Nacional

miércoles 12 ago 2020 | Actualizado a 20:27

430 bolivianos llegan a Tata Santiago con certificación médica de Chile

Las autoridades de Chile dieron cuenta de 800 connacionales que siguen en su territorio y cumple el aislamiento sanitario.

/ 20 de abril de 2020 / 15:33

La llegada de bolivianos a Pisiga, al campamento tata Santiago. Fotos-R. Arana

Un total de 430 bolivianos llegaron al campamento Tata Santiago, en Pisiga, con un documento médico de Chile que certifica su estado de salud y los siete días de cuarentena que cumplieron en Iquique.

“Han llegado al mediodía. Son 430 compatriotas bolivianos, están haciendo sus declaraciones juradas y con la revisión de sanidad”, informó la directora de Migración de Oruro, Shirley Jiménez, en una entrevista en Bolivia Tv.

Bolivia cerró sus fronteras para frenar la expansión del nuevo coronavirus que en el país se cobró hasta el domingo 33 vidas.

Ante la presión, el Gobierno boliviano habilitó el campamento Tata Santiago, donde permanecerán este nuevo grupo de connacionales con vigilancia sanitaria.

“Ha estado el gobernador de la región de Tarapacá, el cual no se ha hecho entrega de 430 certificados médicos donde avala que ellos han estado en una cuarentena de siete días”, añadió.

El viernes pasado el primer grupo de bolivianos que retornó de Chile salieron de sus 14 días de aislamiento y retornaron a sus regiones en medio de un operativo militar.

Las autoridades de Chile además dieron cuenta de 800 connacionales que siguen en su territorio y cumple el aislamiento sanitario.

Jiménez contó que pidieron ingresar al país directo a sus regiones porque, a su criterio, ya cumplieron las normas sanitarias. (20/04/2020)

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Ciudadanos e instituciones denuncian el ‘clima de terror impuesto’ por el Gobierno

Los firmantes se suman al pedido de elecciones generales lo antes posible, aunque advierten de que por sí solas no resolverán la crisis, aunque darán un marco de legitimidad a la gestión.

/ 12 de agosto de 2020 / 17:11

Movilización de vecinos y trabajadores en Vetilla, El Alto, este miércoles. Foto: APG

Más de 51 ciudadanos, colectivos e instituciones denuncian “el clima de terror impuesto» por el Gobierno transitorio, que se manifiesta a través de persecuciones selectivas, protección y apoyo a grupos paramilitares de choque, trato diferenciado a favor de movilizaciones que respaldan al oficialismo, manipulación informativa en medios y otras acciones.

Además, cuestiona la violencia ejercida por grupos irregulares contra indígenas y organizaciones populares, uso de fuerzas militares para amedrentar, parcialización del Órgano Judicial y proliferación de mensajes con contenido racista.

Los firmantes de un documento lamentan que actualmente se “criminaliza la escalada de protestas sociales” desarrollada para exigir elecciones generales para superar la “ruptura constitucional” de noviembre de 2019.

Bajo el argumento de que en los comicios nacionales del 20 de octubre del año pasado hubo fraude, versión avalada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) aunque desmentida por estudios independientes de universidades estadounidenses, se produjo un levantamiento de sectores conservadores que, mediante el uso de la violencia, logró la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y, después de una serie de maniobras en el Órgano Legislativo y con respaldo del Tribunal Constitucional, Jeanine Añez asumió la presidencia transitoria del Estado, con la misión de convocar a votación nacional para el 3 de mayo, aunque la llegada de la pandemia del coronavirus abrió la posibilidad de que se prolongue su interinato.

Elecciones

Un acuerdo político permitió establecer fecha de elecciones para el domingo 6 de septiembre, aunque sin que medie una ley, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó el evento hasta el 18 de octubre, con la posibilidad de un nuevo aplazamiento de la jornada democrática, de acuerdo con los indicadores de contagio de COVID-19.

Ante ello, en un multitudinario cabildo popular celebrado en la ciudad de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, alianza política de las cinco confederaciones campesinas e indígenas de tierras altas y bajas del país, decretaron huelga general indefinida y bloqueo de caminos a escala nacional en procura de que las elecciones se lleven a cabo el 6 de septiembre.

Las protestas comenzaron el lunes 3, momento a partir del que se produjo una reacción del oficialismo que, de acuerdo con los denunciantes, se traduce en “persecuciones selectivas de manifestantes según su origen y procedencia, encarcelamiento, uso desmedido de fuerza”, que son parte de la política de las autoridades transitorias y que “en estas últimas semanas se ha incrementado con detenciones masivas, uso de armas de fuego, vuelos rasantes de aviones militares sobre comunidades indígenas y campesinas, etc.”

