El Gobierno acusó al exministro Juan Ramón Quintana y a la activista Andrea M., además de otros 25 seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), de haber planificado las acciones de violencia de migrantes que retornan de Chile en la frontera.
El titular de la Dirección General de Migración (Digemig), Marcel Rivas, afirmó este lunes que Andrea M, se reunió con Quintana en la residencia de la embajada mexicana de La Paz el 19 de marzo para planificar las movilizaciones de protesta. El funcionario gubernamental exhibió una fotografía en la que supuestamente se ve salir de ese encuentro a la activista junto a Osberth C. A. también militante del MAS. Quintana está asilado en la citada residencia desde noviembre de 2019.
Desde el 26 de marzo fueron cerradas las fronteras de Bolivia, como una medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Ciudadanos parados en Colchane (Chile) exigieron ingresar a Pisiga (Oruro), pero se les impidió su paso. El 4 de abril se abrió el campamento Tata Santiago, con 480 connacionales que permanecen en cuarentena para verificar que no padezcan el mal. Posteriormente, otro grupo de más de 700 personas intentó su retorno por la misma zona, incluso agredió a militares. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que militantes del MAS pagaron Bs 300 a esta gente para que se movilice.
Rivas sostuvo que al margen de ellos fueron identificadas 25 personas más que planificaron las protestas. “Pediremos al Ministerio Público amplíe las investigaciones contra 25 ciudadanos que formaron parte de todo este trabajo”, advirtió Rivas. Acotó que de este grupo, la Justicia ya emitió sentencia en contra de seis activistas que ingresaron a territorio nacional de forma irregular.
El jefe de la Digemig aseguró que lanzan la acusación luego de un cruce de datos sobre el movimiento migratorio de estas personas, que coinciden entre febrero y marzo. Ratificó que grupos MAS movilizaron a personas “para ejercer violencia y sabotear” las acciones del Gobierno para el ingreso de migrantes en la frontera con Chile, quienes están en el campamento Tata Santiago.
Agregó que entre las personas vinculadas con el caso se identificó a una treintena de militantes del MAS, exfuncionarios de la Cancillería de Chile y a actuales candidatos que ejercen trabajo político, de los cuales seis ya fueron sentenciados por ingresar ilegalmente a territorio boliviano.
El diputado Franklin Flores (MAS) negó la acusación. “Cada vez que el Gobierno no puede controlar una acción de las personas, le culpa al MAS; no pudo controlar el coronavirus, le culpa al MAS. Nosotros tenemos conocimiento que hay personas que salieron de Chile, éstas pueden tener militancia política de cualquier partido, ¿acaso es prohibido o delito ser del MAS?”. Al ser consultado sobre Andrea M, dijo que es un “chivo expiatorio” del Gobierno.
Además, Rivas advirtió que 259 bolivianos radicados en Chile no podrán retornar al país, debido a que no pueden salir del país vecino por diferentes procesos pendientes; estas personas son parte del grupo de más de 700 connacionales que demandaron ingresar al país desde Colchane (Chile) a Pisiga (Oruro). Debido que se encontraban en pésimas condiciones, este grupo fue llevado a un campamento de Pisiga, mientras espera su regreso a Bolivia.
“Tenemos el informe de la PDI (Policía De Investigaciones) de Chile que confirma que existen 259 bolivianos que no pueden salir de Chile, ya sea por diferentes procesos, por extranjería, falsificación y otros. Entonces se confirmó las denuncias que hicimos cuando hablamos de más de 200 delincuentes que estaban infiltrados en la movilización (de migrantes que demandaron ingresar al país en la frontera)”, declaró a Bolivia Tv.