Nacional

martes 2 jun 2020 | Actualizado a 02:57

Condenan a 2 personas por violencia en Colchane e inician procesos contra otros 33 bolivianos

El director de Migración, Marcel Rivas, informó que la violencia en Colchane estuvo alentada por gente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Advirtió que no se permitirá violencia en el campamento de Pisiga

/ 8 de abril de 2020 / 00:25

Conflictos en Colchane, este martes.

En un proceso abreviado dos personas fueron condenadas a tres años de prisión por los hechos de violencia cuando un numero grupo de bolivianos trató de romper el control militar e ingresar a territorio boliviano desde la fronteriza Colchane. Otros 33 bolivianos que están en el campamento ‘Tata Santiago’, en Pisiga, serán procesados por los mismos hechos.

La información la proporcionó el director general de Migración Bolivia, Marcel Rivas, quien aseguró que los que protagonizaron los hechos de violencia están relacionados con el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y tenían el objetivo de romper la cuarentena declarada para frenar la propagación del coronavirus.

“De hecho ya hemos iniciado las acciones legales y hoy dos ciudadanos que ya han sido procesados penalmente y en la tarde salió una sentencia por tres años en contra de dos de los ciudadanos que además han declarado quiénes son sus cómplices. En base a todo este trabajo que lo ha hecho el Ministerio Público a nosotros nos corresponde trabajar para iniciar las acciones contra otros ciudadanos, vamos a comenzar por aquellos que están en el centro de cuarentena de Tata Santiago que son 33 ciudadanos que los tenemos identificados con nombre y apellido que además coordinaban con ciudadanos bolivianos residentes chilenos”, explicó Rivas al programa Que No Me Pierda de la red Uno.

Unos 300 bolivianos llegaron hasta la frontera chilena, como lo hizo la semana pasada un primer grupo que ahora está el campamento Tata Santiago. Intentaron ingresar por la fuerza hoy, pero los militares asentados en la zona lo impidieron en medio de incidentes violentos que marcaron la jornada de este martes.

Incluso un fusil de un miembro de las Fuerzas Armadas fue secuestrado por los movilizados, que con botellas de plástico y otros agredieron a los soldados. En la tarde fue devuelta el arma por guardias chilenos.

Desde el MAS negaron las denuncias del gobierno de Jeanine Áñez y demandó que se despolitice esta problemática en fronteras.

Rivas indicó que la movilización fue planificada hace un mes. “Habían planificado todo este movimiento para ejercer violencia, todo este movimiento terrorista lo habían planificado hace más de un mes para ejecutarlo el día de hoy”, insistió.

Actualmente en el campamente de Pisiga se encuentran más de 400 personas provenientes de Chile en una cuarentena de 14 días para descartar sean portadores del coronavirus. Rivas informó que se levantará otro campamento en una segunda fase para permitir el ingreso a los bolivianos que quieran estar con sus familias.

“Pero que quede claro: todos estos que están ejerciendo violencia con el único objetivo de destruir la cuarentena, les va a caer con todo el peso de la ley y por supuesto que no vamos a permitir que contaminen al centro de cuarentena con violencia, división y destrucción”, advirtió.

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Creemos rechaza elecciones mientras no haya garantías para la salud; expone cuatro requisitos

La postura fue expresada tras conocerse un presunto acuerdo político para llevar adelante las elecciones generales el 6 de septiembre,.

/ 2 de junio de 2020 / 00:04

Los líderes de la alianza Creemos

La alianza Creemos, que postula al cruceño Fernando Camacho a la Presidencia, hizo conocer este lunes su rechazo a una convocatoria a elecciones generales entretanto este proceso implique un riesgo para la salud de los bolivianos. Expuso además cuatro requisitos para llevar adelante los comicios.

Mediante un comunicado público, hizo conocer que no es conveniente fijar una fecha para el proceso electoral mientras las condiciones sanitarias frente a la pandemia del coronavirus no lo permitan.

La postura fue expresada tras conocerse un presunto acuerdo político para llevar adelante las elecciones generales el 6 de septiembre, fecha a la que además habría dado su aval el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En paralelo, la alianza Juntos, que postula a la presidenta Jeanine Áñez, emitió un comunicado en el que pide al Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijar “de una vez por todas” la fecha de los comicios, aunque también tomando en cuenta “criterios científicos y médicos” sobre la pandemia de coronavirus.

