El expresidente Evo Morales insistió en que lo metan preso por el caso hotel Las Américas. Pero afirmó que en aquella ocasión se defendió a la patria, ya que, considera, había una amenaza separatista. Ahora en su criterio, el separatismo retorna de forma encubierta y acompañado del latifundismo.

“Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”, afirmó en su cuenta de X, como lo dijo el domingo en radio Kawsachun Coca.

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Hotel Las Américas

El 16 de abril de 2009, la Policía Boliviana intervino el hotel Las Américas, en Santa Cruz, bajo el justificativo de que en el lugar se encontraba una ‘célula terrorista’ que tenía objetivos separatistas. Además, Morales denunciaría que buscaban asesinarlo a él y a su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Debido a que los presentes estaban armados, se inició un tiroteo con la Policía. Finalmente, el operativo terminó con el saldo de tres fallecidos y dos detenidos. Fueron abatidos el croata-húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa, quien estaba a cargo de la ‘banda’; el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

Los dos detenidos fueron el boliviano-croata Mario Tadic y Elöd Tóásó, de nacionalidad húngara. En febrero de 2015, se los condenó a cinco años de prisión en un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad.

De acusados a acusadores

Precisamente, Tadic y Tóásó anunciaron la apertura de un nuevo juicio, esta vez contra quienes ordenaron la intervención, que, en su criterio, terminó con torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pasaron de ser acusados a acusadores.

“Ahora, los agresores a nuestra integridad territorial, los que querían dividir Bolivia, pretenden aparecer como víctimas; y, además, son ‘premiados’ con decenas de miles de hectáreas. El pueblo boliviano no luchó tanto para que se encubra el separatismo y se retorne al latifundio”, denunció Morales.

Marinkovic

El lunes se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a favor de la familia de Branko Marinkovic, ministro de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020).

Con ese fallo, se le reconoce de manera legal la posesión de poco más de 34.000 hectáreas a la familia Marinkovic, en los predios de Laguna Corazón y de Tierras Bajas del Norte (Santa Cruz).

Marinkovic fue investigado cuando se abrió el caso por terrorismo. Junto a Ruben Costas, exgobernador de Santa Cruz, fueron vinculados con la ‘banda terrorista’ como principales proveedores y financiadores.

Sin embargo, el 20 de septiembre, durante el gobierno de Añez, la Fiscalía cerró el caso. Se había vinculado a importantes figuras del escenario político y económico cruceño.

Morales, además, recordó el domingo que él no estaba en el país cuando el operativo se llevó a cabo, sino que García Linera fungía como presidente en ejercicio. Sin embargo, a su llegada a Venezuela, afirmó que él dio la orden para ejecutar la intervención del hotel.

El procurador general del Estado, César Siles, develó que la familia de Michael Dwyer, abatido en la toma del hotel Las Américas en 2009, demanda al Estado de Bolivia una indemnización de $us 3 millones, que considera un monto “demasiado alto”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Siles aseguró que entre las recomendaciones de la CIDH está la reparación económica a los afectados, pero no establece un monto específico. Por ello, la familia de Dwayer pidió $us 3 millones a Bolivia. “Creemos que es reparación es demasiado alta”.

Recordó que, por ejemplo, en el caso del asesinato de Juan Carlos Flores Bedregal, desaparecido forzadamente durante la dictadura de Luis García Meza en 1980, la CIDH falló en contra de Bolivia e instruyó una reparación de $us 450.000.

“No condice $us 450.000 contra $us 3 millones”, aclaró Siles respecto de la demanda de la familia Dwyer.

Anunció que el Estado boliviano solicitará la asesoría de la CIDH para establecer un resarcimiento dentro de los parámetros normales. “Somos consecuentes con la CIDH y estamos informado lo que pasa con los casos”.

Asimismo, Siles confirmó que el caso Terrorismo fue reactivado en Santa Cruz contra los autores que ejecutaron el plan, entre ellos, Morales, quien ya adelantó que no se presentará al jucio y desafió ser arrestado. Además, adelantó que el día de la ejecución del plan, el exvicepresidente Álvaro García Linera se encontraba como presidente en ejercicio.

