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martes 27 oct 2020 | Actualizado a 10:44

Gobierno incorpora el teletrabajo en el sector público y privado

Mediante decreto se incorporó el denominado teletrabajo que se viene desarrollando en diferentes sectores públicos y privados por la cuarentena. Se establece obligaciones y características

Imagen de referencia. Foto: caribbeannewsdigital.com

/ 14 de abril de 2020 / 22:59

La imposición de la cuarentena dio paso a la implementación sin ningún marco normativo del denominado teletrabajo, pero ahora el Ministerio de Trabajo lo incorporó en la normativa laboral.  Determinó que el empleador deberá capacitar y dar las condiciones a sus dependientes, quienes en contrapartida están obligados a cuidar los equipos que se les asigne y guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso.

Un decreto regula la nueva forma de trabajo emergente de la cuarentena que rige desde mediados de marzo para contener la propagación del coronavirus. Se define el teletrabajo como “una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan”.

Se da nacimiento al teletrabajo permanente o eventual que puede ser desarrollado desde el domicilio del teletrabajador o un lugar ajeno a las dependencias de la empresa. También se le asigna al Ministerio de Trabajo la atribución de aplicar esa modalidad “considerando necesidades específicas, por interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor”.

De hecho ya rige ese tipo de labor en diferentes sectores públicos y privados que tienen gran parte de sus operaciones paralizadas, como los medios de comunicación. La jornada está definida en la ley, que determina ocho horas de trabajo diarias.

Estas son las obligaciones del empleador para el teletrabajador:

a. Proveer al teletrabajador, cuando corresponda, el equipamiento y el software requeridos para la adecuada prestación de los servicios contratados;

b. Capacitar al teletrabajador para el adecuado manejo y uso del equipamiento y software necesarios para desarrollar sus funciones;

c. Establecer medios de comunicación formales, para comunicar y hacer el seguimiento correspondiente a las tareas asignadas al teletrabajador.

En contrapartida, estas son las obligaciones de los contratados:

a. Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar la información, equipos informáticos y otros bajo su custodia;

b. Permitir al empleador o entidad pública el libre acceso a la información relacionada con el Teletrabajo;

c. Informar en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas al empleador o entidad pública cuando el equipamiento y/o software que se encuentre bajo su custodia, sufra algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro imprevisto que impida su utilización. El teletrabajador coordinará con la instancia técnica que corresponda las acciones a seguir para garantizar la continuidad de sus labores;

d. Guardar confidencialidad respecto a la información de propiedad del empleador o entidad pública, o bien, a los datos que tenga acceso como consecuencia del teletrabajo.

El teletrabajador que disponga del equipamiento suficiente utilizará el mismo para la realización de sus actividades, eximiendo de responsabilidad al empleador o entidad pública sobre su uso.

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El Legislativo recomienda juicio contra tres ministros por compra ‘irregular’ de material antidisturbios

Están señalados los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez, y el exministro Óscar Ortiz, además del exresponsable de la Aduana Waldo Ramos.

En la imagen aparecen los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

/ 26 de octubre de 2020 / 23:52

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este lunes el informe de la comisión investigadora sobre la compra de material no letal, que recomendó el inicio de procesos legales contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez, y el exministro Óscar Ortiz, por irregularidades en el proceso de adquisición.

En el documento, aprobado por dos tercios del plenario legislativo, se concluye que hubo daño económico en la compra del material no letal para la Policía. Se lo remitió a la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público para seguir los procedimientos legales.

Además de los ministros, están involucrado el expresidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional Waldo Ramos. “Quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del proceso de investigación”, establece el informe.

“Arturo Murillo ha gestionado la compra, él ha firmado a través de nota que no va a ser (compra) directa como se realizaba antes de la empresa Cóndor, sino va a ser por una empresa intermediaria, aquí el contrato no lo ha gestionado el Ministro Defensa, pero firma la adquisición”, explicó la presidenta de la comisión, Plácida Espinoza.

Además, el informe sugiere otro proceso por incumplimiento de deberes en contra de Murillo y López.

“La copia del documento será remitida a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las acciones legales contra las autoridades y exautoridades que estén involucradas en este tema”, informó la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa.

