Ahora ante la comunidad internacional, el expresidente Evo Morales se refirió al presunto caso de estupro en su contra, por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. El exmandatario explicó que el caso ya fue investigado en su momento y no se encontró nada, por lo que su reactivación persigue fines políticos para lograr su inhabilitación como candidato presidencial.

“Ya me investigaron este supuesto caso de estupro y no encontraron nada, está cerrado. Un año me investigaron, cuando yo estaba en Argentina (2020) y no encuentran nada (…). Lamentablemente, usan niños, niñas. Es un tema netamente político”, explicó este sábado en entrevista con el medio español La Pizarra.

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La acusación se suscitó la semana pasada. Inclusive, existió una orden de aprehensión en contra el exmandatario, la cual fue anulada gracias a una orden de libertad. Sin embargo, Morales debía presentarse a declarar a la Fiscalía Departamental de Tarija, pero como no se hizo presente, la fiscal Sandra Gutiérrez dijo que ahora lo que corresponde es la aprehensión.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que estos hechos no son nada nuevo en su carrera política.

Procesos

Dijo que la expresidenta transitoria Jeanine Añez le inició procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio; Luis Arce, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Carlos Mesa, afirmó, intentaron iniciarle procesos por narcotráfico. “Solo no me procesó Eduardo Rodríguez Veltzé”, señaló.

Pese a todo ello, Morales recalcó que nunca se rindió y no lo hará ahora, pese a que, en su criterio, es el momento en el que más procesos enfrenta. Dijo que como mínimo tiene ocho denuncias en su contra, de las que tiene conocimiento. «Qué otros procesos más habrá», protestó.

Por ese motivo, denunció que es “víctima de la derecha interna (oposición), de la derecha externa (Estados Unidos)” y del Gobierno que, en su opinión, comenzó a derecharizarse, que tienen el mismo objetivo: impedir su postulación como candidato a la presidencia en 2025.

En su criterio, si logra presentarse en dichos comicios, vencerá con más del 55% de los votos y retornará a la silla presidencial.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este sábado que 7.315.060 de votantes están habilitados para sufragar en las elecciones judiciales del 1 de diciembre.

Ese día serán elegidos 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ); Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres miembros del Consejo de la Magistratura. En ambos casos, serán elegidos titulares y suplentes.

Vargas explicó también que 407.022 ciudadanos fueron inhabilitados por no haber votado en los dos últimos procesos electorales o por no cumplir con la obligación de haber sido jurado electoral, como estipula la normativa.

Inhabilitados

“En total tenemos 361.522 ciudadanos inhabilitados por no haber votado en los dos últimos procesos electorales de manera continua y 45.500 ciudadanos que no cumplieron con el deber de ser jurados electorales. Valga aclarar que estos ciudadanos tienen aún la oportunidad de dirigirse a los tribunales electorales correspondientes; como a las direcciones departamentales o regionales del Servicio de Registro Cívico para presentar su justificación y ser habilitados para las elecciones judiciales”, puntualizó.

Los ciudadanos inhabilitados tendrán la oportunidad de hacer la justificación correspondiente los días lunes 14 y martes 15 de octubre.  Para ello, este domingo 13 se publicará en diferentes medios impresos del país las listas de ciudadanos habilitados e inhabilitados en el padrón electoral preliminar. Además, todos los ciudadanos empadronados podrán consultar la información en la aplicación Yo Participo o en la página Web del Órgano Electoral.

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Asimismo, se informó que se realizó la depuración de 701.513 personas que fallecieron, en tanto 9.905 ciudadanos no fueron habilitados en el padrón electoral por diferentes motivos: 6.053 ciudadanos por presentar un documento inválido; 189 por error en la aplicación de captura, 246 por inscripción interdepartamental; 3.223 por posible doble identidad, 191 por posible suplantación de identidad, cuatro observados en el Registro Civil y dos por suspensión de nacionalidad.

Si una persona considera que fue incorrectamente inhabilitada puede presentar; su reclamo el 14 y 15 de octubre adjuntando el Formulario de Reclamos, disponible en www.oep.org.bo; con la copia vigente de su cédula de identidad (fotocopia o escaneada) y documentos adicionales que acrediten que la inhabilitación es remediable (pasajes, certificados médicos, etc).

Procesamiento

Del 17 al 23 de octubre se efectuará el procesamiento de reclamos de ciudadanos; para su rehabilitación o habilitación por parte de la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico. El 24 de octubre se publicará el padrón electoral consolidado para participar de los comicios judiciales.

El miércoles, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi indicó que de los 139 candidatos con los que se arrancó el proceso, a la fecha renunciaron 12 y están en carrera 127.

Asimismo, informó que fueron definidos 5.500 recintos electoral, 37.000 mesas de sufragio, 8.000 notarios y al menos 225.000 jurados electorales. “Ésa es la estadística que va a manejar el proceso judicial”.

Ante las amenazas de aprehensión del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, el evismo y las organizaciones sociales a la cabeza del Pacto de Unidad determinaron convocar este sábado al bloqueo de carreteras indefinido en todo el país.

Esto “en cumplimiento al mandato de la Gran Marcha para Salvar Bolivia a partir del lunes 14 desde las cero horas y para resguardar la libertad, integridad, y el secuestro de Evo Morales”, señala unos de los puntos de la resolución.

Así también indica que la medida es “por la corrupción, por la mala gestión pública, por la crisis económica, por la persecución política y por la protección al narcotráfico y ante el incumplimiento de nuestro pliego petitorito del 3 de septiembre, el bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del Estado será indefinido, por traición al pueblo y al movimiento indígena”.

