuahua, a través de la empresa offshore Akapana SA.

El 9 de septiembre fue detenida María Lourdes Doria Medina y puesta en libertad después de que prestó sus declaraciones en la Fiscalía dentro de un proceso abierto por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Se la detuvo en el aeropuerto de Viru Viru y se la trasladó a La Paz.

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Héctor Arce dice que su ‘cruzada’ en la OEA solo busca la verdad y no es contra nadie

“Algunas instancias de la Organización han transgredido límites impasables; las cosas en definitiva no están bien (…) y no pueden seguir así”, remarcó el Embajador.

El embajador Héctor Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de octubre de 2021 / 17:00

Durante su intervención en el evento que organizó en Washington con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, el embajador del país ante la OEA, Héctor Arce, aseguró que su “cruzada” solo busca la verdad y no es contra nadie.

“Nuestra cruzada no es por nada más ni nada menos que una cruzada por la verdad, no es en contra de nadie ni busca otro fin que el definitivo esclarecimiento de los hechos por el bien de Bolivia, pero también por el bien de todos los países miembros de la Organización que jamás deben estar expuestos a una situación como la que nosotros vivimos”, dijo.

La representación boliviana, con el apoyo de México y Argentina, propició un evento, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, en el Salón de las Américas de la OEA en Washington, Estados Unidos, con la participación de distintos embajadores y académicos.

En el evento, Arce reiteró que otros estudios establecieron que “nunca hubo manipulación dolosa” de las elecciones en Bolivia, como estableció la Secretaría General de la OEA en su cuestionada auditoría, que incluso provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta ocasionar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

“Es más, jamás hubo prueba alguna ni siquiera el menor indicio de que en las elecciones haya habido manipulación alguna; también se descubrió (en esos estudios) que los parámetros de auditoría utilizados no corresponden en lo más mínimo a los estándares internacionales que deben seguirse y que incluso las muestras, que se dice fueron utilizadas, no cumplen el mínimo estándar para una labor forense”, sostuvo.

Agregó que las investigaciones descubrieron que se cometieron “errores graves y confesos que alteraron severamente la labor de la auditoría, y concluyeron que un trabajo así ni siquiera puede ser calificado como una auditoría forense”.

Por tanto, “con lo ocurrido en Bolivia el año 2019, (…) algunas instancias de la Organización han transgredido límites impasables y de verdad que lamentamos muchísimo su ausencia en este espacio; lamentamos que no hayan venido aquí de frente a defender sus postulados”, afirmó.

También puede leer: Secretaría de la OEA ve justas de 2019 como ‘tema cerrado’ y descarta invitación de Arce.

Además, dijo que ante una próxima Asamblea General de la OEA, por todo lo que está ocurriendo en la región y en el mundo entero, “debemos tomar conciencia de que las cosas en definitiva no están bien dentro de la Organización y que no pueden seguir así”.

“No podemos mirar para un lado como si nada existiera y no podemos negar la realidad que está frente a nosotros. En ese entendido, este evento, sencillo, simple, personal y virtual, (solo) busca informar, busca transparentar y busca en definitiva la verdad”, insistió.

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Cox anuncia sanción a los responsables del fallecimiento de un reo en Chonchocoro

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, condenó la participación de algunos policías en este “innoble” hecho.

El viceministro Nelson Cox

/ 22 de octubre de 2021 / 13:43

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, anunció este viernes que se realizarán investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones por la muerte de Christopher Condori en el penal de Chonchocoro de La Paz.

“(Expresamos nuestra) total predisposición para que se esclarezca esto, total predisposición para que no solamente ingrese la Defensoría del Pueblo, sino los servicios de prevención contra la tortura haga su trabajo (…). Se tiene que sancionar a los responsables”, aseguró el funcionario en un contacto con RTP.

Además, condenó la participación de algunos policías en ese hecho. “No vamos a permitir que ese tipo de actos sean normales en las cárceles; no vamos a permitir que algunos efectivos policiales usen el uniforme para fines innobles”, advirtió.