Espinoza reveló que la investigación evidenció que se modificó tres veces el proceso de contratación “y hay variaciones”, además recalcó que en los contratos administrativos el lugar de entrega del material “sería efectuado en un recinto aduanero de Bolivia, pero no se cumplió”.

“Se realiza la entrega en Río de Janeiro, Brasil, donde se evidencia el traslado dos veces de personal de las Fuerzas Armadas, se usan sus bienes para el traslado de los agentes químicos, con esto la empresa se beneficia al no pagar impuestos al Estado Plurinacional de Bolivia”, denunció.

Según la investigación, en diciembre de 2019 se adquirió 50.000 proyectiles largos 37/38 mm; 50.000 proyectiles cortos 37/38 mm; 11.500 granadas cuadrícula; 11.500 granadas triple acción; 1.500 de aerosol spray gas; 69.647 perdigones de 12 mm.

(26/10/2020)

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A poco de dejar el poder, Áñez otorga Bs 32,3 MM para seguros a Defensa

La administración de Jeanine Áñez aprobó el decreto 4383 que establece la asignación de un presupuesto adicional de Bs32.325.373 para contratar seguros deAeronavegación

/ 26 de octubre de 2020 / 22:33

El Ministerio de Defensa dispondrá de Bs 32,3 millones para la contratación de seguros de Aeronavegación contra accidentes, daños a las personas bienes transportados y terceros en la superficie, de acuerdo al decreto 4383.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en la gestión 2020 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs32.325.373 (TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS) a favor del Ministerio de Defensa, destinados a contratar seguros de Aeronavegación”, establece el artículo 2 de la norma.

No hay descritos mayores datos sobre la contratación de los seguros. En los argumentos de la norma se hace conocer que la Ley de Aeronáutica Civil, “señala que el explotador está obligado a asegurar a su personal que ejerce funciones a bordo de las aeronaves, ya sea habitual u ocasionalmente, contra todo accidente susceptible de producirse en cumplimiento de tales funciones o servicios. Igualmente, el explotador está obligado a contratar un seguro para cubrir las responsabilidades establecidas en esta Ley y las disposiciones pertinentes por daños a las personas, bienes transportados y terceros en la superficie”.

El Ministerio de Economía deberá canalizar los recursos para la contratación de los recursos, a dos semanas de dejar el gobierno la administración de Jeanine Áñez.

(26/10/2020)

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El Gobierno aprueba contrataciones directas y Bs 2,5 MM para la ‘transmisión’ del mando presidencial

El acto en el que Luis Arce recibirá el mando de Bolivia fue fijado para el domingo 8 de noviembre. La Cancillería, bajo la administración de Karen Longaric, estará al frente de la organización de los actos.

El presidente electo Luis Arce y la mandataria Jeanine Áñez

/ 26 de octubre de 2020 / 21:57

Para los actos de «transmisión» del mando presidencial se aprobó un presupuesto de Bs 2,5 millones y viabilizó la contratación directa de bienes y servicios. Además, se instruyó al gobierno entrante formar una comisión de cinco personas para recibir los informes de las diferentes instancias del Estado.

El acto en el que Luis Arce recibirá el mando de Bolivia fue fijado para el domingo 8 de noviembre. La Cancillería, bajo la administración de Karen Longaric, estará al frente de la organización de los actos, como la invitación nacional e internacional.

Todos esos aspectos están contemplados en el decreto 4381.

“Para la Transmisión de Mando Presidencial, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en la gestión 2020 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de hasta Bs 2.500.000.- (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) a favor de los Ministerios de Estado del Órgano Ejecutivo e instancias involucradas en la Transmisión de Mando Presidencial”, establece el artículo 4.

También se autoriza las contrataciones directas de bienes y servicios para el acto de transmisión de mando presidencial.

Para la entrega de información, el “Gobierno Electo deberá acreditar una comisión de cinco (5) personas para la recepción de la información documentada de acuerdo a cronograma a ser coordinado con el Gobierno Constitucional en ejercicio”.

Arce ganó con 55,10% de los votos en las elecciones del 18 de octubre.

