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miércoles 8 jul 2020 | Actualizado a 03:56

‘Dónde estarás no carajito?’: el tuit no oficial de Obras Públicas

En reacción al texto, el Ministerio de Obras Públicas, en un comunicado, alertó este lunes que su cuenta de Twitter fue "invadida" a través de "un acceso informático indebido, posiblemente provocado por algunos funcionarios que aún tienen credenciales y permisos a redes sociales de las entidades públicas".

/ 20 de abril de 2020 / 20:05

Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda. Foto: Twitter

Una vez más las cuentas de redes sociales del Gobierno resultaron vulneradas con textos ajenos a sus propósitos. La noche del domingo, la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Obras Públicas difundió un sugestivo tuit: «‘Dónde estarás no carajito?».

Obras Públicas respondió con esa frase a un usuario, Gabriel Villalba Pérez (@GaboVillalbaP), que hace seis días publicó un comentario y un texto titulado «Cronología del golpe de Estado en Bolivia», en alusión a la sucesión presidencial de noviembre del año pasado.

El tuit de esa cartera de Estado fue publicado a las 23.05 del domingo.

En reacción al texto, el Ministerio de Obras Públicas, en un comunicado, alertó este lunes que su cuenta de Twitter fue «invadida» a través de «un acceso informático indebido, posiblemente provocado por algunos funcionarios que aún tienen credenciales y permisos a redes sociales de las entidades públicas».

Y deploró «estos ataques bajo la modalidad de delitos informáticos».

Entretanto, Villalba Pérez, el aludido por el «dónde estarás no carajito?», exigió disculpas por parte del Ministerio de Obras Públicas.

«El @mopsv_Bolivia debería pedir disculpas públicas por referirse así. Y garantizar mi integridad, toda vez que su tuit puede ser considerado como una amenaza directa por parte de un ministerio que goza de todo el poder estatal y gubernamental en contra de una persona natural», dijo en Twitter.

Hace una semana, el Gobierno denunció un similar caso ocurrido también con una cuenta oficial en Twitter, del Ministerio de Justicia.

El lunes 13, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, identificó a J. D. Ll. (Yo soy cocodrilo) como el presunto autor del posible acceso irregular a dicha cuenta.

Esa vez, desde la cuenta del Ministerio de Justicia fue publicada una falsa lista de posibles infectados con el nuevo coronavirus.

«La cuenta del Ministerio de Justicia no fue hackeada, la persona que ingresó a la cuenta era un exfuncionario del anterior gobierno (MAS), que tenía forma de ingresar a la cuenta», dijo entonces Fernández.

El hombre tiene ahora orden de aprehensión, acusado de varios delitos. En su respaldo, las redes sociales se inundaron de memes y cuestionamientos a la gestión de redes sociales en el Gobierno.

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El TSE destina $us 7 millones para la bioseguridad en las elecciones de septiembre

Jeanine Áñez se resistió al comienzo a promulgar la ley con la nueva fecha, argumentando los riesgos a la salud, pero finalmente lo hizo a fines de junio.

/ 7 de julio de 2020 / 21:17

Salvador Romero, en una entrevista reciente con Animal Político. Foto: Álvaro Valero

Por AFP

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia dijo el martes que destinará $us 7 millones para la bioseguridad de los comicios del 6 de septiembre, tras críticas del Gobierno por hacer la votación en plena escalada del coronavirus.

El presidente del TSE, Salvador Romero, precisó que el órgano contará para bioseguridad con cinco millones de dólares de la subvención estatal a los partidos, que renunciaron a ella debido a la pandemia, “y de manera adicional” solicitará al Tesoro otros dos millones de dólares.

“Que se consolide este financiamiento, que estaba destinado a la propaganda de las organizaciones políticas en el presupuesto del TSE, ayuda a encarar el proceso electoral con un suplemento adicional”, afirmó.

“De esta manera, el TSE asegura un presupuesto indispensable para la compra de seguridad sanitaria y para llevar adelante un proceso electoral con las debidas medidas de protección”, agregó.

El Congreso debe aprobar todavía la propuesta del TSE para que “este año, de manera excepcional, no se entregue el financiamiento público a los partidos” para la campaña, dijo Romero.

Luego la norma debe ser promulgada por la presidenta interina Jeanine Áñez, quien ha criticado hacer las elecciones en medio de la pandemia.

El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, declaró que Romero tendrá “la responsabilidad de los contagios” el día de los comicios, por programarlos en plena escalada del coronavirus.

“La responsabilidad de las muertes está en sus manos” (de Romero), expresó el ministro.

Sin aludir a Murillo, Romero afirmó que “el éxito del proceso electoral del 6 de septiembre es una responsabilidad compartida”.

“Todos tenemos una cuota de responsabilidad para el éxito de este proceso y de esta jornada de votación”, machacó.

Inicialmente programados para el pasado 3 de mayo, los comicios fueron diferidos debido a la pandemia.

La votación fue reprogramada para el 6 de septiembre tras un acuerdo entre los partidos ante el TSE. Éste presentó el pedido al Congreso, que a fines de abril aprobó la nueva fecha.

