Nacional

viernes 18 jun 2021 | Actualizado a 02:10

La Iglesia critica a Áñez y le dice que su gobierno se preocupa por colocar a su gente en puestos públicos

El presidente de la CEPB le pide a la Presidenta rendir cuentas sobre el decreto de semillas transgénicas y pide averiguar si a su mandato le interesa la vida o solo es un discurso, por las promesas incumplidas en la lucha contra el COVID-19

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEPB), monseñor Ricardo Centellas.

Por Miguel Gómez

/ 10 de mayo de 2020 / 20:00

Con dureza, así criticó el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEPB), monseñor Ricardo Centellas, a Jeanine Áñez y su gobierno por las promesas incumplidas en la lucha contra el coronavirus, y lo calificó como un mandato de transición que se preocupa mucho por poner a su gente en instituciones públicas.

En una ceremonia religiosa por el Día del Periodista, el arzobispo de Sucre pidió que el Ejecutivo rinda cuentas sobre temas polémicos como el decreto 4232, que fue promulgado el jueves 7 y establece “procedimientos abreviados” para dar paso a la elección de variedades de semillas transgénicas para los sembradíos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya para consumo interno y la exportación.

Decreto

“No podemos pasar por alto que en Bolivia el Gobierno actual saca un decreto (sobre) transgénico y hay que averiguar cuál es la verdad detrás de este decreto. Hace poco aparece un narcojet, hay que ver cuál es la verdad detrás de esta acción del narcotráfico”, indicó Centellas en su sermón.

“El Gobierno no puede callar, tiene que explicarnos a los bolivianos qué es lo que pasa, un gobierno de transición que se preocupa demasiado por colocar su gente en instituciones públicas no es gobierno de transición”.

Mandato

Consideró que no es ético que un mandato de este tipo quiera quedarse y convocó a los periodistas a “desenmascarar esta realidad”. “Tenemos que saber los bolivianos exactamente si a este gobierno le interesa la vida; de discurso, de palabra nos dicen que la vida es lo primero, pero por detrás no obra así”.

Y recordó que aún quedan pendientes las promesas de Áñez para comprar reactivos y respiradores para camas de unidades de terapia intensiva. “Dónde están, no podemos vivir de intenciones, no son la verdad y la verdad son los hechos, y ahí está el periodismo”, sostuvo el monseñor, según un video difundido este domingo en la cuenta de Facebook de Primera Línea Noticias. (10/05/2020)

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Murillo figura aún en la lista de detenidos del centro carcelario de Miami

La página web de la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos lo tiene con el número de registro 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Miami. El periodista Arias dijo que fue liberado, el Gobierno señala que espera información oficial.

Foto: AFP

/ 17 de junio de 2021 / 18:07

De acuerdo con la página web de la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos, el exministro Arturo Murillo continúa preso en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami, tras ser arrestado bajo los cargos de lavado de dinero y sobornos por la compra de proyectiles y gases lacrimógenos con un sobreprecio estimado en $us 2,3 millones.

En el sector “Encuentra un preso” de esta plataforma, sale que Murillo es el reo con número de registro 02358-506 en el FDC de Miami, tras la revisión realizada por La Razón. “Solo las personas condenadas por violar las leyes federales (es decir, las leyes de los Estados Unidos) son enviadas a prisiones federales”, explica la respectiva Oficina.

El ministro de Gobierno en la gestión transitoria de Jeanine Áñez fue detenido junto a Sergio Méndez, su exjefe de gabinete, y tres empresarios de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, que fue beneficiada con la provisión de los materiales tras comprarlos de la compañía brasileña Cóndor. Estados Unidos realizó las investigaciones del caso.

Este jueves, el periodista Junior Arias anunció desde Estados Unidos que Murillo fue beneficiado con libertad bajo fianza, tras el pago del 10% de los $us 500.000 definidos por la justicia estadounidense, y que se convirtió en un “testigo protegido”. El cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega, rechazó la versión tras hablar con los abogados del país.

Sin embargo, el procurador general Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa en Bolivia, aclaró que no se tiene todavía información oficial sobre la situación jurídica del exministro, y que se consultó con el bufete contratado para el seguimiento de este caso en Estados Unidos para que aclare la información, lo que puede ser hasta el viernes.

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The Intercept: Exministro López buscó a mercenarios para impedir la posesión de Arce en noviembre de 2020

La revista electrónica publicó un reportaje en el cual, mediante grabaciones filtradas, documentos, correos electrónicos, indica que López hizo gestiones para que mercenarios de Estados Unidos provoquen zozobra en el país, con apoyo de militares y policías.

