Este miércoles se cumplen 44 años del cruento asesinato de ocho líderes de la dirigencia del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en la denominada Masacre de la calle Harrington, durante el gobierno de facto del dictador Luis García Meza.

Artemio Camargo, José Reyes, Ricardo Navarro, Ramiro Velasco, Arcil Menacho, Jorge Baldivieso, José Luis Suárez y Gonzalo Barrón, integrantes de la Dirección Nacional del MIR, hacer 44 años eran acribillados.

Son conocidos como los “mártires de la calle Harrington”, donde se encontraba la casa de la zona paceña de Sopocachi en que se reunían para analizar las medidas económicas que habían sido avaladas por la cruenta dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, cuando se tenía que andar con el “testamento bajo el brazo”.

Ese 15 de enero de 1981, “fueron asaltados por 13 paramilitares que llegaron en dos jeeps y varias furgonetas e ingresaron al domicilio, mientras otro grupo de paramilitares armados había rodeado el manzano y un tercer grupo había ingresado a las casas vecinas bloqueando el barrio. En esta intervención, los ocho representantes de la Dirección Nacional del MIR fueron asesinados”, señala un documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.

Solo Gloria Ardaya logró salvar la vida al ocultarse bajo una cama, aunque luego fue descubierta y sometida a tortura física y psicológica.

Lea más: La masacre de la Harrington, 43 años de memoria

“En la calle Harrington escuchamos el ruido, el frenazo de dos jeeps; de ellos bajan elementos armados. Cuando nos acercamos a la ventana, vimos que un nutrido grupo de gente armada trepaba por las rejas; nos dispersamos y yo me metí bajo la cama. (…) Les preguntaron sus nombres, en ese momento se escuchó ráfagas de ametralladora. El piso sobre el cual estaba yo encogida bajo la cama se movía; el ametrallamiento duró cinco minutos”, declaró Ardaya en el juicio contra García Meza.

Una investigación de José Coco Pinelo, militante del MIR, quien debía participar de esa reunión, concluyó que “el campesino A.A, hijo de un miembro del Bloque Campesino del MIR y encargado de cuidar la oficina del partido de la Mariscal Santa Cruz, era el agente infiltrado que dio a conocer que ese 15 de enero habría una reunión de la dirección nacional del MIR, sin embargo, las FFAA aún no sabían del lugar”, publicó La Razón hace nueve años.

Así, los militares armaron tres operativos de seguimiento para dar con el paradero de la cita. “Veinte minutos antes de que lleguen a la reunión los compañeros, las FFAA ya estaban rodeando la Harrington. Gloria Ardaya (sobreviviente) se salva porque llegó antes que los militares”, contó entonces Pinelo.

El juicio de responsabilidades a García Meza y sus colaboradores duró siete años. El 21 de abril de 1993, la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo. García Meza y Arce Gómez recibieron 30 años de cárcel sin derecho a indulto, junto a otros 13 paramilitares, por la comisión del delito de “Genocidio de la calle Harrington: masacre sangrienta y asesinato (…) y organización de grupos armados irregulares”.  

La sentencia se constituyó “en el primer caso en América Latina que llegó a condenar el delito de genocidio por la masacre a los ocho dirigentes nacionales del MIR, perpetrada en un operativo que estuvo planificado y enfocado a un determinado grupo, con el objetivo de exterminarlos por razones políticas”, remarca la Defensoría.

Para recordar este trágico acontecimiento, el pleno de la sesión de la Cámara de Senadores realizó este miércoles un minuto de silencio en memoria de los ocho bolivianos que fueron acribillados en 1981.

“Presidente yo quiero pedir un minuto de silencio para estos ocho bolivianos, pero también de todos los hombres y mujeres indistintamente de su pertenencia política partidaria o su participación que sacrificaron su vida o sacrificaron el dolor sus familias para que nosotros que estamos presentes podamos darle un mejor destino a la patria”, dijo el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira.

El pleno de la Cámara de Senadores instaló la sesión e inició el debate de la Proyecto de Ley de Distribución de Escaños parlamentarios, con el pedido de la dispensación de trámite por un lado y el rechazo a la norma por otro.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco pidió que el proyecto de ley 230, de Distribución de Escaños, se trate por dispensación de trámite para que se apruebe en esa instancia legislativa.

El senador de Comunidad Ciudadana Santiago Ticona rechazó la propuesta y pidió que la norma pase a la comisión para su respectivo tratamiento.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advirtió el martes del riesgo que corren las elecciones presidenciales de este año, si no se aprueba la ley de escaños hasta este miércoles.

 “El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, que pondría en riesgo la elección”, dijo el vocal a Unitel.

El Diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, aseguró que este miércoles presentará un proyecto de ley para modificar la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) y así poder quitar disposiciones que irían, según el legislador, contra la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes.

Entre los puntos observados dentro del PGE 2025 está la disposición séptima, en la que se establece que el gobierno nacional puede confiscar mercadería y producción; otro artículo que observa el diputado Roca tiene que ver con la posibilidad del Banco Central de Bolivia (BCB) de vender más oro que lo permitido por la Ley del Oro, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 5 de mayo del 2023.

El diputado Roca también hizo mención a que las disposiciones del PGE modificarían la ley del BCB, para que esta entidad pueda prestarse dinero (hasta 3000 millones de dólares) del sistema financiero internacional, con tasas de hasta 20%, para luego transferirle estos recursos al Tesoro General de la Nación.

Espera que más legisladores de las diferentes fuerzas políticas y facciones, se sumen a este camino para modificar el PGE, que ya tiene resistencia en sectores productivos como Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), gremiales y también sectores empresariales.

