La Cámara de Senadores sancionó el Proyecto de Ley de Escaños Departamentales y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El pleno camaral aprobó el contenido de la norma en sus estaciones en grande y en detalle por más de dos tercios. de la votación de los senadores presentes.

Previamente, dicho proyecto de ley fu aprobado el anterior viernes en la Cámara de Diputados también con más de dos tercios de la votación.

La norma fue propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que basó su propuesta en los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de 2024.

La nueva ley, según el análisis del TSE, definió que el departamento de Santa Cruz gana un escaño y Chuquisaca pierde uno. El resto de regiones mantendrá la cantidad de sus legisladores.

Había presión por la aprobación de esa norma. El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi advirtió que debe ser sancionada y promulgada hasta el 15 de enero. De lo contrario, el Órgano Electoral debí trabajar con la ley basada en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012.

Nota en desarrollo…

Tras un intenso debate, la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el Proyecto de Ley de Distribución de Escaños parlamentarios e inició el debate en su estación en detalle.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

En desarrollo…

La viceministra de Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, reveló este miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lisperguer, registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

La autoridad informó que el 3 de enero se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en las declaraciones juradas contra el exministro de Medio Ambiente y el exdirector jurídico Gabriel Alejandro Delgado.

Indicó que la investigación surgió tras una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción donde se detallan “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales” en el patrimonio de ambas personas.

«En la gestión 2021 se han observado, en el caso del ex ministro, un registro de ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En el caso del señor Delgado se ha identificado que en el periodo 2024 también ha habido un movimiento inusual de sus cuentas, de más de 600.000 bolivianos”, señaló Ríos.

En el caso de Lisperguer, aseveró también que existen unos movimientos de más de un millón de bolivianos que involucran depósitos y movimientos entre Delgado y Lisperguer, como otros depósitos con terceras personas, entre ellos, “algunos servidores públicos”.

La viceministra indicó además que “incluso” se verificó los consumos y compras de los cuales se determinó que son “desproporcionales” a su perfil patrimonial.

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“Una vez presentada la denuncia, el Ministerio Público ha admitido esta denuncia, se va a proceder a la investigación, se va a actuar con la mayor objetividad en el marco de nuestras competencias para determinar la verdad histórica de los hechos”

Ríos dijo que como Viceministerio van a actuar en todos los casos, ya sea como parte coadyuvante y también como víctimas de estos hechos poque “no se puede tolerar ningún hecho de corrupción”.

Ante los presuntos hechos de corrupción, el presidente Luis Arce dispuso este miércoles su “destitución inmediata” de Lizperguer del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La exautoridad se pronunció sobre la denuncia y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y negó cualquier irregularidad en sus bienes.

“Como funcionarios públicos, estamos sujetos a que investiguen nuestros bienes y movimientos bancarios. No hay razón para alarmarse, debemos estar preparados para ello”, señaló Lisperguer a la Red Uno.

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, quien acusó a su colega Gustavo Aliaga de agredirlo físicamente durante una discusión en la Comisión de Planificación aseguró que el incidente ocurrió luego de que cuestionara a Aliaga por, supuestamente, actuar de forma “servil” hacia el oficialismo.

“Cuando le reclamé su servilismo hacia el Gobierno, me saltó por la espalda como una gata callejera (…). Esa es la razón por la que tengo este parche aquí en el ojo”, declaró Roca en entrevista con La Razón Radio.

Tras las acusaciones, Aliaga negó ser violento y sostuvo que su colega exageró un empujón que le dio para apartarlo cuando intentaba provocarlo. Aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

El enfrentamiento surgió al salir de una sesión de la Comisión de Planificación en un contexto de tensiones políticas respecto a la Ley 1613, que Roca calificó de “abusiva y llena de artículos de contrabando”. Según el diputado, esta norma permite al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar créditos al Gobierno sin control legislativo y establece disposiciones que “violan” la Constitución.

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Roca denunció también que la ley fue promulgada sin el tratamiento parlamentario correspondiente, comparando esta acción con prácticas dictatoriales de gobiernos militares.

El oficialismo “no tiene” los votos para aprobar la ley financiera, así que actúan de manera “burda, ilegal e indecente”, afirmó.

El legislador anunció demandas penales contra el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y otros funcionarios, a quienes acusa de retener el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE). Además, indicó que presentará un recurso constitucional para impugnar la ley y un proyecto para abrogar los artículos “inconstitucionales”.

Eran las 14:30 del lunes cuando las primeras columnas de la marcha evista llegaron a la plaza Murillo, el epicentro del poder político en Bolivia. La ‘Marcha por la Vida’, que había recorrido 120 kilómetros desde Patacamaya, avanzó con determinación. Tras ellos, otras dos movilizaciones también se apostaron en el lugar: una organizada por prestatarios que exigían la condonación de intereses y otra de la Central de Trabajadores de Bolivia, entidad paralela a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza el incremento de los precios del pan y los pasajes, además de disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE).

El cielo despejado contrastaba con el ambiente cargado de tensión. Las barricadas policiales, reforzadas en las esquinas que rodean la plaza Murillo y en las calles aledañas, marcaron el límite para los manifestantes. Al frente, líderes como el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza y Pedro Llanque, dirigente campesino, representantes de la facción evista, llevaban un pliego petitorio cargado de demandas, mientras esperaban una audiencia con el presidente Luis Arce.

El pliego petitorio presentado por la marcha reflejaba la preocupación por temas económicos y sociales que, según Llanque, fueron “desatendidos” por el gobierno de Arce. Entre las principales demandas estaban:

Solución al desabastecimiento de alimentos y combustibles, cuya escasez ha elevado los precios de productos básicos como arroz, azúcar y gasolina; Garantías para la estabilidad del dólar, afectando la importación de medicamentos y repuestos; Defensa del litio, exigiendo que no se privatice ni se firmen contratos sin consenso; Anulación de decretos y leyes consideradas perjudiciales para la economía popular y la propiedad privada; Liberación de “presos políticos” y el fin de la persecución contra líderes sociales.

La marcha no avanzó más allá de las esquinas de la plaza Murillo. “Lamentablemente parece que el Gobierno se cree que la plaza Murillo es de su propiedad, su hacienda”, reclamó Loza, confirmando que instalarían una vigilia hasta que el presidente los atendiera.

Todo cambió cerca de las 16:00, cuando una funcionaria del Ministerio de la Presidencia intentó recibir el pliego en representación del mandatario. Los ánimos se caldearon: los marchistas exigían entrar a la Casa Grande del Pueblo para entregar el documento personalmente. La negativa encendió la mecha.

Botellas, cartones y chicotazos comenzaron a volar hacia la policía, que respondió con gases lacrimógenos. En cuestión de minutos, la zona se convirtió en un caos. Las nubes del gas lacrimógeno se mezclaban con los truenos de los petardos, cubriendo las calles de un gris irrespirable.

La prensa, atrapada entre el tumulto, se refugió contra las paredes de la Vicepresidencia mientras grababa la escena. Un periodista resultó herido.

Cuando el humo se disipó, quedó un silencio extraño. Los bancos y negocios cercanos cerraron sus puertas, y la calle al frente del palacio consistorial volvió a lucir vacía, con policías reforzando las barricadas y marchistas dispersos en las calles aledañas.

Minutos después, un hombre que una bandera wiphala fue arrastrado por tres uniformados. Según la policía, dos personas fueron arrestadas tras intentar robar equipo de los efectivos.

Al final del día, las barricadas seguían en pie y la vigilia evista se instaló cerca de la Vicepresidencia. La calma había regresado, pero la tensión persistía en el aire.

Luego del breve enfrentamiento, se conoció que los manifestantes aseguraron que mantendrían la vigilia hasta que sean atendidos por Luis Arce.

La marcha no solo simbolizaba el reclamo económico y político de un sector del MAS afín a Evo Morales, sino también la fractura interna en el oficialismo. Un distanciamiento que se percibió a principios de septiembre de 2022, cuando el expresidente acusó al Gobierno de propiciar un “plan negro” en su contra.

En los alrededores, la vida cotidiana intentaba retomar su curso. Los vehículos volvieron a circular por la calle Mercado tras el levantamiento parcial del bloqueo, y algunos comerciantes reabrieron sus puestos.

La jornada concluyó sin mayores enfrentamientos, pero con un mensaje claro: la tensión entre las facciones del MAS está lejos de resolverse.

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