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Monday 20 May 2024 | Actualizado a 17:10 PM

Tres organismos de la ONU denuncian que hay persecución en Bolivia

La última en ocuparse de la situación de Bolivia, donde los procesos y detenciones contra exautoridades no cesan desde la asunción de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, fue la alta comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

/ 28 de febrero de 2020 / 20:22

Aunque el Gobierno negó sistemáticamente los cuestionamientos respecto de sus acciones, en las últimas semanas tres instituciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la “persecución política” en Bolivia.

La última en ocuparse de la situación de Bolivia, donde los procesos y detenciones contra exautoridades no cesan desde la asunción de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, fue la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En un foro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el jueves, la otrora Presidenta de Chile manifestó su preocupación “por las decenas de exfuncionarios del gobierno depuesto y de personas relacionadas con éste que ahora son perseguidas”.

Horas antes de jurar como titular del Ministerio de Gobierno, el 13 de noviembre del año pasado, el otrora senador Arturo Murillo amenazó con una “cacería” contra los “sediciosos”, en cuya lista apuntó a Raúl García, hermano del expresidente Álvaro García, y al exministro Juan Ramón Quintana.

Luego de su posesión, amenazó: “Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel (…). Empiecen a correr”.

La lista de señalados, acusados, aprehendidos, encarcelados, asilados o refugiados es numerosa. Entre los asilados en la embajada de México en La Paz se encuentran el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, los exministros Quintana, Héctor Arce, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta y Hugo Moldiz, además del exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna.

Allí también se encontraban el exministro César Navarro, y el exviceministro Damián Dorado, quienes, pese a contar con un salvoconducto otorgado por la Cancillería, fueron detenidos en su intento de salir de la legación rumbo a México, donde ahora se encuentran asilados.

La última en ser aprehendida y encarcelada es la dirigente campesina Felipa Huanca, acusada por el desfalco el ex Fondo Indígena. Antes, el exministro César Cocarico fue encarcelado por la supuesta contratación irregular de un funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, también acusado en el caso.

Antes cayeron el asambleísta el exministro Carlos Romero, el asambleísta Gustavo Torrico, la jefa de gabinete de Morales, Patricia Morales, señalada como cómplice el expresidente en el caso de terrorismo y sedición, además de un funcionario del Ministerio de Gobierno.

También guarda asilo en la embajada de México el exministro Wilfredo Chávez, quien fue acusado de cómplice al tramitar la candidatura de Morales en su condición de representante del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sobre las declaraciones de Bachelet, la Cancillería de Bolivia consideró que se trata de un “ataque” a Bolivia y expresó “su desacuerdo” en razón de que “se alejan de la realidad que vivió y vive el pueblo boliviano”.

Antes, el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, había escrito en Twitter y en el diario español El País que el gobierno de Áñez debe “guardar neutralidad y distancia” sobre las elecciones del 3 de mayo y cuestionó la “sucesión de denuncias sobre atropellos a los derechos democráticos”.

El Gobierno no tardó en responder. Bajo un comunicado que tituló “A personajes como García-Sayán habría que preguntarles ¿dónde estuvieron durante los últimos 14 años que duró el gobierno del MAS?”, la Cancillería cuestionó la moral del diplomático peruano: “¿Qué credenciales morales y qué autoridad tiene el señor García-Sayán para decirles a los bolivianos cómo conducirse frente a un dictador que cometió fraude electoral y amenazó a la población con cercar las ciudades y asfixiarlos o para juzgar a un pueblo que luchó por su libertad?”.

En el mismo sentido que Bachelet y García-Sayán, Jean Arnault, el enviado a Bolivia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su preocupación sobre la situación en el país y había dicho que “en un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”.

Áñez asumió la presidencia del Estado el 12 de noviembre, dos días después de que renunciara Morales presionado por conflictos cívicos y políticos, y la sugerencia de las Fuerzas Armadas a dejar el cargo ante la grave situación del país. Las protestas degeneraron luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, votación que más tarde fue anulada. (28/02/2020)

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Mamani: Me sorprende que el expresidente hable como si conversará con los narcotraficantes

Mamani desmiente a Evo Morales y dice que el 67% de las fábricas de droga estaban en Villa Tunari

El viceministro Jaime Mamani y Evo Morales

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de mayo de 2024 / 16:38

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, desmintió al expresidente Evo Morales sobres sus declaraciones respecto de su supuesta vinculación con el narcotráfico.