Durante los días precedentes, volvieron a salir a las calles grupos organizados de jóvenes uniformados, con armas blancas, y que actúan con violencia, que reciben “protección y apoyo”, por ser “afines al Gobierno” y son “usados como tropa de choque para enfrentar a ciudadanas y ciudadanos movilizados”.

Trato diferenciado

Expresan, además, que existe un “notorio trato diferenciado a grupos” que representan a sectores de “poder económico y determinadas fuerzas políticas, a las que no se les persigue ni detiene a pesar de violentar todas las medidas sanitarias”, mientras que a los movilizados se los acusa de atentar contra la salud pública, lo que “implica un tratamiento basado en la desigualdad ante hechos similares”.

Dan cuenta, posteriormente, de “la manipulación de no pocos medios de comunicación”, que tienen “responsabilidad en la transmisión de noticias falsas, así como su sesgo informativo con enfoques racistas, incompletos y criminalizadores”.

La violencia que los grupos irregulares y fuerzas de represión se dirige en contra de sectores indígenas y especialmente mujeres de pollera es otra de las denuncias de los redactores del pronunciamiento.

“El uso de fuerzas militares como mecanismo de amedrentamiento y represión, con un Poder Judicial que actúa de manera parcializada ante los ciudadanos que se movilizan, según sean aliados o no del gobierno de facto”, es la siguiente puntualización.

Finalmente, mencionan “la proliferación de mensajes de odio y racismo con una actitud de omisión de protección de garantías por parte de las autoridades”.

Salida pacífica

Ante ello, convocan a la sociedad a “contribuir para controlar y no alimentar el clima de enfrentamientos y polarización, resultado de un extenso periodo de gobierno transitorio que no ha mostrado capacidad ni interés para alcanzar las condiciones que permitan salir de este estado de situación”.

Los firmantes aseguran que las elecciones no resolverán la crisis actual, “pero estamos consciente que la situación de desequilibrio político y económico que ha resultado de este gobierno transitorio y nada democrático, requiere avanzar a una mínima obtención de institucionalidad que se responsabilice de la conducción del Estado y cese el clima racista, misógino y atropellador de los derechos humanos y la democracia.

Entre las organizaciones firmantes están: Encuentro Social Alternativo, Plataforma por los Derechos Humanos Santa Cruz, Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, Frente de Mujeres Soberanía y Paz, Generación Revolucionaria Frente Revolucionario de la Diversidad Oruro, Colectivo Rebeldía, Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres Urbanas Adela Zamudio, Colectivo Plurinacional Comunitario La Paz, Mochas Copleras, Videoteca Barbarroja, Movimiento Guevarista SC, Colectivo Wiphala y Columna Sur.

(12/08/2020)

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Cívico cruceño se ratifica en llamar ‘bestias’ a bloqueadores

Rómulo Calvo respondió a la lluvia de críticas, que tildan como discriminador y racista su discurso ante la Asamblea de la Cruceñidad. Dijo que los movilizados en Santa Cruz cometen un delito de lesa humanidad al no dejar pasar insumos para luchar contra el COVID-19.

/ 12 de agosto de 2020 / 15:07

Una lluvia de críticas por redes sociales cayó sobre el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien el martes, en su discurso en la Asamblea de la Cruceñidad, llamó “bestias humanas” a los bloqueadores en el departamento cruceño. Él se ratificó este miércoles en sus palabras y dijo que “no son dignos de ser humanos, no son dignos de ser personas”.

 “Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”, afirmó el martes Calvo, en un mensaje catalogado como discriminador y racista, pero que recibió aplausos en la Asamblea en cuestión.

Así se refirió a quienes promueven los bloqueos en el país y Santa Cruz contra la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, protestas que atribuyó a seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que calificó como un crimen de lesa humanidad, ya que impiden el transporte de insumos y medicamentos para atender a pacientes con COVID-19.

“Todo eso enfatiza con esa palabra (bestias humanas), son personas que son indignas de ser ciudadanos. Un ciudadano busca el bienestar social y estas personas no lo están haciendo, no son dignas de ser ciudadanos, no son dignas de ser personas”, dijo Calvo a Fides TV, “si hay otro término, entonces pido disculpas públicamente”, añadió el presidente del comité cruceño.

Otro término que usó es “hordas”, para referirse a los grupos movilizados.  “En San Ignacio, los pobladores, las hordas los han bloqueado, les han hecho tomar orín, les han hecho escupir la bandera, les han hecho pisar la bandera. Cómo el pueblo no va a reaccionar en este momento”.

