Nacional

jueves 16 sep 2021 | Actualizado a 20:05

Áñez ratifica confianza al ministro López; el MAS advierte con juicios

Para el Ejecutivo no corresponde la censura, por no haber estado presente López. El ministro debía informar sobre los operativos policiales-militares que dejaron cientos de heridos y 19 muertos en la localidad de Sacaba, Cochabamba, y al menos 10 en la zona de Senkata, en El Alto.

La presidenta Jeanine Áñez y el ministro Fernando López en una fotografía de archivo. Foto: ABI

/ 8 de marzo de 2020 / 10:54

Tras la censura del Legislativo al ministro de Defensa, Fernando López, la presidenta Jeanine Áñez ratificó ayer su confianza en él. El MAS advirtió con juicios si es que el Ejecutivo no acata la decisión y no destituye a la autoridad de gobierno.

“El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el Parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria”, escribió Áñez en su cuenta de Twitter la tarde de ayer.

Durante la mañana, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que el Gobierno rechaza la censura porque “no cumple con lo que dice la ley, no se puede censurar a un ministro en su ausencia. El Ministro de Defensa está atendiendo los desastres naturales de Tiquipaya (Cochabamba)”.

En respuesta, el primer presidente del Senado, Omar Aguilar, del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que en caso de que López siga en funciones “hay la posibilidad de que la Asamblea le inicie un proceso por incumplimiento de deberes”.

El senador no descartó la apertura de un juicio de responsabilidades contra Áñez. “En caso de que se ratifique a López, claro que sí (procede el juicio) porque a una persona que por Constitución es destituida, se le sigue pagando honorarios y eso significaría daño al Estado e incumplimiento de deberes. En todo caso, lo que le pido a la Presidenta en transición es que se cumpla la Constitución”.

El viernes, por tercera vez consecutiva, López no acudió a la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la mayoría, constituida por el MAS, decidió por su censura, que implica que la presidenta Áñez deba destituirlo, de acuerdo a los artículos 158, parágrafo 18, de la Constitución Política del Estado (CPE) y 151 del Reglamento de Debates del Senado, que sostienen que los actos interpelatorios son para la remoción de ministros y la modificación de la o las políticas consideradas inadecuadas.

López debía informar sobre los operativos policiales-militares que dejaron cientos de heridos y 19 muertos en la localidad de Sacaba, Cochabamba, y al menos 10 en la zona de Senkata, en El Alto, producto de la violencia desatada en el país a raíz de la dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre, en medio de denuncias de fraude en los comicios de octubre, donde el MAS obtuvo mayoría electoral.

“No solo a la presidenta Áñez se le puede abrir un juicio de responsabilidades, sino también va a tener un juicio, pero ordinario, López porque se lo ha cesado de sus funciones. Por ello, cualquier acto que el lleve a cabo con seguridad será un acto ilegal”, señaló el diputado Édgar Montaño (MAS).

Para el Ministro de la Presidencia, el MAS utiliza los dos tercios que tiene en la ALP para “tratar de confundir al pueblo boliviano, para tratar de desgastar la imagen de los ministros y, por ende, de la Presidenta que es quien nos ayudó a consolidar el tema de la pacificación del país”.

El Ejecutivo también denunció que la censura fue coordinada desde Argentina, donde radica el expresidente Evo Morales desde el 12 de diciembre de 2019, con el objetivo —dijo Núñez— de desestabilizar al actual Gobierno.

“Está claro que esto está manipulado desde la Argentina porque nuevamente quieren desestabilizar el país, quieren que haya conflictos sociales (…) tienen miedo que haya un gobierno constitucional elegido por el pueblo, que sabe que va aplicar justicia en nuestro país, eso tienen miedo”.

Montaño dijo que el Gobierno busca crear una cortina de humo y lamentó que para tapar los abusos que el Ejecutivo cometió, “le echan la culpa al jefe de campaña del MAS (en alusión a Morales), de todo, en absoluto. (…) Es un pretexto para decirle a la población que todo está dirigido”.

Aguilar precisó que la nota que López envió a la ALP para la suspensión de la sesión es “errada”, ya que incluso tiene la fecha de 17 de marzo, cuando la sesión fue fijada para el 6, y que la justificación para no asistir fue la entrega de un edificio administrativo en Puerto Suárez (Santa Cruz)

“Eso es más importante que  asistir a la Asamblea e informarle al país respecto a los hechos de octubre y noviembre, además es la tercera vez que se lo cita y solicitó una reprogramación. Lo único que ha hecho la ALP es aplicar la Constitución y el reglamento del legislativo”, advirtió el senador que calificó la postura de López como una “burla” a legisladores.

“Y si acaso este Gobierno en transición se animara a ratificarlo, éste será un ministro inconstitucional, sus actos serán nulos de pleno derecho y la ALP no tendrá ninguna relación administrativa con este ministro”, dijo Aguilar.

