Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron el asalto de la embajada de México en Ecuador; mientras que el secretario general del bloque regional, el uruguayo Luis Almagro, señaló que lo sucedido “no puede quedar como precedente”.

El Consejo Permanente realizado en Washington, Estados Unidos, fue a petición de Ecuador; sin embargo, no contó con la participación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld e intervino el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos.

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El pasado viernes a medianoche, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede mexicana de Quito. La misión fue detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había accedido al asilo político. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Este accionar provocó una condena regional.

Este martes, Antigua y Barbuda, Argentina, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Perú, España, El Vaticano, Panamá, Guatemala y Brasil; mediante sus embajadores, expresaron nuevamente su condena a la decisión asumida por el gobierno de Daniel Noboa.

El embajador de Bolivia, Héctor Arce, indicó que el presidente Luis Arce y la Cancillería condenaron en “los términos más enérgicos y enfáticos” lo acontecido. Y el secretario Almagro subrayó que Ecuador violó principios del derecho internacional y sentenció: “No podemos permitir que esto siente un precedente”.

El asalto policial a la embajada de México en Ecuador es parte del debate en la región. Este martes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) será el escenario de la batalla bilateral por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien contaba con asilo político.

El Consejo Permanente del bloque regional está previsto para las 15.00 en el salón Simón Bolívar de la sede de Washington, en Estados Unidos. La página web de la OEA indica que se analizarán las “Normas de las Relaciones Diplomáticas y del Asilo”, a solicitud del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

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Batalla por Glas

El viernes a medianoche, la Policía de ese país irrumpió en la sede diplomática mexicana de Quito, para detener al exvicepresidente Glas, lo que desencadenó una condena unánime en la región y por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas. Por esta razón, México rompió relaciones con Ecuador.

La reunión de la OEA contará con la presencia de los cancilleres, entre ellos la de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien fundamentará la decisión asumida por su gobierno, que alegó tener conocimiento de una “inminente huida” de Glas. Además, el presidente Noboa defendió ayer su determinación y advirtió que “la justicia no se negocia”.

Eso no es todo

Para mañana se tiene previsto otro Consejo Consultivo, a las 10.00, para analizar “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”. Esto a solicitud de las misiones permanentes de Colombia y Bolivia, según la OEA.

El domingo, la canciller boliviana Celinda Sosa adelantó que bloques regionales como la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de lo Pueblos (Alba-TCP) convocaron a reuniones de urgencia para tratar la crisis abierta tras el asalto a la embajada.

“Esta es una agenda que está dentro de los organismos multilaterales, realmente para buscar, sobre todo, la solidaridad con el pueblo mexicano y también con el exvicepresidente Jorge Glas, que se respeten sus derechos. Esperamos que realmente estas reuniones que se van a tener de los cancilleres, que podamos establecer resoluciones que puedan ser respetadas”.

El viernes será otro día clave. Ayer, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien dirige la Celac, anunció que sus colegas latinoamericanos tendrán una cumbre virtual para debatir una propuesta de “firme condena” y eventuales sanciones a Ecuador, señala AFP. 

Se revisará un planteamiento para llamar a Quito a “promover un diálogo para normalizar las relaciones con México” y, en caso contrario, «tomar posiciones políticas (contra Ecuador), ya sean éstas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales para obligarle a su cumplimiento», agregó Castro.

Los tentáculos corruptos del caso Lava Jato (“lavacoches” en portugués) se extendieron de Brasil a una decena de países. En Bolivia, la pesquisa ha tomado un nuevo aire y la clave está en desenredar el pago de 51 supuestos sobornos por $us 4 millones. 

La Operación Lava Jato cumplió en marzo una década de haberse activado. Es considerado el mayor operativo contra la corrupción en la historia de Brasil. Y tuvo un protagonista: la estatal Petrobras, que armó una arquitectura corrupta que movió al menos $us 8.000 millones y se esparció a un abanico de rubros, entre ellos la construcción.

Así, surgen nombres de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez… que corrompían a funcionarios de otras naciones latinoamericanas para hacerse de licitaciones, cargando los sobornos al costo final de las obras. Era un negocio redondo para todas las partes, con cifras de al menos siete dígitos.

