El Defensor del Pueblo alertó que el Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno no están trabajando para el descongestionamiento de las cárceles del país ante el riesgo de contagio de COVID-19 que enfrenta la población carcelaria.
“El Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y Régimen Penitenciario no están asumiendo con diligencia y responsabilidad su obligación de descongestionar las cárceles. Las autoridades del sistema de justicia no han entendido responsablemente su obligación legal de encarar acciones para reducir el hacinamiento carcelario, más al contrario, han obstaculizado el acceso a la justicia oportuna y sin dilaciones de esta población”, reclamó este miércoles la defensor del Pueblo, Nadia Cruz.
Reclamo
El reclamo sucedió a las muertes suscitadas en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, uno de ellos por coronavirus y otros tres, por sospecha de la pandemia.
Una medida para descongestionar las cárceles es la Ley de Indulto y Amnistía, cuya aplicación aún se encuentra en curso. El martes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reclamó a las autoridades judiciales el cumplimiento de la medida.
En Régimen Penitenciario se informó que esperan que la norma entre en plena vigencia para empezar con los trámites junto a Defensa Pública.
A la fecha, ninguna autoridad gubernamental consultada informó sobre el indulto y su vigencia más allá del reclamo de Murillo.
Vulnerables
Por esto, Cruz alertó al Estado, de manera reiterada, sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas privadas de libertad, quienes, debido a las extremas condiciones en las que viven y a la presencia de grupos altamente vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres en estado de gestación, entre otras, están expuestas a riesgos inminentes de contagios masivos.
La Defensora recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a países con alto índice de hacinamiento carcelario que se debe dar medidas alternativas a personas que tengan condenas bajas, enfermas, entre otras vulnerables, para reducir el hacinamiento carcelario como una medida de contención de la pandemia.
En los últimos cinco años, a fines de cada gestión el Órgano Ejecutivo emitió decretos presidenciales de amnistía e indulto con la finalidad de controlar la cifra de internos en las cárceles de país. Sin embargo, en la gestión 2019 se ha dejado de lado la aplicación de esta medida. Actualmente, existe un hacinamiento de 212%, con al menos 19.671 privados de libertad en las cárceles del país. (13/05/2020)