La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió a Áñez, el 3 de marzo, que si no vuelven a asistir sus ministros de Estado ante una convocatoria del Legislativo serán censurados en ausencia y deberán ser cesados en sus cargos. (08/03/2020)

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En el MAS esperan convocatoria para elegir al Defensor del Pueblo, anuncian trabajo por tiempo y materia

La diputada Virginia Velasco anunció que en la Comisión Mixta a formarse se verá si se hace algunos ajustes a los requisitos para los postulantes

La actual defensora del Pueblo, Nadia Cruz

/ 16 de septiembre de 2021 / 19:56

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco informó que en su bancada están a la espera de la convocatoria a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para formar una Comisión Mixta y trabajar en el proceso de preselección de candidatos para la Defensoría del Pueblo por tiempo y materia.

“La legislatura pasada se ha aprobado un reglamento y sobre eso puede ser que se ajuste algunos requisitos para sacar la convocatoria y que se conforme una comisión mixta entre las cámaras de Senadores y Diputados, vamos a ver si habrá requisitos que se tienen que ampliar o no, con eso vamos a trabajar para la designación del nuevo Defensor del Pueblo”, explicó.

Velasco agregó que esperan que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el vicepresidente David Choquehuanca, convoque a sesión para que se ponga en agenda la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo y trabajar por tiempo y materia.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco. Foto: Pedro Luna

Actualmente la Defensoría del Pueblo está bajo la conducción de Nadia Cruz.

“Esperamos que la Asamblea convoque y nosotros trabajamos por tiempo y materia la convocatoria, el reglamento, los requisitos, las incompatibilidades, entre otros”, sostuvo.

Desde Comunidad Ciudadana, el senador Santiago Ticona presentó ante la Sala Constitucional Primera de La Paz una acción de cumplimiento con el objetivo de que el Legislativo considere la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Se exhortó la viabilización del pedido en los próximos meses.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) señalan que existen reglamentos en el Legislativo que se deben cumplir para considerar proyectos de ley o como en este caso, la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.

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La Fiscalía no descarta citación a Camacho en nueva lista de convocatoria a testigos y sindicados

El excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es uno de los principales acusados en la denuncia por el caso golpe de Estado

Gobernador Luis Fernando Camacho. Foto: @LuisFerCamachoV.

/ 16 de septiembre de 2021 / 19:47

La comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado presentará en los próximos días un nuevo cronograma de convocatoria a testigos y sindicados, entre los que no se descarta esté el excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como exige la demandante, la exdiputada del MAS Lidia Patty.

La información la proporcionó el fiscal Departamental de La Paz, William Alave, quien, sin embargo, aclaró que “no creemos que sobre la testificación de una persona (como Camacho) pueda centrarse todo el ámbito de la investigación”.

Patty exigió a la Fiscalía la convocatoria a declarar a Camacho, principal acusado en la denuncia presentada para que se esclarezca e identifique a todos los participantes en los hechos de 2019 que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales.

Alave informó que hubo una reunión con la exdiputada Patty y se “recibió todas sus inquietudes y se le ha explicado” los procedimientos en curso.

Camacho dijo el miércoles estar dispuesto a declarar y dar su versión sobre lo que pasó en la crisis política y social de 2019. “Quienes estuvieron en esa lucha de 21 días nos sintamos orgullosos de haber agarrado esa hermosa bandera de unidad, de libertad, de democracia y de saber que no nos vamos a esconder, que vamos a declarar”, sostuvo.

Camacho lideró en 2019 el movimiento cívico que denunciaba fraude electoral en las elecciones de octubre de ese año. Posterior a la crisis reveló que su padre acordó con militares y policías que dejen de respaldar al gobierno de Morales.

Es jefe de Creemos y postuló a la Presidencia, salió en tercer lugar. Luego se postuló a la gobernación cruceña y ganó.

La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y exjefes de las Fuerzas Armadas están en la cárcel por el caso golpe de Estado. Se amplió otra causa contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado sin cumplir con las normas y el Reglamento de Debates.

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Defensoría niega haber presentado denuncia por discriminación contra Yerko Núñez e Iván Arias

La Defensoría del Pueblo atribuyó a una “confusión” el hecho que la Fiscalía la cite como denunciante en la causa abierta contra dos exministros.

Iván Arias y Yerko Núñez fueron citados por la Fiscalía a declarar en un proceso por supuesta discriminación.

Por Mauricio Diaz

/ 16 de septiembre de 2021 / 18:34

La Defensoría del Pueblo negó este jueves haber presentado una denuncia por el supuesto delito de discriminación contra los exministros de la Presidencia Yerko Núñez y de Obras Públicas y ahora alcalde de La Paz, Iván Arias, como hizo figurar la Fiscalía en una citación a las exautoridades.

En una nota institucional, la institución explicó que no es parte procesal en ese caso y que “es un proceso iniciado de oficio por el Ministerio Público”. Atribuyó a una confusión el hecho que la Fiscalía la cite en la denuncia.

