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sábado 8 ago 2020 | Actualizado a 01:56

HRW advierte que disposición en el decreto de Áñez sobre el coronavirus amenaza la libertad de expresión

Pide al Gobierno que derogue la amenaza de procesos a quienes “critiquen políticas públicas” insta a autoridades a activar un recurso de inconstitucionalidad

/ 7 de abril de 2020 / 16:34

Miguel Gómez/La Paz

La entidad defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que una de las disposiciones del decreto que endurece las medidas para contener la propagación de la coronavirus en el país, amenaza la libertad de expresión al ser “excesivamente amplia y vaga”, y por habilitar a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas. Ante ello, demandó derogarla y recomendó activar recursos de inconstitucionalidad.

“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”, añadió, según una nota de prensa.

La presidenta Jeanine Áñez promulgó la norma el 25 de marzo, que extiende la emergencia sanitaria y la cuarentena total hasta el miércoles 15 de abril. En el segundo parágrafo del artículo 13 se indica que “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, sancionados con hasta 10 años de cárcel.

“Altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por ‘desinformar’. El decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como ‘desinformación’ o como actos que ‘generen incertidumbre a la población’. Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, remarca el comunicado de Human Rights Watch.

La institución indica que el artículo 216 del Código Penal boliviano, referido al tema, “no contempla delitos de opinión, como desinformar ni generar ‘incertidumbre a la población’, tal como se señala en el decreto, ni tampoco otras hipótesis en que se pueda incurrir cuando se hagan comentarios públicos”. Por esta razón, solicitó al Gobierno que se derogue esta disposición “que atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país”.

“A su vez, los senadores, diputados, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad de esta disposición”, complementa la nota de prensa.

Asimismo, HRW hace un repaso a declaraciones de autoridades del Gobierno que tienen relación con su advertencia sobre el decreto. Por ejemplo, cuando el 18 de marzo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que ordenó a las Fuerzas Armadas, la Policía y al personal de su cartera a hacer “ciberpatrullaje” en las redes sociales para identificar a quienes “desinforman” a la población sobre el coronavirus, bajo la amenaza de entablarles acciones penales.

“Advirtió a los políticos, y mencionó específicamente a Luis Arce (del MAS), sobre su obligación de ‘no desinformar’. Arce, rival político de la presidenta Áñez, encabezaba las encuestas realizadas a principios de este año para los comicios presidenciales, programados inicialmente para mayo. A causa de la pandemia del COVID-19, la elección se ha pospuesto hasta una fecha a determinar entre el 7 de junio y el 6 de septiembre”, complementa la entidad.

También menciona que Murillo insistió en que algunas personas hacían un “mal uso de la información” relativa a la pandemia para conseguir “rédito político” e instó al Ministerio Público a activar todos sus mecanismos contra las personas responsables de “desinformación”. Luego, el 23 de marzo, dice HRW, Rafael Quispe, quien dirige el Fondo de Desarrollo Indígena, acusó a “la gente del MAS” (Movimiento Al Socialismo), partido político al cual pertenecen Arce y el expresidente Evo Morales, de promover “desinformación” sobre el COVID-19.

Más todavía, rememora que el 27 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió que quienes publiquen “información falsa” en las redes sociales “van a ir a la cárcel 10 años” y serán llevados a hospitales a cuidar de pacientes infectados con la enfermedad. “Human Rights Watch no tiene conocimientos de casos en que el gobierno haya invocado expresamente el decreto del 25 de marzo para procesar a alguna persona por el ejercicio de su libertad de expresión”, señala la nota de prensa de la entidad internacional.

“Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de ´desinformación´ únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población”, sostuvo Vivanco. “Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al COVID-19”, subrayó.

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Camacho y Chi fustigan a Áñez y desahucian unirse a su convocatoria por los bonos

La Presidenta criticó a los demás candidatos y los llamó a firmar un “acuerdo nacional por los bonos”. Camacho afirma que esperaba que llame a la unidad en su mensaje . Y Chi le pide que rinda cuentas sobre los “millonarios préstamos y donaciones” que ya recibió para la lucha contra el COVID-19.

/ 7 de agosto de 2020 / 11:43

La presidenta Jeanine Áñez, en su discurso del 6 de agosto en el Palacio de Gobierno. Foto: APG

Tras el llamado de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para un “acuerdo nacional por los bonos” a todos los candidatos, los primeros en pronunciarse fueron los postulantes de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, y de Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, quienes fustigaron a la mandataria por su discurso del jueves y desahuciaron su adscripción a la convocatoria.