(26/10/2020)

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Ministro Murillo revela ‘sabotaje’ y ‘gran pugna interna’ en la Policía

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que hay rechazo a la aprobación de un nuevo reglamento de ascensos en la Policía. Espera que el próximo Gobierno concluya este proceso.

Por Carlos Corz

/ 26 de octubre de 2020 / 17:07

Sabotaje y gran pugna interna se vive en la Policía a causa de los ascensos y la intención fracasada de aprobar un nuevo reglamento de ascensos, reveló este lunes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Dijo que ahora la responsabilidad es del próximo gobierno, a cargo de Luis Arce.

“Lamentablemente ha habido mucho sabotaje para hacer esto (nuevo reglamento). Ha habido mucha gente que se ha opuesto y quienes se han estado oponiendo, justamente, son la mayoría de los que iban a ascender”, denunció en un acto policial en Cochabamba.

No dio mayores detalles del reglamento de ascensos que –dijo- trabajó en coordinación con el comandante de la Policía, general, Rodolfo Montero, aunque sostuvo que ya “se revisó más de 100 veces”.

Sin embargo, recomendó que para los ascensos se debe revisar y verificar la autenticidad de los certificados que presenten los policías, luego de haberse descubierto la compra de certificados que representan puntos para una mejor calificación en el ascensos de la carrera policial.

“Verificar que eso file no tengan certificados comprados, el gran escándalo y gran pugna interna que ha empezado en la Policía ha sido porque se ha descubierto ello”, reveló Murillo y pidió a los uniformados hacer respetar la institucionalidad.

“No por dos o tres serviles vamos a dañar una institución de 40 mil hombres que le han puesto el pecho a la patria, que le debemos la democracia a esos 40 mil hombres, que el pueblo los quiere y respeta”, sostuvo en alusión al motín policial que, sumado a otros factores, derivó en la dimisión de Evo Morales en noviembre 2019.

A fin de año empieza el proceso de ascensos en la Policía en los diferentes grados, entre ellos a generales. De entre los generales ascendidos se designa al nuevo Comandante de la Policía.

(26/10/2020)

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Comité cruceño dice que se queda solo en la denuncia de fraude, descarta aceptar los resultados

En un manifiesto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz denunció que el hecho de que Jeanine Áñez y Carlos Mesa hayan aceptado el triunfo de Luis Arce, con datos de conteo rápido, muestra un “arreglo político”

/ 25 de octubre de 2020 / 20:40

En un manifiesto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz aseguró que se quedó solo en la denuncia de irregularidades en las elecciones del domingo 18, que dieron como ganador en primera vuelta al candidato del MAS Luis Arce, y reiteró que no acepta los resultados hasta tanto se responda a sus observaciones.

“Este proceso no puede culminar en un acto eleccionario sin dar respuesta a las varias demandas que hemos interpuesto ante la Justicia, impugnando las elecciones,  así como los pedido hechos al TSE, para esclarecer temas oscuros y que puedan encontrar los resultados esperados”, refiere parte del documento publicado en sus redes sociales.

La posición fue expresada en el segundo día de un paro dispuesto en contra de los resultados electorales por la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no tuvo eco, excepto por algunos bloqueos esporádicos.

Ninguna misión internacional hizo alguna observación al proceso electoral. Tampoco se observó alguna de las actas, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró el viernes como ganadores a Arce y David Choquehuanca. Su posesión, es el 8 de noviembre.

“El Comité pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, las plataformas ciudadanas, algunos Comités Cívicos del país y una gran parte de nuestra Nación, hemos quedado solos, con la única convicción que existió fraude y que nuestra lucha es justa”, establece el comité presidido por Rómulo Calvo.

Cuestionó el hecho que la presidenta Jeanine Áñez y el candidato Carlos Mesa hayan reconocido el triunfo de Arce sobre la base de resultados de conteo rápido privados, no oficiales. “Esta actitud muestra, cuando menos, un comportamiento sospechoso. Una buena parte de la ciudadanía lo ve como un arreglo político de mutuo beneficio, con el MAS”, se sostiene en el manifiesto.

No descarta la toma de “medidas que el caso aconseje”, siempre y cuando no tenga una respuesta a las denuncias hechas ante la justicia y el ente electoral. La semana pasada denunciaron irregularidades sobre la base de un acta de 2019.

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