Posteriormente, Creemos expone en su comunicado cuatro requisitos para que se realicen los comicios nacionales:

1.- Las elecciones no pueden realizarse mientras signifiquen un  riesgo para la salud.

2.- Necesitamos desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS. Es necesaria una auditoría interna en el TSE para saber de qué medios se valió el MAS para cometer el fraude.

3.- Realizar las modificaciones a las normas que hoy favorecen la sobre-representación del MAS y su dominio en la Asamblea Legislativa. Todos los votos deben valen lo mismo. Un boliviano, un voto.

4.- Se debe respetar el derecho a elegir y ser elegidos de los jóvenes que tendrán 18 años a la hora del sufragio. Tal como está el proceso electoral, ellos hoy quedan fuera, no podrán votar y eso es inconstitucional.

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Arce expresa su solidaridad con periodista “amenazado” por el Gobierno

Luis Arce mediante su cuenta de tuiter señaló que la prensa es amenazada y perseguida “como en las dictaduras”.

/ 1 de junio de 2020 / 21:31

Luis Arce durante una conferencia de prensa pasada.

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, expresó su solidaridad con el periodista Junior Arias, director del programa Detrás de la Verdad (que se emite por la red televisiva Giga Visión), ante lo que considera una acción de amenaza y persecución por parte del Ministerio de Gobierno.

“Nuestra solidaridad con Junior Arias y su equipo de trabajo, así como con los y las trabajadores de la prensa que hoy son amenazados y perseguidos por decir la verdad en #Bolivia, como en las dictaduras. #LibertadDeExpresión”, tuiteó hoy por la tarde Luis Arce.

La semana pasada, Arias, en su programa, reveló una presunta irregularidad en la compra de materiales antidisturbios.

Aparte de expresar una particular “denuncia ante los ciudadanos” por lo hecho por Arias, el Ministerio (en un comunicado hecho público el domingo 31 de mayo), solicita que el periodista se rectifique, pues su historia sería “falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables”, y que con ello estaría “dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas”.

La revelación de Arias se refiere a un cambio intempestivo de proveedor de agentes químicos, en noviembre de 2019; el giro hacia otro vendedor habría favorecido a allegados del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y, además, implicaría un mayor precio para dichos insumos antidisturbios.

Sin referirse específicamente a lo aseverado el periodista Arias, el comunicado del Ministerio de Gobierno sólo señala que la compra fue “hecha dentro de la ley y de las normas”; y que la historia construida por el programa televisivo es “absurda”, para que “suene en redes como algo extraordinario y hasta ilegal”; de ahí que, en la conclusión advierta el comunicado: “es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”.

La mañana de este lunes, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su “grave preocupación” por la advertencia del Ministerio de Gobierno al periodista Arias.

Mediante su cuenta en Twitter, el representante del organismo internacional consideró que se “estigmatiza” la investigación periodística.

“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de #Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo (sic)”, se lee en la publicación de Lanza.

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Legisladores del MAS anuncian procesos penales contra exministro y viceministro de Áñez

Pese a que dichas autoridades se disculparon de su exceso, legisladoras masistas igual los enjuiciarán por racismo y discriminación.

/ 1 de junio de 2020 / 20:44

Sesión de la Asamblea Legislativa.

Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron procesos penales contra el exministro de Minería, Fernando Vásquez, y el actual viceministro de Ciencia y Tecnología, Christian Tejada, por racismo y discriminación. Piden la dimisión del segundo.

El diputado del MAS, Javier Quispe, presidente de Brigada Parlamentaria de La Paz, informó que iniciará un proceso penal contra Vásquez y Tejada por haber realizado declaraciones racistas. “La Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación debe cumplirse, presentaremos una denuncia formal (en las próximas horas) para que sean investigados y sancionados como corresponde”.

La acusación contra Vásquez es por sus declaraciones acerca de que no cumplía con los requisitos para ser miembro del MAS por “tener la tez blanca, ojos verdes y pelo crespo”. Hay que recordar que el exministro en el día se disculpó por este exceso.

En el caso del viceministro Tejada, éste publicó en su cuenta de Facebook, “ahora resulta que los Ponchos Rojos quieren estudiar, MILAGRO”; aunque, posteriormente borró la frase y se disculpó.

Pese a las retractaciones, las diputadas del MAS, María Luisa Patiño y Lidia Patty, como representantes de pueblos originarios, coincidieron en que las expresiones de Tejada y de Vásquez son “flagrantes violaciones” a la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y exigieron respeto a la Constitución Política del Estado.