“El señor Morales se atreve a decir que estoy implicado en narcotráfico. Me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, e indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro. Estas aseveraciones, totalmente infundadas, (las) quiero desmentir categóricamente”, dijo este lunes en una conferencia de prensa.

Así, Mamani respondió al exmandatario que en su programa dominical de radio Kawsachun Coca. “Sabe qué dicen nuestros compañeros de base: ‘este Jaime Mamani, qué estará haciendo cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo’. ¿Por qué?, les digo, (responden) ‘de unos, saca plata y a otros persigue y ambos los va a asaltar’, dicen, sus compañeros, de su federación, compañeros de base, preocupados por la vida de Jaime Mamani”, dijo Morales el domingo.

Jaime Mamani

“Me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”, dijo Mamani sobre esa supuesta amenaza.

El antecedente de esos entredichos se originó el viernes, cuando el viceministro Mamani informó de la destrucción de cinco fábricas de cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de 36 fábricas de pasta base de cocaína en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba.

“Este municipio turístico fue secuestrado por el narcotráfico por la permisibilidad de otros gobiernos”, dijo en conferencia de prensa.

El viceministro Mamani informó que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, se destruyeron 36 laboratorios de producción de cocaína a nivel nacional. De ese total, 24, o sea el 67% de esas factorías, se encontraban en Villa Tunari.

Evo Morales

Según los cuadros que presentó la autoridad, en 2021, los laboratorios destruidos en ese municipio representaron el 37%, 40% en 2022, y 60% en 2023.

Asimismo, se vio que la cantidad de fábricas de droga destruidas en ese sector alcanzó las 156; con un total de 22 personas aprehendidas en diferentes operativos.

“En nuestra gestión, tomamos el control de lugares, donde en más de 14 años las fuerzas del orden no habían ingresado y, precisamente, uno de esos lugares es el municipio de Villa Tunari”, cuestionó el Viceministro.

Además, Mamani responsabilizó a Morales en caso de que “pasara algo” con él o su familia.

En la exposición, el funcionario expuso también el cuadro de calor de la lucha contra el narcotráfico.

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La Procuraduría insiste en que la reelección indefinida no es un derecho humano

La Convención Americana no reconoce a la relección indefinida como un derecho protegido, según dijo en conferencia de prensa el subprocurador Manuel Medina.

El edificio de la Procuraduría General del Estado,

Por Daniel Zenteno

/ 20 de mayo de 2024 / 14:25

Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa.

La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la relección indefinida.

Puede leer: ¿Evo inhabilitado? La Sentencia 1010/2023 no falló sobre el caso

El subprocurador presentó el Análisis Jurídico Especializado 04/2024, a través del cual enfatizó en que no existe en la Convención Americana ningún derecho a la reelección.

Sentencia 1010/23

“Con la Sentencia Constitucional 1010/23 se ha realizado el control de convencionalidad, que no es otra cosa que compatibilizar la Convención Americana de Derechos Humanos con las normas internas de nuestro país”, afirmó.

La Sentencia Constitucional 1010/23 se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales. En su parte resolutiva, concluye que es necesaria una nueva convocatoria para elegir a los altos cargos del Órgano Judicial.

Si bien la sentencia aborda teorías y derecho comparado sobre la reelección indefinida, no emite ningún fallo respecto de la materia.

Morales

Morales ganó las elecciones, bajo el Estado Plurinacional, en 2009 y 2014. En 2019 se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos. Lo hizo al amparo de una sentencia del TCP de 2017 que reivindicó la reelección como un derecho humano.

Aunque ganó las elecciones, la oposición denunció esos comicios como fraudulentos y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política que se vivía.

Uno de los argumentos que utilizó Morales para su repostulación fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo con Medina, se interpretó que el artículo promovía un “derecho humano a la repostulación”. Entonces, a través de un fallo del TCP, Morales se presentó como candidato a las elecciones del 2019.

