Para el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, la reciente preocupación planteada por alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, sobre las detenciones de exautoridades gubernamentales, son parte de un “ataque” a Bolivia y su democracia.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su desacuerdo con las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque se alejan de la realidad que vivió y vive el pueblo boliviano”, reseña parte del comunicado publicado por la cartera del Estado al mediodía de este viernes.
En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet expresó su preocupación por las “decenas” de exfuncionarios y personas relacionadas con el expresidente Evo Morales que “ahora son perseguidas” en Bolivia.
En el caso de Bolivia, la chilena informó que envió una misión para apoyar los esfuerzos de la ONU por superar la actual crisis política y social derivada de las anuladas elecciones generales del 20 de octubre y de la renuncia de Morales a la Presidencia del país, el 10 de noviembre de 2019.
“La crisis post electoral del año pasado causó al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos durante los operativos policíacos y militares”, apuntó, según una nota de prensa de la ONU.
A la Cancillería de Bolivia le “llama la atención la subjetividad del Informe” que “refleja apreciaciones erróneas sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia”.
En ese marco, aseguró que el gobierno de Áñez “está comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos, aspecto que no fue destacado por la Alta Comisionada”.
Así, fustigó la postura de la titular del organismo internacional de derechos humanos. “No aceptamos ese ataque contra Bolivia, porque representa también un ataque contra la democracia por la que el pueblo se ha manifestado”, se lee en comunicado.
El documento señala que Bolivia impulsará una investigación “amplia y profunda” sobre todas las violaciones a los Derechos Humanos “que abarcará no solamente hechos recientes, sino los hechos ocurridos durante los últimos 14 años” y que se consignan en tribunales y organizaciones de derechos humanos, “las que incluyen casos extremos como ejecuciones extrajudiciales”.
El Gobierno aseguró que Bolivia “merece una investigación transparente sobre los ataques que se cometieron contra los derechos humanos y la democracia” y, en ese marco, consideró importante crear una comisión de la verdad.
Para investigar los violentos hechos de octubre y noviembre de 2019 y otros sucesos similares, Palacio Quemado reveló que en las “próximas semanas” anunciará junto con representantes de la sociedad civil “la puesta en marcha de la comisión de la verdad”.
“Bolivia impulsará una Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad que debe ser conformada por bolivianos independientes, bolivianos con capacidad técnica en investigación sobre derechos humanos y que debe ser integrada, también, por observadores internacionales imparciales que respeten la soberanía de Bolivia y que no atenten contra la democracia y la libertad”, finaliza el documento. (28/02/2020)