El Gobierno y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se mantienen enfrentados tras el fallo judicial que ordena el traslado de al menos 474 personas a sus distritos, debido a que éstas no pudieron retornar a sus hogares por la cuarentena que rige en el país para evitar que se propague el coronavirus (COVID-19).
La noche del viernes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó el traslado “a su lugar de origen” de los bolivianos parados en distintos puntos del país por motivo de la cuarentena, en respuesta a una acción de libertad que fue interpuesta por Cruz en contra la presidenta Jeanine Áñez y los ministerios de la Presidencia, de Defensa, de Gobierno, de Obras Públicas y de Salud.
Tras la disposición judicial, la Defensora del Pueblo informó a La Razón que espera una convocatoria de autoridades del Gobierno para coordinar las acciones necesarias para concretar el traslado de al menos esas 474 personas a sus distritos. “Esperemos que no pase del lunes”.
Cruz explicó que, tras el dictamen de la cuarentena, su despacho recibió cerca de 1.000 denuncias de personas que se trasladaron dentro del territorio nacional, por razones de trabajo, estudio y salud, especialmente, pero que se vieron sorprendidas por las restricciones peatonales y vehiculares dictadas por el Gobierno para prevenir la pandemia, por lo que tuvieron que permanecer alejadas de sus familias, con poco dinero para pagar un lugar para pernoctar y alimentarse. De esa cifra, agregó, se hizo una depuración de casos y se quedó con un total de 474 “casos atendibles” que tenían la necesidad de retornar a sus lugares de origen. “Incluso hay familias enteras”, dijo.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, cuestionó el accionar del Defensora del Pueblo. “Esperemos que no sea aprovechada políticamente”, sostuvo y cuestionó el hecho de que Cruz no haya presentado en su recurso un detalle de las personas afectadas, sus números de cédulas de identidad y sus ubicaciones. No obstante, Cruz indicó a este diario que su despacho cuenta con esta información, la misma que será proporcionada cuando se abra la coordinación.
Santamaría también indicó que espera que la Defensora del Pueblo haga llegar la información sobre estas 474 personas para coordinar el traslado, aunque advirtió el hecho de que no se puede autorizar la movilización de esta cantidad de personas, ya que las mismas podrían poner en riesgo la salud de otras.
El titular de Seguridad Ciudadana cuestionó este reclamo porque, según dijo, tras la emisión de las normas de restricciones de los gobiernos nacional, departamental y municipal, se dio tiempo para que las personas puedan retornar a sus distritos. Acotó que para casos de motivo de trabajo, el Gobierno, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), recibió y dio curso a “movilidades excepcionales”, como por ejemplo al sector de la banca.
“Nadie cuestiona la cuarentena ni la lucha contra el coronavirus”, sostuvo Cruz, pero hizo un llamado al Gobierno a actuar en estos casos donde haya gente que tiene la necesidad de retornar a su lugar de origen.
Santamaría resaltó que el fallo judicial estableció que el traslado de estas 474 personas estará sujeto a una evaluación de “pertinencia y urgencia”. Acotó que esta disposición no llega a los ciudadanos “en frontera”, como las 480 personas que retornaron de Chile y se encuentran en cuarentena en el campamento Tata Santiago, ni tampoco a los cerca de 700 bolivianos que están en Pisiga, a la espera de poder reingresar a territorio nacional.