Foto: APG

/ 17 de junio de 2021 / 13:10

La revista electrónica The Intercept apuntó a Luis Fernando López, ministro de Defensa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que mercenarios de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Luis Arce tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre del año pasado.

Las “pruebas” son grabaciones de llamadas, correos electrónicos, documentos y entrevistas a las cuales accedió este medio dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la NSA de Estados Unidos, con el exanalista Edward Snowden como fuente.

Según la publicación de este jueves, “en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación del país’. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse’, agregó, ‘y bloquear una administración de Arce… Las próximas 72 horas son cruciales’”.

Firmada por Laurence Blair y Ryan Grim, la nota añade que “los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados”.

The Intercept afirma que este complot fue confirmado por dos fuentes militares estadounidenses, “que los comandos de Operaciones Especiales para los que trabajan se habían enterado del complot golpista en Bolivia. Pero nunca salió nada de eso… Una fuente de operaciones especiales agregó: ‘Hasta donde yo sé, nadie los tomó en serio’”.

Una de las grabaciones filtradas, de 15 minutos de duración, por la cual se identificó a López, según la revista, devela su contacto con Joe Pereira, exadministrador civil del Ejército de Estados Unidos que en ese momento tenía su base en Bolivia y estuvo detenidos en una cárcel de territorio boliviano por una acusación de fraude.

El texto de los correos, señala el portal de investigación, lo describen como organizador principal de la misión con mercenarios. “Dos de las personas incluidas en los correos electrónicos confirmaron a The Intercept que los correos electrónicos son auténticos y que Pereira es el organizador principal”. Su voz fue reconocida por varias fuentes.

“Las referencias a la victoria de Arce en las elecciones indican que la convocatoria se realizó después del 18 de octubre, y parece que se hizo antes del 5 de noviembre, cuando López huyó de Bolivia al vecino Brasil, tres días antes de la toma de posesión de Arce”. Las investigaciones policiales apuntan a que López huyó con su colega Arturo Murillo.

“Los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo”, se escucha en la grabación atribuida a López. “El Alto Mando militar ya está en conversaciones preliminares”, agrega, “la lucha, el grito de guerra, es que (el MAS) quieren reemplazar a las Fuerzas Armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave”.

Y sigue que “ellos (la Policía y las Fuerzas Armadas) van a permitir que Bolivia se levante de nuevo y bloquee una administración de Arce. Esa es la realidad”. Según The Intercept, “sugiere además que el comandante de las Fuerzas Armadas ‘ya’ está reflexionando sobre un golpe de Estado preventivo y será quien ‘inicie la operación militar’”.

En la conversación, el exministro garantiza a su interlocutor el apoyo interno de militares. “Les garantizo que el 95, 98% son súper patriotas y no quieren desaparecer… Llevo 11 meses trabajando para que las Fuerzas Armadas tengan dignidad, moral, sean probas y piensen en la patria por encima de todo. Te garantizo que esto no fallará”.

Mediante un traductor, siempre según la publicación, Pereira indica que “las tropas serán recolectadas ‘de tal manera como si fueran contratistas privados, sin representación del Estado estadounidense. ‘Vamos a poner todas esas personas bajo contratos fantasma para empresas bolivianas que ya operan en el país’”.

Y da un número de los mercenarios que puede reclutar. “Puedo conseguir hasta 10.000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10.000. Todas las fuerzas especiales. También puedo traer alrededor de 350 de lo que llamamos LEP, Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la Policía… Conmigo (en Bolivia) tengo una plantilla de personal que puede manejar varios trabajos diferentes… Si hay algo más que necesito, los haré volar como encubiertos, como si fueran fotógrafos, pastores, médicos, turistas”.

El director del Programa de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, Adam Isaacson, indicó a The Intercept que “si la operación boliviana de corta duración fuera financiada por el gobierno de Estados Unidos, o disfrutara de su ‘aprobación tácita o explícita’, mostraría cuán profundo se habría adentrado en ‘territorio de vaqueros imprudentes’ la política de la administración Trump en América Latina”.

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Mesa se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante la Fiscalía: No voy a contestar porque me puedo incriminar

Explicó cómo conoció a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Aclaró que hay dos leyes que deberían ser declaradas inconstitucionales para abrir un caso sobre un supuesto “golpe de Estado”. Y dijo que no reconoce la legitimidad de este “montaje político”.

Carlos Mesa, al salir de la Fiscalía. Foto: Rodwy Cazón

/ 17 de junio de 2021 / 11:48

Tal como anunció, de que no iba a dar explicaciones sobre lo sucedido en la crisis de 2019, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se acogió a su derecho al silencio en su declaración, en calidad de testigo, en el caso denominado Golpe de Estado.

