Nacional

miércoles 3 jun 2020 | Actualizado a 19:39

Envían a la cárcel al Alcalde de Patacamaya por permitir una fiesta patronal en plena cuarentena

El proceso contra el burgomaestre es por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.

/ 8 de abril de 2020 / 16:20

El alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, llegó enmanillado a la FELCC

Por Ángel Guarachi

El alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, fue enviado con detención preventiva por seis meses a la cárcel de San Pedro de La Paz, acusado de haber permitido la realización de una fiesta patronal en ese municipio en medio de una cuarentena que impedía la concentración de personas para evitar la propagación del coronavirus.

En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía aseguró que Choque habría tenido conocimiento de la declaratoria de emergencia nacional emitida el 12 de marzo, justamente el día de la fiesta en la que se contagiaron varias personas con el coronavirus, una de ellas murió.

A la fiesta asistieron al menos 600 personas, de acuerdo con los organizadores. Choque, en su descargo, aseguró en reiteradas ocasiones que no pudo frenar la recepción social porque la norma fue emitida a destiempo.

Se acusa al alcalde por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.

En la audiencia se tomó en cuenta un informe policial en el que se pide a Choque la cancelación de aquel evento social. El Concejo de Patacamaya ya debe el nombre del que reemplazará a la autoridad encarcelada.

En la mañana, durante una entrevista en la Red Uno, el fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, había anticipado que el Ministerio Público iba a solicitar en la audiencia la detención preventiva.

“Como ya están en pleno desarrollo, nadie quiere parar la fiesta, entonces, sabiendo y conociendo estas personas que ya estábamos en emergencia sanitaria por el COVID-219 continuaron con la misma”, cuestionó Cossio.

Además de Choque, dos organizadores de la fiesta fueron aprehendidos. Se aguarda su audiencia cautelar, la que definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel. Su abogado aclaró que ellos no conocían a la cuarentena. (8/04/2020)

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Al menos 5.000 bolivianos ingresaron desde Chile y hay más de 700 en espera

Junto a ellos otros extranjeros del Perú, Colombia, Argentina, entre otros, buscan el mismo objetivo en las legaciones diplomáticas de sus países.

/ 3 de junio de 2020 / 11:05

Varias carpas donde se encuentran los connacionales frente al Consulado de Bolivia en Santiago. Foto: https://www.elmostrador.cl

Durante la etapa de cuarentena al menos 5.000 bolivianos lograron retornar desde diferentes ciudades de Chile. En el Consulado de Santiago hay otro grupo de al menos 700 connacionales que aguardan las gestiones para retornar al país. 

El director general de Migración, Marcel Rivas, informó, en entrevista con Cadena A, que solo por Pisiga ingresaron unas 3.700 personas, mientras que el resto lo hizo por otras regiones fronterizas con el vecino país.

Todos los connacionales cumplieron con medidas de bioseguridad y cumplieron cuarentena en el campamento Tata Santiago, en Pisiga, Oruro, o en albergues que fueron habilitados en varias ciudades de Chile.

Medios del vecino país reportaron que en el Consulado de Bolivia en Santiago un grupo numeroso de al menos 700 bolivianos se instaló en carpas a la espera de gestionar su retorno.

Junto a ellos otros extranjeros del Perú, Colombia, Argentina, entre otros, buscan el mismo objetivo en las legaciones diplomáticas de sus países.

El intendente de la Región Metropolitana de Chile, Felipe Guevara, anunció que los bolivianos y peruanos que se encuentran pernoctando serán trasladados a un albergue habilitado en la comuna de Recoleta, de acuerdo con una publicación del diario El Mostrador.

“Con absoluta certeza van a poder ingresar al país, pero de manera ordenada, de acuerdo a un cronograma establecido y está en función de la capacidad de recepción de nuestros centros de cuarentena”, afirmó Rivas consultado al respecto.

Gran parte de los connacionales fue al vecino país por motivos de trabajo, pero la pandemia del coronavirus obligó el cierre de sus fuentes laborales.

