Tres organismos de la ONU denuncian que hay persecución en Bolivia
La última en ocuparse de la situación de Bolivia, donde los procesos y detenciones contra exautoridades no cesan desde la asunción de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, fue la alta comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Aunque el Gobierno negó sistemáticamente los cuestionamientos respecto de sus acciones, en las últimas semanas tres instituciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la “persecución política” en Bolivia.
La última en ocuparse de la situación de Bolivia, donde los procesos y detenciones contra exautoridades no cesan desde la asunción de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, fue la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En un foro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el jueves, la otrora Presidenta de Chile manifestó su preocupación “por las decenas de exfuncionarios del gobierno depuesto y de personas relacionadas con éste que ahora son perseguidas”.
Horas antes de jurar como titular del Ministerio de Gobierno, el 13 de noviembre del año pasado, el otrora senador Arturo Murillo amenazó con una “cacería” contra los “sediciosos”, en cuya lista apuntó a Raúl García, hermano del expresidente Álvaro García, y al exministro Juan Ramón Quintana.
Luego de su posesión, amenazó: “Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel (…). Empiecen a correr”.
La lista de señalados, acusados, aprehendidos, encarcelados, asilados o refugiados es numerosa. Entre los asilados en la embajada de México en La Paz se encuentran el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, los exministros Quintana, Héctor Arce, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta y Hugo Moldiz, además del exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna.
Allí también se encontraban el exministro César Navarro, y el exviceministro Damián Dorado, quienes, pese a contar con un salvoconducto otorgado por la Cancillería, fueron detenidos en su intento de salir de la legación rumbo a México, donde ahora se encuentran asilados.
La última en ser aprehendida y encarcelada es la dirigente campesina Felipa Huanca, acusada por el desfalco el ex Fondo Indígena. Antes, el exministro César Cocarico fue encarcelado por la supuesta contratación irregular de un funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, también acusado en el caso.
Antes cayeron el asambleísta el exministro Carlos Romero, el asambleísta Gustavo Torrico, la jefa de gabinete de Morales, Patricia Morales, señalada como cómplice el expresidente en el caso de terrorismo y sedición, además de un funcionario del Ministerio de Gobierno.
También guarda asilo en la embajada de México el exministro Wilfredo Chávez, quien fue acusado de cómplice al tramitar la candidatura de Morales en su condición de representante del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sobre las declaraciones de Bachelet, la Cancillería de Bolivia consideró que se trata de un “ataque” a Bolivia y expresó “su desacuerdo” en razón de que “se alejan de la realidad que vivió y vive el pueblo boliviano”.
Antes, el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, había escrito en Twitter y en el diario español El País que el gobierno de Áñez debe “guardar neutralidad y distancia” sobre las elecciones del 3 de mayo y cuestionó la “sucesión de denuncias sobre atropellos a los derechos democráticos”.
El Gobierno no tardó en responder. Bajo un comunicado que tituló “A personajes como García-Sayán habría que preguntarles ¿dónde estuvieron durante los últimos 14 años que duró el gobierno del MAS?”, la Cancillería cuestionó la moral del diplomático peruano: “¿Qué credenciales morales y qué autoridad tiene el señor García-Sayán para decirles a los bolivianos cómo conducirse frente a un dictador que cometió fraude electoral y amenazó a la población con cercar las ciudades y asfixiarlos o para juzgar a un pueblo que luchó por su libertad?”.
En el mismo sentido que Bachelet y García-Sayán, Jean Arnault, el enviado a Bolivia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su preocupación sobre la situación en el país y había dicho que “en un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”.
Áñez asumió la presidencia del Estado el 12 de noviembre, dos días después de que renunciara Morales presionado por conflictos cívicos y políticos, y la sugerencia de las Fuerzas Armadas a dejar el cargo ante la grave situación del país. Las protestas degeneraron luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, votación que más tarde fue anulada. (28/02/2020)