La semana pasada, la Fiscalía citó a declarar a Núñez, denunciado por el supuesto delito de discriminación.

En 2020 emitió un informe sobre supuestas vulneraciones a derechos de exfuncionarios de la empresa estatal Mi Teleférico, entre ellos César Dockweiler, sin embargo no recomendó ningún proceso penal por discriminación. Quizá a este hecho se debe la “confusión”, se sostiene.

La Defensoría del Pueblo “se relaciona con la administración de justicia de diferentes formas, pero el límite de su accionar es la independencia y la autonomía jurisdiccional”, se agrega en el comunicado.

La citación del fiscal Omar Yujra explica que la investigación del supuesto acto de discriminación se realiza a instancias de Nadia Cruz, actual Defensora del Pueblo.

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Dan de baja al tercer jefe policial en Cochabamba por el motín policial de 2019

Se trata del mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales. El Tribunal Disciplinario acusó al uniformado de cometer faltas graves

Policías en una unidad en Cochabamba en el motín de noviembre de 2019.

/ 16 de septiembre de 2021 / 18:09

El mayor de la Policía Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales fue sancionado con la baja definitiva de la institución por su participación en el motín policial de 2019 en la ciudad de Cochabamba y haber retirado de su uniforme la wiphala. Con este uniformado suman tres los sancionados con baja definitiva, en primera instancia, como resultado de un proceso disciplinario.

Sandy Gonzales fue sancionado por incurrir en faltas graves: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión” e “incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial”.

“Imponiéndose en consecuencia la máxima sanción prevista en el artículo 14 de la Ley 101, es decir: Baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación”, establece la resolución del Tribunal Disciplinario Departamental. El uniformado tiene la opción de apelar en la instancia nacional.

Lee también: 21 jefes y oficiales entre los 26 policías denunciados por protestas de noviembre 2019

El proceso fue abierto a denuncia del viceministro de Descolonización Despatriarcalización, Pelagio Condori. La autoridad denunció a 26 uniformados por haber participado en el motín policial de 2019.

En Cochabamba empezó el motín que en noviembre de 2019 agravó una crisis derivada de la protesta cívica denunciando fraude electoral y exigiendo la renuncia del expresidente Evo Morales. A ese panorama se sumó la “sugerencia” de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de renuncia de Morales.

El capitán Marcelo Gutiérrez y el coronel Nelson Flores Claros también fueron dado de baja en Cochabamba por su participación en el motín.

Video: Bolivia Tv.

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En el TSE abren posibilidad de nueva elección en Cochabamba de ejecutoriarse sentencia contra Reyes Villa

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, perdió un recurso interpuesto para evitar que sea ejecutoriada la sentencia de cinco años en su contra

El alcalde Manfred Reyes Villa. Foto: Facebook/Alcaldía de Cochabamba.

/ 16 de septiembre de 2021 / 17:12

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, perdió un recurso legal interpuesto contra una sentencia por corrupción y se abrió el debate sobre su futuro legal y como autoridad. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se habla de la posibilidad de convocar a una nueva elección en Cochabamba para elegir a un alcalde de ejecutoriarse la sentencia.

El también exprefecto Reyes Villa fue sentenciado en primera instancia en 2013 a cinco años de cárcel por el caso denominado “Sillar Alternativo”, una obra en la que se detectaron irregularidades. Recurrió a recursos legales para evitar sea ejecutoriada la sentencia y recientemente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un recurso.

La Gobernación de Cochabamba es parte en este caso y fue notificada con la inadmisibilidad del recurso, lo que podría dar paso a la condena ejecutoriada y cumplimiento. La directora de Asuntos Jurídicos, Patricia Sánchez, explicó que la Justicia deberá pronunciarse en breve sobre la situación jurídica de Reyes Villa, actual alcalde.

Para el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, el Concejo Municipal de Cochabamba debe tomar una decisión sobre la situación de Reyes Villa de ejecutoriarse la sentencia en su contra, sin embargo, anunció que se podría convocar a una nueva elección para elegir a un nuevo alcalde.

“Dado que no ha transcurrido la mitad de su periodo (de mandato) probablemente debamos llevar adelante, si el caso amerita, un nuevo proceso electoral”, anticipó.

Según el artículo 12 de la Ley de Gobiernos Autónomo Regionales, el alcalde pierde su mandato en caso de “sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”.

El caso Sillar Alternativo data de 2009 y en 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica.

En la gestión del exprefecto la Prefectura de Cochabamba y el Servicio Nacional de Caminos suscribieron un acuerdo interinstitucional 2006 para la presentación de un estudio a diseño final, como alternativa de solución al problema del tramo «El Sillar» de la carretera Cochabamba – Santa Cruz.

Se dispuso Bs 1.615.000 para la contratación de consultorías individuales, cuando el proyecto obedecía a la contratación de consultoría multidisciplinaria y no tomó en cuenta que ese trazo atravesaba el Parque Nacional Carrasco, situación que evitó la obtención de la ficha ambiental.

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