“Somos 55 parlamentarios de oposición que deberíamos aprobar este proyecto de ley”, dijo Roca en La Razón Radio. Incluso se refirió a algunos diputados “arcistas” y “evistas” que se sumarían a apoyar esta iniciativa porque “existe una molestia” debido a que el gobierno no les permitió siquiera debatir el PGE 2025.

También aseguró que presentarán una acción constitucional para paralizar los artículos que, según Roca, contravienen a otras leyes e incluso la CPE.

Finalmente, coincidió con el exprocurador Wilfredo Chávez, que en el programa Piedra, Papel y Tinta, mencionó que el gobierno puede aprobar el PGE sin el tratamiento en la ALP, pero no la Ley Financial, que es la que contiene los artículos observados.

El exministro de Medio Ambiente y Aguas, Alan Lisperguer, se pronunció este miércoles sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta.

En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno, Lisperguer manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y negó cualquier irregularidad en sus bienes. 

“Como funcionarios públicos, estamos sujetos a que investiguen nuestros bienes y movimientos bancarios. No hay razón para alarmarse, debemos estar preparados para ello”, señaló Lisperguer, dejando claro que asumirá su defensa legal.  

Puede leer: Arce destituye al ministro de Medio Ambiente tras denuncia por enriquecimiento ilícito

Enriquecimiento

La exautoridad aclaró que los movimientos financieros cuestionados no corresponden a su gestión como ministro en 2024, sino a años anteriores cuando no ocupaba ningún cargo público. Explicó que durante ese tiempo realizó diversas actividades económicas para cubrir sus necesidades. 

“Los movimientos económicos mencionados pertenecen a gestiones pasadas. No tenía ninguna función pública en ese entonces, por lo que todo tiene su explicación y presentaré los descargos en el momento oportuno”, afirmó. 

Sobre el monto de aproximadamente Bs 1 millón que se investiga, Lisperguer señaló que esa cifra corresponde a un análisis de cuatro años, lo que, según él, no representa enriquecimiento ilícito. 

Ante las acusaciones de omitir información en su declaración jurada, el exministro aclaró que realizó una declaración general de sus bienes.

Respecto a los nueve inmuebles que se le atribuyen, explicó que se trata de un solo inmueble familiar construido años atrás, el cual fue regularizado bajo propiedad horizontal, generando varios registros. 

“Hice una declaración general de mis bienes. Los departamentos mencionados forman parte de un solo inmueble que construí hace años y regularicé mediante derecho propietario horizontal”, explicó. 

Colaboración

Lisperguer informó que aún no ha recibido una citación formal, aunque sabe que la denuncia fue admitida y seguirá los procedimientos legales establecidos. Además, expresó su preocupación por el impacto mediático del caso. 

“Estoy dispuesto a someterme a todas las investigaciones. Sin embargo, lamento que los medios hayan magnificado esta situación sin un análisis objetivo. Detrás de cada persona hay una familia que también se ve afectada”, enfatizó. 

Reiteró que durante su gestión como ministro no realizó movimientos económicos irregulares y que los depósitos señalados solo corresponden a su sueldo como funcionario público. 

Lisperguer fue destituido de su cargo este miércoles por el presidente Luis Arce tras conocerse la denuncia.

La Comisión de Ética se prepara para revisar y analizar los casos que no fueron atendidos entre 2023 y 2024. El objetivo es dar cumplimiento a lo que dispone el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado.

“No llegan ni a 20 denuncias, por lo tanto, no va a ser tan difícil. Vamos a priorizar el trabajo de esta comisión, porque tanto el país como los diputados están esperando resultados (…); para ningún miembro de la comisión debe haber evistas ni arcistas ni partidos políticos, creemos que todos tenemos que actuar conforme al reglamento”, afirmó la diputada Lidia Tupa, miembro de la comisión.

Según el procedimiento, las denuncias deben ser presentadas con las pruebas suficientes y los legisladores denunciados serán notificados, y “tendrán el tiempo suficiente para presentar sus descargos y, de acuerdo con la carga probatoria, se someterá a votación para aprobar o rechazar la resolución”.

La pasada semana, el pleno de Diputados conformó la Comisión de Ética, que ahora se prepara para conformar su directiva, con el fin de tratar —con prioridad— los casos pendientes.

Lea más: Viceministro Ríos pide activar la Comisión de Ética contra Arispe por amenazas de muerte

El viernes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, pidió activar la Comisión de Ética contra el diputado evista Gualberto Arispe por emitir amenazas de muerte. 

“Pedimos a la Asamblea Legislativa (que) es momento que, ahora, la Comisión de Ética de esta instancia procese al señor Gualberto Arispe por estas acusaciones que se han emitido”, indicó la autoridad.

Sobre el caso del diputado Arispe, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Deysi Choque dijo que “no hay nada que investigar” porque es un autor confeso, tras emitir sus declaraciones de manera pública.

“Ha indicado claramente que el policía que esté decido a morir vaya al Trópico. No es un tema que se vaya a investigar y es un tema público”, aseveró la legisladora.

Recordó que la Comisión de Ética delibera de manera rápida y emite una resolución “bastante rápida”. “Entendemos que hay muchísimas denuncias que han existido durante estos dos años que ellos tendrán que deliberar”.

Dijo que se tiene pendiente las agresiones de la Asamblea Legislativa al vicepresidente David Choquehuanca, además del daño y perjuicio al mobiliario de la Cámara de Diputados, y también las acciones y actuaciones que comete el diputado Héctor Arce contra las mujeres.