MILLONES

Solo como ejemplo, ante la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado más de $us 788 millones desde 2001, en una decena de naciones de América Latina. Las investigaciones provocaron terremotos políticos, con presidentes y exmandatarios, funcionarios que se sentaron en el banquillo de acusados.

Bolivia no escapó a este panorama. Odebrecht y Camargo Correa sentaron presencia y, según indagaciones, también sus maletines de dinero. Los indicios llevaron a que en 2018, la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial mixta de investigación, que pidió el inicio de un proceso penal contra los implicados.

El 14 de noviembre de ese año, se presentaban los resultados de cinco meses y medio de pesquisas. “Luego de hacer un rastreo de 179 personas, existen indicios suficientes para confirmar que el escándalo de coimas y dádivas llegó a Bolivia”, remarca el informe, elaborado tras entrevistas, viajes al extranjero y análisis de documentos.

Se apuntó a altos cargos de los gobiernos de Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), sobre todo ocho personas. Ante sus colegas, la entonces diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de la comisión, sentenció que “estamos hablando de sobornos, de algo éticamente reprochable. Estamos hablando de coimas”.

Posteriormente, en conferencia, Rivero subrayó que se hallaron tres indicios importantes: el típico modus operandi que las constructoras implicadas aplicaron en otras partes del mundo, periplos a Perú de funcionarios que coincidieron con gente de Odebrecht y movimientos económicos “inusuales y sospechosos”.

Corrupción

Otro punto clave, de acuerdo con la comisión, es que se recurría a “decretos de urgencia”, promovidos por personas de confianza que cumplían interinatos cortos para pavimentar el camino del negociado. Las decisiones se tomaban al máximo nivel para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) simplemente las aplique.

Este documento fue la base para el proceso abierto por el Ministerio Público, el 7 de enero de 2019. Cinco años después, el caso ha vuelto a la palestra, cuando a mediados de marzo, el diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), dirigida por Mesa, fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.

Alarcón fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa, y denunció una “represalia” por haberse desempolvado la investigación que había dormido “el sueño de los justos” durante años. Similar discurso emitió el expresidente Mesa. Al respecto, surge la pregunta: Qué indaga el caso Lava Jato en Bolivia.

En exclusiva, el fiscal José Rodríguez atendió a La Razón, y aclara que el caso no estaba en la congeladora. “El proceso no fue reabierto y nunca fue suspendido. Hay que tomar en cuenta que por tratarse de un proceso de investigación complejo se solicitó a la autoridad jurisdiccional más tiempo en la etapa preparatoria”.

Rodríguez señala que las pesquisas se activaron con el informe elaborado por la Asamblea, por indicios de irregularidades en la construcción de la “carretera pavimentada tramo Santa Cruz de la Sierra-Puerto Suárez”, en dos tramos: Roboré-El Carmen (adjudicado a Camargo Correa) y El Carmen-Arroyo Concepción (Odebrecht).

Proceso

“Los hechos se habrían suscitado durante la vigencia del proceso de proyección, prospección, negociación, licitación, contratación y ejecución de estos tramos, estableciéndose los años 2002 a 2010, en los cuales mediante acuerdos presuntamente irregulares se materializó un complejo mecanismo de corrupción mayor de similares acciones, procedimientos y a una particular manera de proceder que se repitió en países hermanos circundantes a Bolivia, para lo que se involucró a una serie de personas y elementos tales como: modalidades de contraprestación, modalidades de obtención de los dineros e identificación de destinatarios de los dineros”, explica.

Explica que se presume que las firmas brasileñas y sus aliadas bolivianas, ARG Ltda. e IASA, “lograron una participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado”, entre 2004 y 2007, “debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. También estuvieron involucradas personas privadas, naturales como otras de existencia ideal (jurídicas)”.

Los indicios apuntan a que Camargo Correa y Odebrecht concretaron la adjudicación de los tramos carreteros en cuestión entre 2004 y 2006, a cambio de 51 presuntos sobornos que ascienden a cerca de $us 4 millones. “Los dineros de Odebrecht presuntamente habrían llegado a Raquel B. S., esposa de Marcelo R. S.  B., cuyo perfil económico no coincidiría con los movimientos económicos que se presume ejecutaba; mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias”.

