Nacional

domingo 9 may 2021 | Actualizado a 04:03

Fallo que ordena retorno de personas paradas a sus distritos mantiene fricción entre Gobierno y Defensoría

Nadia Cruz espera una convocatoria del Ejecutivo para el traslado de al menos 474 personas que se quedaron paradas en regiones ajenas a su lugar de origen por la cuarentena. Wilson Santamaria dice que espera que este hecho no sea “aprovechado políticamente”

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en conferencia de prensa.

Por Juan José Cusicanqui

/ 11 de abril de 2020 / 19:24

El Gobierno y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se mantienen enfrentados tras el fallo judicial que ordena el traslado de al menos 474 personas a sus distritos, debido a que éstas no pudieron retornar a sus hogares por la cuarentena que rige en el país para evitar que se propague el coronavirus (COVID-19).

La noche del viernes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó el traslado “a su lugar de origen” de los bolivianos parados en distintos puntos del país por motivo de la cuarentena, en respuesta a una acción de libertad que fue interpuesta por Cruz en contra la presidenta Jeanine Áñez y los ministerios de la Presidencia, de Defensa, de Gobierno, de Obras Públicas y de Salud.

Tras la disposición judicial, la Defensora del Pueblo informó a La Razón que espera una convocatoria de autoridades del Gobierno para coordinar las acciones necesarias para concretar el traslado de al menos esas 474 personas a sus distritos. “Esperemos que no pase del lunes”.

Cruz explicó que, tras el dictamen de la cuarentena, su despacho recibió cerca de 1.000 denuncias de personas que se trasladaron dentro del territorio nacional, por razones de trabajo, estudio y salud, especialmente, pero que se vieron sorprendidas por las restricciones peatonales y vehiculares dictadas por el Gobierno para prevenir la pandemia, por lo que tuvieron que permanecer alejadas de sus familias, con poco dinero para pagar un lugar para pernoctar y alimentarse. De esa cifra, agregó, se hizo una depuración de casos y se quedó con un total de 474 “casos atendibles” que tenían la necesidad de retornar a sus lugares de origen. “Incluso hay familias enteras”, dijo.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, cuestionó el accionar del Defensora del Pueblo. “Esperemos que no sea aprovechada políticamente”, sostuvo y cuestionó el hecho de que Cruz no haya presentado en su recurso un detalle de las personas afectadas, sus números de cédulas de identidad y sus ubicaciones. No obstante, Cruz indicó a este diario que su despacho cuenta con esta información, la misma que será proporcionada cuando se abra la coordinación.

Santamaría también indicó que espera que la Defensora del Pueblo haga llegar la información sobre estas 474 personas para coordinar el traslado, aunque advirtió el hecho de que no se puede autorizar la movilización de esta cantidad de personas, ya que las mismas podrían poner en riesgo la salud de otras.

El titular de Seguridad Ciudadana cuestionó este reclamo porque, según dijo, tras la emisión de las normas de restricciones de los gobiernos nacional, departamental y municipal, se dio tiempo para que las personas puedan retornar a sus distritos. Acotó que para casos de motivo de trabajo, el Gobierno, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), recibió y dio curso a “movilidades excepcionales”, como por ejemplo al sector de la banca.

“Nadie cuestiona la cuarentena ni la lucha contra el coronavirus”, sostuvo Cruz, pero hizo un llamado al Gobierno a actuar en estos casos donde haya gente que tiene la necesidad de retornar a su lugar de origen.

Santamaría resaltó que el fallo judicial estableció que el traslado de estas 474 personas estará sujeto a una evaluación de “pertinencia y urgencia”. Acotó que esta disposición no llega a los ciudadanos “en frontera”, como las 480 personas que retornaron de Chile y se encuentran en cuarentena en el campamento Tata Santiago, ni tampoco a los cerca de 700 bolivianos que están en Pisiga, a la espera de poder reingresar a territorio nacional.

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En 9 días aumentan 11 casos de coronavirus en Palmasola y ya suman 36

La cifra de reos que padecen COVID-19 sube a 36. En el penal cruceño hay 103 privados de libertad aislados por sospecha de estar contagiados por el virus

Policías ingresan al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra

Por Juan José Cusicanqui

/ 25 de mayo de 2020 / 19:56

En nueve días, el número de internos del penal de Palmasola que padecen coronavirus (COVID-19) aumentó de 25 a 36, según informó este lunes el director general de Régimen Penitenciario, Clemente Silva. En el recinto penitenciario hay otros 103 privados de libertad que están aislados bajo sospecha de portar la enfermedad.

Un informe emitido desde el Ministerio de Gobierno precisa que, de los 103 privados de libertad aislados, 50 se encuentran en la denominada Casa Blanca, 33 están en la Guardería y 20 en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP).