Áñez se resistió al comienzo a promulgar la ley con la nueva fecha, argumentando los riesgos a la salud, pero finalmente lo hizo a fines de junio.

De acuerdo a proyecciones oficiales, Bolivia alcanzaría un pico de 130.000 contagios a mediados de septiembre. El país supera actualmente los 40.000 infectados y acumula casi 1.500 muertos.

El presupuesto total de las elecciones sumará 37 millones de dólares, incluidos los siete millones para bioseguridad.

(07/07/2020)

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El presidente del Banco Central es paciente de COVID-19

Otras cinco autoridades jerárquicas, entre ministros y viceministros, se encuentran contagiados por la enfermedad viral.

/ 7 de julio de 2020 / 19:32

Guillermo Aponte, cuando fue posesionado a mediados de diciembre de 2019. Foto: ABI

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó, a través de un comunicado, que el presidente interino de la institución, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, dio positivo a la prueba de coronavirus que se le realizó.

«Conforme a los protocolos de bioseguridad establecidos, se encuentra aislado en su domicilio y recibiendo la atención médica necesaria. Su estado de salud es estable, se encuentra en constante evaluación y se espera su pronta recuperación», señaló el ente emisor.

El vicepresidente del directorio, Armando Pinell, asumirá las funciones de Reyes Ortiz mientras se éste se encuentre convaleciente.

Hasta el momento suman cinco autoridades jerárquicas que padecen la enfermedad viral, los ministros de la Presidencia, Salud, Justicia, y Minería; los viceministros de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, y de Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge Luis Vacaflor, y ahora la autoridad principal del BCB.

(07/07/2020)

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Evo Morales dice que lo imputaron con un ‘audio alterado’ y ‘falso’

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, celebró la decisión del Ministerio Público y dijo que el expresidente “terrorista” “ojalá tenga la valentía de purgar 30 años de cárcel que es lo mínimo que merece”.

/ 7 de julio de 2020 / 11:34

La primera reacción del expresidente Evo Morales por la imputación formal y la solicitud de detención preventiva por parte del Ministerio Público fue que lo acusaron “por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado”. Dijo que el documento que sustenta la acusación es “falso”.

Es la primera vez que el exmandatario, que renunció por presiones sociales y políticas el 10 de noviembre del año pasado, se refiere al audio en el que, según publicó entonces el ministro Arturo Murillo, supuestamente coordina el cerco a las ciudades con el dirigente cocalero F. Y., ahora también imputado.

“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto”, escribió en sus redes sociales Morales.

El lunes, la comisión de fiscales del Ministerio Público formalizó la imputación contra el expresidente por los delitos de “sedición” y “financiamiento al terrorismo”, además solicitó su detención preventiva.

Se “evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y. Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno, Santa Cruz. Aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”, señala el argumento de la imputación.

Uno de los promotores del juicio a Morales es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien precisamente develó el audio-video el año pasado, en plena efervescencia contra el gobierno transitorio. “Celebramos que terrorista @evoespueblo sea imputado por terrorismo, hay esperanza se hará justicia, ojalá tenga la valentía de purgar 30 años de cárcel que es lo mínimo que merece @TeroristaConfeso”, escribió en Twitter.

“El gobierno de facto y fiscales de La Paz no tienen imputados por masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal ni por actos de nepotismo y corrupción YPFB, ENTEL, ministerios de Gobierno y de Defensa, pero me procesan con audio falso porque su objetivo final es proscribir al MAS-IPSP”, protestó la mañana de este martes Morales.

En este última tuit, el exmandatario se refirió a la represión militar policial dejó una treintena de fallecidos en Sacaba, el 15 de noviembre, y en Senkata, cuatro días después. El operativo conjunto fue dispuesto a través del Decreto Supremo 4078, promulgado el 15 de noviembre de 2019 y abrogado una vez terminado el conflicto.

Tras la renuncia, Morales fue sustituido por la otrora segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, luego de cuestionadas sesiones legislativas sin la presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sin quorum.

(07/07/2020)

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La Fiscalía imputa a Evo Morales por ‘sedición’ y el MAS dice que no hay base cierta

El expresidente es investigado por un audio filtrado en que, de acuerdo a las primeras investigaciones, se le escucha planificar el cerco a las ciudades, en noviembre del año pasado.

/ 6 de julio de 2020 / 20:40

La  Comisión de Fiscales Anticorrupción, a cargo de la investigación del caso Audio, emitió este lunes la imputación formal contra el expresidente Evo Morales y Faustino Y. Y. por los delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo».

El principal hecho en que se basa la acusación fiscal es la presunta coordinación que mediante una llamada telefónica mantuvieron el exmandatario y Faustino Y. Y. para el “bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales durante los conflictos de noviembre del 2019”, destaca una nota de prensa de la Fiscalía de La Paz.

El Ministerio Público asegura que “evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno, Santa Cruz. Aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”. 