El director de Migración pidió que las alcaldías y gobernaciones puedan sumarse a las tareas del Gobierno y permitir que los bolivianos ingresen a centros de cuarentena. (03/06/2020)

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Creemos se margina de acuerdo para las elecciones y Libre 21 ve que debió esperarse pase la crisis

El acuerdo se plasmó en un anteproyecto de ley que fija septiembre para las elecciones generales

/ 2 de junio de 2020 / 23:09

El presidente del TSE, Salvador Romero , junto a otros vocales. Foto: APG

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) logró concertar un acuerdo político plasmado en un anteproyecto de ley para la realización de las elecciones el 6 de septiembre, aunque sin alcanzar un pleno consenso debido a percepciones sobre la situación del coronavirus.

Excepto los representantes de las alianzas Juntos, de la actual mandataria Jeanine Áñez, y de Creemos, del excívico y candidato Fernando Camacho, estuvieron los candidatos del resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

El asambleísta departamental y representante de la alianza Juntos, Edwin Herrera, explicó que no era necesaria la presencia de sus representantes porque no se trató de un acuerdo sino de consultas que hizo el TSE.

Pese a ello, dijo que la alianza respeta la decisión que se tomó, empero, consideró que para tomar una decisión de la fecha “ojalá” se haya consultado a los médicos y científicos dentro y fuera del país.

“Estamos en medio de una pandemia y ojalá se hayan hecho las consultas a ese nivel para que sea la fecha que pueda realizarse las elecciones”, dijo.

Camacho cuestionó el “acuerdo” y señaló que la eventual fecha debía haberse definido cuando la salud de las personas no corra riesgo.

“Presidente del @TSEBolivia miente, CREEMOS no es parte de ese acuerdo. Nuestra posición es clara: a) elecciones cuando la salud y la vida estén seguras, b) desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS: un ciudadano, un voto, c) voto para los jóvenes que cumplieron 18 años. (sic)”, se lee en su cuenta en Twitter.

La alianza Libre 21, de Tuto Quiroga, apoyó la fecha de las elecciones bajo la premisa de que “es mejor septiembre que agosto”, aunque su vocero, Luis Vásquez, señaló que «la decisión más sabia hubiera sido que pase la pandemia y que se hayan mitigado sus efectos de tal forma que ir a votar no sea un riesgo para la vida de la gente”.

El candidato por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mediante su cuenta en Twitter, destacó el pronunciamiento de la ONU sobre el acuerdo político. “El diálogo y la concertación son el mejor camino para enfrentar la crisis”.

Del Movimiento Al Socialismo (MAS), el candidato presidencial Luis Arce Catacora, afirmó que su partido “viabilizó” el acuerdo velando, en primera instancia, por la salud.

“Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tome las previsiones para que esa fecha se cumpla, para que, adicionalmente, en esa fecha se tenga todo el material de bioseguridad para los votantes, jurados y todos los que estarán en las elecciones del próximo 6 de septiembre”, añadió.

El presidente del TSE, Salvador Romero, anunció que en la jornada de votación se cumplirán con todas las medidas de bioseguridad. Adelantó en la noche, en red Uno, que, por ejemplo, se dispondrá de más centro de votación para evitar agloraciones.

Se prevé que en los próximos días el TSE envíe a la Asamblea Legislativa Plurinacional el ante proyecto de ley que modificará la Ley 1297, del 30 de abril de este año, que postergaba los comicios frustrados del 3 de mayo hasta el domingo 2 de agosto de este año. (02/06/2020)

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Aprehenden a tres funcionarias de YPFB por denuncia de contratos irregulares de seguros

La Encargada de Contratos, la Gerente Jurídica y la Jefa de Unidad Legal de YPFB fueron aprehendidas. Serán pasadas a una audiencia cautelar

/ 2 de junio de 2020 / 15:59

Efectivos policiales secuestraron cajas con documentación de YPFB. Foto: APG

Tres funcionarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron aprehendidas por la Fiscalía, como resultado de la investigación por denuncias de irregularidades en el proceso de contratación de millonarios seguros.

Se trata de la Encargada de Contratos, la Gerente Jurídica y de la Jefa de Unidad Legal de YPFB. Fueron trasladadas entre el lunes y la mañana de este martes al Ministerio Público para que brinden su declaración informativa.

El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, informó que la aprehensión de las tres funcionarias se debe a la presunta participación en el proceso de contratación de los seguros.

Se investiga presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones. El expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz aclaró que no hubo ninguna contratación.

