Nacional

viernes 29 may 2020 | Actualizado a 05:45

Un boliviano que cumplía cuarentena en Iquique da positivo al COVID-19 y se activa la alerta

Se trata de una persona que viajaba en uno de los buses que trasladaron a las 652 personas desde Santiago a Iquique, para cumplir una cuarentena.

/ 3 de mayo de 2020 / 22:05

Funcionarios de Chile controlan la temperatura a un grupo de bolivianos.

Por Rubén Ariñez

Un boliviano que es parte de la numerosa comitiva que viajó de Santiago a Iquique, en Chile, para ser repatriado dio positivo al examen de coronavirus. El caso ha despertado la alerta en las autoridades chilenas debido al riesgo de un contagio masivo.

Así lo infirmó este domingo el intendente Miguel Ángel Quezada en el informe diario sobre el avance del COVID-19 en la región, reportó Iquiquevisión.

Se trata de una persona que viajaba en uno de los buses que trasladaron a las 652 personas desde la comuna de Providencia, en Santiago, la capital de Chile, hasta el Liceo de Hombres A-7 de Iquique, para cumplir una cuarentena de 14 días.

El caso ha generado preocupación en las autoridades locales debido a que existe el riesgo de un contagio masivo en el numeroso grupo que pretende retornar al país.

Las autoridades de salud han activado una investigación epidemiológica de forma inicial con las 20 personas que compartían habitación con el paciente positivo durante los dos días que estuvo en el albergue.

Asimismo, las pesquisas buscan establecer la nómina de los pasajeros del bus que lo trasladó para efectuar las pruebas de manera urgente.

El grupo de bolivianos instaló una vigilia en puertas del Consulado de Bolivia, en Santiago, para pedir su repatriación. (03/05/2020)

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El MAS observa decreto de diferimiento de pago de créditos y pide al Gobierno cumplir la ley

La ley de diferimiento de pago de créditos establece que se reanude la cancelación de los préstamos bancarios seis meses después de suspendida la emergencia derivada por el coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 23:27

Una persona cuenta dinero en bolivianos.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo observó el decreto que difiere hasta septiembre el reinicio del pago de créditos y exigió al Gobierno cumplir la ley 1294 que establece la cancelación de los créditos seis meses después de levantada la cuarentena que rige desde marzo.

“Se tiene que cumplir la ley, se cumple y no se discute; yo creo que acá hay que pensar en la gente que está en una situación crítica y no es cuestión de tener actitudes que vayan contra el pueblo”, indicó la jefa de bancada del MAS en Diputados, Betty Yañiquez.

La Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos, sancionada el 27 de marzo, se encuentra por encima de un decreto, por lo que en este caso tiene prioridad su cumplimiento.

La ley establece que no se pagará capital e interés durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y una vez que se suspenda esta se le otorgará al acreedor un plazo máximo de seis meses para que, durante ese tiempo, tampoco pague capital ni intereses. Un decreto anterior fijaba el pago desde junio y ahora, otra norma, dispone se pague desde septiembre solo para créditos no mayores a un millón de bolivianos.

Un fallo judicial instruyó que se cumpla la ley, luego que la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) instruyera la cancelación desde junio.

Para la diputada del MAS Sonia Brito, la ley se encuentra vigente y “el Gobierno no puede emitir decretos que la contradigan”.

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Gobierno autoriza ceremonias religiosas y salidas restringidas en fin de semana

El Gobierno aprobó este jueves el decreto para la nueva fase en la cuarentena. Tiene medidas como el cierre de fronteras y la suspensión de labores escolares.

/ 28 de mayo de 2020 / 22:24

Vista de la calle Comercio de La Paz, durante la cuarentena. Foto: Pedro Laguna.

Aunque la última palabra la tendrán las alcaldías y gobernaciones, el Gobierno dispuso la flexibilización de la cuarentena que permite, a partir de este lunes, la reanudación de las actividades públicas y privadas, la circulación vehicular y el tránsito de personas sin restricción de 05.00 a 18.00 de lunes a viernes.

También abre la posibilidad de oficiar ceremonias religiosas con la presencia de solo el 30% de personas de la capacidad instalada, además de dar luz ver a la salida de las personas los fines de semana a pie o en bicicleta a cinco cuadras a la redonda de la vivienda de las personas y desde las 06.00 hasta las 14.00.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó de contenido del decreto que rige una nueva fase de lo que será la cuarentena dinámica durante el mes de junio. Permanecen interrumpidas las labores escolares presenciales, eventos públicos y los vuelos internacionales, como el cierre de fronteras, excepto para nacionales que intentar retornar a Bolivia.