Contraparte

Para el abogado y diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda, hay un problema de origen en la imputación, cuando se trata de establecer un delito a partir de una conversación. «Una acusación formal es una calificación provisional del delito; tiene que haber suficientes indicio es para acreditar que con probabilidad (el acusado) es autor del hecho; en este caso, al expresidente se le está sindicando de ‘terrorismo’ por una conversación que ha mantenido con un exdirigente. Y ahí yo no veo el nexo. ¿Cuáles son esos otros indicios? Porque el terrorismo implica un hecho doloso, donde tiene que haber resultado el hecho, hacer volar un planta o cualquier hecho violento», explicó.

El legislador pregunta: ¿Cuál ha sido el resultado de esa conversación, se ha materializado o no? Y concluye: «Entonces, una vez más se está demostrando que el Ministerio Público no está aplicando la ley, la Constitución, sino que definitivamente está actuando en base a intereses políticos».

Una conversación, destaca Borda, no es suficiente para sostener la denuncia de grave delito, «peor aún para materializar una imputación por el delito de terrorismo, cuando terrorismo implica actos de hecho que atenten contra la vida o contra la seguridad interna del Estado».

Según la Fiscalía, por una «triangulación» de las llamadas telefónicas que hicieron ambos imputados, ellos “se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más, entre el 12 y 17 de noviembre de 2019”. Un elemento central para la acusación también es el video del momento en que hablan Morales y Faustino Y. Y., cuando se habla del referido corte de alimentos a las ciudades. Dicho video fue encontrado en el celular del hijo de Faustino Y. Y., Alejandro Y. S.

La Fiscalía sustenta su acusación en la pericia audiológica forense que hizo del audio el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, que dio como resultado, asegura el Ministerio Público, “que las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma”.

La Comisión de Fiscales que procesa el caso, además de emitir la imputación formal, solicita la detención preventiva del expresidente Evo Morales.

(06/07/2020)

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Mesa muestra el rezago de Bolivia ante Uruguay y Paraguay en la lucha contra el COVID-19

Reclama una inversión transparente de los recursos contra el COVID-19 y una mejor coordinación entre el Gobierno, las gobernaciones y municipios.

/ 6 de julio de 2020 / 16:55

Comparando el número de contagiados por cada 100.000 habitantes en Bolivia, Uruguay y Paraguay, el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, reclamó este lunes el rezago en que está el país con respecto de dichos países.

Hasta el domingo 5, el número acumulado de casos positivos con COVID-19 en Bolivia llegó a poco más de 39.000; esto significa, señaló Mesa, 323 contagiados por cada 100.000 habitantes; cuando en Paraguay existen 33 enfermos por cada 100.000 personas, y en Uruguay, 27 por esos mismos 100.000 habitantes. Para el candidato, esto solo significa que ambos países “han logrado un éxito en la lucha contra el COVID-19 gracias a sus adecuados planes de contingencia”.

“¿Qué hicieron bien esos gobiernos y qué hizo mal nuestro gobierno?”, se preguntó el candidato. En el caso de Uruguay, afirmó, desde que apareció la pandemia, el 13 de marzo, lo primero que se hizo fue tener una respuesta sanitaria basada en pruebas masivas y el seguimiento a la enfermedad: “Se hizo y hace un número muy significativo de test, un seguimiento muy riguroso, vacunas antigripales para no confundir los síntomas de enfermedad entre unos casos y otros”.               

Destacó que hasta la fecha en ese país se hayan hecho 45.000 pruebas, y “en los propios hogares”, 2.000 pruebas diarias, lo que contrasta con la realidad boliviana. Afirmó: “Nuestra capacidad de aislamiento y seguimiento (que es lo que se consigue precisamente con las pruebas) es casi nula debido a la descoordinación de los distintos niveles de gobierno y, para colmo de males, heredamos un sistema de salud desastroso del mal gobierno del MAS”.

Para Mesa, el éxito uruguayo también se da por el “apoyo del sistema político y la ciudadanía”; en esto, parte del fracaso boliviano, dice, está en “un parlamento (con mayoría masista) que pone trabas”.

En relación a Paraguay, el candidato destacó el presupuesto destinado por ese país a la lucha contra la pandemia, 1.600 millones de dólares, apuntando, nuevamente la compra de test para encarar el mal.

Es aquí que el candidato deplora la poca transparencia e ineficacia de la inversión boliviana. “Bolivia no ha hecho una inversión clara ni transparente en una dimensión adecuada para trajes de bioseguridad, número de test y sobre todo unidades de terapia intensiva. Pero particularmente, no ha establecido una coordinación adecuada entre el sistema nacional, el sistema departamental y los sistemas municipales”, afirmó.

Según el Ministerio de Salud, a la fecha está prevista la llegada al país de 495.600 pruebas, que serán distribuidas en al menos cuatro entregas: hasta el 30 de junio debían arribar 32.400; 243.400 hasta el 31 de julio; 100.000 hasta el 31 de agosto; y, 119.800 hasta el 30 de septiembre.

Para Mesa, en momentos en que estamos camino al pico de los contagios, “todavía estamos a tiempo”. Por eso demandó hacer “muchos más test”, comprar “más unidades de terapia intensiva y equipos de bioseguridad”, aparte coordinar entre los gobiernos nacional y subnacionales.

(06/07/2020)

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