Áñez ratifica confianza al ministro López; el MAS advierte con juicios
Para el Ejecutivo no corresponde la censura, por no haber estado presente López. El ministro debía informar sobre los operativos policiales-militares que dejaron cientos de heridos y 19 muertos en la localidad de Sacaba, Cochabamba, y al menos 10 en la zona de Senkata, en El Alto.
Tras la censura del Legislativo al ministro de Defensa, Fernando López, la presidenta Jeanine Áñez ratificó ayer su confianza en él. El MAS advirtió con juicios si es que el Ejecutivo no acata la decisión y no destituye a la autoridad de gobierno.
“El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el Parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria”, escribió Áñez en su cuenta de Twitter la tarde de ayer.
Durante la mañana, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que el Gobierno rechaza la censura porque “no cumple con lo que dice la ley, no se puede censurar a un ministro en su ausencia. El Ministro de Defensa está atendiendo los desastres naturales de Tiquipaya (Cochabamba)”.
En respuesta, el primer presidente del Senado, Omar Aguilar, del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que en caso de que López siga en funciones “hay la posibilidad de que la Asamblea le inicie un proceso por incumplimiento de deberes”.
El senador no descartó la apertura de un juicio de responsabilidades contra Áñez. “En caso de que se ratifique a López, claro que sí (procede el juicio) porque a una persona que por Constitución es destituida, se le sigue pagando honorarios y eso significaría daño al Estado e incumplimiento de deberes. En todo caso, lo que le pido a la Presidenta en transición es que se cumpla la Constitución”.
El viernes, por tercera vez consecutiva, López no acudió a la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la mayoría, constituida por el MAS, decidió por su censura, que implica que la presidenta Áñez deba destituirlo, de acuerdo a los artículos 158, parágrafo 18, de la Constitución Política del Estado (CPE) y 151 del Reglamento de Debates del Senado, que sostienen que los actos interpelatorios son para la remoción de ministros y la modificación de la o las políticas consideradas inadecuadas.
López debía informar sobre los operativos policiales-militares que dejaron cientos de heridos y 19 muertos en la localidad de Sacaba, Cochabamba, y al menos 10 en la zona de Senkata, en El Alto, producto de la violencia desatada en el país a raíz de la dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre, en medio de denuncias de fraude en los comicios de octubre, donde el MAS obtuvo mayoría electoral.
“No solo a la presidenta Áñez se le puede abrir un juicio de responsabilidades, sino también va a tener un juicio, pero ordinario, López porque se lo ha cesado de sus funciones. Por ello, cualquier acto que el lleve a cabo con seguridad será un acto ilegal”, señaló el diputado Édgar Montaño (MAS).
Para el Ministro de la Presidencia, el MAS utiliza los dos tercios que tiene en la ALP para “tratar de confundir al pueblo boliviano, para tratar de desgastar la imagen de los ministros y, por ende, de la Presidenta que es quien nos ayudó a consolidar el tema de la pacificación del país”.
El Ejecutivo también denunció que la censura fue coordinada desde Argentina, donde radica el expresidente Evo Morales desde el 12 de diciembre de 2019, con el objetivo —dijo Núñez— de desestabilizar al actual Gobierno.
“Está claro que esto está manipulado desde la Argentina porque nuevamente quieren desestabilizar el país, quieren que haya conflictos sociales (…) tienen miedo que haya un gobierno constitucional elegido por el pueblo, que sabe que va aplicar justicia en nuestro país, eso tienen miedo”.
Montaño dijo que el Gobierno busca crear una cortina de humo y lamentó que para tapar los abusos que el Ejecutivo cometió, “le echan la culpa al jefe de campaña del MAS (en alusión a Morales), de todo, en absoluto. (…) Es un pretexto para decirle a la población que todo está dirigido”.
Aguilar precisó que la nota que López envió a la ALP para la suspensión de la sesión es “errada”, ya que incluso tiene la fecha de 17 de marzo, cuando la sesión fue fijada para el 6, y que la justificación para no asistir fue la entrega de un edificio administrativo en Puerto Suárez (Santa Cruz)
“Eso es más importante que asistir a la Asamblea e informarle al país respecto a los hechos de octubre y noviembre, además es la tercera vez que se lo cita y solicitó una reprogramación. Lo único que ha hecho la ALP es aplicar la Constitución y el reglamento del legislativo”, advirtió el senador que calificó la postura de López como una “burla” a legisladores.
“Y si acaso este Gobierno en transición se animara a ratificarlo, éste será un ministro inconstitucional, sus actos serán nulos de pleno derecho y la ALP no tendrá ninguna relación administrativa con este ministro”, dijo Aguilar.
La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió a Áñez, el 3 de marzo, que si no vuelven a asistir sus ministros de Estado ante una convocatoria del Legislativo serán censurados en ausencia y deberán ser cesados en sus cargos. (08/03/2020)
