Nacional

sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 05:04

HRW advierte que disposición en el decreto de Áñez sobre el coronavirus amenaza la libertad de expresión

Pide al Gobierno que derogue la amenaza de procesos a quienes “critiquen políticas públicas” insta a autoridades a activar un recurso de inconstitucionalidad

/ 7 de abril de 2020 / 16:34

Miguel Gómez/La Paz

La entidad defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que una de las disposiciones del decreto que endurece las medidas para contener la propagación de la coronavirus en el país, amenaza la libertad de expresión al ser “excesivamente amplia y vaga”, y por habilitar a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas. Ante ello, demandó derogarla y recomendó activar recursos de inconstitucionalidad.

“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”, añadió, según una nota de prensa.

La presidenta Jeanine Áñez promulgó la norma el 25 de marzo, que extiende la emergencia sanitaria y la cuarentena total hasta el miércoles 15 de abril. En el segundo parágrafo del artículo 13 se indica que “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, sancionados con hasta 10 años de cárcel.

“Altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por ‘desinformar’. El decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como ‘desinformación’ o como actos que ‘generen incertidumbre a la población’. Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, remarca el comunicado de Human Rights Watch.

La institución indica que el artículo 216 del Código Penal boliviano, referido al tema, “no contempla delitos de opinión, como desinformar ni generar ‘incertidumbre a la población’, tal como se señala en el decreto, ni tampoco otras hipótesis en que se pueda incurrir cuando se hagan comentarios públicos”. Por esta razón, solicitó al Gobierno que se derogue esta disposición “que atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país”.

“A su vez, los senadores, diputados, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad de esta disposición”, complementa la nota de prensa.

Asimismo, HRW hace un repaso a declaraciones de autoridades del Gobierno que tienen relación con su advertencia sobre el decreto. Por ejemplo, cuando el 18 de marzo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que ordenó a las Fuerzas Armadas, la Policía y al personal de su cartera a hacer “ciberpatrullaje” en las redes sociales para identificar a quienes “desinforman” a la población sobre el coronavirus, bajo la amenaza de entablarles acciones penales.

“Advirtió a los políticos, y mencionó específicamente a Luis Arce (del MAS), sobre su obligación de ‘no desinformar’. Arce, rival político de la presidenta Áñez, encabezaba las encuestas realizadas a principios de este año para los comicios presidenciales, programados inicialmente para mayo. A causa de la pandemia del COVID-19, la elección se ha pospuesto hasta una fecha a determinar entre el 7 de junio y el 6 de septiembre”, complementa la entidad.

También menciona que Murillo insistió en que algunas personas hacían un “mal uso de la información” relativa a la pandemia para conseguir “rédito político” e instó al Ministerio Público a activar todos sus mecanismos contra las personas responsables de “desinformación”. Luego, el 23 de marzo, dice HRW, Rafael Quispe, quien dirige el Fondo de Desarrollo Indígena, acusó a “la gente del MAS” (Movimiento Al Socialismo), partido político al cual pertenecen Arce y el expresidente Evo Morales, de promover “desinformación” sobre el COVID-19.

Más todavía, rememora que el 27 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió que quienes publiquen “información falsa” en las redes sociales “van a ir a la cárcel 10 años” y serán llevados a hospitales a cuidar de pacientes infectados con la enfermedad. “Human Rights Watch no tiene conocimientos de casos en que el gobierno haya invocado expresamente el decreto del 25 de marzo para procesar a alguna persona por el ejercicio de su libertad de expresión”, señala la nota de prensa de la entidad internacional.

“Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de ´desinformación´ únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población”, sostuvo Vivanco. “Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al COVID-19”, subrayó.

Comparte y opina:

La vacación escolar se amplía por una semana y el retorno será de forma escalonada

El Ministro de Educación indicó que se tomó la determinación ante el aumento de contagios y el ingreso de un frente frío los primeros días de la siguiente semana.

/ 18 de junio de 2021 / 15:53

El ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció este viernes la ampliación de la vacación escolar por una semana, hasta el viernes 25 de junio, ante el aumento de contagios en el país y debido al ingreso de un frente frío en el territorio nacional. Señaló que desde el lunes 28 se retornará a clases de manera diferenciada en las regiones.

“La situación sanitaria está complicada en los diferentes lugares del país. En ese sentido, tras los balances correspondientes en el marco de la coordinación con el Ministerio de Salud, como ente rector, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hemos recibido el reporte del aumento de casos de COVID-19, que afectó a maestros, padres, estudiantes”, indicó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Añadió que el Senamhi señaló que los primeros días de la siguiente semana ingresará un frente frío al país. “En ese sentido, en coordinación con ministros y atendiendo la solicitud de padres de familia, de maestros, es que el ministerio toma la determinación de ampliar el descanso pedagógico por una semana más. Lo hacemos en el marco del cuidado de la salud y la vida de nuestros estudiantes, maestros y padres de familia”.