“Con la Sentencia 084/2017 se disponía la inaplicabilidad de una parte de la Constitución. Con el argumento de que la Convención Americana, en su artículo 23, reconocía la relección indefinida”, criticó Medina.

Sin embargo, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretaría este artículo, ante su ambigüedad y el pedido de otros países.

Reelección

Es así que emitió la Opinión Consultiva 28/21. En ella, la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

Medina enfatizó en el cumplimiento obligatorio de lo que establece la Convención.

“Nuestro país, al haber ratificado, mediante una ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, este instrumento internacional ya forma parte de nuestra normativa interna y es de cumplimiento obligatorio y vinculante”, insistió.

Pese a que la Sentencia 1010/2023 falla sobre las elecciones judiciales y no explícitamente sobre la reelección, toma en consideración la Opinión Consultiva de la CIDH. Por lo tanto, al haber sido emitida por el TCP, se reconoce como legítima la postura de la Corte-IDH respecto a la reelección, dijo.

Debido a que, en criterio de Medina, se podría interpretar que el rechazo a la reelección indefinida solo aplica para cargos de magistrados, el Análisis Especializado 04/2024 señala que la prohibición de la reelección es “contra todos o referente a todos”.

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Distritos del MAS arcista en La Paz exigen al TSE el visto bueno al congreso de El Alto

Dirigentes del MAS arcista anunciaron que se organizarán para defender las resoluciones del congreso arcista celebrado a principios de mayo en El Alto.

Militantes y simpatizantes del MAS arcista en puertas del TSE.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de mayo de 2024 / 13:49

Militantes y simpatizantes de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegaron hasta las puertas del edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir el registro de las resoluciones del congreso nacional de ese partido celebrado a principios de mayo en El Alto.

Con banderas y arengas a favor de ese encuentro y del presidente Luis Arce, decenas de miembros de los 20 distritos de La Paz acudieron a las instalaciones del TSE, frente a la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi.

El encuentro de El Alto eligió a Grover García como jefe nacional del MAS en reemplazo del vigente presidente Evo Morales, que ocupa el cargo desde 2017.

La Sala Plena del TSE definirá esta semana si registra o no las resoluciones del congreso. Eso, luego de que una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) envió una comisión técnica a supervisar el encuentro.

MAS

Esa comisión tenía un plazo de siete días para presentar su informe técnico, que se cumplió el martes de la semana pasada; luego de eso, el documento debió ser remitido a la dirección nacional de esa unidad, que tuvo 48 horas para validarlo o modificarlo, si corresponde. Finalmente, la Sala Plena debe comunicar su decisión.

El viernes se debió conocer la decisión final, pero cuatro de los siete vocales estaban fuera del país. Según información a la que accedió La Razón, la Sala Plena sesiona martes y jueves, por lo que esta semana se conocerá si el TSE valida o no el congreso arcista.

Al respecto, el ampliado del ala evista del MAS definió que “saldrá a las carreteras” si el TSE valida el congreso celebrado a El Alto.

Consultados sobre ese anunció, uno de los dirigentes respondió: “nos vamos a organizar para proteger nuestro congreso”.

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Ahora Morales instruye a su bancada aprobar créditos en la Asamblea y fiscalizar recursos

Evo Morales volvió a criticar al Gobierno por la capacidad de endeudamiento del país y la deuda externa, que, según el BCB, se redujo de un 33% a un 26,9% respecto del PIB.

Sesión de la Cámara de Senadores.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de mayo de 2024 / 12:46

El expresidente del Estado y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó este lunes a los legisladores del ala evista de ese partido aprobar los créditos que esperan el visto bueno de la Asamblea Legislativa.

“Quiero pedir a mis compañeros de base y militantes (diputados y senadores) que sigan aprobando (créditos), pero que fiscalicen, que legislen, que controlen en qué se invierte (esos recursos)”, dijo en conferencia de prensa.

Acompañado por dirigentes de organizaciones sociales que lo respaldan, Morales indicó que ésa fue una de las determinaciones del ampliado nacional celebrado el 18 de mayo en Cochabamba.

Evo Morales

Actualmente hay ocho proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados y que no fueron sancionados por el Senado. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión, por un total de $us 645,42 millones.