Al margen de ellos, 18 reclusos que estaban hospitalizados por coronavirus obtuvieron su alta respectiva. Hay cerca de 70 pruebas de laboratorio que están en curso para definir si es que hay más reos que estén infectados por el virus.

El penal de Palmasola, el más poblado del país, es el único recinto penitenciario del país que tiene reclusos que padecen COVID-19.

En esa cárcel cruceña, todos los policías, personal administrativo, bolsas y paquetes, antes de ingresar son fumigados, paralelamente se realiza el desinfectado de todos los pabellones y ambientes, se informa desde el Ministerio de Gobierno.

Hasta ahora seis internos del penal de Palmasola fallecieron desde hace tres semanas. Se confirmó que tres de ellos perdieron la vida por causa del coronavirus. Aún falta establecer la causa de los otros tres decesos.

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Comisión del Senado vuelve a postergar análisis del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres

La asambleísta Sonia Chiri afirmó que el tema es complejo. Hay sectores que hicieron llegar sus observaciones a la Comisión de Planificación y Finanzas, las mismas que son analizadas

Sonia Chiri, presidenta de la Comisión de Planificación y Finanzas del Senado. Foto: Senado

/ 22 de mayo de 2020 / 16:30

El tratamiento del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres se complica en la Asamblea. La Comisión de Planificación y Finanzas del Senado postergó de nuevo el tratamiento de esta norma, esta vez hasta la próxima semana, luego de que esta instancia recibió cartas de sectores que emitieron sus observaciones a la normativa, informó este viernes la senadora Sonia Chiri.

El proyecto de ley fue aprobado a fines de abril por la Cámara de Diputados y ordena principalmente la condonación del 50% de los alquileres, entre el 15 de marzo y el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, siendo que el restante 50% sea reprogramado en cuotas amortizables. Este beneficio deberá llegar a aquellas personas que no tengan un sueldo fijo del sector público o privado.

Chiri, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que el proyecto de ley es complejo, debido a que tiene que ver con contratos privados, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con autonomías. Por ese motivo ya se suspendió su tratamiento en dos oportunidades, el lunes y martes de esta semana.

La asambleaísta prevé que este tema podrá ser tratado hasta el viernes de la próxima semana, con la emisión de su respectivo informe.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la norma fue rechazada por representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz (Aprobin), por considerar que vulnera la Constitución Política del Estado y por “ser un robo”.

“Si una normativa no funciona de nada sirve aprobar, debemos aprobarla en la comisión y luego pasará al pleno del Senado para que allí también lo analicen”, sostuvo Chiri.

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Ascensos: Senado resta validez a documento entregado por las FFAA, espera propuesta del Ejecutivo

Eva Copa dice que la documentación presentada por el general Orellana será remitida a la Comisión de Defensa

Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores.

Por Claudia Villca y Juan José Cusicanqui

/ 21 de mayo de 2020 / 23:56

Para la Cámara de Senadores no tiene validez el documento con las modificaciones a la nómina de ascensos de generales y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) que fue entregado, este jueves, por su comandante en jefe, Sergio Orellana. La instancia legislativa informó que esperará que el Ejecutivo remita el documento con las enmiendas.

“La nota que ha llegado hoy a nuestro despacho, (dejado por Orellana), será remitida a la comisión (de Defensa), como corresponde, pero seguiremos esperando la nota del Ejecutivo para que esto (ascensos en las FFAA) pueda ser tratado”, indicó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, en una conferencia de prensa.

Cerca del mediodía, el Comandante en Jefe de las FFAA, vestido con traje de campaña (camuflado), se presentó en la Asamblea Legislativa para entregar el documento con las «subsanaciones» a las observaciones realizadas por la Cámara Alta a la nómina de asensos. Allí conminó al Senado ratificar la propuesta en el lapso de una semana, de lo contrario que se regirán conforme a su normativa y darán curso a los ascensos.

Al respecto, Copa calificó la visita de Orellana como sorpresiva porque no había ninguna coordinación previa, “esperamos que esto no vuelva a pasar, pues tiene que haber una coordinación para que ellos hagan su ingreso a la Asamblea y respetar la independencia de las instituciones como corresponde”.

Citó el artículo 172, numeral 19, de la Constitución Política del Estado que establece que los asensos pueden ser propuestos únicamente por la presidenta o presidente del país y no así por algún miembro de las FFAA. Que según el artículo 160, numeral 8 de la Carta Magna, son atribuciones del Senado ratificar los ascensos a propuesta del Ejecutivo; y que de acuerdo con el artículo 168, inciso c, del reglamento del Senado, el pleno puede ratificar los ascensos o devolver los antecedentes al Ejecutivo para que cumpla o subsane las sugerencias.

Sostuvo que se cumplió con la normativa y que se seguirá en la misma línea, por lo que la Cámara Alta no trabajará bajo presión o ultimátums.