En su encendido discurso del martes, Calvo pidió las renuncias del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, del fiscal general Juan Lanchipa y de todos los asambleístas del MAS en el Legislativo. Al final, el documento del encuentro determinó que Romero presente su dimisión y que no se apoya el 18 de octubre como fecha para los comicios.

Asimismo, se dio al Gobierno un plazo de 48 horas para levantar todos los bloqueos en el departamento de Santa Cruz, bajo la amenaza de una autoconvocatoria de la población para realizarlo. También se advirtió a la Asamblea Legislativa que apruebe los créditos de los organismos internacionales, tal como lo demanda el Órgano Ejecutivo.

En las redes sociales, las palabras de Calvo fueron criticadas. El periodista Ángel Careaga indicó. “Así no señor Calvo, del comité cívico Pro Santa Cruz, así no, porque entonces confirma una Bolivia que tiene problemas más grandes que una elección o una pandemia, podríamos superar ambos, pero esta declaración suya nos evidencia un problema más profundo (sic)”.

Mientras el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, tuiteó: “Condenamos y denunciamos ante la Comunidad Internacional las declaraciones racistas del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Una vez más queda en evidencia el odio que sienten hacia los pueblos indígena originario campesinos. ¡Basta de promover el racismo y la violencia! (sic)”.

(12/08/2020)

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Diputados sancionan ley para que ministros censurados no ocupen cargos por tres años

Ante el vacío legal, la norma ahora le da 24 horas al Presidente para que destituya al ministro censurado. La ley será enviada a la presidenta Áñez para su promulgación.

/ 12 de agosto de 2020 / 14:16

La sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles la norma que determina que los ministros censurados por la Asamblea Legislativa sean destituidos en 24 horas por el Ejecutivo y, además, no podrán ocupar cargos gubernamentales durante tres años. La ley será enviada a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para su promulgación.

“Existe un nefasto antecedente de que en una anterior ocasión se convocó al Ministro de Defensa (Luis Fernando López) para que pueda rendir cuentas, el Parlamento lo censuró, inmediatamente después de 3 o 5 minutos fue reincorporado a sus funciones”, recordó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El artículo 158 de la Constitución, sobre las atribuciones del Legislativo, señala que una es “interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta” a los ministros, “individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o el ministro”.

En aplicación de ese precepto, Áñez destituyó precisamente a López de su cargo, en marzo, al no responder satisfactoriamente —en opinión de los dos tercios de senadores y diputados— el cuestionario que se le planteó por la represión ejecutada por efectivos militares y policiales en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), donde hubo movilizaciones y fallecidos.

Sin embargo, horas después de ser removido de su cargo, López volvió a ser posesionado como titular de Defensa, pues la Carta Magna presenta un vacío legal al no prohibir expresamente la posterior designación en esa misma u otra función pública de la autoridad reprobada por los legisladores.

En julio, el Senado aprobó el proyecto de Ley 193 que pone las reglas claras para los ministros interpelados. Este miércoles, Choque remarcó que se dio el visto bueno a la propuesta “debido a que hay un vacío también en la Constitución que no establece, no señala, por cuánto tiempo debe ser censurado” un ministro, por lo que López salió “ileso” de la censura.

“Con el voto unánime de los presentes hemos decidido apoyar como Cámara revisora esta iniciativa que partió del Senado. Esperemos enviar rápidamente al Ejecutivo para que se promulgue, y así autoridades a futuro censuradas no vengan a hacerse la burla del pueblo”.

La normativa consta de cuatro artículos. El tercero indica: “I. La censura determinada por la Asamblea Legislativa tiene como efecto la destitución de la o el Ministro censurado, II. Resuelta la censura, la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en un plazo máximo de 24 horas de haber tomado conocimiento formal, deberá destituir a la o el Ministro censurado”.

Asimismo, se establece que si el Presidente incumple lo dictaminado por esta ley, “será susceptible del proceso penal por incumplimiento de deberes y otros que pudieran corresponder según el caso”.

(12/08/2020)

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La COB exige al TSE y a la Asamblea Legislativa elecciones para el 11 de octubre

El líder de la organización sindical matriz, Juan Carlos Huarachi, conminó a los dos órganos del Estado a responder la propuesta de los sindicatos en 24 horas.

, / 12 de agosto de 2020 / 12:23

El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, en conferencia de prensa este miércoles. Foto: APG

En conferencia de prensa cerca del mediodía de este miércoles, la Central Obrera Boliviana (COB) comunicó que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Asamblea Legislativa la consideración de una ley que extablezca elecciones general el 11 de octubre, una semana antes de la prevista por el órgano electoral.