Con tono proselitista, en su discurso por los 195 años de independencia de Bolivia, Áñez reprochó a los aspirantes de los otros frentes políticos por no pronunciarse sobre el “bloqueo” del Legislativo, con mayoría del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), a los créditos de organismos internacionales, condición para la entrega del Bono Salud, de Bs 500, para ayudar a las familias en la pandemia.

Afirmó que en los próximos comicios los bolivianos tienen dos opciones, “entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo”. Indicó que parece que sus contendores electorales armaron un partido contra los bonos. Y al anunciar de que hablaría de estos beneficios, “que es justamente lo que nosotros sabemos hacer”, cerró su mensaje con el llamado a votar por quienes “saben hacerlos”.

Más aún, convocó a los demás candidatos a sumarse a su cruzada y firmar un “acuerdo nacional por los bonos”. Los primeros en dar su opinión sobre este planteamiento fueron Camacho, uno de los aliados de Áñez cuando ésta fue posesionada el 12 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, y Chi, una de las sorpresas de los comicios anulados del 20 de octubre del año pasado, quien salió tercero.

“Presidenta: ¿Acuerdo Nacional para los Bonos? Si el conflicto no es ese. Esperábamos que llame a la unidad para hallar soluciones a la crisis económica y de salud y, sobre todo, para frenar la violencia que genera el MAS. Pero usted está en campaña y eso no le interesa (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien se convirtió en un acérrimo crítico de Áñez.

Chi lanzó igualmente una respuesta dura, con otro tuit en su cuenta personal de la red social. “ANTE EL PEDIDO DE PRONUNCIAMIENTO DE LOS CANDIDATOS POR LOS BONOS CON EL FONDO DE FMI. Consideramos que primero se debe rendir cuenta acerca del destino de los millonarios préstamos y donaciones que recibió su gobierno para combatir el COVID-19 (sic)”.

El problema se activó por la observación del MAS al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones; demandó “transparencia” al Gobierno, al afirmar que no brinda información clara sobre el destino, las condiciones, los plazos, entre otros puntos, de este préstamo que ya está registrado en el Banco Central de Bolivia (BCB), pero requiere autorización legislativa para su empleo.

En medio de este problema se desataron las protestas por la suspensión unilateral de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual hay más de un centenar de bloqueos de caminos en el país. Incluso Áñez y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, objetaron las medidas del TSE. Áñez le pidió a la entidad dejar de jugar con las fechas.

(07/08/2020)

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Richter: La declaración de Áñez profundiza las diferencias

El politólogo señala que lo expresado por la Presidenta transitoria en el aniversario patrio, agrede innecesariamente a los poderes y actores políticos, y ratifica que el eje de su plan de gobierno se ciñe a los bonos.

/ 6 de agosto de 2020 / 19:03

La presidenta Jeanine Áñez, en su discurso del 6 de agosto en el Palacio de Gobierno. Foto: APG

Las evaluaciones sobre el discurso de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, por el 195 aniversario de la independencia de Bolivia, comienzan a aflorar. El politólogo Jorge Richter es crítico y opina que la “declaración” de la también candidata profundiza las diferencias, agrede a todos los actores políticos y ratifica que los bonos son el eje de su gobierno.

Para Richter, lo esgrimido por Áñez no puede ser considerado un mensaje a la nación digno de un 6 de agosto, sino una “típica declaración cotidiana de un político cualquiera en un día cualquiera en la plaza Murillo; es la clara expresión de un enunciado que lo ha escrito el ministro Murillo y lo leyó la señora Áñez, y reafirma que ella no gobierna el país”.

Sobre esa base, halla elementos clave en lo expresado por la Presidenta, que no se guardó calificativos para los otros poderes. “Profundiza las diferencias. Agrede innecesariamente, en un momento realmente álgido, a todos los actores políticos, al Órgano Electoral, al Órgano Legislativo, a los candidatos a la presidencia de otros partidos, a todos en su conjunto”.

“Y finalmente agrede, por desconocimiento absoluto, a la construcción histórica de lo que ha sido el armado de un pacto social inclusivo que se constituye en 2009 con una Constitución Política que reconoce finalmente la pluralidad y la diversidad de Bolivia. Sin entender ella lo que significa para Bolivia, y para lo social en Bolivia, el republicanismo”, añade Richter.

El analista remarca que, “lejos de la tradición de los informes que los presidentes daban ante el Legislativo sobre la situación y el estado del país, encontramos una visión que encierra odio, intolerancia, uso de la fuerza y que es la visión resumida de lo que guiaba a estos sectores conservadores de Bolivia, en las acciones anteriores y del 10 de noviembre”.