“Vamos a hacer ese proceso penal contra el Viceministro y contra aquellos que han incurrido en esas formas de discriminación; por ética, ellos deben renunciar”, dijo Patiño.

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Juntos llama al TSE a que fije fecha de elecciones ‘de una vez por todas’

El pedido fue compartido por la presidenta Jeanine Áñez en su cuenta en Twitter.

/ 1 de junio de 2020 / 20:24

Juntos, la alianza que postula a la presidenta Jeanine Áñez, demandó este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fije “de una vez por todas” la fecha de la próximas elecciones generales, tomando en cuenta para ello “los criterios científicos y médicos” sobre la pandemia de coronavirus.

La demanda, expresada en un comunicado público que Áñez compartió en su cuenta en Twitter, se conoció poco después de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) confirmara que aceptó que los comicios se realicen el próximo domingo 6 de septiembre, fecha que habría propuesto el TSE.

Tanto el pedido de Juntos como la aceptación del MAS se conocen cuando se encuentra vigente la normativa que dispuso una postergación por 90 días de las elecciones, lo que implica que estas deberían realizarse hasta el domingo 2 de agosto.

“En octubre del año pasado, la democracia boliviana sufrió un atentado con el fraude electoral que cometieron el MAS y el expresidente Evo Morales. Un fraude que es delito y que ha sido demostrado por la OEA. La mejor manera de superar esa crisis del fraude es el voto popular porque el voto es sagrado”, se lee en el comunicado de Juntos.

Luego, se expone la necesidad de que la fecha sea fijada tomando en cuenta los informes de especialistas sobre el avance de la pandemia de coronavirus, que hasta este domingo dejó casi 10.000 infectados en todo el país.

Poco antes fuentes del MAS habían confirmado a La Razón Digital que este partido aceptó la propuesta del TSE de postergar para el domingo 6 de septiembre la fecha de las elecciones.

La razón para diferir el día de los comicios sería básicamente la tendencia de subida de las cifras de la crisis pandémica y ciertos problemas técnicos que enfrentaría el Órgano Electoral.

La aceptación de la postergación se la decidió en reuniones realizadas entre el domingo y este lunes, reveló la fuente.

“Hemos apoyado la propuesta del propio Tribunal, porque es el Tribunal el que ha puesto la fecha indicando sus preocupaciones por algunas dificultades que tendría el proceso electoral si es que se hacen en la fecha en que está la ley; entonces, como es sólo un mes, el MAS ha atendido esa preocupación, pero más que todo por los picos altos de coronavirus”, señaló la fuente masiata, que indicó que quien ve directamente estos temas es el personal ligado directamente al candidato Luis Arce Catacora.

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La CIDH expresa su ‘grave preocupación’ por advertencias del Gobierno a un periodista

En el comunicado del Ministerio de Gobierno, se advirtió que “no se descansará” hasta que el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, “rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas”.

/ 1 de junio de 2020 / 19:39

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: AFP

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su “grave preocupación” por la advertencia del Ministerio de Gobierno a un periodista que denunció un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.

Mediante su cuenta en Twitter, el representante del organismo internacional consideró que se “estigmatiza” la investigación periodística que desveló presuntas irregularidades en esa cartera de Estado, que mediente un comunicado consideró la denuncia como “guerra sucia” o “guerra política”.

“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de #Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo (sic)”, se lee en la publicación de Lanza.

En el comunicado del Ministerio de Gobierno se advierte que “no se descansará” hasta que el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, “rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas”.

Según la denuncia de Arias, un día después de haber invitado a una empresa brasileña para que le haga llegar su propuesta para la provisión de “225.000 agentes químicos”, el Ministerio de Gobierno cambió de criterio y decidió adquirir, “sin demoras ni dilaciones”, el material a través de un intermediario proveedor, la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos.

La carta firmada el 26 de noviembre de 2019 por Sergio Zamora, director administrativo de ese despacho gubernamental, hace notar a la firma brasileña que la compra de productos no letales de la Policía Boliviana y el Ejército Nacional ya no será a través de su representante en Bolivia.

Finalmente, de acuerdo con la documentación publicada por ese medio, el 20 de diciembre fue el ministro de Defensa, Luis Fernando López, quien firmó el contrato con el representante de Bravo Tactical Soluctions LLC, Brayan Samuel Berkman.

Según la publicación, el padre de éste es “muy allegado” a R. M, quien, a su vez, es amigo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, con el que aparece en distintas tomas fotográficas. (01/05/2020)

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