A diferencia del pasado, ahora las alcaldías y gobernaciones deberán jugar un papel central en la definición del nivel de flexibilización de la cuarentena en función de los reportes de la situación epidemiológica por el coronavirus.

No solo eso, “las gobernaciones y municipios podrán encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos y municipios a fin de precautelar la salud de los habitantes y mitigar el contagio y la propagación del coronavirus”, explicó en una conferencia de prensa.

Desde el lunes son reactivadas las actividades públicas y privadas en horario continuo e ingreso y salida escalonada a las fuentes de trabajo para evitar aglomeraciones.

Las alcaldías de La Paz y El Alto definieron la flexibilización de la cuarentena con el retorno del transporte público y de las actividades comerciales, excepto aquellos eventos que concentran mucha gente. En el otro extremo están ciudades como Trinidad que mantendrá una encapsulamiento ante el desborde de contagios.

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El Gobierno anula contrataciones directas en empresas públicas estratégicas

El gobierno de Jeanine Áñez anuló el artículo 83 de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

/ 28 de mayo de 2020 / 21:10

El ministro Oscar Ortiz.

Por Carlos Corz

Las contrataciones directas en las empresas públicas nacionales estratégicas fueron anuladas con la eliminación del artículo 83 de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que la decisión se toma porque este tipo de contrataciones “facilitaban la corrupción”.

“A partir de este decreto todas las empresas públicas nacionales estratégicas deberán sujetarse a las normas generales de administración del sector público, donde hay la licitación, contratación por emergencia, excepción, y solo alguna causal muy bien definida por excepción para realizar contrataciones directas”, explicó.

El artículo 83 anulado, establecía: “Las EPNE de acuerdo a su naturaleza jurídica, en base a su función de producción y generación de excedentes, deberán realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”.

“Creo que con esto se comienza a desmontar todo ese esquema que facilitaba la corrupción que montó el MAS con más de 100 decretos, haciendo que toda las entidades públicas vuelvan a trabajar sobre la base de que las contrataciones directas deben ser la excepción y no la regla”, insistió.

Una de las últimas denuncias de irregularidades en una contratación directa se dio en la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El diputado de Unidad Demócrata (UD) Hugo Sandoval denunció en abril que la firma contrató de manera directa, sin licitación y en plena cuarentena nacional, Seguros Generales (incendio, maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros) para el periodo 2020-20121 por $us 7 millones (Bs 49 millones).

La empresa estatal negó la contratación. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo en ese entonces que se pidió a la firma estatal retroceder en este contrato. Herland Soliz fue destituido de YPFB en medio de esa denuncia y de la compra de carburantes.

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Diputado del MAS le responde a Áñez: No corresponde al Legislativo viabilizar entrega del hospital de Montero

El diputado Edgar Montaño acusó a la presidenta Jeanine Áñez de “lavarse las manos” por no haber entregado hasta ahora el hospital de Montero para atender a enfermos con coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 19:45

El diputado del MAS Edgar Montaño. Foto: Prensa Cámara de Diputados

En respuesta al proyecto de ley enviado por la presidenta Jeanine Áñez para habilitar la entrega del hospital en Montero, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Edgar Montaño, miembro de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, informó este jueves que no le corresponde al Legislativo tratar la norma y que es responsabilidad del Gobierno.

“Está entregando responsabilidades a otro ente, en este caso al Legislativo, que no corresponde bajo la responsabilidad de las normas básicas de contratación”, sostuvo el legislador.

Áñez, mediante el proyecto de ley, pidió la entrega parcial del hospital de tercer nivel del municipio de Montero, ubicado en el departamento de Santa Cruz, para la atención de pacientes con Coronavirus.

Uno de los artículos del documento refiere que autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) “iniciar el proceso de recepción provisional/parcial de las áreas necesarias del hospital de Tercer Nivel de Montero, para la atención inmediata de pacientes afectados por el COVID-19”.

Montaño afirmó que, del análisis del proyecto de ley, existen incongruencias como en el punto sobre la conciliación y liquidación de pagos. “Nos está diciendo que no ha cancelado o por último nos está diciendo que le tenemos que reconocer a la empresa constructora por haber cambiado el color del hospital, es decir de color azul -que era originalmente- y que ahora está de color verde lechuga, que precisamente es el color de su partido político”.

De igual forma, sostuvo que existen normas que regulan la administración de bienes y servicios, las que le otorgan tuición a instancias del Ejecutivo para la recepción de ítems, como se solicita en el proyecto de ley.

“En ese entendido, no necesita usted ninguna ley para abrir e inaugurar el hospital de tercer nivel de Montero, no necesita ni siquiera un decreto supremo, porque estas normas ya lo regula. Para que usted pueda recepcionar ítem que ya están concluidos tiene que sentarse con la empresa constructora y sentar al control social, al fiscal de obra y al supervisor de obra, que son los encargados de velar que la infraestructura esté entregada de acuerdo a las especificaciones técnicas de contratación por el cual se va a pagar”, le dijo a la Presidenta.

El legislador afirmó que Áñez está dando largas al tema mientras que “los cruceños y benianos estamos sufriendo con esta pandemia”.

El miércoles, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó una acción popular para que la justicia ordene la habilitación del hospital de Montero, que a la fecha no fue abierto por entuertos legales. La región es una de las más afectadas por el COVID-19.

El gobernador afirmó que no se trata de una acción contra nadie y que se la presenta “a favor de los ciudadanos y de la vida”, pero la tuición sobre el hospital es del Gobierno central.

Hace un par de semanas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegó hasta Montero para realizar una inspección del nosocomio y anunció su apertura para el 18 de mayo, pero no se concretó. Indicó, entonces, que el proyecto tiene un contrato “llave en mano”, lo que significa que debe ser entregado totalmente equipado.

Recordó que recibir la infraestructura con temas pendientes implicaba un riesgo legal que las autoridades de Gobierno están dispuestos a correr.

La empresa constructora, según el Gobierno, tenía 213 ítems observados de los 687 que tiene el contrato. Se subsanaron los más relevantes, entre ellos el suministro de agua, alcantarillado y el tratamiento para residuos sólidos para que se entregue la obra de manera provisional.

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Añez confirma a Roca como ministra con misión de reestructurar el sistema de salud; denuncia ‘red de sabotaje’

“Hoy, ministra, le toca asumir ese enorme desafío”, instó Áñez. Antes, había precisado que en la designación de cargos se va a privilegiar no solo el profesionalismo, sino la “honestidad y decencia“.

/ 28 de mayo de 2020 / 15:47

La nueva ministra de Salud a Eidy Roca. Foto: Ministerio de Salud

La presidenta Jeanine Áñez posesionó como ministra de Salud a Eidy Roca, quien hasta este jueves asumió el cargo de manera interina tras la detención de su antecesor Marcelo Navajas, procesado por el caso Respiradores.

La mandataria le encargo a la nueva autoridad titular reestructurar el sistema público ante lo que ha llamado como una “red sabotaje” que puso en riesgo la salud de los bolivianos en alusión al bullado caso de presunta corrupción que golpea al Gobierno.

“Hemos enfrentado lamentablemente una crisis en Salud, reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso y que esperamos devele esta red de sabotaje y corrupción que ha sido montada para perjudicar no solo al Gobierno, que sabemos somos actores políticos pasajeros, sino que esta red ha puesto en peligro la vida de familias bolivianas, eso no se perdona”, dijo Áñez.

Por eso le encargo a Roca que “no solamente debe estar a la cabeza de las políticas públicas de salud, sino que tiene que reestructurar el sistema de salud otorgándole transparencia, capacidad y compromiso”.

No fue todo, culpó a la administración de Evo Morales de dejar un sistema de salud «sin equipamiento ni previsión y con gente improvisada o corrompida”.

“Hoy, ministra, le toca asumir ese enorme desafío”, instó Áñez. Antes, había precisado que en la designación de cargos se va a privilegiar no solo el profesionalismo, sino la “honestidad y decencia“.

Este caso estalló la pasada semana al conocerse que hubo irregularidades en la compra de 170 respiradores de la marca Respira, de la fábrica española GPAinnova, importadas a Bolivia por la también firma español IME Consulting Global Services SL, a un costo unitario de contrato de $us 28.080, a diferencia de los $us 7.234 ofrecidos en planta.

Para el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, el sobreprecio en la compra de los equipos asciende a $us 3 millones. El caso se ha declarado en reserva desde el miércoles.

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