En una  entrevista con Bolivia TV, , Orellana afirmó que no tenía conocimiento de que se debía pedir permiso para ingresar a una institución pública, “nosotros solo hemos ingresado para dejar una correspondencia, el uniforme es el que habitualmente usamos, cualquier otra aseveración carece de fundamento”.

Esta situación fue criticada por el expresidente Evo Morales, quien, a través de su cuenta de Twitter calificó como “inédito y altamente preocupante” el hecho y que Orellana haya conminado a la Asamblea Legislativa a que ratifique en una semana el ascenso a generales y vicealmirantes de las FFAA. “Es inédito y altamente preocupante que un comandante en jefe de las FFAA se presente, en uniforme de campaña, para imponer plazos a la Asamblea Legislativa, incluso sobrepasando autoridad del Órgano Ejecutivo; y luego declare a la prensa congregada en Plaza Murillo”, escribió.

La acción de jefes militares también fue criticada por el expresidente Eduardo Rodríguez. «Inaceptable intolerancia, una muestra más de la necesidad de abrir diálogos sin exclusiones ni cálculos electorales para avanzar en la transformación del Estado frente a las crisis», escribió.

El viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó a radio Panamericana, que una vez recibida las observaciones a los ascensos de parte del Senado, se remitió al Ministerio de Defensa para que las FFAA subsanen las mismas; y este jueves, ya se presentaron a la Cámara Alta, “ahora estamos a la espera de que sesionen y puedan ratificar la nómina”.

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La Asamblea creará comisiones para investigar irregularidades en empresas estatales y compra de respiradores

La sesión fue convocada para las 09.00. El expresidente Evo Morales pidió el fin de semana formar una comisión mixta de asambleístas para indagar irregularidades en empresas públicas

Sesión de la Asamblea Legislativa que se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia a fines de abril

/ 21 de mayo de 2020 / 21:25

La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesionar este viernes con el objetivo de conformar dos comisiones especiales mixtas para investigar manejos irregulares de empresas públicas del nivel central del Estado y el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores artificiales por parte del Ministerio de Salud.

La vigésima quinta sesión de la Asamblea fue convocada para las 09.00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

La intención de crear las comisiones de asambleístas para la labor de fiscalización coincide con el pedido que hizo el expresidente Evo Morales el 17 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, cuando escribió: “es responsabilidad de la Asamblea Legislativa conformar Comisión Mixta para investigar, al menos, 35 casos de corrupción del gobierno de facto en 6 meses de gestión, según reporta la prensa, sobre todo en casos de YPFB, ENTEL y BOA, empresas estratégicas que van a la quiebra”.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD), dijo que solicitará ser parte de la comisión especial que investigará la compra irregular de 170 respiradores, acción de presunta corrupción que criticó duramente.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los 170 respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Además, en los últimos meses se denunció hechos de corrupción que habrían protagonizado Elio Montes, ahora exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y Herland Soliz, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

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Vicepresidente del Senado advierte que la Asamblea no autorizó crédito del BID para compra de respiradores

Omar Aguilar pidió un informe escrito al Ejecutivo. El BID indicó que “redireccionó” recursos por $us 82 millones para la lucha contra el coronavirus. Aguilar indica que se vulneró el artículo 322 de la CPE

Omar Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Senadores. Foto: Senado

/ 21 de mayo de 2020 / 19:05

A la serie de irregularidades que de descubren en la adquisición irregular de 170 respiradores por parte del Ministerio de Salud se suma otra, la Asamblea, según el vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, no aprobó ninguna norma para el uso de un crédito internacional, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la compra de esos equipos.

Por ese motivo, Aguilar, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó un informe escrito al Órgano Ejecutivo para que explique qué recursos económicos fueron utilizados para la adquisición de dichos equipos.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Aguilar indicó que desde que asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, no se aprobó ningún crédito del BID, por lo que no se explica de dónde salieron los recursos destinados a los respiradores.

No obstante, el 14 de mayo, en una nota de prensa difundida desde el BID, se indica que este organismo “redireccionó, como parte de su estrategia de respuesta rápida frente al COVID-19, recursos por hasta $us 82 millones para provisión de equipamiento médico y adquisición de insumos a utilizar en la lucha contra la pandemia en Bolivia. La adquisición de los respiradores con un costo aproximado de $us 5 millones, se realiza con cargo a dichos recursos”.

Este diario conoció que la “redirección” de recursos citada significa el uso de dinero de anteriores créditos para destinarlos a la emergencia por la pandemia.

Sin embargo, Aguilar cuestionó este “redireccionamiento” porque, según dice, vulnera el artículo 322 de la Constitución Política del Estado que en su numeral I estipula “La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias” y en su numeral II complementa “la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En una página virtual del BID se indica que en 2019 el Estado boliviano aprobó dos proyectos entre agosto y noviembre, uno por $us 456.062 y el otro de cooperación técnica.

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