La Comisión de Ética se prepara para revisar y analizar los casos que no fueron atendidos entre 2023 y 2024. El objetivo es dar cumplimiento a lo que dispone el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado.

“No llegan ni a 20 denuncias, por lo tanto, no va a ser tan difícil. Vamos a priorizar el trabajo de esta comisión, porque tanto el país como los diputados están esperando resultados (…); para ningún miembro de la comisión debe haber evistas ni arcistas ni partidos políticos, creemos que todos tenemos que actuar conforme al reglamento”, afirmó la diputada Lidia Tupa, miembro de la comisión.

Según el procedimiento, las denuncias deben ser presentadas con las pruebas suficientes y los legisladores denunciados serán notificados, y “tendrán el tiempo suficiente para presentar sus descargos y, de acuerdo con la carga probatoria, se someterá a votación para aprobar o rechazar la resolución”.

La pasada semana, el pleno de Diputados conformó la Comisión de Ética, que ahora se prepara para conformar su directiva, con el fin de tratar —con prioridad— los casos pendientes.

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El viernes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, pidió activar la Comisión de Ética contra el diputado evista Gualberto Arispe por emitir amenazas de muerte. 

“Pedimos a la Asamblea Legislativa (que) es momento que, ahora, la Comisión de Ética de esta instancia procese al señor Gualberto Arispe por estas acusaciones que se han emitido”, indicó la autoridad.

Sobre el caso del diputado Arispe, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Deysi Choque dijo que “no hay nada que investigar” porque es un autor confeso, tras emitir sus declaraciones de manera pública.

“Ha indicado claramente que el policía que esté decido a morir vaya al Trópico. No es un tema que se vaya a investigar y es un tema público”, aseveró la legisladora.

Recordó que la Comisión de Ética delibera de manera rápida y emite una resolución “bastante rápida”. “Entendemos que hay muchísimas denuncias que han existido durante estos dos años que ellos tendrán que deliberar”.

Dijo que se tiene pendiente las agresiones de la Asamblea Legislativa al vicepresidente David Choquehuanca, además del daño y perjuicio al mobiliario de la Cámara de Diputados, y también las acciones y actuaciones que comete el diputado Héctor Arce contra las mujeres.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que sala plena del ente electoral dispuso la ampliación por séptima vez el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus directivas hasta el 20 de marzo.

“En Bolivia tenemos más de 160 organizaciones políticas de alcance municipal, regional, departamental y alcance nacional. Todas ellas tienen que cumplir con este plazo, hasta el 20 de marzo, para que puedan renovar sus directivas”, dijo.

Reiteró que en caso que no renueven sus directivas serán sancionados y amonestados. También recordó que aquellos partidos que hayan acumulado tres amonestaciones, perderán su personería jurídica.

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Dijo que en esa línea de acumular tres amonestaciones están dos partidos políticos de alcance nacional, entre ellos, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“(Ambos) están con dos amonestaciones y una tercer más sería una tarjeta roja. A eso hay que agregar que hay un partido de alcance nacional que no ha renovado directorio que es el Frente Para la Victoria (FPV)”, señaló.

Aseveró que de los 13 partidos de alcance nacional, se tiene tres partidos políticos que tienen pendiente la renovación de su directiva. “Todo tiene un límite, hasta el 20 de marzo no van a cumplir con esta renovación, vamos a proceder con la aplicación de la ley”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo destacó que, desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024, se realizaron más de 41.000 operativos en materia de lucha contra el narcotráfico con la destrucción de más de 140 toneladas de droga.

Detalló que en este periodo se destruyó 85 toneladas de clorhidrato de cocaína y 55 toneladas de pasta base de cocaína.

También dijo que se incineraron 1.290 toneladas de marihuana, que alcanza cerca a las 1.500 toneladas de droga que han sido destruidas durante este periodo.

“Si hablamos de sustancias químicas sólidas estamos hablando de 2.651 toneladas, sustancias químicas líquidas más de 3 millones de litros”, dijo la autoridad al destacar la destrucción de 3.859 fábricas y la aprehensión de 13.461 personas.