El 18 de octubre, Condori fue hallado sin vida en su celda del penal de Conchocoro, en La Paz. Las investigaciones preliminares dan cuenta que el fallecido presentaba varias contusiones en su cuerpo, además de 13 costillas fracturadas y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), que presuntamente ocasionaron su deceso.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, calificó de “vejámenes y torturas” lo ocurrido con el privado de libertad, quien debía dejar ese recinto penitenciario el 20 de octubre.

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Evento en Washington que rebate la auditoría de la OEA causa protestas a favor y en contra

Un grupo aseguró que hubo “golpe de Estado” en 2019 y otro, que existió “fraude electoral”.

Las protestas en Washington. Fotos: RRSS.

/ 22 de octubre de 2021 / 13:42

Un evento en Washington, Estados Unidos, organizado por el embajador boliviano Héctor Arce con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, generó este viernes protestas a favor y en contra.

El encuentro, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, se realizó en el Salón de las Américas de la OEA en Washington con la participación de distintos embajadores y académicos, y afuera del edificio se concentraron varias personas.

Un grupo de personas llegó al lugar con banderas de la tricolor y de la wiphala, además de carteles en los que se exigía justicia por los muertos en las masacres de Sacaba y Senkata y también se aseguraba que hubo “golpe de Estado” en Bolivia durante la crisis de 2019.

Asimismo, este grupo protestó con carteles en contra de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que impulsó una cuestionada auditoría a las elecciones anuladas en Bolivia y que estableció que hubo una “manipulación dolosa” de los votos, lo cual provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta provocar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

Mientras otro grupo de manifestantes se concentró afuera del evento con banderas de la tricolor y de la flor del patujú.

Según videos difundidos en distintas plataformas digitales, este segundo grupo también entonó el Himno Nacional y en sus carteles escribió que “en Bolivia no hubo golpe de Estado”, sino “fraude”.

Además, condenó la supuesta persecución política a opositores y exigió la abrogación de un paquete de leyes impulsado por el gobierno de Luis Arce.

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Diputado Pedrazas dice que el Gobierno no tiene voluntad de desmantelar ‘grupos irregulares’

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) aseguró que el Gobierno aplica una “persecución selectiva” a los grupos y personas que son contrarios a la administración de Luis Arce.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, en una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta, de la Razón.

Por Mauricio Diaz

/ 22 de octubre de 2021 / 13:34

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó este viernes que el gobierno de Luis Arce no tiene voluntad para desmantelar organizaciones como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) por su participación en los conflictos poselectorales de 2019.

“No hay una voluntad por parte del Gobierno para desarticular estos grupos; (…) en lugar de desarticular este tipo de grupos irregulares los denuncia, pero después no hay una respuesta objetiva”, aseguró el legislador en una entrevista con La Razón Radio.

Las declaraciones suceden la alerta de la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, quien, en carta dirigida al viceministro Nelson Cox, alertó de “grupos paraestatales violentos” que amenazan a activistas de derechos humanos de su país, por los que demandó del Gobierno su “desmantelamiento”.

“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, denunció Phillips en esa carta.

Además, el abogado estadounidense Thomas Becker, que patrocinó a las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003, denunció también que es objetivo de amenazas incluso de muerte en La Paz y Cochabamba.

Pedrazas recordó que en la crisis de 2019 también actuaron grupos violentos que atacaron propiedades privadas y a los buses PumaKatari, en La Paz.

Denunció además que existe una “persecución selectiva” a los grupos y personas que son contrarios a la administración de Luis Arce. “Hay una fijación respecto a quienes son contrarios al Gobierno y hay todo un riguroso peso de la ley que cae sobre ellos”, afirmó el diputado opositor.

En agosto de este año, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe que establece que en el gobierno de Evo Morales y la gestión de la ahora detenida Jeanine Áñez hubo vulneración de derechos humanos, por lo que, en la visión del diputado, “el Gobierno debería tomar una posición intermedia y no parcializarse” con un solo grupo.

Calificó de “exabruptos” las acciones de esas organizaciones que, en su criterio, actuaron en repudio de un “fraude electoral”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a sus funciones asfixiado por protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, además de un motín policial y una sugerencia militar sobre su dimisión.

Dos días después, la entonces senadora Áñez se declaró presidenta de esa Cámara de Senadores y posteriormente presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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