“También queremos anunciar que desde el lunes 28 vamos a desarrollar un retorno a actividades de manera escalonada en el marco de las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el tema COVID-19 y el clima. Vamos a retornar de manera diferenciada en el país. En las regiones de altitud, con un clima más duro, vamos a tomar en cuenta elementos e indicadores de salud para un retorno seguro a clases”.

Comparte y opina:

Arias protesta por arraigo y pago de una fianza de Bs 30.000, anuncia apelación

El alcalde debe presentarse cada 15 días ante la Fiscalía por el caso de una supuesta designación irregular cuando fue ministro. Señala que la decisión judicial perjudicará sus gestiones para encarar la pandemia del COVID-19.

Foto: Rodwy Cazón

/ 18 de junio de 2021 / 13:50

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se estrelló contra la justicia después que en una audiencia virtual se determinó su arraigo, el pago de una fianza de Bs 30.000 y que se presente cada 15 días ante la Fiscalía, en el caso de supuesta designación irregular cuando fue ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“En plena lucha contra la tercera ola del COVID-19, lucha por la salud y la vida de todos los paceños, cuando más se necesita de mi labor y desempeño en el ejercicio de mi cargo, la justicia ha decidido arraigarme, desconociendo que soy el alcalde de esta ciudad y que por tanto vivo en la misma y viviré en ésta los siguientes cinco años y siempre”, indicó.

Arias leyó un comunicado en su conferencia de prensa y remarcó que solventó ante el juez que no hay riesgo de fuga. “Hemos fundamentado con N argumentos que no nos vamos a escapar, que necesitamos movernos para traer vacunas, lobby internacional para traer salud, vida, tiempo para trabajar, pero la justicia parece no entender esto”.

Denunció que se priorizan intereses políticos al haber sido parte del gobierno transitorio de Áñez, quien se encuentra detenida en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado. “Queda claro que el Poder Judicial está al servicio de otros intereses”, aseveró, notoriamente afectado por la decisión, aunque dijo que el lunes presentará la apelación.

“Al parecer a las autoridades judiciales no les interesa la salud y priorizan sus intereses políticos sobre los intereses del pueblo, no dejándome trabajar, ni menos buscar alternativas para enfrentar la peste fuera de nuestras fronteras. Ahora, en vez de pensar en mi ciudad, debo estar pendiente de presentarme cada 15 días ante la Fiscalía”.

Arias dijo que “queda claro que el Poder Judicial está en contra de La Paz y al servicio del Gobierno central”.

“Lo importante es poner en grilletes al alcalde. Pero vamos a seguir trabajando y apelar, y denunciar esta sentencia que nos ha dado la justicia. No puedo viajar para ir a buscar vacunas, ya tenía dos viajes al exterior aprovechando el congreso de la basura, tenía tres contactos con empresas y otros alcaldes”, reveló la autoridad.

Comparte y opina:

Rivero: He traído mis pruebas, no hubo vacío de poder y no renuncié como dice la Iglesia

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) se presentó ante la Fiscalía de manera voluntaria para brindar su testimonio sobre la crisis de noviembre de 2019.

La exlegisladora Susana Rivero, al ingresar a la Fiscalía este viernes. Foto: Rodwy Cazón

/ 18 de junio de 2021 / 12:29

Susana Rivero, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), se presentó este viernes ante la Fiscalía de manera voluntaria para brindar su testimonio sobre la crisis de noviembre de 2019. Anunció que llevó pruebas sobre que no hubo vacío de poder y que no renunció cuando se encontraba en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales.

“He venido con pruebas que voy a aportar al proceso, lo hago como boliviana, política, porque el país merece políticos que den la cara, que respondan las preguntas, y que aporten con las investigaciones. No los que tiran la piedra y esconden la mano. He traído mis pruebas de que no hubo vacío de poder”, afirmó a los periodistas presentes.

La exprimera vicepresidenta de la Cámara de Diputados declara en el caso denominado Golpe de Estado, que indaga el derrocamiento del expresidente Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dos días después asumió la entonces senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó, primero, presidenta del Senado y, luego, presidenta del Estado.

Sin embargo, la opción Áñez fue cocinada en reuniones extralegislativas previas en oficinas de la Universidad Católica de La Paz, en las cuales participaron representantes de la Iglesia Católica, diplomáticos, políticos, cívicos… Inclusive, el domingo 10 de noviembre, desde esos encuentros se llamó a Áñez para ver su disponibilidad para asumir el mando del país.

En su declaración ante la Fiscalía, Áñez admitió ello; más aún, recordó que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, se opuso a que la sucesión recaiga en Adriana Salvatierra (MAS), entonces presidenta del Senado. Y ese mismo día, dijo ante los medios que ninguna persona del MAS podía asumir la presidencia.