Seguidores lo acompañaron y corearon su nombre cuando ingresó a las oficinas de la Fiscalía las 08.15. Había adelantado que no daría declaraciones a la prensa y convocó a una conferencia a las 09.30 en el Hotel Presidente, la que se dio una hora después.

Según la declaración a la que accedió La Razón, el exmandatario se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante las preguntas del fiscal; asimismo, indicó en una de sus respuestas que “no voy a contestar la preguntas porque me puedo incriminar”.

El caso Golpe de Estado fue abierto por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS). La Fiscalía investiga el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, tras lo cual Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado.

Morales dimitió acorralado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude” en los comicios que Morales ganó ese año.

Con carácter previo, este jueves, Mesa hizo notar a la Fiscalía que su silencio está garantizado por la Constitución. “La razón fundamental por la que no voy a declarar tiene que ver con el hecho de que no reconozco la legitimidad o legalidad de este proceso”.

Añadió que este caso “se basa en hechos falsos y en la manipulación de pruebas, el elemento principal que demuestra lo que estoy diciendo, es la vigencia plena de dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remarcó el expresidente.

“La Ley 1166 de anulación de elecciones de 2019 y la Ley 1270, ley excepcional de prórroga del mandato constitucional y autoridades electas, de 20 de enero del 2020”, continuó, “ambas leyes reconocen la inconstitucionalidad (sic) del gobierno transitorio, y la constitucionalidad de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional”, dice el documento.

El político opositor subrayó que “no hay elemento, hecho o acción que esté por encima de una ley cuya constitucionalidad se presume de hecho. Solamente si el Tribunal Constitucional Plurinacional declarase inconstitucional ambas leyes, recién es ese contexto y en ese caso podría iniciarse un proceso por golpe de Estado”.

Además, Mesa dijo que otro argumento por el cual rechaza este caso es que se trata de “un proceso de carácter político impulsado por el propio expresidente Evo Morales y el actual presidente (Luis Arce). Es un hecho incuestionable que el Ministerio Público y el Órgano Judicial responden a las órdenes del Poder Ejecutivo, por lo tanto, la credibilidad de los procesos como este se ha perdido completamente. Por todo ello, no reconozco la legitimidad de este juicio que es un montaje político”.

Desde su detención preventiva en la cárcel de Miraflores, la expresidenta transitoria Áñez provocó un remezón por su declaración al Ministerio Público, ya que afirmó que Mesa bloqueó la sucesión de Adriana Salvatierra (MAS) en la crisis de noviembre de 2019.

Más aún, se apunta a Mesa por haber declarado el 10 de noviembre de ese año, en la plaza Murillo y ante los medios (día que renunció el expresidente Evo Morales), que ningún político del Movimiento Al Socialismo (MAS) podía tomar las riendas del país.

Ante la pregunta sobre si conoce a Áñez, Mesa respondió lo siguiente ante la Fiscalía: “Conozco a la señora Jeanine Áñez, no recuerdo las circunstancias, me invitó cuando ya era presidenta, quizá un mes o dos meses después, fue en un almuerzo”.

En cuanto a si conoce al excívico cruceño Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho, el líder de CC sostuvo que “al señor Camacho lo conozco personalmente, no recuerdo, en una reunión del comité cívico de Santa Cruz, mucho antes, y al otro señor no lo conozco, no recuerdo la fecha” (sic), según el documento del Ministerio Público.

Camacho es el principal acusado en este caso, al haber liderado la movilización cívica que derivó en la dimisión de Morales. Incluso, el actual gobernador cruceño reveló que su progenitor pactó en noviembre de 2019 con las Fuerzas Armadas y la Policía.

En su última respuesta ante el fiscal, Mesa remarcó que “la insistencia de los señores fiscales en no aceptar mi derecho constitucional hizo que yo respondiera presionado por esa situación cuatro preguntas, porque es un principio general de carácter moral de mi parte el establecer una posición clara de repudio a la manipulación y al uso instrumental del Ministerio Público, que la va a convertir (a la investigación) en una persecución política a los miembros de la oposición”.

“Ratifico mi postura de desconocer lo que se está haciendo y lamentar lo que se está utilizando al Ministerio Público. Asimismo adjunto en fojas 3 una declaración previa que leí al comenzar el acto, que explica las razones por las que no declaré”, concluyó.

Posteriormente, ya en su conferencia en el Hotel Presidente, Mesa confirmó que se acogió a su derecho constitucional, y subrayó que esa determinación no puede ser considerada un indicio de culpabilidad.

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Mesa ante el Ministerio Público: No voy a contestar porque me puedo incriminar

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC) llegó a las 08.15 a la sede de la Fiscalía en La Paz para brindar su declaración, en calidad de testigo, en el caso Golpe de Estado. Luego brindó una conferencia en el Hotel Presidente.