La autoridad puntualizó la ruptura del puente aéreo para la droga con el secuestro de 218 avionetas que ingresaron de manera irregular al país, con la destrucción de 300 pistas clandestinas en esta administración gubernamental.

Además, dijo que solo en la gestión 2024 se realizaron más de 10.370 operativos con la destrucción de más de 20 toneladas de pasta base de cocaína, más de 45 toneladas de clorhidrato de cocaína secuestradas e incineradas.

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“Estaríamos hablando que en Bolivia estarían valuadas en más de $us 198 millones. Si esa droga hubiese llegado a un país europeo estaríamos hablando más de $us 1.980 millones. Si esa droga hubiese llegado a los países asiáticos, estaríamos hablando más de $us 8.580 millones”, detalló.

La autoridad también destacó la incineración de sustancias químicas sólidas, líquidas y otras con un total de aprehendidos de 3.356 y 1.407 fábricas destruidas.

Respecto a los datos comparativos con gobiernos anteriores en la lucha contra el narcotráfico, dijo que en “la época de (Gonzalo Sánchez de Lozada) Goni tan solo se incautaron 12,9 toneladas, en la época de Carlos Mesa se incautaron 8,7 toneladas y en la época de Rodríguez Veltzé, otro opinador también de la lucha contra el narcotráfico, tan solo se incautaron 12,5 toneladas, en la gestión de Evo Morales en 2019, se incautaron 15,5 toneladas”.

Destacó que solo en la gestión 2024 se alcanzó 66 toneladas de cocaína, que en criterio de la autoridad no superan las administraciones anteriores.

La Cámara de Senadores convocó a sesión para este miércoles a las 09.30 y se prevé que en el hemiciclo se debata el Proyecto de Ley de Distribución de Escaños parlamentarios. 

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Luis Fernando Flores no descartó que en sesión se trate por dispensación de trámite el proyecto de ley, sin embargo, indicó que la otra opción es que la norma pase a comisión.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advirtió el martes del riesgo que corren las elecciones presidenciales de este año, si no se aprueba la ley de escaños hasta este miércoles.

 “El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, que pondría en riesgo la elección”, dijo el vocal a Unitel.

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El riesgo radica en que, si no se aprueba esa norma, que redistribuye los escaños parlamentarios con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2024, los comicios se llevarán adelante con los datos del censo de 2012.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

La bancada de oposición de Chuquisaca no respaldó la aprobación del documento al afirmar que existen datos “errados” en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2024.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

Tras conocerse que el ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lisperguer, está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, el presidente Luis Arce dispuso este miércoles su “destitución inmediata”.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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Denuncia

La Fiscalía inició las investigaciones contra Lisperguer, quien ocupaba el puesto de ministro desde el 5 de marzo de 2024, por un aumento desproporcional en su patrimonio.

El fiscal anticorrupción asignado al caso, Miguel Cardozo, dio mayores detalles e informó que la exautoridad tiene registrados nueve inmuebles a su nombre, cuando había declarado poseer solamente uno.

De igual manera, se observaron movimientos bancarios que “no podrían estar justificados” con el salario que percibía el extitular de Medio Ambiente y Agua.

Además, las investigaciones también incluyen a Gabriel Alejandro Delgado, asesor jurídico de Lisperguer, quien también habría incrementado su patrimonio de manera irregular, según la Fiscalía.

“Confiamos que la justicia investigará los hechos y pormenores del caso para dar su veredicto. Nuestro Gobierno, en cumplimiento al mandato del pueblo, no tolerará ningún indicio o acto de corrupción”, afirmó Arce.

Medio Ambiente

Lisperguer, por su parte, no brindó declaraciones tras su destitución y tampoco se refirió al tema de su denuncia por enriquecimiento ilícito.

En dos gestiones, la cartera de Medio Ambiente y Agua es fruto de investigaciones por hechos de corrupción. En 2023, el entonces ministro, Juan Santos Cruz, también recibió una denuncia por su participación en el caso «coimas millonarias», cuando se realizaron cobros irregulares a empresas que se adjudicaron obras.