Cerca de las 11.30 llegó Morales al coliseo de Curumbamba, del municipio de Sacaba, Cochabamba, para participar del encuentro con las organizaciones sociales y militantes y determinar acciones ante la persecución judicial que se le sigue.

El líder cocalero es investigado por la Fiscalía de Tarija por la denuncia que lo implica en el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

Delitos

Los delitos por los que es investigado son estupro agravado y trata y tráfico de personas. Morales debía declarar el jueves, sin embargo, su abogado indicó que no estaban dadas las condiciones para que se presente en Tarija.

Ante la inasistencia del líder cocalero, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó el jueves que corresponde emitir la orden de aprehensión en su contra, debido a que no justificó su inasistencia.

Humberto Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín a Morales, indicó que el Gobierno no respondió ni va a responder al hambre del pueblo y a la destrucción económica. Dijo que tiene solo un día para que dé una respuesta concreta a todas las demandas que se está haciendo.

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“Ya se terminó la paciencia, el lunes a las 00.00 horas inicia el bloqueo nacional de caminos. Alcaldes, asambleístas departamentales que se han ido con el bando traidor ha llegado el momento de estar con su pueblo”, dijo.

Indicó que se esperó con paciencia y aguantando al gobierno, “pero ya no se puede más”. “Se terminó la paciencia. El Gobierno, por traidor y por corrupto, por estar destrozando la economía y por estar explotando el litio a ocultas. Entonces, estamos asumiendo las medidas de hecho a partir de las 00.00 del lunes”, reiteró.

Flora Aguilar, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, afín a Morales, dijo que la determinación de este encuentro va en contra de la persecución que hace el Gobierno al expresidente, pero también a las demandas que no resolvió tras la marcha desde Caracollo, Oruro, hasta la sede de Gobierno.

Pedido

“Las bases están bien cansadas, el pueblo está cansado. Pedimos que no se victimice y ahora les toca responder. (Bien sea) mientras estemos en el bloqueo (de carreteras) o dar un paso al costado. Que no digan que es golpe de Estado, se ha dado los plazos correspondientes”.

Añadió que el Gobierno es el “culpable” de atacar a “un gran líder” y traicionar a su pueblo, además de desestabilidar la economía.

“Las determinaciones han salido con la participación de las autoridades del Pacto de Unidad. Las bases todas han determinado salir al bloqueo de caminos. Quienes no van a salir al bloqueo estarán a favor de la corrupción y estarían a favor del alza de precios”, dijo la dirigente evista.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló que ya se tiene todo preparado para el traslado de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Antonio Pumari para el inicio del juicio oral por el caso golpe de Estado I.

“Ya están las disposiciones y toda la logística preparada para el traslado de los privados de libertad. Todos los centros penitenciarios ya han sido notificados por el órgano competente. Los diferentes directores de los centros penitenciarios ya están tomando los recaudos para dar cumplimiento a lo que ha establecido la autoridad”, indicó la autoridad a la red DTV. 

Áñez, Camacho y Pumari se verán nuevamente las caras en el inicio del juicio oral y presencial programado para el lunes 14, a las 09.00, en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz.

Querella

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a los hechos ocurridos en 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso se encuentran además de Camacho, Áñez y Pumari, exjefes militares y policiales.

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Según la denuncia, Áñez llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

En este caso, cuatro ex jefes militares ya fueron condenados a dos y tres años de presidio por cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz. También los exministros de Justicia y de Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente, recibieron una pena de dos años, bajo los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.

Sobre el traslado de Pumari, Limpias indicó que el privado de libertad “regularmente” sale a sus audiencias presenciales y sin novedad de relevancia. “Eso quiere decir que está garantizado el traslado al departamento de La Paz”.

Operativo

Asimismo, el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Edgar Cortez, informó que la Policía prepara el operativo de traslado de los acusados para el juicio oral en uno de los juzgados, ubicados en la calle Bolívar.

“El Comando Departamental de La Paz, como todo acto, está realizando el resguardo policial para que se garantice la presencia de estas tres personas que están acusadas en el juzgado. El día lunes en horas de la mañana, estamos con nuestra orden de operaciones. Estamos ultimando los detalles para que esta actividad”, dijo el jefe policial.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, postulante al cargo de Fiscal General del Estado, obtuvo una nota de 73 sobre 80 puntos en el examen oral y la presentación del trabajo.

“He puesto énfasis en todo lo que se aplica en el derecho penal, también hemos hecho la exposición de la propuesta como Ministerio Público. También la comisión ha ponderado esto y nos ha dado un puntaje de 10 sobre 10”, dijo.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Roberto Padilla, informó antes del inicio del examen que para esta jornada se tiene programado la evaluación a 15 postulantes. Indicó también que la puntuación para el examen oral es de 70 puntos, en tanto, el plan de trabajo tiene una calificación de 10 puntos.

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Asimismo, antes del inicio de los exámenes, el ciudadano Oscar de Lafuente presentó una denuncia ante la Comisión Mixta de Justicia Plural contra Alave, argumentando que presentó documentos falsificados, como el certificado de idiomas y el de docencia.

En sesión de la comisión, la denuncia no fue viabilizada debido a que se tenía un plazo pertinente para presentar la denuncia ante esa instancia, periodo que culminó en pasados días.

Alave calificó la denuncia de una “burla” a la comisión mixta. “Les voy a ser honestos, me han sacado TikTok con Ip de Santa Cruz. Esta denuncia lo han presentado ayer y lo está realizando un ciudadano que vive en Santa Cruz”.

Añadió que la comisión “tuvo el suficiente tiempo para evaluar y además dice que he presentado una documentación en la EGPP (Escuela de Gestión Pública Plurinacional) de dos idiomas. En el mes de marzo he aprobado el curso de idiomas con 92 sobre 100. Eso se lo puede verificar”.