La conferencia de Carlos Mesa de este jueves. Foto: Rodwy Cazón

/ 17 de junio de 2021 / 10:39

Tal como anunció, de que no iba a dar explicaciones sobre lo sucedido en la crisis de 2019, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se acogió a su derecho al silencio en su declaración, en calidad de testigo, en el caso denominado Golpe de Estado.

Seguidores lo acompañaron y corearon su nombre cuando ingresó a las oficinas a las 08.15. Mesa ya había adelantado que no iba a brindar declaraciones a la prensa y convocó a una conferencia a las 09.30 en el Hotel Presidente, la que se dio una hora después.

“No voy a contestar a la pregunta porque me puedo incriminar”, “me acojo al derecho al silencio”, fueron las frases de Mesa ante el fiscal.

En las declaraciones de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez ante la Fiscalía, quien se encuentra encarcelada con detención preventiva por este caso, reveló que Mesa bloqueó la sucesión de Adriana Salvatierra (MAS) en la crisis de noviembre de 2019.

Más aún, se apuntó a Mesa por haber declarado el 10 de noviembre de ese año, en la plaza Murillo y ante los medios, el día que renunció el expresidente Evo Morales, que ningún político del Movimiento Al Socialismo (MAS) podía tomar las riendas del país.

El miércoles reciente, el líder de CC acusó a Morales, el actual presidente Luis Arce, la Fiscalía y el Órgano Judicial de haber “montado” el caso Golpe de Estado contra su persona y la oposición. Además, indicó que no dará explicaciones por la presión del MAS.  

En su conferencia de este jueves, Mesa dijo que se acogió a su derecho constitucional al silencio, lo cual no puede ser considerado un indicio de culpabilidad. Indicó que respondió solo tres de más de medio centenar de preguntas del Ministerio Público.

(Noticia en desarrollo)

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Salvatierra rompe el silencio: Nunca acepté la presidencia de Áñez, no era su interés la sucesión constitucional

La exsenadora señaló que Áñez tomó el poder el 12 de noviembre de 2019 en una sesión sin quórum, por lo tanto ilegal, e impidiendo el ingreso a la Asamblea de los legisladores del MAS, con violencia policial.

Foto: ABI

/ 16 de junio de 2021 / 13:25

Y rompió el silencio. Adriana Salvatierra, presidenta del Senado en la crisis de noviembre de 2019, aclaró que nunca aceptó la presidencia de Jeanine Áñez después del derrocamiento de Evo Morales y remarcó que para la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara Alta la “sucesión constitucional no era su interés”.

“NUNCA ACEPTÉ LA PRESIDENCIA DE JEANINE ÁÑEZ, de ninguna manera. Ella asumió en una sesión sin quórum y por tanto ilegal, impidiendo el ingreso de los parlamentarios y reprimiéndonos con violencia policial. Claramente la sucesión constitucional no era su interés”, escribió la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Twitter.

Su posición fue expresada después del informe de la Iglesia Católica sobre los hechos que acontecieron antes, durante y después de la autoproclamación de Áñez, primero como presidenta del Senado y, posteriormente, como presidenta del Estado, el martes 12 de noviembre de 2019, dos jornadas después de la dimisión de Morales a la presidencia.

El documento señala que en reuniones extralegislativas surgieron las opciones de Salvatierra y la entonces primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, asumieran el mando del país (ante la ola renuncias de otros asambleístas en la línea de sucesión), empero, ellas lo rechazaron “alegando que sus vidas corrían peligro”.

Esto fue desmentido el martes por Rivero. “En reunión del 12 (de noviembre) a la que me llamaron a incorporarme JAMÁS se me consultó nada, menos se habló de mí. Tratamos procedimientos”, escribió la exdiputada del MAS en su cuenta de la red social Twitter.

La cronología de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) fue enviada al papa Francisco y a la Fiscalía, que investiga el caso denominado Golpe de Estado, por el cual Áñez se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz, y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, fueron enviados al penal de San Pedro.

La Iglesia Católica se lavó las manos y emitió su informe un año y siete meses después de las reuniones extralegislativas que organizó junto a representantes diplomáticos, políticos y cívicos, y remarcó que en esas citas no hubo decisión para el nombramiento de Áñez, “solo un acuerdo verbal”, y que esperaba una sesión bicameral para la sucesión.

Áñez declaró ante la Fiscalía y relató que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se opuso a una sucesión de Salvatierra; más aún, en una declaración pública el 10 de noviembre, el expresidente dijo que ningún asambleísta del MAS debía asumir el poder. Mesa fue citado por la Fiscalía para dar su declaración el jueves a las 08.15.

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