Asimismo, otro punto que desnuda la declaración de Áñez, según Richter, es que la columna vertebral de su plan de gobierno se basa simplemente en otorgar bonos. “El tema de los bonos es el eje de su gobierno, es tan crítico el desconocimiento de lo que significa gobernar el país, de la dimensión que tiene el Estado, que reduce todo a tres consignas por los bonos”.

Y continúa: La primera es que hoy estamos entre quienes saben hacer bonos y los que no lo saben, textual; que hoy se está contra los bonos o se está a favor de los bonos; y tenemos como mensaje corolario que tenemos que unirnos por los bonos como enseñanza de la pandemia”, concluye el politólogo, para quien estas señales son claramente preocupantes.  

(06/08/2020)

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Copa pide reencuentro, diálogo y unidad: ‘No se puede tener dos Bolivias’

Denunció el bloqueo del Gobierno a leyes sancionadas por la Asamblea, y que no se entrega información para la labor investigativa de las comisiones legislativas. “Es tiempo de recuperar la institucionalidad democrática, con nuevas autoridades que encaminen un futuro digno”, remarcó.

/ 6 de agosto de 2020 / 12:09

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, en su mensaje por las fiestas patrias. Foto: APG

En su mensaje por las fiestas patrias y en medio de un clima conflictivo por la suspensión de las elecciones, la presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, pidió ir por el camino del reencuentro, el diálogo y la unidad. “No se puede tener dos Bolivias”, remarcó.

La sesión del Legislativo se instaló con las respectivas medidas de bioseguridad y dedicó un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus. Copa dirigió el encuentro de manera virtual, ya que se encuentra aislada en su domicilio tras haber dado positivo a la enfermedad.

“Un aniversario más de Bolivia, que no hubiéramos querido pasar de esta forma. El mensaje para todos los bolivianos. Es momento de reencontrarnos, de entablar las mesas de diálogo, que nos escuchemos unos a otros, que Bolivia se una, no se puede tener dos Bolivias, Bolivia es una sola, trabajadora, digna y todos tenemos que construir esa Bolivia del futuro”.

Copa destacó la labor legislativa desde el cambio de gobierno en noviembre del año pasado, cuando la renuncia de Evo Morales y la posesión de Jeanine Áñez ahondaron la crisis tras las elecciones del 20 de octubre. Remarcó que las tres bancadas allanaron la pacificación del país con diálogo, viabilizando los comicios mediante una ley y la elección de vocales electorales.

Afirmó que así se evitó un derramamiento de sangre. Aparte, señaló que los asambleístas asumieron nuevos retos ante la pandemia, los cuales fueron cumplidos con la aprobación de una serie de normas para enfrentar la emergencia sanitaria y para garantizar la realización de las justas electorales, como la autorización de recursos económicos para la bioseguridad.

Eso sí, sostuvo que en este camino se tropezó con problemas con el Gobierno, que, por ejemplo, forzó mecanismos jurídicos para frenar leyes sancionadas por el Legislativo, como las que regulan los arrendamientos, la donación voluntaria de plasma hiperinmune, la atención gratuita de pacientes en el subsector de salud, el uso del dióxido de cloro, entre otros.

Además, denunció el bloqueo del Ejecutivo a la entrega de información para la investigación de las comisiones especiales mixtas sobre las “masacres” sucedidas en Senkata, Sacaba y Yapacaní, en los conflictos de fines del año pasado; el manejo de las empresas públicas; el sobreprecio en la compra de 170 respiradores, y la adquisición de equipos antidisturbios.

“La Asamblea ha ejercicio sus funciones establecidas en la Constitución, más allá de las trabas políticas. En base a la cultura de la paz, hemos encabezado el diálogo para mejores días para el país”. Y remarcó que pese a los momentos dolorosos y oscuros, bajo la sombra del COVID-19, y una situación económica crítica, hay un horizonte de esperanza para los bolivianos.

“Bolivia se alista para la época de siembra, para retomar el camino del vivir bien, para buscar el pan por una Bolivia mejor. Es tiempo de recuperar la institucionalidad democrática, con nuevas autoridades que encaminen un futuro digno. Nuestra lucha seguirá con la misma fuerza para recuperar la democracia y brindar un mejor futuro a nuestros hijos”, concluyó.

(06/08/2020)

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Murillo se estrella contra el presidente del TSE y lo acusa de haber ‘incendiado’ al país

Afirma que Salvador Romero, vocal nombrado por la presidenta Jeanine Áñez, cambió la fecha de las elecciones de manera irresponsable y unilateral, y le exige llegar a consensos para evitar conflictos.