“El estado procesal es que, vía resolución, en marzo de 2023, la investigación fue reabierta. La fiscalía está en pesquisas”, añadió Siles.

En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, los casos Terrorismo I y II fueron cerrados por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.

La exautoridad, ahora presa en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, argumentó que retiró la denuncia a modo de “regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride.

Al ser consultado sobre las razones del cierre de los casos Terrorismo I y II, Siles afirmó que las motivaciones fueron políticas. “El exministro retiró los dos casos, ante ello, las otras partes también lo hicieron”.

Por ello, anunció que es posible plantear una «revisión extraordinaria» de las sentencias que en 2020 cerraron los casos, debido a las excusas del Ministerio de Gobierno.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que ese órgano legislativo trabaja en los proyectos de ley referidos a créditos internacionales y estimó que esta semana se los tratará el pleno camaral.

Aseguró que no tienen la intención de obstaculizar o desestabilizar al Gobierno, como denunció en los últimos días el propio presidente Luis Arce.

“No estamos obstaculizando, mucho menos estamos con la intención de sabotear o desestabilizar la gestión del Órgano Ejecutivo. Somos la instancia revisora y estamos cumpliendo nuestra función. Haremos lo correcto sin presiones (…)”, dijo en su cuenta de X.

Afirmó que, en tanto se apruebe los informes de la comisión que considera los proyectos, éstos van a ser considerados en la sesión camaral.

Proyectos

Luego de tumultuosas sesiones, el 1 de marzo, la Cámara de Diputados logró aprobar seis de siete proyectos de crédito. Tras su aprobación, se los remitió al Senado para que sean sancionados.

Sin embargo, solo dos proyectos fueron tratados: un contrato de préstamo para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní) y el contrato de préstamo para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz-Oruro, Tramo Senkata-Apacheta.

A inicios de marzo, Rodríguez argumentó que los proyectos remitidos tenían algunas irregularidades en la documentación. Sin embargo, otros senadores declararon que no se aprobaría nada mientras no se tratase los proyectos de ley 073 y 075. Esos proyectos buscan suspender los mandatos de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados este año.

Sin embargo, en el acuerdo del 2 de febrero, para viabilizar las elecciones judiciales, se establece que los proyectos de ley 073 y 075 se tratarán una vez que se hayan aprobado al menos cuatro proyectos referidos a los créditos.

A raíz de la no aprobación de los proyectos en Senadores, el Gobierno comenzó a denunciar que existía un “boicot” a la gestión del presidente Arce.

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Senado

Rodríguez respondió a las alusiones. “Ya lo manifestamos oportunamente, no es un favor al Órgano Ejecutivo, es nuestra obligación tratar los proyectos de ley que beneficien al pueblo”, afirmó.

Las declaraciones de Rodríguez coinciden con las del expresidente Evo Morales. “Solicito muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa, principalmente al Senado Nacional, aprobar las leyes que tienen que ver con los créditos internacionales, en estricto cumplimiento de sus normas y reglamentos”, escribió el 12 de abril el exmandatario.

En más de una ocasión el presidente Arce denunció que hay $us 900 millones en créditos bloqueados, de los que $us 800 millones están pendientes de aprobación en el Senado

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aseguró que el “trabajo eficiente” de los censistas voluntarios se impuso a la “mala fe” de los políticos y periodistas en el día del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo.

En entrevista con La Razón Radio, felicitó a todos los brigadistas que participaron en el Censo y trataron de entregar los mejores resultados en las boletas. Lamentó que hubo “gente malintencionada” que publicó videos de censistas borrando las boletas con el objetivo de criminalizar la acción.

“Hacían ver que borrar era una mala acción. El accionar político es muy distinto al accionar técnico”, afirmó. 

Días previos al día del Censo, los periodistas Carlos Valverde y Amalia Pando alertaron a la población con un presunto riesgo de dar los nombres a los censistas voluntarios. Ambos profesionales aseguraron que ningún país se piden los datos completos de la población.

