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jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 18:02

El binomio Áñez-Doria Medina dispone presupuesto separado de Bs 27 millones para su campaña

“Ayer (martes) hablé con Óscar Ortiz y me comentaba que la alianza Juntos tiene un presupuesto de Bs 15 millones, ése es el presupuesto que se ha presentado”, declaró Doria Medina la mañana de este miércoles en una entrevista en la red Unitel.

Samuel Doria Medina junto a la presidenta Jeanine Áñez.

/ 5 de marzo de 2020 / 20:35

La alianza Juntos que postula a Jeanine Áñez dispone de Bs 15 millones para la campaña electoral con miras a las elecciones del 3 de mayo, mientras que Samuel Doria Medina, su candidato a la Vicepresidencia, tiene un presupuesto separado de Bs 12 millones de Unidad Nacional (UN).

“Ayer (martes) hablé con Óscar Ortiz y me comentaba que la alianza Juntos tiene un presupuesto de Bs 15 millones, ése es el presupuesto que se ha presentado”, declaró Doria Medina la mañana de este miércoles en una entrevista en la red Unitel.

Lugo complementó: “Nosotros, como Unidad Nacional, tenemos nuestro propio presupuesto porque no somos parte de esa alianza, nuestro presupuesto es de Bs 12 millones”.

Propuesta económica

El también empresario se refirió además a una de sus propuestas económicas que está referida a “generar condiciones” para la inversión en el país.

“Una de las tareas más importantes va a ser de limpiar el campo de tanta regulación, de tanto impuesto, de tantos requisitos para poder invertir en Bolivia”.

Doria Medina dijo estar convencido de que “hay mucha gente que tiene su dinero bajo el colchón o en el banco y no quiere invertir por no tener problemas impositivos y problemas de toda naturaleza”. (04/03/2020)

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El Legislativo anula decreto de amnistía e indulto para procesados en el gobierno de Áñez

El decreto presidencial de amnistía fue aprobado en febrero para beneficiar a los perseguidos y sentenciados en el gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo el GIEI advirtió que puede ser distorsionada su aplicabilidad

El pleno de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa.

/ 21 de octubre de 2021 / 17:47

La Asamblea Legislativa Plurinacional anuló este jueves el decreto presidencial de amnistía e indulto aprobado por el gobierno de Luis Arce en favor de los procesados en la gestión de Jeanine Áñez, en cumplimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

El senador del MAS Adolfo Flores explicó que con la abrogación de la norma aprobada en febrero de 2021 se cumple una de las recomendaciones de los expertos que investigaron la violencia y muerte de 2019.

“Hemos tomado la decisión de abrogar el decreto y expresar que ese decreto tenía el perdón de penas de sentenciados y por el camino político los perseguidos políticos. Entendemos que solo han sido beneficiados los que tienen sentencia”, sostuvo.

El decreto de febrero establece que serán beneficiadas las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El GIEI advirtió que esa norma debe ser anulada porque solo cuestiona el procedimiento y puede llegar a beneficiar a quienes fueron parte de la violencia y muerte de noviembre de 2019, en el gobierno de la expresidenta Áñez.

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Silva dice que es difícil convocar al diálogo a gremiales porque tienen ‘varias dirigencias’

El viceministro de Defensa del Consumidor aseguró que las medidas de protestas que protagoniza el sector gremial responden a amenazas de sus dirigentes y a la coordinación con autoridades y políticos de oposición.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en entrevista con La Razón Radio

Por Mauricio Diaz

/ 21 de octubre de 2021 / 14:33

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este jueves que el Gobierno está dispuesto a que el sector gremial participe de los “ajustes” a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aunque ante la presencia de “varias dirigencias” es difícil convocarlos.

“Es complicado convocar a todos, porque unos van a aceptar, como los que ya han aceptado y han ido al diálogo y otros, por más que se les invite, se van a hacer ‘q’illis’” afirmó el viceministro Silva en una entrevista con La Razón Radio.

Aseguró que las medidas de protesta son coordinadas con cívicos regionales, autoridades y políticos opositores al gobierno del presidente Luis Arce.

Además afirmó que los gremiales asumen esa medida de protesta por “amenazas de sus dirigentes”, que los amedrentan con una multa económica o el cierre temporal de sus negocios.

Silva explicó que la ley en cuestión es una estrategia “para combatir a los narcotraficantes, aquellos que se dedican a la trata y tráfico de personas, los que falsifican sellos, billetes y corruptos”.

Por su parte, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, afirmó que solo los dirigentes de algunas federaciones de El Alto están marchando y amenazó con movilizar a sus bases si son agredidos por la Policía.

En la jornada pasada, el Comité Cívico Potosinista confirmó el paro con bloqueos en contra de esa ley, mientras que la dirigencia gremial a la cabeza de Francisco Figueroa descartó ese tipo de acciones, aunque anunció que se realizarán movilizaciones en el eje troncal del país. No descartó un paro de 48 horas en caso de que el Gobierno no abrogue la Ley 1386.

Ante esa medida, la Policía Boliviana aseguró que garantizará la normalidad de las actividades y habilitarán rutas alternas para que la circulación de vehículos no sea perjudicada.

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Jorge Richter califica de ‘contundente’ el pedido de EEUU y anuncia que la Cancillería le responderá

El vocero presidencial cree que las plataformas políticas todavía quieren preservar los “grupos irregulares” como un “último reservorio de esperanza para (…) desestabilizar el país”.

Jorge Richter en entrevista con La Razón. Foto: Oswaldo Aguirre.

/ 21 de octubre de 2021 / 14:23

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este jueves que es “contundente” el pedido realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para el desmantelamiento de “grupos irregulares” en el país.

“La Embajada americana lo que está señalando es un pedido contundente de decir: señores en Bolivia esto está existiendo y hay que (desarticular)”, afirmó Richter en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

En pasados días, la Embajada de Estados Unidos denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al gobierno de Luis Arce su “desmantelamiento”.

Ese pronunciamiento surgió después de que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas en Bolivia por parte de grupos, como la Resistencia Juvenil Cochala, que fueron identificados como “parapoliciales” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

También puede leer: EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento.

Ahora, “a través de la Cancillería se va a tomar contacto (con Estados Unidos) para realizar la respuesta que corresponde, pero, de manera clara, el presidente (Arce), cuando se presentó el informe del GIEI, ya anunció que estos grupos van a ser desmantelados”, agregó Richter.

También puede leer: Arce demanda juicio de responsabilidades y anuncia eliminación de grupos ‘parapoliciales’.

El funcionario señaló que la desarticulación de estos grupos se realizará “aunque desde las plataformas políticas, (como) Creemos y Comunidad Ciudadana, se los trate todavía de preservar como un último reservorio de esperanza para ver si con ello pueden desestabilizar el país”.

Sin embargo, “no tienen futuro ni perspectiva”, concluyó el vocero.

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Arce y Fernández se reúnen en noviembre para hablar del litio y la exportación de energía eléctrica

La cita de alto nivel de los presidentes de Argentina y Bolivia está prevista para la segunda quincena de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de Bolivia, luis Arce y su par de Argentina, Alberto Fernández.

Por Mauricio Diaz

/ 21 de octubre de 2021 / 14:04

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, informó este jueves que para la segunda quincena de noviembre se tiene previsto un encuentro de alto nivel entre los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández en Buenos Aires, donde se pondrá en agenda la venta de energía eléctrica al país vecino y el desarrollo conjunto de baterías de litio.

“Esta pandemia no nos permitió tener la relación más directa como históricamente la hubo, pero esta primer reunión en el mes de noviembre va a abrir seguramente una relación mucho más fluida y permanente. Sería entre el 20 y 30 de noviembre”, informó.

El diplomático detalló que entre los temas que contempla la “histórica agenda bilateral” están el energético, como la venta de gas natural y energía eléctrica de Bolivia a Argentina, y la investigación y desarrollo del litio entre ambos países.

“La posibilidad de vender o comprar energía eléctrica a partir de una conexión que ya se está finalizando entre Argentina y Bolivia en el límite con Salta, obviamente el tema de la pandemia, de la apertura de fronteras, el tema de la vuelta de vuelos regionales entre ambos países”, agregó.

Recordó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya visitó a su par de Bolivia en noviembre pasado cuando Luis Arce fue investido como presidente de Bolivia. Por eso ahora corresponde que el mandatario boliviano visite el país vecino, sostuvo.

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Tras la revisión de actas, el Procurador solicita al TSE otorgar información en 24 horas

La carta fue recibida en ventanilla única del TSE a las 12.07 del miércoles, por lo que su plazo de la Procuraduría concluye este jueves.

El acceso al edificio del TSE. Foto de archivo: La Razón.

/ 21 de octubre de 2021 / 12:57

Después de que la Procuraduría General del Estado realizó el análisis “acta por acta” de las elecciones generales de 2019 para descartar que hubo “fraude” en esos comicios anulados, ahora requiere al Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgar información relacionada a ese proceso en un plazo de 24 horas.

Según una misiva del procurador Wilfredo Chávez, a la que tuvo acceso La Razón y está dirigida a Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, se solicita a esa autoridad electoral instruir otorgar a la Procuraduría un “informe técnico jurídico” y también unas fotocopias legalizadas de determinadas actas.

Sobre el primer requerimiento, se precisa que “mediante la Dirección Nacional Jurídica del TSE (se pueda remitir un) informe técnico jurídico, que señale y determine cuál fue el análisis legal que se realizó en las elecciones generales de 2019 de las actas que no pueden ser verificadas en el sitio oficial del TSE para la revisión de las mismas”.

Sobre la segunda solicitud, se pide que “mediante la Secretaría de Cámara del TSE, se fraccione fotocopia legalizada de las actas anverso y reverso que no se encuentran en la página web”.

Y toda esa “información requerida deberá ser remitida a la Procuraduría General del Estado en un plazo de 24 horas, computables a partir de la recepción del presente requerimiento en el marco de lo establecido en el Núm. 5 del Art. 18 de la Ley 064 del 15 de diciembre de 2015”, concluye la misiva.

La carta fue recibida en ventanilla única del TSE a las 12.07 del miércoles, por lo que su plazo de la Procuraduría concluye este jueves.

El pasado 15 de octubre, la Procuraduría General del Estado terminó la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en ese proceso electoral no existió “fraude”. 

También puede leer: Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019.

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