Fiscalía

De acuerdo con Rodríguez, hay al menos 23 personas en la mira, entre personas privadas y jurídicas, y exfuncionarios. “El Ministerio Público investiga ‘hechos’, no delitos ni personas”, sostiene. Los posibles delitos en la carpeta son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

No hay detenidos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas es la que definirá los siguientes pasos en las pesquisas, las que se pueden extender al extranjero. “No se pueden dar detalles por el resguardo de la investigación”.

Ahora, se pretende citar a más personas para su declaración informativa, sobre todo a las ligadas con los implicados. “Es un proceso de investigación complejo por el número de sindicados”, y se solicitó seis meses más para realizarlo, indica Rodríguez. “Estamos dentro de los parámetros legales de los plazos”. Así, el caso Lava Jato todavía tiene mucha tela para cortar.

Tras el asalto a la embajada de México en Ecuador, que provocó una unánime condena en la región, el presidente Luis Arce se comunicó con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y le expresó su solidaridad. Además, Bolivia decidió convocar a embajadoras.

“Tuve una conversación telefónica con el Presidente de México… donde le expresamos nuestra solidaridad por lo sucedido en la embajada de México en Ecuador. Le informamos que hemos convocado a nuestra embajadora de Bolivia en Ecuador para este lunes”, escribió Arce en X.

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“Además, desde la Cancillería hemos convocado a la Embajadora de Ecuador en nuestro país para que pueda bridar información sobre lo ocurrido. Reiteramos que la defensa del carácter inviolable de las sedes diplomáticas es un tema de principios, como también de la tradición latinoamericana del asilo, en la cual México es vanguardia”, añadió.

Arce remarcó que López Obrador destacó el apoyo continuo de Bolivia a México. “En el próximo encuentro convocado por la CELAC, Bolivia también participará activamente como país colaborador. Esperamos que las reuniones convocadas por organismos multilaterales, tomen decisiones que impidan que se repitan estos acontecimientos en el futuro”.

“Como países hermanos, nos mantenemos unidos y fortalecemos nuestra Diplomacia de los Pueblos por la Vida en beneficio de la integración y convivencia de nuestras naciones”, cerró el mandatario.

El expresidente Evo Morales confirmó que el congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) para renovar su directiva se realizará el 10 de junio en Villa Tunari.

Hizo el anuncio en Radio Kawsachun Coca, al revelar que recibió una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el plazo para realizar el cónclave.

Dijo que la respuesta le llegó el jueves 4 de abril, donde se establece que la dirección nacional del MAS tiene 25 días calendario para convocar a congreso tras la notificación con la resolución del TSE.

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Esta semana, Morales planteó dos fechas para el congreso: 4 de mayo o 10 de junio, e indicó que ello dependería de que el TSE diga cuál de las dos fechas es aplicable.

El TSE decidió no registrar el congreso del MAS celebrado en lauca Ñ, Cochabamba, en octubre del año pasado, debido a una serie de incumplimientos a la convocatoria y al estatuto del partido.

Congreso del MAS

Instruyó a la directiva una nueva convocatoria, pese a la insistencia de su equipo jurídico sobre la “legitimidad” de ese encuentro.

Morales señaló que platear dos fechas responde a la “confusa” conminatoria del TSE. Afirmó que se envió una carta para que los vocales expliquen si el plazo de 25 días es para presentar la convocatoria o para que se realice el congreso.

La resolución de la Sala Plena del TSE, del 28 de marzo de 2024, conmina a que el MAS, “en el plazo de 25 días calendario, computable a partir de la notificación con la presente resolución, emita la convocatoria a Congreso Nacional Ordinario para la renovación de su directiva”.

El TSE, en una cuarta ampliación, determinó el 5 de mayo como fecha límite para que las organizaciones políticas registradas ante el Órgano Electoral presenten sus nuevas directivas, pero el estatuto del MAS establece que la convocatoria a los congresos debe realizarse con un plazo de 60 días, mínimo, y 90 días, máximo.

Este domingo, Morales confirmó que el congreso se llevará a cabo el 10 de junio en el estadio Bicentenario de Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba. “Va a ser el congreso más grande de la historia de Bolivia”, remarcó.