/ 5 de agosto de 2020 / 23:12

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en rueda de prensa. Foto: Ministerio de Gobierno

Salvador Romero está en el ojo de la tormenta. Este miércoles, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se sumó a las críticas contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la decisión de suspender las elecciones presidenciales de septiembre a octubre, lo que provocó movilizaciones. Lo acusó de haber “incendiado” el país por no buscar consensos.

A un día del festejo patrio, Bolivia está sumida en una crisis desde varios bandos. Más allá de las debacles económica, educativa y sanitaria por la pandemia del COVID-19, las idas y venidas por la fecha de las elecciones han puesto en vilo a la población, tras la determinación de la Sala Plena del TSE de postergar los comicios del 6 de septiembre al 18 de octubre.

Sin haber recurrido a acuerdos políticos, como en anteriores oportunidades, con los partidos y con la Asamblea Legislativa, el TSE adoptó la decisión, que desembocó en bloqueos de caminos en más de un centenar de puntos del territorio nacional, y en medio de ello, lanzó el remozado calendario electoral. Y su convocatoria al diálogo a sectores sociales, naufraga.

“El Sr Romero Presidente de @TSEBolivia incendio Bolivia cambiando fecha de elecciones de manera irresponsable y unilateralmente. Su obligación es llegar a consensos y evitar conflictos en la familia boliviana”, escribió Murillo al enterarse que no hubo humo blanco en la reunión de los vocales electorales con representantes de organizaciones en pie de lucha.

Romero fue nombrado vocal por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez. El presidente del TSE señaló que la entidad tiene la potestad de suspender y definir una nueva fecha de los comicios sin precisar una ley que emane del Legislativo, como en otras oportunidades. Y garantizó que las elecciones se realizarán en un marco de seguridad para evitar contagios del COVID-19.

(05/08/2020)

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Áñez decreta el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad y Arce la acusa de hacer campaña

La presidenta-candidata ratificó el pago del beneficio desde este lunes. El postulante presidencial del MAS anuncia que presentará el proyecto de ley para un bono de Bs 1.000.

/ 2 de agosto de 2020 / 01:11

La presidenta-candidata Jeanine Áñez y el presidenciable del MAS, Luis Arce.

Con la promulgación del Decreto Supremo 4303, el viernes 31 de julio, la presidenta-candidata Jeanine Áñez ratificó la premura para el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad desde este lunes 3 de agosto. El postulante presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, la acuso de hacer campaña política y presentará un proyecto de ley para un bono de Bs 1.000.

Esta semana, la postulante de la alianza Juntos anunció su decisión de adelantar el beneficio para más de 870.000 adultos mayores de 60 años. “Hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea. Vamos a adelantar el aguinaldo de la Renta Dignidad”, dijo mediante un video en redes sociales.

Añadió que tomó la determinación ante el “bloqueo” de los asambleístas del MAS, que son mayoría en el Legislativo, para el uso de créditos internacionales como del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones, condición que puso para el pago del Bono Salud de Bs 500. El Gobierno señaló que los recursos “bloqueados” ascienden a $us 1.054 millones.

Ante ello, el MAS demandó mayor transparencia del gobierno de Áñez para el empleo del dinero proveniente del extranjero. Por ello, señaló que el Ejecutivo todavía no fundamentó las condiciones, los intereses y el destino de esos créditos. Ahora, se allana una reunión entre representantes gubernamentales y legisladores de la oposición para allanar este camino.

Arce, quien fue ministro de Economía, dio una entrevista el sábado a radio San Gabriel, en la cual señaló que Áñez solamente hace campaña con el adelanto del aguinaldo de la Renta Dignidad. “Esta es una jugada política más, como los bonos. No le interesa resolver la situación del país y solo le interesa su campaña política; adelantar el pago es parte de su campaña”.

“Si realmente le preocupara a este gobierno resolver el tema de los más pobres, humildes, el desempleo, el aumento de la pobreza por la pandemia, debería hacernos caso y pagar los Bs 1.000 que hemos planteado y no con Bs 500, que no alcanza para enfrentar la pandemia”. Y ratificó que presentará un proyecto de ley para que se viabilice este planteamiento.

La Renta Dignidad asciende a Bs 350 mensuales para los ancianos de más de 60 años que no gozan de jubilación y a Bs 300 para quienes tienen este beneficio. El Ministerio de Economía y Finanzas calculó Bs 300 millones para la cancelación de este aguinaldo en los bancos. Se anunció que el cobro se podrá realizar según el día de cumpleaños del beneficiario.

(02/08/2020)

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