La decisión fue anunciada por el secretario ejecutivo de la organización sindidal, Juan Carlos Huarachi, quien informó que su oficina mandó sendas cartas a los dos órganos del Estado, las que deberán responder la propuesta en 24 horas. «Que las elecciones se lleven el 11 de octubre; asimismo, la Asamblea Legislativa está en obligación de garantizar con una ley» la nueva fecha, dijo el dirigente.

Según dijo el dirigente, ambos órganos del Estado deben responder a la propuesta en un plazo de 24 horas.

De acuerdo a una resolución de la sala plena del TSE, los comicios fueron postergados para el 18 de octubre, a pesar de que la Ley 1304, de Postergación de Elecciones Generales 2020, dispuso la votación para el 6 de septiembre.

La medida, considerada unilateral e ilegal, generó molestia en la COB y el Pacto de Unidad, que luego de un cabildo en la Ceja de El Alto, el 28 de julio, determinó iniciar bloqueos en todo el país.

El sábado, el TSE y la Asamblea Legislativa no lograron convencer a la COB, una reunión en la Vicepresidencia del Estado, de mantener la fecha y convalidarla con una ley; la dirigencia laborarl había propuesto una «fecha intermedia», que este miércoles se develó que es el 11 de octubre.

En la rueda de prensa, Huarachi fustigó además al gobierno de Jeanine Áñez, al que le reclamó atención al pleigo que presentó la COB. «Que no confundan la lucha de los trabajadores, del pueblo, queriendo politizar; son demandas estructurales», afirmó.

Explicó que entre las demandas están la aprobación de un protocolo de tratamiento de COVID-19 y de distribución de medicamentos, la reactivación económica, la situación de los despidos masivos en el país y la restitución de las labores educativas en el país. ¿Vamos a aceptar la impsoción del Gobierno de cerrar clases?, cuestionó.

La COB y el Pacto de Unidad sostienen un bloqueo continuo desde el 3 de agosto, medida que tiene cerrada gran parte de las vías troncales del país.

(12/08/2020)

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Cívicos cruceños exigen renuncia de Romero y rechazan el 18 de octubre para elecciones

La Asamblea de la Cruceñidad le dio 48 horas al Gobierno para levantar los bloqueos en Santa Cruz, bajo la amenaza de una autoconvocatoria de la población para hacerlo. Además, advirtió con procesos al Legislativo, si no aprueba los créditos de organismos internacionales.

/ 11 de agosto de 2020 / 22:32

La Asamblea de la Cruceñidad de este martes, con los dirigentes del comité cívico.

La Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz se estrelló este martes contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y exigió su renuncia, además de rechazar el 18 de octubre como fecha para las elecciones. Y dio un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas.

El encargado de leer el documento de la primera asamblea virtual de esta entidad fue su presidente, Rómulo Calvo. “Exigir al Ministerio Público que dé celeridad al proceso iniciado por el comité cívico contra Evo Morales y todos los dirigente del MAS, y contra Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por los delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano”, señala el primer punto.

El segundo exige a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y su gabinete “hacer cumplir y restituir con firmeza el imperio de la ley”, activando todos los mecanismos legales que les faculta la Constitución, “gobernando para todos, sin hacer cálculos políticos”.

La tercera exigencia del comité cruceño es la renuncia de Romero, “por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del país, ya que debía actuar con independencia y solvencia ética, precautelando la salud y la vida de los bolivianos. El TSE deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos”, remarcó Calvo.

Al respecto, el pronunciamiento señala que se debe demostrar el saneamiento del padrón electoral, y el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea sobre el “proceso electoral fraudulento” de octubre de 2019.

Además, rechaza el 18 de octubre para las elecciones y exige dejar abierta la fecha hasta que una comisión científica recomiende lo más conveniente ante la pandemia del COVID-19.

“Destituir a todos los funcionarios del TSE que hubieran trabajado en el proceso fraudulento de 2019, incluyendo a los del exterior. Exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial un informe actualizado del estado de los procesos por el fraude en las elecciones de 2019”.

Calvo afirmó que el Legislativo también está en la mira, y se le exige despojarse de su “conducta partidista y mezquina”, por lo cual debe dar autorización a los préstamos de organismos internacionales para luchar contra la pandemia y lograr la reactivación económica, aparte de garantizar el 10% del presupuesto del país para el área de salud, bajo la amenaza de que los asambleístas sean procesados por incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.

Y para el Gobierno, “damos un plazo de 48 horas para que de manera inmediata levante los bloqueos de todo el departamento; caso contrario, el pueblo cruceño, en su derecho a la legitima defensa, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carreteras del departamento donde no hay libre circulación”.

(11/08/2020)

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