A más de dos años de la crisis de noviembre de 2019, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reveló que tres semanas antes de los hechos fueron retiradas las armas de los militares de la Casa Militar y de la guardia Colorados de Bolivia. Acusó al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman de estar en el golpe de Estado y sostuvo que estaría en Estados Unidos.

En una entrevista en el periódico argentino Página 12, Novillo habló sobre lo ocurrido en noviembre de 2019 cuando protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabó con la renuncia del expresidente Evo Morales.

Novillo recordó que en ese entonces no era parte del Gobierno, pero accedió a información que daba cuenta que tres semanas antes del desenlace del conflicto los militares encargados del resguardo de la Casa Grande del Pueblo y de la seguridad presidencial estaban sin armas.

“Yo tuve información después de los hechos, que tres semanas antes ya desarmaron la Casa Militar y la guardia presidencial de los Colorados de Bolivia. Tres semanas antes se había sacado todo el armamento y dejado sin protección al gobierno. Yo me pregunto siempre si esto no lo conocían el ministro o parte del gabinete del ministro para actuar en ese momento”, cuestionó en alusión al exministro de Defensa Javier Zavaleta.

Kaliman estaba al frente de las Fuerzas Armadas y hoy es un prófugo de la justicia, porque no se defiende en los denominados casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II relacionados con los hechos que derivaron en la dimisión de Morales y la toma de poder por parte de la exsenadora Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo de 2021.

Novillo informó que el militar estaría en Estados Unidos.

“El mando que da el golpe está a la cabeza de Kaliman y el mando que realiza las masacres está a la cabeza de (Carlos) Orellana. Por fuentes extraoficiales sabemos que Orellana está en Colombia y Kaliman aparentemente estaría en Estados Unidos”, sostuvo.

Orellana también está prófugo y estuvo al mando de las FFAA cuando se dieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murieron por disparos de arma de fuego en una intervención militar-policial de protestas de sectores en apoyo a Morales.

La Sala Constitucional Tercera rechazó el recurso de Acción Popular presentado para que se incorpore la categoría “mestizo” en la boleta censal y dejó abierta la posibilidad de volverlo a presentar una vez se conozca el contenido de la boleta, informó la diputada de oposición Luisa Nayar, quien advirtió con medidas de presión hasta lograr su objetivo.

“Consideramos este un hecho vergonzoso que está vulnerando los derechos del ciudadano que no se sienten identificados con estas 36 etnias. Están siendo una vez más cómplices, serviles y sumisos de las decisiones políticas”, denunció e informó que Juan José Zubieta y Alaín Núñez tomaron la decisión judicial.

La demanda fue presentada en contra de la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quienes en el pasado ya coincidieron que no era viable incorporar el término “mestizo” como una categoría censal.
El censo está previsto para noviembre.

El 22 de abril, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que la no incorporación de la categoría “mestizo” de la boleta del Censo de Población y Vivienda 2022 es un tema cerrado para el gobierno de Luis Arce.

“Sí, el mestizaje no es una nación, conceptualmente es la mezcla de razas (…) Es una categoría colonial que hoy no tiene utilidad”, respondió en una conferencia de prensa en Santa Cruz ante la consulta de un periodista sobre si ese tema está cerrado para el Gobierno.

Nayar calificó de “incongruente” que se disponga presentar la demanda después de publicada la boleta censal, porque de darse curso a un recurso legal se provocaría un daño económico al Estado porque debería imprimirse una nueva boleta.

La Constitución Política del Estado reconoce 36 pueblos y naciones indígenas en Bolivia. Desde la oposición se exige la incorporación de la categoría mestizo, porque gran parte de la población no se identifica con ninguna de las nacionalidades reconocidas.

El exrepresentante de los docentes universitarios Rodrigo Rodríguez y al exrector de la Universidad Tomás Frías Juan Justo Roberto Bohórquez Ayala deberán comparecer el lunes en audiencias de declaración fiscal, como parte de la investigación por el caso del exdirigente Max Mendoza, acusado de cometer delitos al asumir altos cargos universitarios y cobrar sueldos.

Rodríguez y Bohórquez firmaron en 2018 la resolución que declaró a Mendoza, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, como secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin ser docente y con sueldo, y miembro del Presídium del XIII del Congreso Nacional Universitario.

El fiscal Junior Flores informó que se los citó como sindicados, aunque aclaró que recién tras sus declaraciones se definirá la situación jurídica de los citados que, junto a Mendoza, fueron expulsados del sistema universitario en el reinicio del Congreso Nacional Universitario declarado en 2018 en cuatro intermedio en Potosí.

“Tienen ya programada la declaración informativa a Bohórquez y Rodríguez para el lunes en horas de la mañana. De acuerdo a sus declaraciones se va a definir la situación jurídica de estas personas”, explicó el fiscal sobre los dos investigados que hasta el momento guardan silencio sobre su actuación en 2018.

Mendoza está acusado por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones. Además de haber asumido un cargo que no estaba dentro de la estructura del CEUB, firmó un convenio por Bs 800.000 para la facilitación de pasajes al interior y exterior.

“Se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades”, explicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, antes de la cautelar del exdirigente.

Mendoza fue enviado por seis meses a la cárcel con detención preventiva. Fiscales y policías allanaron el martes las oficinas del CEUB y secuestraron documentación donde trabajaba el ahora exuniversitario con 52 años, de los que más de 30 estuvo en la universidad y más de 10 como dirigente.

El Gobierno conoció hace un par de meses el informe de la Relatoría de la ONU sobre la independencia judicial en Bolivia. Aseguró que refleja la “realidad” de la justicia, que no hace alusión a injerencia en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y que demuestra la necesidad de hacer justicia por las víctimas de las masacres de 2019 en Sacaba, Senkata y El Pedregal.

El viceministro de Justicia, César Siles, fijó la posición de la administración de Luis Arce sobre el informe del relator Diego García-Sayán, quien estuvo en febrero en Bolivia como resultado de las gestiones del Gobierno y con una agenda que incluyó una serie de entrevistas con líderes de la oposición, activistas, víctimas de las masacres de 2019 y la hija de Áñez, Carolina Ribera.

“Hemos tomado conocimiento hace un par de meses sobre el informe, nos permitió el relator hacer comentarios, observaciones y reflexiones, sin duda refleja la realidad del sistema de administración de la justicia boliviana”, afirmó y aseguró que en el documento no se hace referencia a injerencia política en el caso Áñez.

Por el contrario, aseguró que en los procesos penales Golpe de Estado I y Golpe de Estado II contra Áñez hay respeto al debido proceso y acceso a la justicia, como –recordó- lo demuestran los varios recursos que presentó la defensa de la exmandataria. Además, informó que veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen seguimiento del proceso.

En el acápite de “Injerencias”, se mencionó que “en febrero de 2020 (en el gobierno de Áñez) expresó preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.

También el caso de Áñez, en detención preventiva desde marzo de 2020 por los denominados casos Golpe de Estado I y II y que hacen a los hechos de cómo asumió el poder tras la dimisión en noviembre de 2019 del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

“Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”, se revela en el informe en alusión al proceso a la exmandataria.

Sobre la falta de justicia en las muertes de Senkata y Sacaba, donde en 2019 murieron más de 20 personas por impactos de bala debido a una intervención militar-policial, Siles sostuvo que se hace de una frase de García-Sayán, quien consideró en su informe como un “drama de la impunidad” que hasta ahora no haya justicia en estas masacres.

“Acogemos las recomendaciones, será un insumo para la transformación de la justicia, para reconducir algunos temas que estábamos pensando para la reforma. Vamos a, seguramente, cumplir todas las recomendaciones que ha hecho”, aseguró.

Entre las recomendaciones está encaminar la reforma judicial, ajustar la elección de autoridades judiciales porque “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.

Va a su cuarto día el bloqueo en San Julián y las posiciones se endurecen. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reapareció y afirmó que hay otras prioridades en respuesta a la protesta en demanda de construcción de carreteras, mientras que desde el lugar del conflicto se reafirmó la exigencia y se demandó un diálogo en la zona del bloqueo.

La protesta empezó el lunes en demanda de la construcción de los tramos carreteros Brecha Casarabe – Núcleo 21, Los Troncos – Okinawa, y el desembolsó de regalías al municipio, dotación del desayuno escolar e ítems de salud. Para Camacho, hay el objetivo político de pretender afectar su gestión.

Camacho reapareció este miércoles, tras su boda del viernes, en Guarayos y aseguró que priorizará obras de agua y energía eléctrica, como le reclamaron caciques. “El devolverle la dignidad a nuestra gente dando los servicios básicos prima muchas veces más que otras obras, vamos a priorizar educación y calidad de vida para nuestro pueblo”, advirtió.

Desde el lugar del conflicto y tras no asistir a una convocatoria a dialogar a la ciudad capital, dirigentes de los sectores movilizados ratificaron que mantendrán la extrema medida de presión y exigieron a Camacho llegar al municipio para retomar las negociaciones en vistas a resolver las demandas.

Decenas de camiones están parados en ambos lados del bloqueo, en la carretera entre Santa Cruz y Beni. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que la falta de resolución provocó al momento pérdidas de Bs 625.420 a la Terminal Bimodal y Bs 97.923 a Vías Bolivia.

Camacho ve móviles políticos en el conflicto y aseguró que tomó contacto con autoridades y que están con la decisión de levantar el bloqueo.