Bustillos informó que existen otros investigados y que serán convocados en los próximos días.

En medio de esas presuntas irregularidades fue destituido Soliz y en su lugar fue posesionado Richard Botello.

Se aguarda que en las próximas horas se pueda definir, en audiencia de medidas cautelares, la situación jurídica de las funcionarias aprehendidas. (02/06/2020)

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La CIDH expresa su ‘grave preocupación’ por advertencias del Gobierno a un periodista

En el comunicado del Ministerio de Gobierno, se advirtió que “no se descansará” hasta que el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, “rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas”.

/ 1 de junio de 2020 / 19:39

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: AFP

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su “grave preocupación” por la advertencia del Ministerio de Gobierno a un periodista que denunció un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.

Mediante su cuenta en Twitter, el representante del organismo internacional consideró que se “estigmatiza” la investigación periodística que desveló presuntas irregularidades en esa cartera de Estado, que mediente un comunicado consideró la denuncia como “guerra sucia” o “guerra política”.

“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de #Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo (sic)”, se lee en la publicación de Lanza.

En el comunicado del Ministerio de Gobierno se advierte que “no se descansará” hasta que el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, “rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas”.

Según la denuncia de Arias, un día después de haber invitado a una empresa brasileña para que le haga llegar su propuesta para la provisión de “225.000 agentes químicos”, el Ministerio de Gobierno cambió de criterio y decidió adquirir, “sin demoras ni dilaciones”, el material a través de un intermediario proveedor, la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos.

La carta firmada el 26 de noviembre de 2019 por Sergio Zamora, director administrativo de ese despacho gubernamental, hace notar a la firma brasileña que la compra de productos no letales de la Policía Boliviana y el Ejército Nacional ya no será a través de su representante en Bolivia.

Finalmente, de acuerdo con la documentación publicada por ese medio, el 20 de diciembre fue el ministro de Defensa, Luis Fernando López, quien firmó el contrato con el representante de Bravo Tactical Soluctions LLC, Brayan Samuel Berkman.

Según la publicación, el padre de éste es “muy allegado” a R. M, quien, a su vez, es amigo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, con el que aparece en distintas tomas fotográficas. (01/05/2020)

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Transparencia inicia auditoría y pide informes de compras para salud a gobernaciones y alcaldías

La fiscalización es consecuencia del pedido de la presidenta Jeanine Áñez, tras la denuncia de sobreprecio en la compra de respiradores españoles

/ 1 de junio de 2020 / 18:36

La presidenta Jeanine Áñez recibe 170 respiradores adquiridos por el Gobierno.

Por Ángel Guarachi

Las gobernaciones y alcaldías deberán facilitar informes sobre compra de insumos y equipos de salud para iniciar una auditoría, informó el viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar.

La presidenta Jeanine Áñez, instruyó el 21 de mayo una fiscalización a todas las adquisiciones en Salud hechas durante su gestión.

“La presidenta del Estado ha solicitado la realización auditorías a todos los procesos de compras de insumos, por parte del Viceministerio de Transparencia. Se han enviado notas a los 359 municipios, se han realizado notas a las 9 gobernaciones y a las entidades del nivel central”, informó.

El objetivo es para identificar si existen irregularidades, así como presuntamente ocurrió con el sobreprecio en la compra de los 170 respiradores de origen español para atender a pacientes con coronavirus.

Otros pedidos de información que se hizo fueron a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), a la Central de Abastecimientos y Suministros en Salud, que se denomina (CEAS), y la Unidad de Gestión de Proyectos (Ugespro).

“Asimismo, se ha solicitado mediante nota a la Caja Nacional (de Salud) informe pormenorizado de todos los procesos de compra de insumos que han realizado las referidas instituciones (AISEM, CEAS y Ugespro)”, añadió.

Melgar señaló que desde su despacho se iniciará la investigación a todos los procesos de contratación. En caso de que se encontrara irregularidades o hechos de corrupción, aseguró: “no se encubrirá a nadie”.

El caso de los 170 respiradores -que se investiga en la Fiscalía­- fue cuestionado por varios actores políticos. Dentro del caso hay hasta el momento cinco implicados, entre ellos, el exministro de Salud Marcelo Navajas. (01/06/2020)        

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