Miguel Gómez/La Paz
La entidad defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que una de las disposiciones del decreto que endurece las medidas para contener la propagación de la coronavirus en el país, amenaza la libertad de expresión al ser “excesivamente amplia y vaga”, y por habilitar a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas. Ante ello, demandó derogarla y recomendó activar recursos de inconstitucionalidad.
“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”, añadió, según una nota de prensa.
La presidenta Jeanine Áñez promulgó la norma el 25 de marzo, que extiende la emergencia sanitaria y la cuarentena total hasta el miércoles 15 de abril. En el segundo parágrafo del artículo 13 se indica que “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, sancionados con hasta 10 años de cárcel.
“Altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por ‘desinformar’. El decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como ‘desinformación’ o como actos que ‘generen incertidumbre a la población’. Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, remarca el comunicado de Human Rights Watch.
La institución indica que el artículo 216 del Código Penal boliviano, referido al tema, “no contempla delitos de opinión, como desinformar ni generar ‘incertidumbre a la población’, tal como se señala en el decreto, ni tampoco otras hipótesis en que se pueda incurrir cuando se hagan comentarios públicos”. Por esta razón, solicitó al Gobierno que se derogue esta disposición “que atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país”.
“A su vez, los senadores, diputados, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad de esta disposición”, complementa la nota de prensa.
Asimismo, HRW hace un repaso a declaraciones de autoridades del Gobierno que tienen relación con su advertencia sobre el decreto. Por ejemplo, cuando el 18 de marzo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que ordenó a las Fuerzas Armadas, la Policía y al personal de su cartera a hacer “ciberpatrullaje” en las redes sociales para identificar a quienes “desinforman” a la población sobre el coronavirus, bajo la amenaza de entablarles acciones penales.
“Advirtió a los políticos, y mencionó específicamente a Luis Arce (del MAS), sobre su obligación de ‘no desinformar’. Arce, rival político de la presidenta Áñez, encabezaba las encuestas realizadas a principios de este año para los comicios presidenciales, programados inicialmente para mayo. A causa de la pandemia del COVID-19, la elección se ha pospuesto hasta una fecha a determinar entre el 7 de junio y el 6 de septiembre”, complementa la entidad.
También menciona que Murillo insistió en que algunas personas hacían un “mal uso de la información” relativa a la pandemia para conseguir “rédito político” e instó al Ministerio Público a activar todos sus mecanismos contra las personas responsables de “desinformación”. Luego, el 23 de marzo, dice HRW, Rafael Quispe, quien dirige el Fondo de Desarrollo Indígena, acusó a “la gente del MAS” (Movimiento Al Socialismo), partido político al cual pertenecen Arce y el expresidente Evo Morales, de promover “desinformación” sobre el COVID-19.
Más todavía, rememora que el 27 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió que quienes publiquen “información falsa” en las redes sociales “van a ir a la cárcel 10 años” y serán llevados a hospitales a cuidar de pacientes infectados con la enfermedad. “Human Rights Watch no tiene conocimientos de casos en que el gobierno haya invocado expresamente el decreto del 25 de marzo para procesar a alguna persona por el ejercicio de su libertad de expresión”, señala la nota de prensa de la entidad internacional.
“Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de ´desinformación´ únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población”, sostuvo Vivanco. “Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al COVID-19”, subrayó.