El principal escollo, desde febrero de este año, es la condición de la oposición y del mismo bloque evista del MAS; exigen, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Morales criticó duramente que el Gobierno busque ese tipo de financiamiento de organismos internacionales y, desde septiembre de 2022, comenzó a criticas la administración financiera de su otrora elogiado ministro de Economía y ahora presidente del Estado, Luis Arce.

No dejó pasar, como en cada conferencia de prensa, la oportunidad de criticar la “mala gestión pública”, incluso cuestionó la capacidad de endeudamiento del Estado. Al respecto, según un comunicado del Banco Central de Bolivia (BCB) del pasado 13 de mayo, entre diciembre de 2020 y marzo de 2024, el saldo de la deuda pública externa del país respecto del Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de un 33% a un 26,9%.

Créditos

En un comunicado institucional, el ente emisor aseguró que esa disminución es resultado de la implementación de adecuadas políticas económicas del actual Gobierno en materia de reactivación económica, reflejada en una mayor expansión del PIB, cuyo crecimiento durante 2023 alcanzó el segundo lugar más importante de la región (3,1%).

“En el período de diciembre 2020 al primer trimestre de este año, el indicador bajó más de seis puntos porcentuales de 33% a 26,9%; cifra que se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de referencia en materia de endeudamiento externo”, señala el comunicado del BCB.

El ampliado del domingo había resuelto prohibir, a senadores y diputados, la aprobación de esos créditos, “por responsabilidad y compromiso ante la sociedad”. Pidió no ser “cómplices del endeudamiento, la hipoteca y dependencia económica de nuestro Estado Plurinacional”.

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Evistas cierran filas por Morales; saldrán a las carreteras si el TSE avala congreso arcista

El ampliado del MAS evista calificó de “enemigo” al vocal del TDJ de La Paz Israel Campero por ordenar al TSE la supervisión del congreso del Pacto de Unidad, celebrado a principios de mayo.

El expresidente Evo Morales, acompañado de dirigentes de organizaciones sociales que lo respaldan.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de mayo de 2024 / 11:40

Luego de un ampliado nacional celebrado en Cochabamba, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cerró filas en torno a su líder, Evo Morales, y la dirigencia nacional de ese partido.

“Si quieren proscribir a nuestro comandante Evo, este ampliado ha ratificado declarar un estado de alerta y de movilización, ante cualquier llamado de las trompetas revolucionarias y de nuestros usos y costumbres. Vamos a defender en las carreteras, en las calles la democracia de los pueblos y del movimiento originario campesino”, dijo el jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Jorge Cucho.

Entre las resoluciones del encuentro del 18 de mayo, el ampliado decidió declarar “enemigo” al vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz Israel Campero; fue quien instruyó al TSE supervisar provisionalmente el congreso arcista del MAS. Eso, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral TSE ya había rechazado esa solicitud.

Evo Morales

Esta semana, según anunció el vocal electoral Tahuichi Tahuichi, se conocerá la decisión de la Sala Plena sobre el congreso celebrado a principios de mayo. Ese órgano definirá si registra o no las resoluciones de ese congreso ante el Órgano Electoral.

En ese encuentro, convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, se eligió a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS. Además, se definió convocar a un nuevo congreso, en 90 días, para la modificación del estatuto orgánico de ese partido.

“Si el TSE da el visto bueno, nos veremos obligados estar en carreteras y calles para defender al MAS-IPSP; que reconoce como único presidente al Evo y la dirección nacional”, agregó Cucho.

Además, el ampliado ratificó a Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

Ampliado

Por su parte, el expresidente Morales criticó nuevamente al gobierno de su otrora elogiado ministro de Economía, del que dijo que gobierna “a plan de decretos con fallos, sentencias judiciales y decretos ilegales”.

Dijo también que las medidas anunciadas por Cucho son una respuesta a los “abusos” del Gobierno.

De esa manera, el evismo lanzó una serie de críticas contra la administración de Arce e hizo énfasis en los decretos “abusivos para todos los bolivianos”, por ejemplo, el abrogado 1543, sobre Derechos Reales.

Según consideró Morales, hay una intención de “hacerse” de las propiedades de la población.

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