Un año y siete meses después, el martes reciente, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un informe-cronología sobre su labor de “mediación” en noviembre de 2019. Y señaló que Salvatierra y Rivero renunciaron a la sucesión presidencial, lo que fue negado por ambas. El documento de la Iglesia fue duramente criticado por el MAS.

“He traído mis pruebas, he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio (de la Cámara de Diputados) el día 11 de noviembre. No he renunciado, muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 de noviembre y tengo mis pruebas que les voy a entregar”, dijo Rivero.

Y apuntó a Carlos Mesa por no haber dado su versión de los hechos ante el Ministerio Público. El opositor fue citado el jueves y se acogió a su derecho al silencio, al denunciar que el caso está “montado” por el expresidente Morales, el actual presidente Luis Arce, la Fiscalía y el Órgano Judicial. Los fiscales analizan procesarlo por obstrucción a la justicia.

“Aquellas personas que han justificado sus hechos, sus delitos cometidos, en una supuesta lucha por defender los mandatos constitucionales, incluido el señor Carlos Mesa, que a su fiel estilo cobarde ayer (por el jueves) no quiso emitir ningún criterio cuando fue convocado como testigo”, indicó la exdiputada al entrar a la Fiscalía.

Aprovechó para lanzar un desafío a “la gente que fue parte promotora de los hechos que se suscitaron en 2019, que siguen insistiendo que su lucha fue por defender la Constitución, les voy a preguntar si en algo cumplieron este artículo de la Constitución Política, el artículo 161”. Luego, la exasambleísta leyó lo que señala esta disposición.

Según ese artículo, las cámaras de Diputados y Senadores se deben reunir en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones: inaugurar y clausurar sus sesiones; tomar juramento a la presidenta o presidente del Estado y a la vicepresidenta o vicepresidente del Estado; y admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente.

“Qué parte de este artículo cumplieron los que el día domingo (10 de noviembre de 2019) le ofrecieron la presidencia a Jeanine Áñez. Qué parte de este artículo cumplió la señora Jeanine Áñez, eso es lo que la población se debe preguntar”, cuestionó Rivero, quien también presentó una instrucción que ella dictó el 11 de noviembre de ese año como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, el comunicado 008/2019-2020.

Señaló que es la prueba de que no renunció hasta esa fecha, un documento en el que “comunica a las diputadas y los diputados que la 199 sesión ordinaria convocada para el día martes 12 de noviembre, a solicitud de diputadas y diputados que no logran retornar a la ciudad de La Paz por causa de fuerza mayor e inseguridad ciudadana, ha sido suspendida hasta nueva convocatoria que será comunicada oportunamente”.

“En consecuencia”, continúa el comunicado, “solo se programa sesión de comisiones”. Pero ese día, Áñez se proclamó presidenta en una sesión sin quórum, sin presencia de la bancada mayoritaria del MAS, sin leer las renuncias de Morales y el vicepresidente Álvaro García. “El país necesita respuestas, justicia, las víctimas de las masacres necesitan justicia. Y a la Iglesia que me ha excomulgado muchas veces, le digo: Que Dios perdone sus pecados”, remarcó la exlegisladora.

Comparte y opina:

Murillo figura aún en la lista de detenidos del centro carcelario de Miami

La página web de la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos lo tiene con el número de registro 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Miami. El periodista Arias dijo que fue liberado, el Gobierno señala que espera información oficial.

Foto: AFP

/ 17 de junio de 2021 / 18:07

De acuerdo con la página web de la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos, el exministro Arturo Murillo continúa preso en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami, tras ser arrestado bajo los cargos de lavado de dinero y sobornos por la compra de proyectiles y gases lacrimógenos con un sobreprecio estimado en $us 2,3 millones.

En el sector “Encuentra un preso” de esta plataforma, sale que Murillo es el reo con número de registro 02358-506 en el FDC de Miami, tras la revisión realizada por La Razón. “Solo las personas condenadas por violar las leyes federales (es decir, las leyes de los Estados Unidos) son enviadas a prisiones federales”, explica la respectiva Oficina.

El ministro de Gobierno en la gestión transitoria de Jeanine Áñez fue detenido junto a Sergio Méndez, su exjefe de gabinete, y tres empresarios de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, que fue beneficiada con la provisión de los materiales tras comprarlos de la compañía brasileña Cóndor. Estados Unidos realizó las investigaciones del caso.

Este jueves, el periodista Junior Arias anunció desde Estados Unidos que Murillo fue beneficiado con libertad bajo fianza, tras el pago del 10% de los $us 500.000 definidos por la justicia estadounidense, y que se convirtió en un “testigo protegido”. El cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega, rechazó la versión tras hablar con los abogados del país.