Por ello, Arandia indicó que el principal problema que se enfrentó en la jornada censal fue la mala fe de los políticos, comunicadores y periodistas que buscaban dañar el proceso censal, incitando a la población a resistirse a ser censados y responder algunas preguntas.

Informó que el INE contabilizó 327 casos de inconvenientes de los censistas, de los cuales 130 casos fueron por falta de apertura de hogares a los brigadistas. De la totalidad, el 90% de los incidentes fue en Santa Cruz.

Contó que, por lo menos, 104 condominios no abrieron sus puertas en algunos barrios de Santa Cruz y que, por la tarde, los vecinos llamaron al INE para ser censados por los voluntarios. Indicó que efectivos militares acudieron nuevamente a los domicilios para censar a la población. “Fuimos y logramos recoger sus datos con efectivos”.

“A veces la boca es muy suelta y esto dificulta el trabajo técnico”, reclamó.

El Censo se vio afectado por la politización del proceso a través del descrédito de parte de autoridades, actores políticos y legisladores, principalmente opositores, detractores del Gobierno y del Censo.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar acudió a las oficinas del INE el pasado jueves con el objetivo de “transparentar” el proceso de los resultados del Censo. En el encuentro estuvo Arandia, el equipo técnico y la legisladora.

El titular del INE denunció que la parlamentaria ingresó a sus oficinas con abuso de su autoridad y sin respetar a las fuerzas del orden, como la Policía. Aseguró que la legisladora no hizo ni una sola pregunta técnica

“No hizo ninguna pregunta técnica, solo fueron cuestionamientos políticos y malos tratos”, lamentó.

Según Arandia, la diputada no tiene ningún accionar técnico, sino político. Aseguró que “con mucho gusto” atenderá a las preguntas en una mesa técnica. “De manera clara y contundente, como INE, no vamos a deponer a ningún cuestionamiento político. Políticos, no somos”, aclaró.

Proceso técnico

Arandia informó que las cajas censales ya están llegando a las oficinas del INE en La Paz. “Un desfile de camiones llegan con las boletas censales. Es la última de las tres fases del Censo”.

Indicó que, recibidas las cajas, se procederá a la “limpieza”, es decir, hacer que la boletas estén ordenadas y debidamente dobladas, sin material extra. Posteriormente, comenzará el “guillotinado, escaneo, procesamiento y obtención de todos los datos”.

“Todo ello se realizará en el lapso de un año”, reiteró.

El 30 de agosto se entregarán los resultados a nivel departamental y municipal. Y, en diciembre, se entregarán los resultados a nivel de circunscripciones electorales. “Vamos a emplear estándares muy altos para obtener los mejores datos”.

Anunció que se utilizarán escáneres de ultra velocidad para digitalizar los datos y se empleará un software de última generación para el reconociendo de caracteres y la optimización de imágenes.

Aseguró que los resultados finales del Censo de Población y Vivienda estarán disponibles el primer trimestre de 2005.

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El procurador general del Estado, César Siles, informó ayer que siete “supuestas víctimas” acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado es notificado por una petición de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes, Michael Dwyer (+) y Alcides Mendoza”, informó ayer en Bolivia TV.

Según explicó Siles, esas “supuestas víctimas”, como llamó, “persiguen que el Estado sea responsabilizado internacionalmente por vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales” en el caso de la intervención del hotel Las Américas en 2009.

A la primera petición ante la CIDH, del 29 de septiembre de 2009, se han sumado otras seis más, planteadas por Ronald Castedo, Juan Carlos Santiesteban, Alejandro Santiesteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.

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Estado

En criterio de Siles, la Procuraduría, como “abogado” del Estado, está “pidiendo que se acumulen (las peticiones) porque hay identidades de sujeto, objeto y causa”.

Aclaró que las sindicaciones no son contra una persona en particular, sino contra el Estado.

El caso se encuentra en “un momento procesal” de un informe de fondo que contiene cinco recomendaciones para el Estado: reparación económica, rehabilitación, satisfacción pública, investigación y modificación de currículas en la Fiscalía y la Policía.

Bolivia está en proceso de cumplimiento, afirmó Siles.

Dijo que hay riesgo de que el caso llegue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(15/04/2024)