Sin embargo, el procurador general Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa en Bolivia, aclaró que no se tiene todavía información oficial sobre la situación jurídica del exministro, y que se consultó con el bufete contratado para el seguimiento de este caso en Estados Unidos para que aclare la información, lo que puede ser hasta el viernes.

Comparte y opina:

The Intercept: Exministro López buscó a mercenarios para impedir la posesión de Arce en 2020

La revista electrónica publicó un reportaje en el cual, mediante grabaciones filtradas, documentos, correos electrónicos, indica que López hizo gestiones para que mercenarios de Estados Unidos provoquen zozobra en el país, con apoyo de militares y policías.

El exministro Fernando López. Foto: APG

/ 17 de junio de 2021 / 13:10

La revista electrónica The Intercept apuntó a Luis Fernando López, ministro de Defensa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que mercenarios de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Luis Arce tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre del año pasado.

Las “pruebas” son grabaciones de llamadas, correos electrónicos, documentos y entrevistas a las cuales accedió este medio dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la NSA de Estados Unidos, con el exanalista Edward Snowden como fuente.

Según la publicación de este jueves, “en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación del país’. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse’, agregó, ‘y bloquear una administración de Arce… Las próximas 72 horas son cruciales’”.

Firmada por Laurence Blair y Ryan Grim, la nota añade que “los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados”.

The Intercept afirma que este complot fue confirmado por dos fuentes militares estadounidenses, “que los comandos de Operaciones Especiales para los que trabajan se habían enterado del complot golpista en Bolivia. Pero nunca salió nada de eso… Una fuente de operaciones especiales agregó: ‘Hasta donde yo sé, nadie los tomó en serio’”.

Una de las grabaciones filtradas, de 15 minutos de duración, por la cual se identificó a López, según la revista, devela su contacto con Joe Pereira, exadministrador civil del Ejército de Estados Unidos que en ese momento tenía su base en Bolivia y estuvo detenidos en una cárcel de territorio boliviano por una acusación de fraude.

El texto de los correos, señala el portal de investigación, lo describen como organizador principal de la misión con mercenarios. “Dos de las personas incluidas en los correos electrónicos confirmaron a The Intercept que los correos electrónicos son auténticos y que Pereira es el organizador principal”. Su voz fue reconocida por varias fuentes.

“Las referencias a la victoria de Arce en las elecciones indican que la convocatoria se realizó después del 18 de octubre, y parece que se hizo antes del 5 de noviembre, cuando López huyó de Bolivia al vecino Brasil, tres días antes de la toma de posesión de Arce”. Las investigaciones policiales apuntan a que López huyó con su colega Arturo Murillo.

“Los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo”, se escucha en la grabación atribuida a López. “El Alto Mando militar ya está en conversaciones preliminares”, agrega, “la lucha, el grito de guerra, es que (el MAS) quieren reemplazar a las Fuerzas Armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave”.

Y sigue que “ellos (la Policía y las Fuerzas Armadas) van a permitir que Bolivia se levante de nuevo y bloquee una administración de Arce. Esa es la realidad”. Según The Intercept, “sugiere además que el comandante de las Fuerzas Armadas ‘ya’ está reflexionando sobre un golpe de Estado preventivo y será quien ‘inicie la operación militar’”.

En la conversación, el exministro garantiza a su interlocutor el apoyo interno de militares. “Les garantizo que el 95, 98% son súper patriotas y no quieren desaparecer… Llevo 11 meses trabajando para que las Fuerzas Armadas tengan dignidad, moral, sean probas y piensen en la patria por encima de todo. Te garantizo que esto no fallará”.

Mediante un traductor, siempre según la publicación, Pereira indica que “las tropas serán recolectadas ‘de tal manera como si fueran contratistas privados, sin representación del Estado estadounidense. ‘Vamos a poner todas esas personas bajo contratos fantasma para empresas bolivianas que ya operan en el país’”.

Y da un número de los mercenarios que puede reclutar. “Puedo conseguir hasta 10.000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10.000. Todas las fuerzas especiales. También puedo traer alrededor de 350 de lo que llamamos LEP, Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la Policía… Conmigo (en Bolivia) tengo una plantilla de personal que puede manejar varios trabajos diferentes… Si hay algo más que necesito, los haré volar como encubiertos, como si fueran fotógrafos, pastores, médicos, turistas”.

El director del Programa de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, Adam Isaacson, indicó a The Intercept que “si la operación boliviana de corta duración fuera financiada por el gobierno de Estados Unidos, o disfrutara de su ‘aprobación tácita o explícita’, mostraría cuán profundo se habría adentrado en ‘territorio de vaqueros imprudentes’ la política de la administración Trump en América Latina”.

Comparte y opina: